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El gobierno denunció a Cristina Kirchner por cobrar el plus por vivir en zona austral mientras residía en CABA

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El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, acusa a la exmandataria de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica”.

Tras anunciar anunciar que la quita de la jubilación de privilegio, el Gobierno denunció a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta “estafa” al sostener que percibía una bonificación por declarar que vivía en zona austral mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires.

El Ministerio de Capital Humano, a través de ANSES, que solicitó ser parte querellante en la causa, presentó una denuncia penal por presuntos delitos de “estafa, defraudación a la Administración Pública y falsedad ideológica” contra la ex vicepresidenta a la que acusan de “haber declarado un domicilio en zona austral, presuntamente falso”.

Los denunciantes Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad de la ANSES, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, detallaron en la denuncia que la bonificación de zona Austral solo pueden ser percibida por quienes tengan “residencia efectiva o radicación real” en las zonas o provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones de la Provincia de Buenos Aires”.

“En el caso de la Sra. Fernández de Kirchner, es de público y notorio conocimiento, que su residencia estuvo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante el período de cobro de ambas asignaciones, mientras se desempeñaba, primero como senadora por la Provincia de Buenos Aires (10/12/2017 – 10/12/2019) y luego como vicepresidente de la Nación (10/12/2019 – 10/12/2023)”, especificaron.

En la misma línea, aseguraron que el cobro de dicho beneficio constituyó “una conducta penalmente reprochable, con perjuicio para la ANSES y el erario público, que deberá ser determinado a partir de las tareas investigativas solicitadas”.

Como viuda del exmandatario Néstor Kirchner y por sus propias asignaciones, Cristina Kirchner percibía un total en bruto de $35.255.297,73, lo que desde el Gobierno aclararon que equivale a casi 136 jubilaciones mínimas. En mano, la cifra llegaba a $21.827.624,65

El titular de ANSES, Mariano De Los Héros, anunció el 17 de noviembre denunció que la exfuncionaria presentó un certificado de domicilio de Río Gallegos, por lo que percibía un suplemento de zona austral que suma 6.354.523 de pesos mientras vivía en Buenos Aires.

En sintonía, a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial el Poder Ejecutivo estableció que las asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”.

Señalamientos por “falsas” declaraciones juradas

En el escrito al que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas acusan a la ex vicepresidenta de “haber presentado (usado) declaraciones juradas con datos falsos, para percibir adicionales por zona austral en los beneficios N° 40-5-8085213-0 (derivada de la asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por viudez del ex – presidente Néstor Carlos Kirchner) y N° 40-5-8085268-0 (asignación mensual vitalicia Ley N° 24.018 por su carácter de ex presidente)”. 

También la culpan de “haber insertado o hecho insertar en instrumentos públicos declaraciones falsas; haber presentado (usado) ante el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL esas declaraciones juradas con datos falsos”.

En el documento de 18 páginas aclaran que además el beneficio fue cobrado de manera mensual desde enero del año 2016 hasta noviembre de 2011, y que la percepción de las bonificaciones “habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsoslo que configuraría el delito de falsedad ideológica”.

Para ANSES, la exvice constituyó “actos de corrupción”

La ANSES calificó el accionar de la dos veces mandataria como “un acto de corrupción” amparados por los Convenios Internaciones como la Convención Interamericana contra la Corrupción –CICC-  de la OEA, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción -CNUCC-, adoptada en el año 2003.

Ante eso, solicitan que el juez constante: 

  • Las asistencias de la titular del Senado para verificar su asistencia durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
  • Que el Banco Central de la República Argentina informe la radicación de los movimientos de cuenta de Cristina Kirchner durante el período 10/12/2017 -10/12/2023.
  • Que el Ente Nacional de Comunicaciones informe la radicación de las llamadas de la línea telefónica titular de la exmandataria.
  • Pericias caligráfica para constatar la solicitud de los documentos presentados ante el Ministerio de Desarrollo Social para percibir la bonificación.
  • Pericial Contable para determinar el monto del perjuicio económico a la ANSES

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Milei ordena liberar documentos sobre nazis en Argentina tras un pedido de EE.UU.

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El Gobierno nacional anunció la desclasificación de documentos secretos vinculados con los nazis que se refugiaron en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial. La decisión, confirmada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, responde a un pedido realizado por el senador estadounidense Steve Daines al presidente Javier Milei.

