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Condenaron a De Vido a tres años de prisión por irregularidades en la contratación de Odebrecht

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien cumple prisión domiciliaria por la causa de la tragedia de Once, volvió a ser condenado por la Justicia, ya que el Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF) lo sentenció con tres años de prisión por la contratación de Odebrecht para los trabajos de ampliación de gasoductos.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los jueces del TOF 2 lo penaron con tres años en suspenso y le aplicaron la prohibición de manera perpetua para ocupar cargos públicos.

De Vido no fue el único condenado. También recibieron sanciones Daniel Cameron y Cristian Folgar, todo en el marco del juicio por las supuestas irregularidades en la contratación de la empresa Odebrecht para realizar los trabajos de ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

Los tres jueces que consideraron partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública a Julio De Vido son: Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel.

Además, el exsecretario de Energía Daniel Cameron fue considerado autor penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles y recibió tres años de prisión de ejecución condicional, así como también quedó inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, recibió dos años y seis meses de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerado partícipe necesario penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles.

Asimismo, el tribunal del TOF 2 dejó absueltos al exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret, y al ex subgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat, este último por no haber mediado acusación.

En este contexto, otro punto de la condena para De Vido, Cameron y Folgar fija que, durante el mismo tiempo de sus condenas, deberán cumplir las reglas que marcan establecer su lugar de residencia y ponerse al cuidado de un Patronato.

En este sentido, los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el cuatro de septiembre, a las 14 horas.

¿Qué dijeron los condenados antes de recibir la sentencia del TOF?

Tanto Daniel Cameron, Julio Bragulat y Luis Beuret decidieron no hablar, pero quienes sí hicieron uso de la palabra fueron Julio De Vido y Cristian Folgar.

En primer lugar, De Vido dijo: “Tuve un problema de salud, un problema cardíaco hace aproximadamente un mes, no me permitieron acceder al debate así que agradezco al tribunal todas las facilidades que me dio en ese sentido” y se mostró con “especial agradecimiento a mis abogados porque siempre se hicieron presentes y me mantuvieron informado del día a día del transcurso del juicio”.

Por su lado, Cristian Folgar, manifestó: “Quisiera dejar el reconocimiento asentado públicamente porque cuando las instituciones funcionan creo que está bien que así quede registrado” y, sobre el caso, marcó que los jueces “tienen el monopolio que les da la sociedad para, en este caso, definir si una persona está o no está en libertad, si es o no culpable de un delito penal. Y eso conlleva una enorme responsabilidad que es la de que el juicio sea justo. Y los juicios nosotros en Argentina los definimos como justos no en función del resultado sino del proceso”.

Folgar también sumó: “Estamos en el 2026 juzgando hechos del 2006, que se empezaron a analizar en el 2016-2017. El paso del tiempo nos aleja de la idea de que el juicio pueda ser justo porque a veces no se puede producir prueba” y, mencionó que “uno de los testigos que en su momento yo designé estaba perfecto de salud y falleció; y unas de las medidas de prueba que se solicitaron ya no estaban más porque por el paso del tiempo no los encontraban”.

A su vez, marcó que “muchos testigos no recordaban lo que habían hecho y un denominador común de este debate fue mostrarles a los testigos lo que los testigos habían firmado más de 20 años atrás. Y eso me parece que es un demérito a la calidad de la decisión que ustedes tienen que tomar”.

Además, sostuvo que “si durante mucho tiempo una persona está procesada y no puede ejercer determinadas funciones, eso termina siendo una suerte de castigo indirecto” y, en relación a su situación personal, añadió que “la defensa ha demostrado que mi mejor defensa es el expediente y son los hechos”; por eso, “creo que los hechos y las constancias de los expedientes se terminaron imponiendo”.

Y cerró diciendo que “Argentina está en emergencia energética por falta de capacidad de transporte. Lo cual obviamente nos dice que allá en el 2006 era absolutamente indispensable y el interés del Estado era hacer expansiones de transporte por las cuales no se tenía financiamiento. Y eso se hizo, y se hizo con un cuerpo normativo que fue avalado por los tres poderes”.

