La minería del oeste riojano enfrenta un escenario de tensión creciente luego de que una resolución judicial alterara las condiciones de acceso a los yacimientos cordilleranos.

La medida, firmada por la jueza Decker de Chilecito, obliga a los trabajadores a desplazarse por el corredor norte para llegar al proyecto Vicuña y a otros emprendimientos de la zona, lo que multiplica los tiempos de viaje y genera preocupación en Guandacol y localidades vecinas.

El impacto de la decisión fue expuesto por Carlos Alaniz, minero con más de dos décadas de trayectoria y referente de la comunidad guandacolense. En diálogo con Radio Fénix de la provincia de La Rioja, advirtió que la actividad no se detendrá, pero sí se verá afectada la logística operativa, un factor que incide directamente en los costos de las empresas y en los criterios de contratación de personal.

Hasta ahora, los trabajadores riojanos accedían al proyecto Vicuña mediante un recorrido de cuatro horas desde Guandacol. Con la nueva disposición, el viaje se extiende a casi once horas, debido a la obligación de utilizar rutas alternativas del corredor norte.

En la minería de gran escala, esta diferencia es determinante. Las compañías suelen priorizar la contratación de mano de obra y servicios de las localidades más cercanas al yacimiento. Si Guandacol pierde esa ventaja geográfica, explicó Alaniz, la comunidad quedará en una posición frágil dentro del “anillo de prioridad” que define el empleo directo y los servicios asociados.

El sector estima que alrededor de 140 trabajadores riojanos se desempeñan de manera directa en los proyectos del oeste provincial. A ellos se suma un entramado de proveedores locales, transporte, hotelería, logística, gastronomía, que involucra a familias de Guandacol, Villa Unión, Santa Clara, Villa Castelli y la Capital. En total, unas 190 familias dependen de manera inmediata de la continuidad de la actividad minera.

Los salarios del sector explican la magnitud del problema, bajo el régimen 14×14, un operario inicial percibe alrededor de $1.800.000 mensuales, mientras que los puestos calificados pueden superar los $3.000.000. Son ingresos que no encuentran equivalencia en el mercado laboral privado de la provincia.

La situación expone una contradicción que atraviesa a la minería riojana. La provincia cuenta con proyectos de alto interés como Peña Negra, Cerro Verde, La Chola y Vicuña, pero enfrenta un déficit de mano de obra calificada para cubrir los puestos de mayor especialización. Es un diagnóstico que también comparten San Juan, Salta y Catamarca en el marco de las inversiones proyectadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En este contexto, cualquier decisión que modifique la logística de acceso adquiere una dimensión estratégica. El cobre, el litio y el oro del corredor cordillerano forman parte del esquema exportador que el Gobierno nacional busca consolidar, con La Rioja como uno de los territorios llamados a aportar volumen.

Un conflicto que trasciende lo judicial y se vuelve político

Alaniz atribuyó la situación a una “disputa política innecesaria” entre distintos niveles del Estado, cuyos efectos recaen sobre los trabajadores. Su planteo refleja un malestar creciente en las comunidades del oeste, donde la expectativa por el desarrollo minero convive con la incertidumbre sobre el marco regulatorio y las tensiones entre Provincia y Nación.

El reclamo es concreto, garantizar estabilidad laboral y previsibilidad para quienes ya forman parte del sector, evitando que las decisiones institucionales terminen afectando a los ciudadanos. La advertencia llega en un momento clave, cuando la minería riojana busca consolidarse como motor de desarrollo regional y asegurar su lugar en el mapa nacional de inversiones.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó una modificación clave en el proyecto de infraestructura energética previsto para San Juan y dejó fuera al emprendimiento minero Filo del Sol del esquema asociado a la futura línea de 500 kV.

La rectificación fue publicada mediante la Resolución 214/2026, que corrigió artículos de normativas anteriores las resoluciones 79/2026 y 165/2026 donde ambos proyectos mineros figuraban como beneficiarios de la solicitud de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico.