“El presidente Milei dio la orden de que se liberara toda la documentación que existiera en cualquier organismo del Estado para que se conozca absolutamente todo, porque no hay ningún motivo para resguardar información”, expresó Francos en declaraciones oficiales.

Un pedido con respaldo internacional

La solicitud de desclasificación fue realizada por Daines, un legislador republicano de Estados Unidos que desde hace años impulsa la apertura de archivos sobre la presencia de criminales de guerra nazis en América Latina. En la reunión con Milei, también estuvieron presentes Darin Thacker, jefe de Gabinete del senador; Abigail Dressel, encargada de negocios a.i. de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires; y Cynthia Jo Daines, esposa del funcionario.

El interés internacional en estos documentos se debe a que, tras el colapso del Tercer Reich en 1945, numerosos jerarcas nazis encontraron refugio en Argentina, país que durante el gobierno de Juan Domingo Perón facilitó su ingreso. Entre los casos más emblemáticos se encuentran Adolf Eichmann y Josef Mengele, cuyas historias han sido objeto de investigaciones históricas y judiciales.

Más transparencia en archivos sensibles

Este anuncio se produce en el marco de una política de desclasificación de archivos históricos impulsada por el gobierno de Milei. En paralelo a la apertura de documentos sobre los nazis, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Ejecutivo también liberará archivos vinculados con la última dictadura militar argentina (1976-1983).

“Buscamos que los archivos relacionados con el accionar de la última dictadura pasen a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política”, señaló Adorni, destacando que esta práctica es común en otros países que han atravesado procesos similares de revisión histórica.

Nuevas medidas en materia de derechos humanos

En el mismo contexto, el gobierno de Milei anunció que reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el ataque perpetrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) contra la familia del capitán Humberto Viola constituirá un crimen de lesa humanidad. El atentado, ocurrido en San Miguel de Tucumán, provocó la muerte del militar y de su hija María Cristina, de apenas tres años.

Para reforzar esta postura, el Gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso con el objetivo de declarar la imprescriptibilidad penal y civil de delitos de esta índole. “A fondo en la búsqueda de la verdad. En su defecto, jamás habrá justicia”, publicó Milei en su cuenta de la red social X, reafirmando el compromiso del Ejecutivo en la revisión histórica de estos hechos.

Impacto y repercusiones

La desclasificación de estos archivos representa un paso significativo en la apertura de documentos históricos que por décadas permanecieron en reserva. Desde sectores académicos y de derechos humanos han manifestado interés en acceder a estos documentos para ampliar el conocimiento sobre el rol de Argentina como refugio de criminales nazis y su relación con regímenes totalitarios del siglo XX.

En tanto, la iniciativa también genera expectativas respecto a la información que pueda surgir de los documentos vinculados con la dictadura militar, una cuestión que ha marcado el debate político y social del país en las últimas décadas.

Con esta medida, la administración de Milei busca posicionarse como un gobierno que promueve la transparencia documental y el acceso a la información histórica, aunque las repercusiones políticas y diplomáticas de esta decisión aún están por verse.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Estela de Carlotto afirmó que Javier Milei “tendría que estar en la cárcel”

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En el marco de la multitudinaria marcha por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y aseguró que “tendría que estar preso”. La histórica referente de derechos humanos se expresó en una entrevista con C5N desde la Plaza de Mayo, donde miles de manifestantes se congregaron para recordar a las víctimas de la última dictadura militar.

“Estamos pasando un muy mal momento”

Carlotto calificó la situación actual del país como “muy mala” y advirtió sobre el impacto de las políticas del gobierno de Milei. “No queremos echar a un presidente, queremos que haga y diga lo que corresponde”, afirmó, en referencia a las decisiones y declaraciones del mandatario.

En ese sentido, sostuvo que el contexto es “muy especial” y destacó la importancia de la movilización social: “La plaza está llena de gente que protesta, que lucha. Ha tocado hacerlo con mucha presencia, movimiento y ruido”.

Críticas al video de Casa Rosada sobre la “memoria completa”

En su discurso, también apuntó contra el polémico video difundido por la Casa Rosada en la previa del 24 de marzo, en el que el Gobierno reivindicó la llamada “memoria completa”, equiparando la violencia estatal con los actos de grupos guerrilleros.