¿Qué se investigó en la causa?

La causa comenzó después de que, en medio de la investigación por el pago de sobornos a diferentes funcionarios públicos y sobreprecios de la empresa Skanska para la construcción de gasoductos, llevada adelante por la Fiscalía Federal N°4, se señalaran maniobras para la adjudicación de las obras de los gasoductos efectuados por la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS).

El presunto direccionamiento en la licitación de las obras de lo que fue la segunda ampliación de los gasoductos de la Transportadora de Gas del Norte (TGN) y la Transportadora de Gas del Sur (TGS), entre los años 2006 y 2008, fue lo que se investigó.

En este caso, en el alegato, el fiscal Diego Luciani y José Ipohorski Lenkiewicz acusaron a los exfuncionarios de crear un nuevo marco normativo con la intención de que se realizara lo que llamaron “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

En base a esta hipótesis, pidieron la pena de cuatro años de prisión por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas para Julio De Vido y Daniel Cameron. Además, solicitaron tres años y seis meses para Cristian Folgar y Luis Beuret y la absolución para Julio Armando Bragulat luego de considerar la no acreditación de su participación.

Las cuatro defensas argumentaron que las condiciones que se aplicaron para la selección de la contratista derivaron de la crisis de emergencia energética y, por ello, solicitaron la absolución.

Agencia NA

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El Gobierno confirmó que Santilli integrará el Directorio de YPF ad honorem

Diego Santilli será director por la Clase A en YPF y ejercerá el cargo ad honorem. Renunció a la remuneración y asumirá un rol estratégico para el Estado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá la representación del Estado Nacional en el Directorio de YPF como director titular por la Clase A, una función históricamente ejercida por los titulares de la Jefatura de Ministros. Sin embargo, esta vez con un matiz distintivo: Santilli renunció “expresamente” a la remuneración correspondiente y desempeñará el cargo ad honorem, según informó Presidencia.

La decisión fue destacada por el oficialismo, que subrayó la importancia institucional de la denominada “Acción de Oro”, la figura que otorga al Estado un rol estratégico dentro de la conducción de la petrolera de mayoría estatal. Entre las atribuciones del director por la Clase A se encuentran el poder de veto sobre decisiones clave, la capacidad de intervención directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante en eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.

El Directorio de YPF está compuesto por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes). En ese esquema, el representante del Estado ejerce la defensa exclusiva de las acciones Clase A, resguardando los intereses nacionales en las decisiones estratégicas de la empresa energética más importante del país.

YPF redefine su negocio y crece con gastronomía, café premium y venta cruzada

El anuncio se produjo en una jornada marcada por otra novedad institucional: Santilli se reunió con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para firmar un convenio mediante el cual el Estado Nacional delega en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas. El acuerdo incluye las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Según el comunicado oficial, San Juan asumirá el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en esos corredores, considerados claves para la conectividad productiva y logística del país. El gesto político busca reforzar la idea de continuidad en el diálogo entre Nación y provincias, incluso después del revés legislativo que sufrió el oficialismo con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

Con la designación ad honorem en YPF y la firma del convenio vial, Santilli suma protagonismo en dos áreas sensibles: la conducción de la principal empresa energética del país y la articulación con los gobiernos provinciales en materia de infraestructura estratégica.

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García Cuerva criticó a los dirigentes y reclamó trabajo en la misa de San Cayetano

En San Cayetano, García Cuerva criticó a la dirigencia y pidió más oportunidades laborales. Afirmó que el pueblo está cansado de promesas incumplidas.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, encabezó este viernes la tradicional misa en el santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, donde dejó un mensaje contundente dirigido a la dirigencia política y social del país.

En una homilía marcada por la preocupación ante la situación económica y el desgaste social, el prelado afirmó que el pueblo argentino está “cansado de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”.

