En el marco de su compromiso con el desarrollo territorial y la profesionalización de la mano de obra local, Vicuña Corp dio un nuevo paso en la articulación entre el sector productivo y el ámbito académico.

La empresa firmó un acta complementaria con la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de la Salud, para implementar un Programa de Inducción y Entrenamiento Inicial destinado a futuros conductores profesionales.

El acuerdo consolida un trabajo conjunto que se viene desarrollando en los departamentos de Jáchal e Iglesia, donde se llevó adelante una instancia preliminar de formación orientada a preparar a los participantes para el posterior curso de obtención de la licencia profesional. Esta etapa inicial incluyó contenidos vinculados a seguridad, salud, operación responsable y criterios técnicos fundamentales para desempeñarse en entornos productivos de alta exigencia.

Desde Vicuña Corp destacaron que la iniciativa responde a una visión estratégica, fortalecer las capacidades locales, generar oportunidades concretas de empleo y promover estándares de seguridad y profesionalización en cada etapa del proceso formativo. La empresa remarcó que la articulación con la UNSJ permite integrar conocimiento académico, experiencia técnica y necesidades reales del territorio.

El programa se enmarca en una política de vinculación que busca potenciar el talento regional y acompañar el crecimiento de las comunidades donde la compañía desarrolla sus operaciones.

Un modelo de articulación público–privada

La firma del acta complementaria reafirma el rol de la Universidad Nacional de San Juan como actor clave en la formación de perfiles profesionales vinculados a la industria, y consolida un modelo de cooperación que combina sector productivo, instituciones educativas y gobiernos locales.

Con esta iniciativa, Vicuña Corp continúa impulsando acciones que promueven la empleabilidad, la capacitación continua y la construcción de un ecosistema de trabajo seguro y sostenible en el norte sanjuanino.

El departamento Iglesia se encamina a convertirse en el primer territorio de San Juan abastecido al 100% con energía solar, gracias a la construcción del Parque Solar Comunitario, una iniciativa que marca un hito en la transición hacia un modelo energético sustentable y autónomo.

El proyecto, impulsado por una alianza estratégica entre Veladero, el Gobierno de San Juan y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), contempla una inversión de 10 millones de dólares y la instalación de una planta fotovoltaica con capacidad de 8,5 MWp. La obra no solo representa un avance tecnológico, sino también un cambio estructural en la matriz eléctrica del departamento.

La principal innovación del parque radica en su sistema de almacenamiento energético, que permitirá garantizar el suministro continuo durante las 24 horas del día. De esta manera, Iglesia se convertirá en el primer departamento del país con cobertura total de energía solar, asegurando autonomía y estabilidad para hogares, instituciones y emprendimientos locales.

El sistema combinará generación fotovoltaica con baterías de alta capacidad, lo que posibilitará almacenar excedentes durante las horas de mayor radiación solar y utilizarlos en los períodos nocturnos o de baja demanda.

Impacto económico y social

Además del beneficio ambiental, el proyecto tendrá un impacto directo en la economía regional.

• Ahorro tarifario: se prevé una reducción significativa en los costos de facturación eléctrica para los habitantes del departamento.
• Desarrollo laboral: la construcción y mantenimiento del predio generará empleo local, priorizando mano de obra iglesiana.
• Alianza público-privada: el modelo de gestión entre el sector minero y el Estado provincial se consolida como una herramienta de desarrollo sostenible con impacto social a largo plazo.

Un modelo de innovación para la región

La iniciativa posiciona a Iglesia como referente nacional en energías renovables, reforzando su perfil productivo y ambiental. El proyecto se integra al plan provincial de transición energética que busca diversificar fuentes, reducir emisiones y promover la eficiencia en el uso de recursos naturales.

Con esta apuesta, San Juan reafirma su liderazgo en el desarrollo de infraestructura sustentable y en la articulación entre minería responsable, tecnología y bienestar comunitario.

El Parque Solar Comunitario de Iglesia simboliza un cambio de paradigma, energía limpia, gestión local y desarrollo con equidad. La obra no solo transformará la matriz eléctrica del departamento, sino que también sentará las bases de un modelo replicable para otras regiones del país.

La tensión entre La Rioja y San Juan por los límites interprovinciales volvió a ocupar el centro de la escena política nacional.

El gobernador Ricardo Quintela presentó un reclamo formal ante el Senado de la Nación para revisar los límites establecidos en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y reivindicó la soberanía riojana sobre dos territorios estratégicos: el megaproyecto minero Josemaría y el Parque Provincial Ischigualasto, conocido mundialmente como Valle de la Luna.

El planteo, que marca un giro institucional en una disputa histórica, busca que el Congreso intervenga en la delimitación definitiva entre ambas provincias, amparado en el artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional. Quintela sostiene que los límites actuales carecen de legitimidad democrática, ya que fueron fijados por autoridades militares sin participación de los gobiernos provinciales ni ratificación legislativa.

Hasta ahora, las diferencias entre ambas provincias se habían concentrado en cuestiones administrativas y ambientales vinculadas a la explotación minera y al uso de rutas de acceso. Sin embargo, el nuevo reclamo de La Rioja trasciende esos aspectos y apunta directamente a la propiedad de la tierra donde se asientan dos activos de alto valor estratégico: el yacimiento Josemaría uno de los proyectos de cobre más grandes del continente y el Parque Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La decisión de elevar el conflicto al Senado implica un cambio de escala institucional y política. En términos prácticos, La Rioja busca que se reconozca su jurisdicción sobre zonas que hoy operan bajo administración sanjuanina, lo que podría modificar el mapa productivo y turístico del noroeste argentino.

Implicancias económicas y políticas

El proyecto Josemaría, ubicado en plena cordillera, representa una inversión superior a los 4.000 millones de dólares y es considerado uno de los pilares del desarrollo minero nacional. Su eventual traspaso de jurisdicción tendría consecuencias directas sobre la recaudación fiscal, la distribución de regalías y la planificación de infraestructura en la región.

Por su parte, el Parque Ischigualasto emblema del turismo sanjuanino y sitio paleontológico de relevancia mundial constituye un símbolo de identidad provincial. Su inclusión en el reclamo agrega una dimensión cultural y patrimonial al conflicto, que ahora combina intereses económicos, históricos y políticos.

La disputa por los límites entre La Rioja y San Juan se remonta al siglo XIX, pero fue formalmente redefinida en 1968 por un decreto del gobierno de Onganía. Desde entonces, los sucesivos gobiernos provinciales mantuvieron interpretaciones divergentes sobre la demarcación, aunque sin llegar a un planteo institucional de esta magnitud.

Con este movimiento, Quintela busca reabrir el debate en el Congreso y sentar un precedente sobre la revisión de límites fijados por gobiernos de facto. La iniciativa, según fuentes oficiales, apunta a “restablecer la soberanía territorial y garantizar la equidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”.

El reclamo riojano abre un nuevo capítulo en la relación entre ambas provincias y podría derivar en una discusión más amplia sobre los criterios de delimitación territorial en Argentina. Mientras tanto, San Juan mantiene su posición histórica y defiende la validez de los acuerdos vigentes, en tanto La Rioja insiste en que la revisión es un acto de justicia institucional.

La disputa, que combina historia, política y economía, promete convertirse en uno de los temas más sensibles del año en la agenda federal.