El Tribunal Oral Federal 2 intimó a los nueve condenados en la causa Vialidad a depositar el monto equivalente a U$S 537 millones en un plazo de 10 días hábiles. Si no lo hacen, se procederá a la ejecución de bienes.
En un nuevo capítulo de la Causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) intimó este martes a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados por corrupción a devolver solidariamente $684.990.350.139,86, cifra equivalente a aproximadamente U$S 537 millones al tipo de cambio oficial, en un plazo de diez días hábiles.
La resolución judicial fue dictada luego de que el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema actualizara el monto del perjuicio económico ocasionado al Estado, tomando como base la sentencia condenatoria de diciembre de 2022. El TOF 2 rechazó los cálculos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y también descartó las cifras de la fiscalía, validando finalmente el informe de los peritos de la Corte.
“Intímese a las personas condenadas al pago de la suma actualizada, bajo apercibimiento de ejecución de bienes”, sostiene el fallo firmado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes calificaron el hecho como un “gravísimo caso de corrupción” con daño comprobado al erario público.
El tribunal también ordenó al Banco de la Nación Argentina abrir una cuenta judicial específica para que los condenados puedan materializar el depósito del monto exigido. El plazo vence en las primeras dos horas del próximo 13 de agosto.
Embargos y ejecución de bienes
En paralelo, el tribunal dispuso la ampliación de los embargos sobre los bienes inmuebles cautelados en el expediente, para cubrir el monto total del decomiso. En cuanto a los bienes muebles ya embargados, se determinó que no se requerirán nuevas medidas registrales, dado que el valor de los embargos actuales excede el de los bienes.
Disputa técnica por el monto
Mientras que los peritos oficiales y los del Ministerio Público Fiscal coincidieron en una cifra cercana a los $684 mil millones (ajustada por inflación según el INDEC), el perito de parte de la defensa de la ex presidenta, José Lucas Gaincerain, propuso una cifra considerablemente menor: $42.494.357.845,17. El tribunal desestimó esta última evaluación por no reflejar con precisión el perjuicio económico comprobado.
Sospechas sobre maniobras con bienes cautelados
En otro tramo del fallo, el TOF 2 respondió a una advertencia del fiscal Diego Luciani sobre posibles maniobras para desapoderar fraudulentamente los bienes de Lázaro Báez. En particular, se menciona el caso de Claudia Insaurralde, actual pareja del empresario, quien habría intentado ingresar a la cárcel de Río Gallegos con documentación que podría permitirle administrar propiedades embargadas.
“Se deberá proceder al registro fotográfico de todo documento que intente ser ingresado a la unidad carcelaria”, ordenó el tribunal para evitar nuevos intentos de transferencias irregulares.
Con esta decisión, la Justicia federal avanza en la etapa de ejecución de la pena económica impuesta a los condenados, mientras se aguarda la resolución de otros tramos del expediente que involucran a la ex presidenta y a sus exfuncionarios por hechos de corrupción durante su gestión.
Hugo “Cachorro” Godoy seguirá al frente de la CTA Autónoma tras una elección nacional
Hugo “Cachorro” Godoy fue reelecto al frente de la CTA Autónoma con el 93% de los votos. Participó el 40% del padrón y se eligieron casi 31 mil cargos en todo el país.
Hugo “Cachorro” Godoy fue reelecto como secretario general de la CTA Autónoma tras imponerse con el 93% de los votos en las elecciones nacionales realizadas este jueves en todo el país. La Lista 1 “Germán Abdala”, que encabezó la propuesta oficialista dentro de la Central, consolidó así su continuidad en la conducción para el período 2026-2030, en una jornada que registró una participación del 40% del padrón, integrado por 1.353.293 afiliados y afiliadas.
La elección se desarrolló de manera simultánea en todas las provincias y definió no solo la conducción nacional, sino también 30.962 cargos correspondientes a 277 Comisiones Ejecutivas en los niveles provincial, regional y local. Desde la organización destacaron que el proceso se llevó adelante con normalidad y con una movilización que, según la dirigencia, reafirmó la estructura territorial de la Central.
