Orrego participó del foro Democracia y Desarrollo y destacó la previsibilidad, la estabilidad fiscal y el rol del sector privado para impulsar el crecimiento del país.

El gobernador Marcelo Orrego llevó la mirada sanjuanina al debate nacional sobre el futuro económico del país y el rol de las provincias en la generación de políticas públicas que impulsen la inversión y la competitividad.

El mandatario participó este martes del encuentro “Políticas públicas para la inversión y la competitividad”, organizado por Clarín en el marco de la séptima edición del ciclo Democracia y Desarrollo, realizado en el Museo Malba de Buenos Aires.

Orrego integró la mesa de cierre titulada “El rol de las provincias en la generación de los cambios”, junto a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El panel buscó aportar una visión federal sobre los desafíos estructurales que enfrenta Argentina y las herramientas necesarias para construir un modelo de desarrollo sostenible.

Durante su intervención, Orrego destacó que la previsibilidad es un valor central para atraer inversiones y consolidar proyectos productivos. Enfatizó que la confianza se construye de manera gradual y que su pérdida puede ser abrupta: “La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos”, expresó, al señalar que la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica son pilares indispensables para cualquier estrategia de crecimiento.

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El gobernador remarcó que el país necesita reglas claras y políticas públicas que trasciendan los personalismos. “Yo no creo en las individualidades, yo creo en los equipos”, afirmó, al destacar la importancia de la labor colectiva entre Estado, sector privado y sociedad civil. En ese sentido, valoró el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente para sectores estratégicos como la minería, que requieren marcos regulatorios estables y horizontes de largo plazo.

Orrego también analizó los desafíos globales que atraviesa Argentina, como la transición energética, la necesidad de mejorar la conectividad y la incorporación de tecnologías 4.0 en los procesos productivos. Sostuvo que el Estado debe facilitar un clima de negocios donde el sector privado pueda desarrollarse con libertad y previsibilidad: “Lo que pretendemos en San Juan es que haya clima de negocios, que haya confianza, que la gente pueda avanzar en su proyecto”, afirmó.

En un tramo más reflexivo, el gobernador habló sobre la responsabilidad de los dirigentes en la construcción del futuro nacional. Señaló que los mandatos son transitorios y que la prioridad debe ser dejar bases sólidas para las próximas generaciones. “Somos pasajeros, somos circunstanciales, somos como un yogur fuera de la heladera”, expresó, en referencia a la temporalidad del poder y la necesidad de políticas que perduren más allá de los ciclos electorales.

Finalmente, Orrego sostuvo que Argentina cuenta con los recursos necesarios para que las familias progresen, pero advirtió que ese potencial solo podrá materializarse si se establecen políticas públicas estables, federales y sostenidas en el tiempo. Su participación en el foro reafirmó la intención de San Juan de posicionarse como un actor activo en la discusión nacional sobre desarrollo, inversión y competitividad.

San Juan creó el Comité Provincial contra la Trata, con organismos públicos y privados, para reforzar la prevención, detección y asistencia frente a este delito.

San Juan dio un paso decisivo en el fortalecimiento de sus políticas de prevención, detección y asistencia frente a la trata y explotación de personas, mediante la conformación del Comité Provincial contra la Trata, un espacio interinstitucional que reúne a organismos públicos, entidades privadas y organizaciones vinculadas directamente con el abordaje de este delito.

La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, quedó formalizada con la firma de un Acta Acuerdo Interinstitucional que establece un marco de cooperación permanente para desarrollar acciones de sensibilización, capacitación, asistencia técnica y formación comunitaria.

El nuevo comité integra a la Dirección Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, Fundación Andesmar, la Cámara Minera de San Juan, RENATRE y otros actores estratégicos, consolidando un modelo de trabajo articulado que busca mejorar la respuesta institucional frente a un delito complejo y silencioso.

El acuerdo prevé la creación de una Comisión Permanente, encargada de coordinar acciones, definir responsabilidades y diseñar programas específicos para abordar la problemática. También contempla la posibilidad de avanzar en convenios particulares que permitan ejecutar actividades concretas y garantizar la aplicación eficiente de los recursos.

Durante la firma, la ministra de Gobierno, Laura Palma, destacó la importancia de sumar al sector privado y valoró especialmente la iniciativa impulsada por el Grupo Andesmar. “Es muy importante que del sector privado surja la iniciativa de trabajar sobre una problemática tan grave como es la trata de personas”, afirmó. Además, llamó a la comunidad a involucrarse y a no permanecer indiferente ante posibles situaciones de explotación. “Todos los ciudadanos podemos ser parte comprometiéndonos y no mirando hacia el costado”, expresó.

