INTA San Juan perdió casi el 30% de su personal y advierte que la reducción afecta la asistencia técnica, la investigación y el funcionamiento administrativo.

La Estación Experimental Agropecuaria INTA San Juan atraviesa un escenario crítico marcado por una reducción de personal que no tiene precedentes recientes y que ya compromete la continuidad de funciones esenciales. En los últimos meses, 13 trabajadores optaron por el retiro voluntario, una cifra que representa el 18% de la dotación actual, pero que, sumada a las vacantes no cubiertas desde fines de 2023, eleva la pérdida total de recursos humanos a casi un 30%.

La salida de profesionales, técnicos y personal de apoyo golpea especialmente a las áreas que sostienen el vínculo directo con el territorio. El sector de Extensión Rural, pieza clave en la transferencia de conocimientos y tecnologías al sector productivo, es el más afectado: seis de los agentes que dejaron el organismo pertenecían a este equipo, lo que deja a las agencias de Pocito y Caucete con apenas dos personas para atender una demanda que abarca desde pequeños productores hasta cooperativas y emprendimientos agroindustriales.

Desde la institución advierten que la reducción no sólo implica menos presencia en el territorio, sino también la pérdida de capacidades estratégicas. Los extensionistas son quienes articulan proyectos con municipios, universidades y organizaciones rurales, acompañan procesos productivos y sostienen la asistencia técnica cotidiana. Con menos personal, la cobertura territorial se vuelve insuficiente y la capacidad de respuesta se deteriora.

El impacto también alcanza al área de Investigación, donde se desempeñaban cuatro de los agentes que se acogieron al retiro. Entre ellos había profesionales con formación de posgrado y otros en pleno proceso de doctorado, perfiles cuya salida implica un retroceso en líneas de trabajo científico–técnicas que requieren continuidad y especialización.

Pero el punto más delicado se encuentra en la administración interna. La salida de la administradora y de otro agente deja al área con una sola persona para sostener procesos indispensables: compras, logística, gestión de recursos, documentación, rendiciones y soporte operativo para los equipos técnicos. Desde la EEA San Juan reconocen que, en estas condiciones, no es posible garantizar el funcionamiento normal de la dependencia.

El INTA mantiene presencia territorial en Pocito, San Martín, Caucete, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, desde donde se brinda acompañamiento técnico a productores de toda la provincia. Sin embargo, la reducción de personal pone en riesgo la continuidad de programas, la asistencia directa y la articulación con instituciones locales.

La situación expone el impacto que la pérdida de recursos humanos tiene sobre un organismo clave para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica y el fortalecimiento territorial de San Juan. Con menos profesionales, menos investigadores y menos personal administrativo, la capacidad operativa del INTA queda seriamente debilitada en un momento en que el sector productivo demanda más acompañamiento que nunca.

La Legislatura de La Rioja aprobó una ley para reclamar Ischigualasto y zonas mineras de San Juan, horas después del rechazo público del gobernador Orrego.

La tensión entre San Juan y La Rioja volvió a escalar este viernes luego de que la Legislatura riojana aprobara la ley impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, una norma que habilita a esa provincia a avanzar en reclamos administrativos, políticos y judiciales sobre territorios que hoy se encuentran bajo jurisdicción sanjuanina. Entre las áreas mencionadas figuran zonas estratégicas como el Parque Provincial Ischigualasto y sectores cordilleranos donde se desarrollan proyectos mineros de gran envergadura.

La votación contó con el respaldo mayoritario de los bloques riojanos, mientras que La Libertad Avanza optó por la abstención. La ley faculta al Ejecutivo provincial a iniciar gestiones ante el Congreso de la Nación y a promover acciones judiciales a través de la Fiscalía de Estado, incluso solicitando medidas cautelares para impedir actividades vinculadas a recursos naturales, hídricos, mineros o arqueológicos en la zona en disputa.

La aprobación se produjo pocas horas después de que el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego difundiera un mensaje contundente en sus redes sociales, rechazando de plano el avance legislativo riojano. El mandatario recordó que los límites entre ambas provincias “rigen desde hace 57 años” y que su validez fue ratificada por el Congreso en 2014. “Ninguna provincia puede modificar un límite con una ley propia”, afirmó, convocando a todas las fuerzas políticas de San Juan a defender de manera conjunta el territorio provincial.

