El Tribunal Oral Federal 2 intimó a los nueve condenados en la causa Vialidad a depositar el monto equivalente a U$S 537 millones en un plazo de 10 días hábiles. Si no lo hacen, se procederá a la ejecución de bienes.
En un nuevo capítulo de la Causa Vialidad, el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) intimó este martes a Cristina Fernández de Kirchner y a los demás condenados por corrupción a devolver solidariamente $684.990.350.139,86, cifra equivalente a aproximadamente U$S 537 millones al tipo de cambio oficial, en un plazo de diez días hábiles.
La resolución judicial fue dictada luego de que el Cuerpo de Peritos Contables de la Corte Suprema actualizara el monto del perjuicio económico ocasionado al Estado, tomando como base la sentencia condenatoria de diciembre de 2022. El TOF 2 rechazó los cálculos presentados por la defensa de Cristina Kirchner y también descartó las cifras de la fiscalía, validando finalmente el informe de los peritos de la Corte.
“Intímese a las personas condenadas al pago de la suma actualizada, bajo apercibimiento de ejecución de bienes”, sostiene el fallo firmado por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, quienes calificaron el hecho como un “gravísimo caso de corrupción” con daño comprobado al erario público.
El tribunal también ordenó al Banco de la Nación Argentina abrir una cuenta judicial específica para que los condenados puedan materializar el depósito del monto exigido. El plazo vence en las primeras dos horas del próximo 13 de agosto.
Embargos y ejecución de bienes
En paralelo, el tribunal dispuso la ampliación de los embargos sobre los bienes inmuebles cautelados en el expediente, para cubrir el monto total del decomiso. En cuanto a los bienes muebles ya embargados, se determinó que no se requerirán nuevas medidas registrales, dado que el valor de los embargos actuales excede el de los bienes.
Disputa técnica por el monto
Mientras que los peritos oficiales y los del Ministerio Público Fiscal coincidieron en una cifra cercana a los $684 mil millones (ajustada por inflación según el INDEC), el perito de parte de la defensa de la ex presidenta, José Lucas Gaincerain, propuso una cifra considerablemente menor: $42.494.357.845,17. El tribunal desestimó esta última evaluación por no reflejar con precisión el perjuicio económico comprobado.
Sospechas sobre maniobras con bienes cautelados
En otro tramo del fallo, el TOF 2 respondió a una advertencia del fiscal Diego Luciani sobre posibles maniobras para desapoderar fraudulentamente los bienes de Lázaro Báez. En particular, se menciona el caso de Claudia Insaurralde, actual pareja del empresario, quien habría intentado ingresar a la cárcel de Río Gallegos con documentación que podría permitirle administrar propiedades embargadas.
“Se deberá proceder al registro fotográfico de todo documento que intente ser ingresado a la unidad carcelaria”, ordenó el tribunal para evitar nuevos intentos de transferencias irregulares.
Con esta decisión, la Justicia federal avanza en la etapa de ejecución de la pena económica impuesta a los condenados, mientras se aguarda la resolución de otros tramos del expediente que involucran a la ex presidenta y a sus exfuncionarios por hechos de corrupción durante su gestión.
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