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Presupuesto 2026: el gobierno avanzó con la derogación del financiamiento universitario y a la discapacidad

El Gobierno nacional logró imponer su dictamen del Presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, dejando el proyecto en condiciones de ser tratado este miércoles en el recinto. La iniciativa contó con el acompañamiento en disidencia de Pro, la UCR y el MID, además del respaldo de bloques alineados con gobernadores de Catamarca, Salta, Misiones, Tucumán y San Juan.

La Libertad Avanza consiguió así reunir las firmas necesarias para avanzar con un texto que prioriza el equilibrio fiscal, prohíbe expresamente el déficit y suma cambios de fuerte impacto político y social. Entre ellos, se incorporó a último momento el artículo 75, que dispone la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario, dos normas cuyo cumplimiento venía siendo reclamado por amplios sectores de la oposición.

Ambas leyes, junto con la denominada Ley Garrahan de emergencia pediátrica, habían sido promulgadas pero no aplicadas por el Poder Ejecutivo, una decisión que fue cuestionada por distintos bloques parlamentarios y calificada como inconstitucional, ya que habían sido sancionadas con mayorías agravadas.

La reunión de comisión fue conducida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, titular de Presupuesto, mientras que el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, defendió el proyecto al sostener que garantiza previsibilidad sobre el gasto público y consolida el equilibrio fiscal impulsado por el presidente Javier Milei.

El dictamen oficial reunió 28 firmas y seis disidencias, y fue respaldado por Pro, la UCR, el MID, Innovación Federal, Producción y Trabajo (San Juan) y otros espacios provinciales. No obstante, la mayoría de estos bloques había votado originalmente las leyes que ahora se buscan derogar, lo que anticipa un debate tenso en la votación en particular.

Desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Yedlin cuestionó duramente la eliminación del financiamiento a la discapacidad y a las universidades, y pidió coherencia a los bloques que acompañen el presupuesto en general. En la misma línea, Nicolás Massot, de Provincias Unidas, sintetizó la crítica al señalar que “hay plata para desgravaciones impositivas, pero no para la discapacidad”.

En paralelo, la Casa Rosada avanzó con gestos políticos hacia las provincias: aceleró el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por unos $43.000 millones, beneficiando a Tucumán, Misiones y Chaco, y envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, una demanda de gobernadores cordilleranos para destrabar inversiones.

Proyecciones económicas y otros puntos del Presupuesto

El Presupuesto 2026 prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 para diciembre del próximo año. Además, proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones, con un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%.

El texto también incluye la exención de impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para importaciones de gasoil y diesel durante 2026, con el objetivo de garantizar el abastecimiento energético, y prorroga hasta 2045 los beneficios impositivos para energías renovables.

Regla fiscal e “inocencia fiscal”

Junto al Presupuesto, el oficialismo dictaminó favorablemente otros dos proyectos clave: la regla fiscal que prohíbe el déficit y la denominada ley de “inocencia fiscal”. Esta última propone un cambio de paradigma tributario, elevando los umbrales de investigación por evasión, reduciendo los plazos de prescripción y simplificando las declaraciones juradas de Ganancias, con el objetivo de incentivar la incorporación de ahorros no declarados al circuito formal.

Con el dictamen aprobado, el Presupuesto 2026 quedó listo para una sesión que se anticipa extensa y altamente conflictiva, donde el oficialismo buscará convertir en ley un proyecto que consolida su estrategia fiscal, pero profundiza la controversia política y social.

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El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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