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Se cayó la sesión de la ley ómnibus en Diputados y el proyecto vuelve a comisión

Fue luego de que se votaran en particular sólo seis artículos. Tras un cuarto intermedio en que hubo una reunión de jefes de bloques, el oficialismo decidió levantar el debate justo antes de tratarse las privatizaciones.

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La Cámara de Diputados volvió a enviar a comisión el dictamen de mayoría de la Ley Bases y se levantó la sesión de este martes, debido a la falta de acuerdos para aprobar artículos clave de la iniciativa promovida por el Gobierno, como las privatizaciones de empresas públicas, el sistema de endeudamiento y temas de seguridad.

El bloque de La Libertad Avanza (LLA) pidió levantar la sesión, en la que se votaban los artículos en particular.

La decisión se conoció luego de un cuarto intermedio para alinear posiciones con el resto de los bloques, antes del inicio de la votación del artículo 7 del proyecto, que contempla las privatizaciones de 27 empresas públicas.

Este pedido fue respaldado por el presidente Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, que minutos antes lanzó una fuerte advertencia -teñida de chicana- a la LLA.

“Al oficialismo, le pedimos que tenga alguna cuota de flexibilidad. Les encanta seguir perdiendo”, lanzó Pichetto, luego de haber pedido la palabra en medio de la votación por incisos del artículo 5, en el cual el oficialismo salió derrotado, con excepción del inciso B.

Y agregó: “Traten de ver cómo receptar algunas propuestas y ganar. No hay que perder; hay que ganar”.

La decisión tuvo como objetivo central no perder más artículos que, según explicaron fuentes al tanto de la negociación a Noticias Argentinas, son de gran importancia para el Ejecutivo.

La Cámara baja había retomado este martes, a las 14.30, la sesión especial en la que buscaba aprobar en particular el articulado de la denominada “ley ómnibus”, enviada por el presidente Javier Milei, que recibió el viernes el respaldo en la votación en general de 144 diputados contra 109.

El debate se reinició tras el cuarto intermedio al que se pasó el viernes, por lo que no requería del quórum reglamentario y, en el primer tramo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio lugar a planteos de los diputados sobre cuestiones de privilegio.

La Cámara aprobó el artículo 1

Diputados aprobó por 134 a 121 votos el artículo primero de la Ley Bases, que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.

Posteriormente, el plenario legislativo aprobó, por 140 a 115 el artículo que establece las bases de esa emergencia pública, para luego comenzar a debatir el capitulo que se refiere a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

Con modificaciones, se aprobó el artículo 3

La Cámara de Diputados aprobó el tercer artículo de la ley ómnibus. Fue con 134 afirmativos y 119 negativos.

Se rechazaron tres incisos del artículo 4

La Cámara de Diputados votó 132 afirmativos contra 122 negativos el artículo 4, que contemplaba las facultades delegadas pretendidas por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, le puso un freno al oficialismo en los incisos h, i y j.

Estos tres ejes están vinculados al control de los fondos fiduciarios, seguridad y energía. De esta manera, el Gobierno podrá hacer uso de facultades en materia económica, financiera, tarifaria y administrativa.

Las intervenciones de los diputados

Los primeros planteos provinieron del bloque de la Izquierda. Los diputados Nicolás del Caño y Romina del Plá cuestionaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo desplegado durante las manifestaciones en contra de la ley registradas la semana pasada.

Tras reuniones por separado de cada bancada, Martín Menem mantuvo este martes al mediodía un encuentro con los diputados Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR), del que también participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y legisladores del oficialismo.

En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que “el trámite va a ser largo” y “puede extenderse al miércoles y al jueves”, ya que se trataría de un extenso debate, que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

Los bloques dialoguistas esperaban una respuesta del Gobierno a sus pedidos de reformulación de un conjunto de artículos.

El oficialismo necesitaba alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que, si una veintena de esos legisladores votaban en contra, sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa, podían caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.

Los bloques dialoguistas estaban de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia, que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

En cambio, una decena de diputados no quería votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas, que permiten disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las universidades nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y los que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.

