El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados con una defensa pública de su situación patrimonial y de los viajes personales que generaron cuestionamientos en las últimas semanas. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó al finalizar su exposición, que se extendió más de lo previsto y contó con la presencia del presidente Javier Milei y miembros del gabinete.

Adorni dedicó la mayor parte de su intervención a repasar los lineamientos y resultados que atribuyó a la gestión nacional. Sin embargo, en el tramo final abordó los señalamientos vinculados a sus viajes al exterior y a la adquisición de propiedades que no figuraban en declaraciones juradas previas.

El funcionario sostuvo que existe una confusión entre “gasto privado y gasto público” y remarcó que “el Estado nacional no registra ningún costo de mis viajes personales”. Aseguró que él mismo afrontó los gastos de los viajes realizados con su familia y que no se trató de obsequios ni financiamiento de terceros.

Respecto de su patrimonio, Adorni afirmó que cumplió con la presentación de sus declaraciones juradas y anticipó que la correspondiente a 2025 será presentada dentro del plazo legal, sugiriendo que allí se verán reflejados los bienes adquiridos recientemente. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, expresó.

También negó haber intervenido en contrataciones vinculadas al periodista Marcelo Grandío o a la empresa IMHouse SA, y rechazó que existieran vínculos contractuales entre el Estado y la empresa +BE, perteneciente a su esposa. “Han sacado conclusiones equivocadas”, señaló.

El jefe de Gabinete celebró además el archivo de la causa federal por el viaje en el que su esposa utilizó el avión presidencial, aunque aclaró que ese no era el eje central de las acusaciones. Su exposición se dio en un contexto de creciente atención pública sobre su situación patrimonial y sobre los mecanismos de control de las declaraciones juradas de los funcionarios.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en la Expo EFI y defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, al tiempo que anunció un paquete de seis nuevas reformas que su cartera enviará al Congreso en las próximas semanas.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que existen sectores que “sienten que la economía está mal”, pero afirmó que la evaluación debe hacerse “viendo los datos” y no a partir de percepciones.

En su presentación ante empresarios, Sturzenegger repasó los proyectos que impulsa su ministerio. El primero es la denominada “ley hojarasca”, que según explicó ya cuenta con dictamen en Diputados y propone la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas. También adelantó un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones, desalojos, la ley de fuego y una derogación parcial de la ley de tierras. Según estimó, estos cambios podrían generar “unos 15 mil millones de dólares en economías regionales”.

El ministro anunció además que el Gobierno enviará un proyecto de desregulación económica que abarcará mercados de capitales y la industria del seguro. En materia logística, anticipó una reforma a la ley de cabotaje, que según su exposición permitiría una reducción significativa de costos operativos.

Otro de los puntos mencionados fue un proyecto de defensa de la competencia, que otorgaría nuevas facultades a la autoridad del área para intervenir sobre regulaciones estatales que, a su criterio, actúan como barreras de entrada y afectan especialmente a las pymes.

Sturzenegger también confirmó que se trabaja en una ley de reforma del Estado, que retomará aspectos de decretos delegados que no prosperaron en 2025, con el objetivo de redefinir competencias y funciones estatales.

En el tramo final de su exposición, el ministro anunció un proyecto para modernizar la ley de sociedades, que incluirá la posibilidad de crear “sociedades de inteligencia artificial”, es decir, estructuras jurídicas integradas exclusivamente por agentes digitales. Según planteó, este tipo de figuras permitiría atraer actividad económica y recaudación impositiva al país.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un contexto de debate sobre el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y su efecto en la actividad económica.

Una acción de amparo presentada en las últimas horas ante la Justicia federal busca revertir la decisión del Gobierno nacional que impidió el ingreso de dos periodistas acreditadas a la Casa Rosada, medida que generó preocupación en entidades del sector y reavivó el debate sobre los límites al ejercicio periodístico en ámbitos oficiales.

La presentación judicial solicita una medida cautelar urgente para restituir de inmediato las acreditaciones de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes el pasado 23 de abril no pudieron ingresar a Balcarce 50 luego de que se les informara que sus datos biométricos habían sido eliminados del sistema de seguridad, pese a contar con acreditación permanente y vigente.

El escrito califica la decisión oficial como “arbitraria e ilegítima” y señala la responsabilidad de organismos vinculados al control de accesos y la comunicación institucional, entre ellos la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y Casa Militar.

Los fundamentos del amparo sostienen que la medida no solo afecta el derecho al trabajo de las periodistas, sino que también vulnera garantías constitucionales como la libertad de prensa y el derecho a la información pública, al limitar la cobertura periodística de la actividad gubernamental. En ese sentido, se advierte que la restricción tiene un impacto colectivo, ya que condiciona el derecho de la sociedad a acceder a información sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Como parte del contexto, el escrito menciona declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien justificó la medida como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal. Sin embargo, la presentación judicial sostiene que las periodistas cumplían con todos los requisitos administrativos exigidos y que no existió notificación previa ni fundamento formal que justificara la restricción.

El caso generó preocupación en organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que manifestaron su inquietud por las limitaciones impuestas al trabajo de la prensa en espacios oficiales y reclamaron el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio profesional.

El amparo solicita que la Justicia intervenga con carácter urgente para restituir el acceso de las periodistas a la Casa Rosada y declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno. La resolución del caso podría sentar un precedente relevante en materia de acceso a la información y garantías para el trabajo periodístico en ámbitos estatales.