Ante miles de fieles que se acercaron al santuario para pedir “pan, paz y trabajo”, García Cuerva sostuvo que, pese a las dificultades, la sociedad mantiene la esperanza y continúa buscando en San Cayetano un espacio de consuelo y fortaleza espiritual. En ese marco, advirtió que la solución a los problemas económicos y sociales depende de la clase dirigente, aunque señaló que muchas veces esta parece enfocarse en “descalificaciones y debates estériles” en lugar de atender las urgencias de la población.

El arzobispo recordó palabras del papa León XIII sobre la centralidad del trabajo como herramienta de inclusión y dignidad. Subrayó que brindar oportunidades laborales es una de las formas más efectivas de acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad, ya que permite desarrollar capacidades, acceder a ingresos estables y mejorar la calidad de vida.

Durante su mensaje, García Cuerva también describió la realidad de miles de familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes, obligadas a multiplicar empleos o recurrir a créditos que terminan agravando su situación. En ese sentido, afirmó que el trabajo no debe ser considerado una mercancía, sino un derecho que garantice condiciones de vida dignas y estabilidad para los hogares.

Al finalizar la celebración, el arzobispo bendijo a los trabajadores presentes y destacó el valor del esfuerzo cotidiano. Aseguró que el pueblo argentino “sigue creyendo que el trabajo es dignidad” y pidió a San Cayetano que conceda “más y mejor trabajo” para el país, además de fortaleza para que los ciudadanos continúen adelante sin perder la esperanza.

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Patricia Bullrich retiró el capítulo de tierras para evitar un revés legislativo en el Senado

La Libertad Avanza retiró la cláusula de venta de tierras a extranjeros ante el rechazo de gobernadores aliados y buscará avanzar solo con los artículos que tienen consenso.

Sin el respaldo necesario para avanzar en el Senado, La Libertad Avanza decidió dar de baja el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada, una de las reformas más sensibles de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

La medida se adoptó para evitar que la sesión fracasara, luego de que gobernadores aliados ordenaran votar en contra de los artículos que flexibilizaban la venta de tierras rurales a extranjeros.

La decisión se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de los bloques aliados. Según fuentes legislativas citadas por la Agencia Noticias Argentinas, varios mandatarios provinciales entre ellos los de Tucumán (Osvaldo Jaldo), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Neuquén (Rolando Figueroa) rechazaron acompañar el capítulo que habilitaba la venta de hasta un 25% de las tierras rurales a personas o empresas extranjeras.

El revés obligó al oficialismo a modificar su estrategia y avanzar únicamente con los puntos del dictamen que mantienen consenso, vinculados a desalojos, escrituración de tierras, manejo del fuego, expropiaciones y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. En paralelo, quedaron fuera del debate dos reformas centrales: la modificación de la Ley de Tierras y la de barrios populares.

El Ejecutivo Municipal pidió al Concejo fijar postura sobre la ley de propiedad privada

Uno de los principales afectados por la decisión es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto que incluía cambios en múltiples leyes y que tenía como objetivo central flexibilizar el régimen de tierras. Su propuesta original incluso planteaba eliminar cualquier límite al porcentaje de tierras que pudieran adquirir extranjeros.

En un comunicado posterior, el oficialismo informó que en una reunión del bloque integrado por 44 senadores entre ellos representantes de LLA, UCR, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz se resolvió postergar el tratamiento del Capítulo III, referido al régimen de tierras rurales. Según el texto, la decisión fue adoptada “por consenso” y no implica la eliminación definitiva del capítulo, sino la voluntad de seguir trabajándolo para alcanzar un mayor nivel de acuerdo.

El bloque oficialista aclaró que mañana se avanzará con el resto de la ley, que cuenta con amplio respaldo entre los distintos espacios. En tanto, el capítulo de tierras continuará en revisión hasta lograr una redacción que reúna el acompañamiento político necesario para volver al recinto.

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