Tras conocerse los resultados, Godoy celebró la amplia participación y el respaldo obtenido. En la sede nacional de la CTA Autónoma, ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, el dirigente valoró la jornada como “una enorme muestra de militancia y compromiso”, destacando el rol de los afiliados en la consolidación del proyecto sindical que encabeza.
La nueva conducción estará integrada también por Mariana Mandakovic y Pablo Spataro, quienes acompañarán a Godoy en la dirección de la Central durante los próximos cuatro años. Ambos dirigentes forman parte del núcleo político que sostiene la estrategia de expansión y articulación de la CTA Autónoma con distintos sectores del movimiento obrero y organizaciones sociales.
Godoy señaló que el nuevo mandato implica profundizar el trabajo de organización y representación en un contexto económico y laboral complejo. “Tenemos que continuar trabajando incansablemente para construir una CTA capaz de convocar al conjunto de la clase trabajadora a organizarse, a luchar y a construir nuevos sindicatos y nuevas organizaciones del campo popular”, afirmó durante los festejos.
La reelección del dirigente se da en un escenario donde la CTA Autónoma busca fortalecer su presencia en sectores emergentes del mundo laboral, como trabajadores informales, cooperativistas, empleados estatales y organizaciones territoriales. La Central también mantiene una agenda activa en temas como la defensa de derechos laborales, la negociación colectiva, la economía popular y la articulación con movimientos sociales.
Con este resultado, la Lista 1 “Germán Abdala” ratifica su liderazgo dentro de la CTA Autónoma y proyecta una nueva etapa de gestión marcada por la ampliación de la base sindical, la consolidación territorial y la búsqueda de mayor incidencia en la agenda nacional. La Central inicia así un nuevo ciclo con la continuidad de su conducción histórica y con el desafío de sostener su presencia en un escenario político y social en permanente transformación.
La Corte revisará la reforma constitucional que habilita una nueva candidatura de Insfrán
La Corte Suprema se declaró competente para revisar la cláusula que habilita a Gildo Insfrán a buscar otro mandato en Formosa. La provincia tiene 60 días para responder.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para intervenir en la causa que definirá si el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, podrá presentarse nuevamente como candidato en las elecciones provinciales del período 2027-2031. La decisión habilita al máximo tribunal a analizar la constitucionalidad de la cláusula transitoria que permite al mandatario buscar un nuevo mandato, pese a los límites establecidos en la reciente reforma constitucional.
La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, da curso al planteo presentado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que reclama la inconstitucionalidad de una nueva postulación de Insfrán. El gobernador peronista aspira a competir por su noveno mandato consecutivo, acompañado nuevamente por su vice, Eber Solís, quien también buscaría su tercera participación en la fórmula.
La Corte corrió traslado de la demanda a la provincia de Formosa, que ahora dispone de 60 días para responder a través del Fiscal de Estado. Hasta el momento, el Gobierno provincial no se presentó en la causa.
El antecedente que abrió el camino
El caso tiene un antecedente directo. En diciembre de 2024, el mismo frente opositor logró que la Corte declarara la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, que habilitaba la reelección indefinida del gobernador y su vice. En aquella oportunidad, el tribunal ordenó a la provincia corregir el texto mediante una reforma constitucional.
El Gobierno de Insfrán cumplió con la orden y promovió la reforma, reemplazando el artículo cuestionado por el actual artículo 156, inspirado en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que limita a una sola reelección consecutiva. Sin embargo, la Convención Constituyente incorporó una cláusula transitoria que establece que el mandato en ejercicio al momento de la reforma debe considerarse como “primer mandato”, habilitando así una nueva candidatura del gobernador y su vice.
El planteo opositor
La Confederación Frente Amplio Formoseño sostiene que esa cláusula transitoria contradice los artículos 1°, 5°, 37 y 123 de la Constitución Nacional y vulnera principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo referido a la alternancia en el poder.
Los partidos que integran la Confederación entre ellos la UCR, el PRO y la Coalición Cívica afirman que la habilitación de una nueva candidatura perpetúa ventajas indebidas para quien ejerce el poder y afecta la igualdad en la competencia electoral.