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Ordenan la libertad del ex gobernador Urribarri, condenado a ocho años por corrupción

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El ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien se encontraba encarcelado desde noviembre último luego de ser condenado en una causa por corrupción y peculado, quedó hoy en libertad en virtud de una medida adoptada en ese sentido por el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de esa provincia.

La medida dejó sin efecto una decisión anterior de la Cámara de Casación, que había negado la liberación de Urribarri y de su cuñado Juan Pablo Aguilera, condenado en la misma causa, por considerar que existía peligro de fuga.

El STJ desestimó esta última posibilidad y dispuso que Urribarri y Aguilera sigan en libertad hasta que su condena a ocho años quede firme, ya que se encuentra apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Urribarri fue gobernador de Entre Ríos representando al justicialismo en dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, y ocupó además cargos partidarios a nivel provincial y nacional y se desempeñó como embajador durante el Gobierno de Alberto Fernández, cargo al que renunció al ser condenado en 2022.

En un fallo que se conoció hoy miércoles, pese a estar en feria judicial, los jueces del STJ Leonardo Portela y Germán Carlomagno consideraron que no está acreditado el riesgo de fuga, mientras el tercer miembro del cuerpo, Miguel Giorgio, votó en disidencia por el cumplimiento efectivo de la prisión preventiva.

El voto de la mayoría consideró que la aplicación de la prisión efectiva era una medida “desproporcionada”, al no haber en la causa una sentencia firme y no existir tampoco riesgo de entorpecimiento por parte de los condenados, ya que la etapa de investigación ya quedó clausurada y solo resta que se expida la Corte Suprema de la Nación.

NA

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Germán Martínez alertó sobre la caída de transferencias a las provincias y acusó a Milei de llevarlas al “colapso”

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El presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez, alertó hoy sobre el freno de las transferencias del Estado nacional a las provincias y al respecto acusó al presidente Javier Milei de querer “llevarlas al colapso” económico.

“Este Gobierno no solamente no tiene en cuenta a las provincias argentinas sino que las quiere llevar al colapso”, indicó el santafesino en declaraciones radiales.

El diputado peronista y kirchnerista recordó la amenaza que, de acuerdo a trascendidos, había difundido Milei durante una reunión de Gabinete al comienzo de su gestión, cuando reclamaba a los gobernadores que apoyaran la primera versión de la ley Bases.

“Los voy a fundir a todos”, fue la frase que recuperó Martínez para demostrar una supuesta hostilidad de Milei hacia las provincias.

Para apoyar esta hipótesis, compartió un cálculo sobre la presunta pérdida de recursos que habría tenido su provincia (Santa Fe) durante 2024 a raíz de la caída de las transferencias.

“La provincia de Santa Fe perdió cerca de 500 mil millones de pesos entre caída de recursos coparticipables automáticas respecto a la inflación, ATN no distribuidos y por caída en las transferencias no automáticas”, estimó.

El martes, a través de un posteo en su cuenta de la red social X, Martínez reclamó al Gobierno y al oficialismo el urgente tratamiento del Presupuesto 2025 para, entre otros puntos, regularizar el envío de fondos a las provincias.

“Milei se quedó con $ 680.000 millones que no le pertenecen y son de las provincias. En nuestra propuesta de dictamen de ley de presupuesto 2025 propusimos la distribución de esos fondos a las provincias. El Congreso aún está a tiempo de aprobar una ley de presupuesto verdaderamente federal y con justicia social”, escribió el santafesino.

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Impsa: el gobierno avanzó con la primera privatización de la era Milei

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La Secretaría de Comercio anunció que se vendieron las acciones que tenía el Estado y la provincia de Mendoza de la empresa metalúrgica a la compañía estadounidense Arc Energy.

“Privatizamos Impsa”. Así anunció hoy a la mañana el ministro de Economía, Luis Caputo, el fin de un proceso que empezó hace más de ocho meses, cuando el Gobierno decidió vender las acciones que tiene de la emblemática empresa metalúrgica fundada en Mendoza por la familia Pescarmona, en 1907.

