El Gobierno nacional anunció la desclasificación de documentos secretos vinculados con los nazis que se refugiaron en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. La decisión, confirmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responde a un pedido realizado por el senador estadounidense Steve Daines al presidente Javier Milei.
“El presidente Milei dio la orden de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información”, expresó Francos en declaraciones oficiales.
Un pedido con respaldo internacional
La solicitud de desclasificación fue realizada por Daines, un legislador republicano de Estados Unidos que desde hace años impulsa la apertura de archivos sobre la presencia de criminales de guerra nazis en América Latina. En la reunión con Milei, también estuvieron presentes Darin Thacker, jefe de Gabinete del senador; Abigail Dressel, encargada de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires; y Cynthia Jo Daines, esposa del funcionario.
El interés internacional en estos documentos se debe a que, tras el colapso del Tercer Reich en 1945, numerosos jerarcas nazis encontraron refugio en Argentina, país que durante el gobierno de Juan Domingo Perón facilitó su ingreso. Entre los casos más emblemáticos se encuentran Adolf Eichmann y Josef Mengele, cuyas historias han sido objeto de investigaciones históricas y judiciales.
Más transparencia en archivos sensibles
Este anuncio se produce en el marco de una política de desclasificación de archivos históricos impulsada por el gobierno de Milei. En paralelo a la apertura de documentos sobre los nazis, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Ejecutivo también liberará archivos vinculados con la última dictadura militar argentina (1976-1983).
“Buscamos que los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura pasen a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”, señaló Adorni, destacando que esta práctica es común en otros países que han atravesado procesos similares de revisión histórica.
Nuevas medidas en materia de derechos humanos
En el mismo contexto, el gobierno de Milei anunció que reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el ataque perpetrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola constituirá un crimen de lesa humanidad. El atentado, ocurrido en San Miguel de Tucumán, provocó la muerte del militar y de su hija María Cristina, de apenas tres años.
Para reforzar esta postura, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de declarar la imprescriptibilidad penal y civil de delitos de esta índole. “A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia”, publicó Milei en su cuenta de la red social X, reafirmando el compromiso del Ejecutivo en la revisión histórica de estos hechos.
Impacto y repercusiones
La desclasificación de estos archivos representa un paso significativo en la apertura de documentos históricos que por décadas permanecieron en reserva. Desde sectores académicos y de derechos humanos han manifestado interés en acceder a estos documentos para ampliar el conocimiento sobre el rol de Argentina como refugio de criminales nazis y su relación con regímenes totalitarios del siglo XX.
En tanto, la iniciativa también genera expectativas respecto a la información que pueda surgir de los documentos vinculados con la dictadura militar, una cuestión que ha marcado el debate político y social del país en las últimas décadas.
Con esta medida, la administración de Milei busca posicionarse como un gobierno que promueve la transparencia documental y el acceso a la información histórica, aunque las repercusiones políticas y diplomáticas de esta decisión aún están por verse.
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