En el inicio de las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional consiguió uno de sus principales objetivos legislativos: la aprobación en general del Presupuesto 2026, que ahora será girado al Senado. Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés político significativo, ya que la oposición logró frenar la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y del financiamiento universitario, dos normas sensibles que el Ejecutivo buscaba eliminar.
El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones, estas últimas en su mayoría provenientes del bloque Provincias Unidas. El resultado fue posible gracias al respaldo del interbloque Pro–UCR y de legisladores alineados con gobernadores peronistas cercanos a la Casa Rosada, entre ellos Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y el sanjuanino Marcelo Orrego.
Pese a la media sanción, el oficialismo no logró sostener el capítulo XI del proyecto, donde se incluía el artículo 75, que proponía derogar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Ambas normas habían sido sancionadas por el Congreso con mayorías especiales y, aunque el presidente Javier Milei intentó vetarlas, ese veto fue rechazado por el Parlamento. La posterior decisión del Ejecutivo de suspender su aplicación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición.
Durante la extensa sesión, el Gobierno llevó adelante negociaciones frenéticas hasta último momento con bloques aliados y gobernadores, ofreciendo concesiones para garantizar los votos necesarios. A último momento, incluso, se incorporó un artículo que habilita al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a transferir fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en respuesta a un reclamo de la gestión porteña.
El debate fue áspero. Desde Unión por la Patria, el jefe del bloque, Germán Martínez, denunció presiones del oficialismo y calificó la estrategia como un intento de “condicionar” al Poder Judicial, ya que dentro del mismo capítulo se incluyó el financiamiento del Consejo de la Magistratura. “Le ponen un condicionamiento para evitar una judicialización posterior”, lanzó durante su intervención.
El oficialismo intentó evitar el rechazo puntual del artículo 75 proponiendo que la votación se realizara por capítulos y no por artículos, pero la maniobra no alcanzó. Aliados circunstanciales decidieron no acompañar el capítulo XI, lo que terminó por frustrar uno de los objetivos centrales del Gobierno.
El rechazo a este capítulo también implicó dejar sin efecto otras iniciativas polémicas, como la eliminación de la ampliación del Régimen de Zonas Frías, que subsidia tarifas de gas en varias provincias, y un esquema de condonación cruzada de deudas entre distribuidoras eléctricas y la empresa estatal CAMMESA.
A lo largo de la jornada, los bloques provinciales hicieron valer su peso. Legisladores de Catamarca y Salta reclamaron mayor inversión en obras públicas, especialmente en rutas nacionales y zonas estratégicas, y cuestionaron la falta de definiciones claras en áreas sensibles como educación y discapacidad.
Con la media sanción obtenida, el Presupuesto 2026 inicia ahora su recorrido en el Senado, donde el Gobierno deberá volver a negociar para sostener el equilibrio fiscal que impulsa, pero sin perder de vista los límites políticos que ya le marcó la Cámara baja. El desenlace anticipa un debate igualmente complejo y con final abierto.
Cristina Kirchner se reunió con el estratega digital de Lula da Silva de cara a 2027
El encuentro, que se suma a otro mantenido con Sergio Massa, forma parte de la estrategia del peronismo para replicar el modelo digital brasileño y unificar el espacio opositor rumbo a las próximas presidenciales.
La expresidenta recibió en su domicilio a André Janones, diputado brasileño apodado “el general de Lula”, y a parte del equipo de comunicación que logró la remontada en el balotaje frente a Bolsonaro. El encuentro, que se suma a otro mantenido con Sergio Massa, forma parte de la estrategia del peronismo para replicar el modelo digital brasileño y unificar el espacio opositor rumbo a las próximas presidenciales.
En un movimiento que busca reconfigurar la estrategia opositora con la vista puesta en el calendario electoral de 2027, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantuvo una importante reunión de asesoría política y comunicación. El cónclave tuvo como protagonistas a figuras clave del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil: el diputado federal André Janones conocido como “el general de Lula” por su rol en la campaña y los estrategas digitales Chico Kertész y Rafael Marroquim.
