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El Gobierno disolverá Vialidad Nacional y traspasará el control del tránsito a Gendarmería

En una decisión que marcaría un giro estructural en la administración del transporte y la infraestructura vial del país, el Gobierno nacional ultima los detalles de un decreto que contempla la disolución de Vialidad Nacional y otros organismos clave, junto al traspaso de funciones de fiscalización a la Gendarmería. La publicación oficial se prevé antes del 8 de julio, fecha límite para las facultades delegadas del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Según trascendió, el texto en preparación incluiría la disolución o transformación de al menos cinco organismos: la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta de Seguridad en el Transporte, que será reconvertida en un ente exclusivo para la aviación civil.

El fin de Vialidad Nacional y la creación de nuevos organismos

La Dirección Nacional de Vialidad, con casi 90 años de existencia, será reemplazada por una nueva estructura bajo la órbita del Ministerio de Economía, que se encargará de la concesión de obras e infraestructura vial y la gestión del sistema troncal de caminos nacionales.

El personal sería reubicado de forma temporal, mientras que los recursos financieros, créditos presupuestarios y activos bajo control de Vialidad serán transferidos a cuentas de la Tesorería General de la Nación.

En paralelo, se creará la Agencia de Control de Concesiones de Transporte, que fiscalizará los contratos viales y ferroviarios, y percibirá tasas, derechos y aranceles relacionados al sistema de transporte terrestre nacional.

Gendarmería, al frente del tránsito nacional

El decreto también contempla la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), cuyas funciones como la gestión de licencias, el scoring, el control de infracciones y la fiscalización del tránsito serán absorbidas por la Gendarmería Nacional y la Secretaría de Transporte de la Nación.

La Gendarmería quedará a cargo del control, fiscalización y prevención del tránsito en rutas nacionales, Áreas de Control Integrado (ACI) y Pasos Internacionales, una responsabilidad que, hasta ahora, compartía con la ANSV. Desde el Ejecutivo argumentan que la fuerza cuenta con la estructura operativa necesaria para asumir este rol, según los resultados obtenidos en los últimos años.

Además, los convenios vigentes y cursos de seguridad vial pasarán a depender de la Secretaría de Transporte, que concentrará la coordinación técnica y pedagógica en esta materia.

Eliminación de superposiciones y reordenamiento institucional

Desde el Gobierno aseguran que la decisión responde a una superposición de funciones entre organismos, que redundaba en ineficiencia administrativa y dispersión de recursos. Por ejemplo, tanto la ANSV como la Comisión Nacional de Tránsito desarrollaban programas de prevención de siniestros viales, mientras que la CNRT ahora también disuelta compartía funciones con la Subsecretaría de Transporte Automotor, especialmente desde 2019.

La transformación de la Junta de Seguridad en el Transporte también se alinea con esta lógica. El nuevo organismo se denominará Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, y tendrá competencias exclusivas sobre siniestros aeronáuticos, dejando de investigar siniestros automotores o ferroviarios.

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El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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