“Los que hacen esto son mentirosos, malas personas. Habría que juzgarlos y meterlos donde tienen que estar cuando mienten de cosas tan serias”, sentenció Carlotto, al considerar que el Gobierno “no respeta, humilla y ofende” a los organismos de derechos humanos.

Advertencia sobre la situación del país

Carlotto también se refirió al impacto de las políticas del oficialismo en la sociedad y advirtió sobre una creciente violencia: “Hay represión, vandalismo, niños con revólveres matando gente. Estamos en una etapa muy dura y difícil”.

Sobre el final de la entrevista, y en un mensaje directo contra Milei, fue categórica: “Si un hombre ha hecho todo lo que ha hecho, y está escrito y dicho que es el Presidente, el Presidente tendría que estar en la cárcel”.

No es la primera vez que Carlotto critica al mandatario. Días atrás, en una entrevista radial, se mostró “profundamente preocupada” por sus políticas y remarcó: “No es democracia lo que tenemos; ha sido votado y es legal, pero no es lícito todo lo que permite, hace y dice”.

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El Gobierno ordenó la desclasificación total de archivos sobre la dictadura militar

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Los documentos pasarán de la SIDE al Archivo General de la Nación, pero aún no hay un plan definido para su acceso

En el marco de un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Gobierno nacional anunció la desclasificación total de los archivos vinculados al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien destacó que la medida responde al “compromiso inclaudicable con los derechos humanos” y la necesidad de “contar la historia completa”.

Según explicó Adorni, la iniciativa se fundamenta en el Decreto 4/2010, firmado por la expresidenta Cristina Kirchner, que, según el funcionario, “nunca había sido implementado en su totalidad”. A partir de esta decisión, los documentos que hasta ahora estaban bajo control de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) serán trasladados al Archivo General de la Nación (AGN).

Sin detalles sobre el acceso a la información

A pesar del anuncio, el Gobierno no ha definido aún cómo ni cuándo se podrá acceder a los documentos. Fuentes oficiales confirmaron que no hay un plan de trabajo establecido para el traspaso y puesta a disposición de la información.

Desde el Archivo General de la Nación indicaron que recién a partir de este martes comenzarán las reuniones entre equipos del AGN y la SIDE para organizar el traspaso, aunque aún se desconoce la magnitud y el estado del material disponible. “Se va a armar un plan de trabajo en función de la cantidad y la condición de los archivos”, explicaron.

Hasta que se hizo el anuncio, todo se manejó bajo siete llaves en el área de Presidencia“, reconocieron fuentes gubernamentales, justificando así la falta de detalles sobre el proceso.

Adorni: “Los archivos pasan a estar al servicio de la memoria y no de la política”

En su mensaje, Adorni defendió la medida al señalar que “durante décadas los archivos permanecieron en las sombras y todos los gobiernos de turno tuvieron acceso; pese al eslogan vacío, fueron utilizados como botín de guerra“.

Asimismo, afirmó que la desclasificación de documentos es una práctica común a nivel internacional y citó el caso de Estados Unidos, cuando el gobierno de Donald Trump decidió abrir archivos del FBI sobre crímenes de guerra y el asesinato de John F. Kennedy.

El Gobierno reconocerá el caso Viola como crimen de lesa humanidad

En el mismo anuncio, Adorni informó que el Ejecutivo reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el asesinato del capitán Humberto Viola y su hija, perpetrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974, fue un crimen de lesa humanidad.

El ataque ocurrió el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, cuando un grupo de guerrilleros interceptó el auto en el que Viola viajaba con su esposa y sus dos hijas. En el hecho, fallecieron el capitán y su hija menor de tres años, mientras que la otra niña resultó gravemente herida.

Según Adorni, en 2016 la viuda de Viola apeló ante la CIDH, pero el gobierno de Alberto Fernández respondió que el atentado “no constituía un delito de lesa humanidad”. Sin embargo, la actual administración decidió revisar el caso y establecer un diálogo con la familia.

Para Milei, el asesinato del capitán Viola y su familia constituyó un crimen de lesa humanidad. Este 24 de marzo y todos los días es necesario tener memoria completa de la historia de nuestro país”, concluyó Adorni.

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