El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afina una batería de 13 decretos que apuntan a una fuerte reorganización del Estado. Las medidas impactarán directamente sobre los ministerios de Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), y alcanzarán a organismos clave como el INTA, INTI, Senasa, ANMAT y la Secretaría de Trabajo.
La ofensiva desreguladora avanza tras los primeros tres decretos emitidos el 20 de mayo, que desarmaron beneficios para la industria electrónica en Tierra del Fuego y restringieron el derecho a huelga. Desde Casa Rosada aseguran que “el dólar y la inflación ya no son un tema” y ahora el foco está puesto en cumplir con el programa del FMI a través del recorte del gasto público.
Reestructuración del INTA y del INTI
En las próximas semanas se espera la reforma del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), dependiente de Agricultura. El plan contempla ajustes presupuestarios, despidos, cierre de sedes y hasta la venta de inmuebles. El organismo tiene más de 6.000 empleados y 3.000 vehículos, y su financiamiento proviene de recursos propios, lo que genera especial interés en el Ejecutivo.
“Tiene presupuesto propio y hay que rediseñarlo por completo”, dijo Sturzenegger, quien también apunta a modificar el esquema de gobernanza del INTA, actualmente dominado por el sector agropecuario. El Gobierno quiere ampliar su control sobre el directorio y disponer libremente de los fondos.
De forma paralela, también está en la mira el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), bajo la órbita de Industria. El objetivo es centralizar su administración para aplicar recortes y reasignar funciones.
Ajustes en Senasa, ANMAT y la Secretaría de Trabajo
Los cambios también podrían alcanzar al Senasa y a la ANMAT, dos organismos estratégicos en el control agroalimentario y sanitario. Especialistas advierten que una eventual reorganización podría debilitar los controles de calidad en productos de exportación y consumo masivo.
Uno de los focos más sensibles es la Secretaría de Trabajo, actualmente a cargo de Julio Cordero, un abogado del Grupo Techint. La dependencia está bajo presión directa del equipo económico para restringir aumentos salariales vía paritarias, en línea con la estrategia de mantener la inflación por debajo del 2% mensual.
Fuentes oficiales deslizan que el área laboral podría pasar a la órbita del Ministerio de Economía, lo que representaría un cambio histórico. Esta posibilidad ya genera alerta entre gremios estatales y sindicatos privados, que anticipan protestas y conflictos si el ajuste se profundiza.
Capital Humano y Transporte, también bajo la lupa
Aunque Capital Humano ya dio de baja 15 programas sociales vinculados a niñez y juventud, en el Ejecutivo consideran que los recortes aún no alcanzan. Hay rumores de traspasos de funciones y mayor control de Economía sobre esta cartera. Un antecedente fue la designación de Fernando Bearzi al frente de ANSES, por impulso de Caputo.
Por su parte, la Secretaría de Transporte será otro de los blancos del ajuste. Tras la salida de Franco Mogetta, el área quedó en manos de Luis Pierrini, empresario del sector seguros. El foco está puesto en la reestructuración de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).
Un documento interno propone eliminar más del 30% de cargos jerárquicos, reducir la planta en un 50% y ofrecer 600 retiros voluntarios, lo que significaría un recorte de casi 1.400 puestos. Desde ANAC aseguran que ese plan no es oficial y fue presentado por un exdirector ya renunciado, sin respaldo de la actual gestión.
Facultades delegadas y decretos en marcha
Sturzenegger busca exprimir al máximo las facultades que otorga la Ley Bases, que caducan el próximo 8 de julio. La semana pasada se publicó la resolución 63/2025, que habilita desde el 1° de julio la baja de empleados estatales que reprueben exámenes de idoneidad, incluso en organismos descentralizados.
Ya se cuentan más de 47.000 empleados que dejaron la administración pública, lo que según el Gobierno representó un ahorro de USD 2.000 millones. Sin embargo, aún no se ha avanzado con el ajuste en el interior del país ni en las empresas públicas, por lo que la próxima etapa promete mayor conflictividad.
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