Según la fe de erratas difundida por el Gobierno nacional, la inclusión de Filo del Sol respondió a un “error material” y, tras revisar el expediente técnico, se determinó que la infraestructura corresponde exclusivamente al proyecto Josemaría en su fase 1. La demanda estimada para este emprendimiento es de 260 MW, cifra que se mantiene sin cambios respecto de los documentos originales.

El ENRE aclaró que la corrección no altera las condiciones técnicas, económicas ni regulatorias de la obra, ni modifica el proceso administrativo actualmente en curso. El plan energético contempla la construcción de una línea de extra alta tensión de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y una nueva estación transformadora en Chaparro, además de ampliaciones en estaciones existentes y nueva infraestructura complementaria.

En etapas previas, el proyecto había sido presentado como una iniciativa conjunta para abastecer tanto a Josemaría como a Filo del Sol, lo que generó expectativas en torno al desarrollo minero regional y motivó instancias de consulta pública y análisis técnico. Con la rectificación, el alcance del plan queda redefinido y excluye a Filo del Sol de una obra considerada estratégica para el futuro energético de la provincia.

Pese al cambio administrativo, las obras proyectadas continúan su curso sin modificaciones. La disponibilidad de energía sigue siendo un factor determinante para el avance de los grandes proyectos cordilleranos, y la infraestructura de 500 kV se mantiene como una pieza central en la planificación eléctrica de San Juan.

El Country Director del Proyecto Vicuña y recientemente designado presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea, advirtió que el conflicto judicial iniciado en La Rioja podría afectar no solo la operatoria diaria del emprendimiento, sino también el clima de inversiones previsto para los próximos años.

La medida, dictada por la jueza María Greta Decker, impide el tránsito minero en un tramo clave de la Ruta Provincial N° 506, entre Guandacol y La Majadita, lo que impacta directamente en el acceso utilizado por trabajadores y contratistas.

Morea señaló que la empresa no fue notificada formalmente del fallo y que se enteraron de la resolución a través de los medios de comunicación. Sin embargo, confirmó que efectivos policiales de La Rioja están interrumpiendo el paso de vehículos, incluso de otras compañías mineras que utilizan ese corredor cordillerano.

En declaraciones al programa De Sobremesa, emitido por Telesol, el directivo puso el foco en las consecuencias que este tipo de decisiones puede generar en la percepción internacional sobre la minería argentina. “San Juan está ubicada en el puesto 18 dentro de las mejores jurisdicciones mundiales para hacer minería, y no por casualidad. Comportamientos de otras provincias alineadas con lo que está pasando en la provincia vecina probablemente generen más ruido y menos vocación por acelerar inversiones cuando el ruido político o judicial se eleva”, afirmó.

Respecto al planteo ambiental que fundamenta la medida la falta de presentación del Estudio de Impacto Ambiental en territorio riojano, según lo señalado por el secretario de Ambiente Santiago Azulay, Morea sostuvo que se trata de discusiones legales que deberán darse en el marco de un proceso formal. Aseguró que la empresa está “100% alineada con la regulación vigente”, tanto en materia constitucional como en los distintos niveles regulatorios que rigen la actividad.

El directivo explicó además que Vicuña cuenta con una declaración de impacto ambiental otorgada en 2023 para el mantenimiento del camino, y que la última actualización fue presentada en abril del año pasado, aunque aún no ha sido aprobada. “Hoy estamos imposibilitados de hacer mantenimiento en ese camino”, señaló.

Morea también advirtió sobre el impacto económico que genera la suspensión del tránsito. Indicó que la empresa mantiene contratos con proveedores riojanos y que incluso había lanzado una licitación para construir una circunvalación en Guandacol, una obra que implicaría inversiones millonarias y la creación de alrededor de 60 puestos de trabajo. Sin embargo, aclaró que estos proyectos dependen de la aprobación ambiental pendiente. “Si no hay aprobación, difícilmente se creen esos puestos de trabajo”, afirmó.

Pese al conflicto, destacó la relación con comunidades, trabajadores y proveedores de La Rioja, aunque remarcó que decisiones de este tipo generan incertidumbre en un sector que requiere previsibilidad para sostener inversiones de largo plazo.