La comitiva brasileña llegó a la Argentina con la misión de compartir su know-how político con las principales figuras del Partido Justicialista (PJ). La reunión de Fernández de Kirchner se produjo horas después de que los mismos asesores se reunieran con el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa, en el marco del lanzamiento de la estrategia electoral local denominada “Ejército del Peronismo”.
El modelo brasileño: WhatsApp masivo y armado digital
Durante el encuentro, los estrategas de Lula detallaron los ejes de la campaña que logró revertir la imagen del mandatario y ganar la segunda vuelta en Brasil, superando a Flávio Bolsonaro en un final reñido. El punto central de la exposición fue la movilización digital:
La clave del triunfo: Janones, responsable del armado digital de Lula, destacó la creación de un canal masivo de WhatsApp que llegó a integrar a más de 10 millones de personas. Este mecanismo fue fundamental para la difusión de propaganda política y la contraofensiva en la semana previa al balotaje.
El objetivo del peronismo argentino es estudiar y adaptar este modelo de comunicación directa y segmentada. La idea es conformar un espacio unificado que logre capitalizar el descontento y enfrentar al gobierno del presidente Javier Milei, sobre todo tras las recientes declaraciones de la exmandataria argentina, quien no descartó ser candidata en 2027 si logra recuperar sus derechos políticos.
Fricción en el oficialismo: Bullrich criticó las declaraciones de Milei sobre la prensa
La senadora Patricia Bullrich cuestionó los dichos de Javier Milei contra el periodismo en la Fundación Faro y advirtió que “se cruzo un límite”.
La presidenta del bloque libertario en el Senado se refirió a los dichos del mandatario durante la cena de la Fundación Faro, donde habló de “quemar periodistas en la hoguera”. Aunque defendió el derecho a responder críticas, advirtió que “se responde con argumentos” y que es necesario cuidar las palabras.
En medio del debate público generado tras el último discurso del presidente Javier Milei en la cena anual de la Fundación Faro, la senadora y presidenta del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, cuestionó los duros cruces del mandatario contra la prensa y advirtió que con frases como la de “quemar periodistas en la hoguera” se ha cruzado un límite.
Durante una entrevista televisiva con LN+, la legisladora analizó el episodio y reconoció que, si bien la libertad de expresión protege tanto la labor crítica del periodismo como el derecho del Presidente a contestar los cuestionamientos, las formas institucionales y el respeto al escrutinio público deben resguardarse. “Creo que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también protege al Presidente cuando responde. Pero es mi responsabilidad marcar que cuando una palabra cruza un límite, como esta frase de la hoguera, que es una expresión muy fuerte y muy dura, se debe señalar”, reflexionó.
En esa línea, Bullrich enfatizó que el poder político siempre está bajo la mirada de la sociedad y de los medios de comunicación, por lo que instó a moderar el tono del debate público: “Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. Creo que hay que cuidar un poco las palabras y tratar de no cruzar un límite, como con esta frase tan fuerte de quemarlos en la hoguera. Se responde con argumentos”.
Las declaraciones de la senadora se produjeron apenas un día después de que ella misma compartiera en su cuenta oficial de X una fotografía en la que se la ve abrazada a Javier Milei durante el evento realizado en el Yacht Club Argentino de Puerto Madero, acompañada por el mensaje: “Una noche de ideas y de libertad en Fundación Faro con el presidente Javier Milei”.
El respaldo inicial contrastó con sus posteriores matices frente a los dichos del jefe de Estado, quien durante su exposición arremetió con dureza contra los periodistas que investigaron la causa vinculada al caso $LIBRA, utilizando expresiones descalificativas y afirmando que los responsables de difundir lo que calificó como información falsa “se tienen que quemar en la hoguera”.
Las declaraciones presidenciales provocaron un inmediato rechazo a nivel nacional. Entidades de peso institucional como la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) emitieron duros comunicados de repudio, a los que se sumaron referentes legislativos del peronismo, la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica y sectores del Pro.