Desde la Legislatura riojana, en cambio, sostienen que la norma busca “reafirmar derechos históricos” y fortalecer herramientas institucionales para sostener el reclamo territorial. El texto aprobado señala que la provincia debe proteger los recursos ubicados en la zona que considera propia, entre ellos áreas turísticas, hídricas y mineras.

Un conflicto que vuelve a escena

La disputa limítrofe entre ambas provincias tiene antecedentes de larga data. En 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, se sancionó la Ley 18.004, que fijó los límites interprovinciales. Esa normativa fue luego ratificada en democracia, consolidando la pertenencia sanjuanina de Ischigualasto, el cerro El Potro y otros sectores cordilleranos donde hoy se desarrollan proyectos como Josemaría, parte del distrito minero Vicuña.

El conflicto volvió a cobrar fuerza este año, cuando en abril la jueza de Cámara de Chilecito, María Greta Decker, ordenó paralizar por 30 días actividades vinculadas al proyecto Vicuña y prohibió el uso de caminos riojanos. Aunque la medida fue celebrada por Quintela, posteriormente se alcanzó un acuerdo que normalizó la circulación.

La nueva ley aprobada por la Legislatura riojana reaviva la disputa en un momento de alta sensibilidad política y económica, ya que involucra recursos estratégicos, áreas de desarrollo minero y uno de los principales patrimonios turísticos de San Juan.

Con la norma ya vigente, el conflicto promete trasladarse al ámbito judicial y al Congreso nacional. Desde San Juan reiteran que los límites establecidos no pueden ser modificados unilateralmente, mientras que La Rioja sostiene que continuará avanzando en la defensa de lo que considera su territorio histórico.

San Juan dio un paso inédito en materia de salud pública al convertirse en la primera provincia del país en adquirir con fondos propios el anticuerpo monoclonal Nirsevimab, una herramienta de última generación destinada a prevenir cuadros respiratorios graves en bebés y niños con factores de riesgo.

La medida, impulsada por el Ministerio de Salud, busca reforzar la protección frente al Virus Sincicial Respiratorio (VSR), principal causante de bronquiolitis y neumonía durante el invierno.

La provincia incorporó más de 200 dosis de este insumo de alto costo, lo que permite ampliar la cobertura para menores sin obra social y con condiciones de salud que los vuelven especialmente vulnerables. Se trata de una estrategia sanitaria sin precedentes a nivel nacional, que posiciona a San Juan a la vanguardia en la prevención de enfermedades respiratorias pediátricas.

A diferencia de las vacunas tradicionales, el Nirsevimab es un anticuerpo monoclonal que brinda defensas de manera directa y actúa dentro de las primeras 24 horas posteriores a su aplicación. Esta protección inmediata resulta clave en un contexto de alta circulación viral. Además, una sola dosis ofrece cobertura durante toda la temporada invernal, lo que reduce la necesidad de refuerzos.

Estudios internacionales indican que el anticuerpo puede prevenir hasta ocho de cada diez internaciones por cuadros graves asociados al VSR, lo que no solo protege a los niños más vulnerables, sino que también contribuye a descomprimir la demanda hospitalaria, especialmente en las áreas de internación pediátrica y terapia intensiva.

La campaña está dirigida a bebés prematuros con bajo peso al nacer y a niños menores de dos años con patologías de riesgo, entre ellas cardiopatías congénitas, enfermedades pulmonares crónicas, síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades neuromusculares, inmunodeficiencias severas y otras condiciones que aumentan la probabilidad de complicaciones respiratorias. Actualmente, el padrón provincial incluye más de 150 pacientes que cumplen los criterios para recibir el tratamiento de manera gratuita.

Para garantizar el acceso, las dosis fueron distribuidas en distintos departamentos según la ubicación de los pacientes identificados. Los equipos de salud de cada centro sanitario se encargan de contactar a las familias y coordinar la aplicación, evitando traslados innecesarios y asegurando una cobertura territorial equitativa.

El objetivo sanitario es que todos los niños incluidos en la población objetivo reciban el anticuerpo antes de agosto, reforzando la protección durante los meses de mayor circulación viral y consolidando una política pública que prioriza la prevención y el cuidado integral de la salud infantil.