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Diputados aprobó el Presupuesto 2026, pero rechazó derogar la ley de discapacidad y universidades

En el inicio de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional consiguió uno de sus principales objetivos legislativos: la aprobación en general del Presupuesto 2026, que ahora será girado al Senado. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés político significativo, ya que la oposición logró frenar la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, dos normas sensibles que el Ejecutivo buscaba eliminar.

El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, estas últimas en su mayoría provenientes del bloque Provincias Unidas. El resultado fue posible gracias al respaldo del interbloque Pro–UCR y de legisladores alineados con gobernadores peronistas cercanos a la Casa Rosada, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y el sanjuanino Marcelo Orrego.

Pese a la media sanción, el oficialismo no logró sostener el capítulo XI del proyecto, donde se incluía el artículo 75, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido sancionadas por el Congreso con mayorías especiales y, aunque el presidente Javier Milei intentó vetarlas, ese veto fue rechazado por el Parlamento. La posterior decisión del Ejecutivo de suspender su aplicación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.

Durante la extensa sesión, el Gobierno llevó adelante negociaciones frenéticas hasta último momento con bloques aliados y gobernadores, ofreciendo concesiones para garantizar los votos necesarios. A último momento, incluso, se incorporó un artículo que habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a transferir fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a un reclamo de la gestión porteña.

El debate fue áspero. Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, denunció presiones del oficialismo y calificó la estrategia como un intento de “condicionar” al Poder Judicial, ya que dentro del mismo capítulo se incluyó el financiamiento del Consejo de la Magistratura. “Le ponen un condicionamiento para evitar una judicialización posterior”, lanzó durante su intervención.

El oficialismo intentó evitar el rechazo puntual del artículo 75 proponiendo que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, pero la maniobra no alcanzó. Aliados circunstanciales decidieron no acompañar el capítulo XI, lo que terminó por frustrar uno de los objetivos centrales del Gobierno.

El rechazo a este capítulo también implicó dejar sin efecto otras iniciativas polémicas, como la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías, que subsidia tarifas de gas en varias provincias, y un esquema de condonación cruzada de deudas entre distribuidoras eléctricas y la empresa estatal CAMMESA.

A lo largo de la jornada, los bloques provinciales hicieron valer su peso. Legisladores de Catamarca y Salta reclamaron mayor inversión en obras públicas, especialmente en rutas nacionales y zonas estratégicas, y cuestionaron la falta de definiciones claras en áreas sensibles como educación y discapacidad.

Con la media sanción obtenida, el Presupuesto 2026 inicia ahora su recorrido en el Senado, donde el Gobierno deberá volver a negociar para sostener el equilibrio fiscal que impulsa, pero sin perder de vista los límites políticos que ya le marcó la Cámara baja. El desenlace anticipa un debate igualmente complejo y con final abierto.

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Adorni defendió su patrimonio y descartó renunciar en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesó una extensa y tensa jornada en la Cámara de Diputados, donde brindó su informe de gestión en medio de cuestionamientos de la oposición, pedidos de renuncia y acusaciones vinculadas a su patrimonio personal.

Durante casi siete horas de exposición, el funcionario defendió su actuación, negó irregularidades y aseguró que demostrará en la Justicia que no cometió delitos.

Adorni afirmó que todos los viajes realizados junto a su familia incluidos destinos como Punta del Este y Aruba fueron costeados con recursos propios. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, señaló, y agregó que no existió financiamiento de terceros ni obsequios. También sostuvo que en cada salida del país intervinieron los organismos correspondientes, como Migraciones, Aduana y la PSA.

El jefe de Gabinete cuestionó que se intentara equiparar su vida privada con actos de gobierno y remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago” vinculado a sus viajes personales. Consideró que las acusaciones sobre un supuesto financiamiento externo son “tendenciosas” y que buscan instalar una hipótesis incorrecta.

En relación con su patrimonio, Adorni aseguró haber cumplido con todas las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y recordó que aún no venció el plazo para presentar su última declaración jurada. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, afirmó, y reiteró que acompañó toda la documentación requerida por la normativa vigente.

