Más de 850 mil firmas respaldaron la presentación de un amparo colectivo ante el Juzgado Federal de La Pampa para frenar la reforma de la Ley de Glaciares, aprobada por el Congreso el pasado 9 de abril.

La acción fue impulsada por organizaciones socioambientales y de derechos humanos que buscan suspender la aplicación de la norma en todo el país mientras se analiza su validez constitucional.

La demanda fue presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace, con el acompañamiento de Amnistía Internacional, el CELS, el CEPA y numerosas asambleas territoriales. Los impulsores sostienen que la reforma representa un retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua dulce.

Durante la conferencia de prensa, el director ejecutivo de FARN, Andrés Nápoli, afirmó que la modificación aprobada por el Congreso “es regresiva y vulnera el artículo 41 de la Constitución Nacional, el Acuerdo de Escazú y compromisos internacionales”. Según explicó, el amparo solicita que la Justicia declare la inconstitucionalidad de la reforma y dicte una medida cautelar para impedir su aplicación mientras se resuelve el fondo del asunto.

El expediente fue radicado en La Pampa debido a que los cambios legales podrían impactar en cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Las organizaciones remarcan que los efectos no se limitan a la cordillera, sino que alcanzan sistemas de abastecimiento de agua en distintas regiones del país.

La presentación también cuestiona el proceso legislativo. De acuerdo con los denunciantes, más de 100.000 personas se inscribieron para participar en la audiencia pública convocada en Diputados, pero menos del 0,2% pudo exponer oralmente, lo que según argumentan vulnera estándares de participación establecidos en la normativa ambiental.

Desde Greenpeace, el director de programas Diego Salas destacó el nivel de adhesión social: “No es una demanda más; es una de las más emblemáticas en defensa del agua”. Las organizaciones advierten que la reforma reemplaza criterios científicos por decisiones provinciales discrecionales, afectando la protección de glaciares y ambiente periglacial, que alimentan cerca del 40% de las cuencas hídricas nacionales.

El presidente de la AAdeAA, Enrique Viale, señaló que esperan que la Justicia “esté a la altura de las circunstancias” y adelantó que continuarán impulsando acciones en otros ámbitos. El caso abre una instancia judicial clave que pondrá bajo revisión la reforma y su impacto en la protección ambiental del país.

Minas Argentinas, empresa integrante de Aisa Group, presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, un documento que marca un punto de inflexión para Mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal.

El informe consolida el cambio de paradigma de la operación: de un proyecto con horizonte de cierre a un activo estratégico con al menos 30 años de proyección, respaldado por hitos regulatorios, inversiones estructurales y una gestión alineada con estándares internacionales.

Uno de los pilares de esta nueva etapa es el avance del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que cuenta con la actualización aprobada del Informe de Impacto Ambiental y su incorporación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este marco habilita inversiones superiores a USD 665 millones, extiende la vida útil del yacimiento y proyecta un fuerte impacto en empleo durante sus fases de mayor actividad.

En paralelo, la compañía avanza en una estrategia energética que incluye la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW y el análisis de infraestructura de transporte eléctrico, alineándose con las tendencias globales de descarbonización.

El reporte fue elaborado bajo el estándar GRI 14: Sector Minero 2024, la norma más reciente y específica para la industria. Minas Argentinas se convierte así en la primera empresa del país en reportar bajo este marco, que exige mayor consistencia, transparencia y detalle sobre los impactos ambientales, sociales y laborales de la actividad minera.

El documento estructura la sostenibilidad en tres ejes: ambiental, social y de gobernanza. En lo ambiental, la gestión hídrica se posiciona como el tema más crítico para la licencia social en San Juan, junto con la gestión integral de residuos bajo estándares internacionales incluido el ICMI, el cumplimiento de ISO 14001 y el monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el plano social, el informe destaca que 97% del personal es sanjuanino y más del 69% de los proveedores son nacionales, consolidando a Gualcamayo como un motor directo del desarrollo local. La inversión en infraestructura comunitaria, el apoyo a emprendedores, la articulación con más de 50 instituciones y el fortalecimiento del vínculo con universidades y escuelas refuerzan esta integración territorial. Instrumentos como el Fondo Fiduciario Gualcamayo aseguran que parte del valor generado se traduzca en beneficios concretos para las comunidades de influencia.

En materia de gobernanza, la compañía sostiene una cultura basada en la seguridad, la transparencia y la mejora continua, con certificaciones como ISO 45001, altos niveles de participación en encuestas de clima laboral y prácticas de integridad alineadas con estándares internacionales.

El análisis de materialidad 2025 muestra una convergencia entre los principales riesgos del negocio y las expectativas de los grupos de interés, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta alineación confirma que el crecimiento proyectado de Gualcamayo es viable no solo desde lo económico, sino también desde lo ambiental y social.

El reporte traza así una hoja de ruta que posiciona a Minas Argentinas como un actor clave de la minería argentina, con capacidad para generar valor económico, social y ambiental de manera integrada y sostenida.

El proyecto Vicuña confirmó que podrá reiniciar los trabajos en la provincia de La Rioja una vez que quede sin efecto la orden judicial que actualmente impide avanzar con obras clave para la zona de Guandacol.

La empresa destacó la decisión del Gobierno riojano de continuar con el tratamiento de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) correspondientes a la ruta provincial 506 y al bypass a Guandacol, dos intervenciones consideradas estratégicas para la conectividad y el desarrollo local.

Según informó la compañía, la habilitación de estas instancias permitirá retomar el mantenimiento del camino y avanzar con la licitación de la circunvalación, proceso en el que ya participan varias empresas riojanas y que, una vez en construcción, generará oportunidades de empleo para las comunidades cercanas.

Vicuña aseguró que todas las actividades se ejecutarán bajo los estándares técnicos, ambientales y operativos del proyecto, en cumplimiento del marco regulatorio vigente. Además, recordó que estas acciones forman parte de un esquema de articulación más amplio que la empresa venía desarrollando con la provincia antes de las medidas judiciales, con el objetivo de ordenar iniciativas vinculadas al desarrollo del proyecto, la generación de empleo y el fortalecimiento de capacidades locales.

La compañía también anticipó que prevé retomar conversaciones con el Gobierno de La Rioja para explorar nuevas oportunidades de desarrollo minero en la provincia y continuar impulsando programas de capacitación de mano de obra y desarrollo de proveedores locales, con el fin de contribuir al crecimiento económico regional.

En este marco, Vicuña confirmó que mantendrá encuentros presenciales en La Rioja en las próximas semanas, en un contexto donde la infraestructura vial, el empleo y la articulación institucional se vuelven ejes centrales para el avance del proyecto.