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Palma remarcó que la trata adopta distintas modalidades y que, en muchos casos, las víctimas no reconocen la situación que atraviesan. Por eso, consideró fundamental facilitar el acceso a la denuncia y recordó que puede realizarse de manera anónima, ya que cualquier información puede resultar clave para proteger a una persona en riesgo.

El vicegobernador Fabián Martín también valoró la conformación del comité y subrayó la responsabilidad del Estado en la prevención y respuesta frente a los delitos. “Una de las funciones que tenemos como Gobierno es mantener la paz. Por lo tanto, ante todo hecho delictivo tenemos que estar preparados para atacarlo fuertemente”, señaló. Martín destacó que el nuevo espacio permitirá intercambiar experiencias, sincronizar acciones y mejorar la capacidad de detección y asistencia frente a la trata.

La jornada contó con el acompañamiento institucional de la Cámara de Diputados de San Juan, que declaró de interés social y cultural las actividades realizadas en el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, y del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Juan, que otorgó interés educativo, social, cultural y sanitario al foro de concientización y a la firma del Acta Acuerdo.

Encabezaron la mesa institucional el vicegobernador Martín; el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Antonio Platero; el secretario de Seguridad, Enrique Alejandro Delgado; y el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Juan José Dubos. También participaron representantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Cámara Minera, Fundación Andesmar y organismos nacionales especializados en la lucha contra la trata.

Con la conformación del Comité Provincial, San Juan consolida un modelo de trabajo articulado que busca fortalecer la prevención, mejorar la detección temprana y garantizar una asistencia integral a las víctimas, en línea con los estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.

Flagrancia registró 1.059 hechos, 1.235 imputados y 1.554 audiencias entre enero y julio. Robos y hurtos lideran los delitos atendidos en San Juan.

El Sistema Especial de Flagrancia mantiene un ritmo sostenido y una alta carga de trabajo en San Juan durante 2026. Entre enero y julio, la Unidad Fiscal de Flagrancia registró 1.059 hechos y 1.235 personas imputadas, según las estadísticas oficiales actualizadas al 31 de julio. Los números confirman que el modelo continúa siendo uno de los pilares de la respuesta penal inmediata en la provincia.

La actividad judicial generada por estos casos se tradujo en 1.554 audiencias realizadas en los primeros siete meses del año, vinculadas a distintas etapas del proceso. De ese total, 1.053 correspondieron a audiencias de presentación, 155 a continuaciones y 177 a finalizaciones. También se llevaron a cabo 102 audiencias por conexidad, 35 por sobreseimientos y 32 relacionadas con diversas situaciones procesales.

En cuanto a las resoluciones, hasta fines de julio se contabilizaron 885 decisiones judiciales, entre condenas efectivas, condenas condicionales y suspensiones de juicio a prueba, lo que refleja la capacidad del sistema para avanzar rápidamente hacia definiciones concretas.

Los delitos más frecuentes en 2026 vuelven a ser hurto y robo, que concentran la mayor cantidad de hechos. El hurto encabeza la lista con 321 casos, seguido por el robo con 310. Más atrás aparecen violencia de género (83), lesiones (66) y daño (64). También se registraron 47 casos vinculados a tenencia y portación de armas de fuego, 36 por incumplimiento de orden judicial, 36 por amenazas y 22 por resistencia a la autoridad.

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Un dato relevante es que la cantidad de imputados supera a la de hechos: 1.235 personas frente a 1.059 casos. Esto se debe a que un mismo hecho puede involucrar a más de un autor o partícipe, lo que incrementa el número de personas sometidas al proceso penal.

El funcionamiento de Flagrancia se caracteriza por su intervención inmediata y por los plazos abreviados que exige el procedimiento. Ante una aprehensión, la Policía debe comunicar la situación al fiscal de turno y poner al detenido a disposición de la Justicia. Desde ese momento, los equipos fiscales pueden intervenir en el lugar del hecho, tomar declaraciones, asegurar evidencia y definir la estrategia de investigación en tiempo real. El proceso debe iniciarse dentro de las 48 horas posteriores a la aprehensión, lo que obliga a una dinámica acelerada y coordinada entre fiscales, ayudantes fiscales y personal policial.

Implementado el 9 de agosto de 2017, el Sistema Especial de Flagrancia acumula desde entonces 12.354 hechos y 15.759 personas imputadas, cifras que muestran su consolidación como herramienta central del Ministerio Público Fiscal para abordar delitos que requieren una respuesta rápida y eficaz.

Pero el dato que marca el pulso actual del sistema está en 2026: 1.059 hechos, 1.235 imputados, 1.554 audiencias y 885 resoluciones en apenas siete meses. Las estadísticas confirman que Flagrancia continúa concentrando una parte importante de la actividad penal en San Juan, especialmente frente a delitos como robos, hurtos, lesiones y casos de violencia de género, que siguen siendo los más recurrentes en la provincia.