La reacción de la UCR
Tras conocerse la resolución, la UCR nacional celebró la decisión de la Corte. El partido, presidido por Leonel Chiarella, felicitó al radicalismo formoseño y destacó el rol de la legisladora Agostina Villagi, presidenta del comité provincial, por impulsar la demanda.
En un comunicado, el partido afirmó que la resolución “constituye un paso fundamental en la defensa de la Constitución Nacional, de la alternancia democrática y de los principios republicanos”. También resaltó que la cláusula transitoria impugnada “vulnera los principios de limitación de mandatos que son pilar de toda democracia verdadera”.
La UCR reafirmó su compromiso con el estado de derecho y la división de poderes, y aseguró que continuará acompañando las acciones judiciales y políticas destinadas a evitar que “ningún gobernante se coloque por encima de la ley”.
Con la Corte ya declarada competente, el proceso judicial entra en una etapa clave. La provincia deberá responder formalmente y, luego, el máximo tribunal avanzará en el análisis de la cláusula transitoria que habilita la nueva candidatura de Insfrán. La definición será determinante para el escenario político de Formosa de cara a las elecciones del próximo año.
Ravier responde críticas y afirma que los fondos para rutas están preservados
Ravier aseguró que no hubo malversación en el manejo del SisVial y que los fondos están invertidos. La oposición denuncia irregularidades y reclama explicaciones.
El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar en el centro de la escena política tras defender públicamente el manejo de los recursos destinados al sistema de financiamiento vial. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que no existe malversación ni irregularidades en el uso de los fondos que deberían aplicarse al mantenimiento y construcción de rutas nacionales, en medio de un creciente reclamo opositor y una denuncia judicial que busca determinar si hubo desvío de partidas.
Ravier sostuvo que las partidas asignadas en el Presupuesto “se están invirtiendo para que no pierdan valor”, y que el Ministerio de Economía administra esos recursos “con eficiencia”. Según explicó, una parte del dinero se destina directamente a Vialidad Nacional y otra queda bajo la órbita del Palacio de Hacienda, donde según afirmó permanece colocada en instrumentos financieros mientras se define su aplicación. El vocero insistió en que “no hay delito” y que el ministro Luis Caputo ya brindó explicaciones sobre el funcionamiento del esquema.
Las aclaraciones surgieron luego de que el propio Ravier, en una entrevista reciente, reconociera que una porción del Sistema Vial Integrado (SisVial) —un fondo fiduciario creado para financiar obras viales— está siendo utilizada por Economía en el marco del programa de equilibrio fiscal. Sus declaraciones generaron preocupación en distintos sectores políticos, que cuestionan que recursos con afectación específica estén siendo retenidos o invertidos mientras existen rutas deterioradas y obras paralizadas.
La polémica escaló con la denuncia presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien pidió a la Justicia Federal investigar si funcionarios del Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación incurrieron en delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o incumplimiento de deberes. La presentación judicial sostiene que, en los últimos dos años y medio, el SisVial habría recaudado $1,503 billones, pero solo $394.406 millones se habrían aplicado a su finalidad específica, lo que representa una ejecución del 26,2%.
De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, al 31 de mayo más de $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras —entre plazos fijos y títulos públicos— y otros $37.761 millones permanecían en cuentas corrientes. En total, más de $1,038 billones no habrían sido utilizados para obras viales.
El reclamo también llegó al Congreso, donde legisladores opositores exigen que Caputo brinde explicaciones en la Cámara de Diputados sobre el destino de los fondos y el marco legal que habilita al Ministerio de Economía a disponer de recursos que, por ley, tienen una afectación específica. La discusión se concentra en determinar si el esquema actual respeta la normativa vigente o si se está utilizando el fideicomiso para sostener la estrategia fiscal del Gobierno.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que los fondos están preservados y que serán aplicados a obras viales, aunque sin precisar plazos ni montos. La controversia promete seguir escalando y ya se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda económica y política de las últimas semanas.