El funcionario también se refirió a la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Estados Unidos. Explicó que la Justicia determinó que ella viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y que regresó por su cuenta en un vuelo comercial.

En el tramo final de su intervención, Adorni sostuvo que no obstruirá ninguna investigación judicial y que demostrará su inocencia. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, concluyó.

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Adorni negó irregularidades y afirmó que “no cometió ningún delito” ante Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados con una defensa pública de su situación patrimonial y de los viajes personales que generaron cuestionamientos en las últimas semanas. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó al finalizar su exposición, que se extendió más de lo previsto y contó con la presencia del presidente Javier Milei y miembros del gabinete.

Adorni dedicó la mayor parte de su intervención a repasar los lineamientos y resultados que atribuyó a la gestión nacional. Sin embargo, en el tramo final abordó los señalamientos vinculados a sus viajes al exterior y a la adquisición de propiedades que no figuraban en declaraciones juradas previas.

El funcionario sostuvo que existe una confusión entre “gasto privado y gasto público” y remarcó que “el Estado nacional no registra ningún costo de mis viajes personales”. Aseguró que él mismo afrontó los gastos de los viajes realizados con su familia y que no se trató de obsequios ni financiamiento de terceros.

Respecto de su patrimonio, Adorni afirmó que cumplió con la presentación de sus declaraciones juradas y anticipó que la correspondiente a 2025 será presentada dentro del plazo legal, sugiriendo que allí se verán reflejados los bienes adquiridos recientemente. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, expresó.

También negó haber intervenido en contrataciones vinculadas al periodista Marcelo Grandío o a la empresa IMHouse SA, y rechazó que existieran vínculos contractuales entre el Estado y la empresa +BE, perteneciente a su esposa. “Han sacado conclusiones equivocadas”, señaló.

El jefe de Gabinete celebró además el archivo de la causa federal por el viaje en el que su esposa utilizó el avión presidencial, aunque aclaró que ese no era el eje central de las acusaciones. Su exposición se dio en un contexto de creciente atención pública sobre su situación patrimonial y sobre los mecanismos de control de las declaraciones juradas de los funcionarios.

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Sturzenegger anunció seis nuevas reformas y defendió el rumbo económico en Expo EFI

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en la Expo EFI y defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, al tiempo que anunció un paquete de seis nuevas reformas que su cartera enviará al Congreso en las próximas semanas.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que existen sectores que “sienten que la economía está mal”, pero afirmó que la evaluación debe hacerse “viendo los datos” y no a partir de percepciones.

En su presentación ante empresarios, Sturzenegger repasó los proyectos que impulsa su ministerio. El primero es la denominada “ley hojarasca”, que según explicó ya cuenta con dictamen en Diputados y propone la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas. También adelantó un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones, desalojos, la ley de fuego y una derogación parcial de la ley de tierras. Según estimó, estos cambios podrían generar “unos 15 mil millones de dólares en economías regionales”.

El ministro anunció además que el Gobierno enviará un proyecto de desregulación económica que abarcará mercados de capitales y la industria del seguro. En materia logística, anticipó una reforma a la ley de cabotaje, que según su exposición permitiría una reducción significativa de costos operativos.

Otro de los puntos mencionados fue un proyecto de defensa de la competencia, que otorgaría nuevas facultades a la autoridad del área para intervenir sobre regulaciones estatales que, a su criterio, actúan como barreras de entrada y afectan especialmente a las pymes.

Sturzenegger también confirmó que se trabaja en una ley de reforma del Estado, que retomará aspectos de decretos delegados que no prosperaron en 2025, con el objetivo de redefinir competencias y funciones estatales.

En el tramo final de su exposición, el ministro anunció un proyecto para modernizar la ley de sociedades, que incluirá la posibilidad de crear “sociedades de inteligencia artificial”, es decir, estructuras jurídicas integradas exclusivamente por agentes digitales. Según planteó, este tipo de figuras permitiría atraer actividad económica y recaudación impositiva al país.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un contexto de debate sobre el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y su efecto en la actividad económica.

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