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Sturzenegger lanza 13 decretos para reformar el Estado: recortes en INTA, INTI y Transporte

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afina una batería de 13 decretos que apuntan a una fuerte reorganización del Estado. Las medidas impactarán directamente sobre los ministerios de Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), y alcanzarán a organismos clave como el INTA, INTI, Senasa, ANMAT y la Secretaría de Trabajo.

La ofensiva desreguladora avanza tras los primeros tres decretos emitidos el 20 de mayo, que desarmaron beneficios para la industria electrónica en Tierra del Fuego y restringieron el derecho a huelga. Desde Casa Rosada aseguran que “el dólar y la inflación ya no son un tema” y ahora el foco está puesto en cumplir con el programa del FMI a través del recorte del gasto público.

Reestructuración del INTA y del INTI

En las próximas semanas se espera la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dependiente de Agricultura. El plan contempla ajustes presupuestarios, despidos, cierre de sedes y hasta la venta de inmuebles. El organismo tiene más de 6.000 empleados y 3.000 vehículos, y su financiamiento proviene de recursos propios, lo que genera especial interés en el Ejecutivo.

“Tiene presupuesto propio y hay que rediseñarlo por completo”, dijo Sturzenegger, quien también apunta a modificar el esquema de gobernanza del INTA, actualmente dominado por el sector agropecuario. El Gobierno quiere ampliar su control sobre el directorio y disponer libremente de los fondos.

De forma paralela, también está en la mira el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), bajo la órbita de Industria. El objetivo es centralizar su administración para aplicar recortes y reasignar funciones.

Ajustes en Senasa, ANMAT y la Secretaría de Trabajo

Los cambios también podrían alcanzar al Senasa y a la ANMAT, dos organismos estratégicos en el control agroalimentario y sanitario. Especialistas advierten que una eventual reorganización podría debilitar los controles de calidad en productos de exportación y consumo masivo.

Uno de los focos más sensibles es la Secretaría de Trabajo, actualmente a cargo de Julio Cordero, un abogado del Grupo Techint. La dependencia está bajo presión directa del equipo económico para restringir aumentos salariales vía paritarias, en línea con la estrategia de mantener la inflación por debajo del 2% mensual.

Fuentes oficiales deslizan que el área laboral podría pasar a la órbita del Ministerio de Economía, lo que representaría un cambio histórico. Esta posibilidad ya genera alerta entre gremios estatales y sindicatos privados, que anticipan protestas y conflictos si el ajuste se profundiza.

Capital Humano y Transporte, también bajo la lupa

Aunque Capital Humano ya dio de baja 15 programas sociales vinculados a niñez y juventud, en el Ejecutivo consideran que los recortes aún no alcanzan. Hay rumores de traspasos de funciones y mayor control de Economía sobre esta cartera. Un antecedente fue la designación de Fernando Bearzi al frente de ANSES, por impulso de Caputo.

Por su parte, la Secretaría de Transporte será otro de los blancos del ajuste. Tras la salida de Franco Mogetta, el área quedó en manos de Luis Pierrini, empresario del sector seguros. El foco está puesto en la reestructuración de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

Un documento interno propone eliminar más del 30% de cargos jerárquicos, reducir la planta en un 50% y ofrecer 600 retiros voluntarios, lo que significaría un recorte de casi 1.400 puestos. Desde ANAC aseguran que ese plan no es oficial y fue presentado por un exdirector ya renunciado, sin respaldo de la actual gestión.

Facultades delegadas y decretos en marcha

Sturzenegger busca exprimir al máximo las facultades que otorga la Ley Bases, que caducan el próximo 8 de julio. La semana pasada se publicó la resolución 63/2025, que habilita desde el 1° de julio la baja de empleados estatales que reprueben exámenes de idoneidad, incluso en organismos descentralizados.

Ya se cuentan más de 47.000 empleados que dejaron la administración pública, lo que según el Gobierno representó un ahorro de USD 2.000 millones. Sin embargo, aún no se ha avanzado con el ajuste en el interior del país ni en las empresas públicas, por lo que la próxima etapa promete mayor conflictividad.

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Politica

El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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