A partir de ahora, la compañía estadounidense Arc Energy tendrá el control de la firma, luego de ofrecer US$27 millones por la adquisición del 85% de las acciones que estaban en manos del Estado y de la provincia de Mendoza, además de hacerse cargo de la deuda por US$576 millones que Impsa acumula con acreedores internacionales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La empresa mendocina, que tiene 660 empleados, se dedica a la fabricación de turbinas para centrales hidroeléctricas, grúas y reactores nucleares para abastecer a los sectores de metalurgia, generación de energía y tecnología.

“La Comisión Evaluadora de las ofertas para la venta de Impsa –integrada por el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep) del Ministerio de Economía, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas y la provincia de Mendoza– resolvió recomendar la preadjudicación de las acciones de la compañía en poder del Estado Nacional y provincial al consorcio IAF, cuyo socio principal es Arc Energy”, dijo Comercio.

Arc Energy había presentado la única oferta para quedarse con las acciones de Impsa. Según narraron a LA NACION, fueron ellos quienes se acercaron al Gobierno para iniciar esta negociación por la capitalización de Impsa. “Es el complemento ideal para nuestra unidad de negocios y exportación de valor agregado”, dijeron. La empresa nació en 2011 y se especializa en brindar soporte operativo a la industria del petróleo y del gas. Posee inversiones en Estados Unidos, América Latina, África, Asia y Europa.

Como parte del capital accionario de Impsa, el Estado tenía el 63,7% de participación, a través del Fondep, mientras que la provincia de Mendoza era propietaria del 21,2%. El resto está en manos privadas, repartido en un 5,3% de la familia Pescarmona y 9,8% le pertenece a acreedores a través de sendos fideicomisos de garantía.

“La decisión de desprenderse de las acciones en poder del sector público se encuentra alineada con el objetivo de déficit cero del Gobierno y la no asignación de recursos federales a empresas privadas, abriendo así la posibilidad de que la empresa continúe la actividad de forma saneada en un marco de economía de mercado. La provincia de Mendoza manifestó su voluntad explícita de acompañar la decisión del gobierno federal”, dijo la Secretaría de Comercio.

El CEO de ARC Energy, Jason Arcenaux, visitó varias veces las instalaciones de Impsa en Mendoza y recorrió su Centro de Desarrollo Tecnológico. En esas ocasiones dijo que la firma “cuenta con un capital humano de altísima formación y con una tecnología propia para equipos de generación hidroeléctrica y con certificaciones para el diseño y fabricación de componentes nucleares que la puede convertir en un actor protagónico del sector energético mundial”. Ayer fue recibido por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

“Con la privatización, Impsa volverá a tener accionistas privados. Agradezco el trabajo en conjunto realizado durante estos meses con Luis Caputo, Juan Pazo y todo el equipo. El cambio de rumbo económico que lleva adelante Javier Milei y su equipo dan certezas que permiten estos avances”, escribió el gobernador en su cuenta de X (ex-Twitter).

El ocaso de un símbolo de la industria argentina


El proceso de estatización de Impsa comenzó en 2020, durante la pandemia, cuando el CEO Juan Carlos Fernández le envió una carta al entonces ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para solicitarle ayuda para “garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina”.

Los problemas financieros de la empresa, sin embargo, habían empezado mucho antes, en 2014, cuando entró en cesación de pagos por “malos negocios”, principalmente con Venezuela. Impsa acumulaba un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente redujo a menos de la mitad, luego de llevar adelante un plan para restablecer operaciones.

En abril de 2018, el empresario Enrique Menotti Pescarmona, de 78 años, tuvo que dar un paso al costado de la compañía que había fundado su abuelo, en 1907, y que fue un símbolo de la industria argentina durante un siglo.

En diciembre de 2020, el gobierno de Alberto Fernández confirmó que la empresa había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que, por lo tanto, el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores. En mayo de 2011, finalmente se anunció que el Estado invertía US$15 millones y se quedaba con el 63,7% de la firma, mientras que Mendoza aportaba US$5 millones e ingresaba con el 21,2%.

Pese a ese salvataje, la empresa nunca logró mejorar su balance. Según la cartera que conduce Luis Caputo, Impsa generaba una pérdida mensual de US$5 millones, además de la deuda con sus acreedores internacionales equivalente a US$576 millones.

La Nación

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