Agenda legislativa, economía y su postura sobre Brasil
Durante la misma entrevista, Bullrich abordó otros temas de coyuntura política y económica de cara al tramo final del año y al escenario electoral del próximo período. Al ser consultada sobre posibles acuerdos políticos de cara a las presidenciales del año entrante, aclaró que es una definición “que no está decidido en este momento”.
Asimismo, puso el foco en la necesidad de ajustar el rumbo macroeconómico para que el impacto positivo llegue de forma directa a la vida cotidiana de las familias: “Hay que hacer cambios este año para que la economía llegue a los hogares; estamos en un momento muy importante en que la economía argentina no sea de grandes datos, sino también de pequeños [logros] para las familias; se necesitan ciertos correctivos”.
Finalmente, la senadora se refirió al plano internacional y a su reciente respaldo al candidato brasileño Flavio Bolsonaro de cara al balotaje frente a Lula da Silva. Tras explicar que el pedido de apoyo llegó a través de su equipo de comunicación lo que motivó un mensaje grabado en portugués difundido el pasado jueves, aclaró la postura diplomática adoptada: “Es una elección donde nosotros apoyamos, pero respetamos a los brasileros”.
El gobierno nacional habilita retiros voluntarios para 20 mil empleados en noviembre
El gobierno habilitó un retiro voluntario para 20 mil empleados estatales, con pagos de hasta 20 sueldos y prohibición de reingreso al sector público por 8 años.
El Gobierno nacional avanzó con una nueva etapa de reorganización del empleo público al oficializar un régimen de retiro voluntario destinado a trabajadores de la administración central. La medida, establecida mediante el Decreto 1203/2026, habilita a los empleados en condiciones de adherirse entre el 1 y el 30 de noviembre, con la posibilidad de extender el plazo por única vez durante 30 días adicionales. Según informó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, alrededor de 20 mil agentes cumplen los requisitos para incorporarse al programa.
El esquema contempla compensaciones económicas diferenciadas según la edad, los aportes previsionales y la antigüedad de cada trabajador, con topes que alcanzan hasta 20 remuneraciones. Además, incorpora una cláusula de restricción que impide el reingreso al Sector Público Nacional durante ocho años, con el objetivo de evitar reincorporaciones posteriores y consolidar la reducción de la planta permanente.
El régimen está dirigido exclusivamente a personal de la administración central comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado bajo la Ley de Contrato de Trabajo. Quedan excluidos los organismos descentralizados como ANSES y sectores estratégicos como las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, el Servicio Nacional del Manejo del Fuego, el Servicio Exterior y áreas de inteligencia del Estado.
La normativa establece tres grupos de beneficios. El primero incluye a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que aún no reúnen aportes suficientes para jubilarse, quienes podrán optar por una gratificación única o por el cobro del 60% del salario bruto durante hasta 36 meses. El segundo grupo abarca a mujeres de 58 a 64 años y hombres de 63 a 64 con 30 años de aportes, que recibirán un salario por cada año de antigüedad más cinco remuneraciones adicionales. El tercer grupo contempla a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62, con compensaciones que combinan antigüedad y adicionales según los años de servicio acumulados.
Para adherirse, los empleados deberán cumplir condiciones específicas: no tener procesos penales ni sumarios graves pendientes, desistir de reclamos laborales contra el Estado, no encontrarse en disponibilidad ni haber presentado renuncia en trámite, y no estar transitando licencias prolongadas por afecciones de largo tratamiento. La aceptación del retiro implica la baja definitiva del cargo presupuestario.
Las autoridades de cada jurisdicción tendrán 40 días corridos desde el cierre de la inscripción para evaluar cada solicitud. Si la desvinculación afecta la prestación de servicios esenciales, podrán rechazarla. En caso de no emitir una resolución expresa, el pedido se considerará denegado.
Con este nuevo régimen, el Gobierno busca avanzar en la reducción del gasto salarial y en la reorganización de la estructura estatal, en un contexto donde otros organismos como ANSES ya implementaron programas propios de retiros voluntarios con condiciones particulares y restricciones de reingreso.