La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tensó el clima interno del Gobierno al exigir públicamente que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presente de inmediato su declaración jurada de bienes, en medio del escándalo por el crecimiento patrimonial del funcionario.

El pedido marca un quiebre respecto del respaldo que el Gabinete había mostrado la semana pasada durante la exposición de Adorni en el Congreso.

En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo que no hay motivos para esperar hasta el 31 de julio —fecha límite legal— y que el jefe de Gabinete debería presentar ya mismo la documentación para despejar dudas: “La presentación tiene que ser de inmediato. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?”, afirmó.

La ministra también dejó entrever que Adorni podría no lograr justificar sus gastos, que según trascendidos sumarían cerca de 800 mil dólares en dos años, pese a percibir un salario de alrededor de 3 millones de pesos mensuales.

El caso se agravó luego de que el contratista que remodeló la casa de Adorni en el country Indio Cuá declarara ante la Justicia que recibió USD 245.000 en efectivo y sin registrar como pago por la obra.

Mientras tanto, crecen las versiones sobre un posible reemplazo del jefe de Gabinete. Según trascendidos, Karina Milei ya habría aceptado la salida de Adorni, aunque aún no se definió quién ocuparía su lugar.

El pedido de Bullrich también fue leído como un movimiento político propio: en sectores del oficialismo circula la versión de que la ministra es la figura preferida por parte del establishment económico para suceder a Milei en 2027. Su intervención pública, sin consultar al Presidente ni a su hermana, fue interpretada como un intento de marcar autoridad dentro del Gabinete.

Bullrich fue tajante: “Con la presentación de los papeles quedará claro si Adorni puede demostrar o no puede demostrar sus gastos”, afirmó.

El episodio profundiza la tensión interna en el Gobierno y deja al jefe de Gabinete en una situación cada vez más comprometida, mientras avanza la investigación judicial y crece la presión política para que dé explicaciones.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof profundiza su acercamiento a los principales referentes del sindicalismo argentino en un momento en el que su nombre comienza a sonar con más fuerza dentro del peronismo como posible candidato presidencial para 2027.

En los últimos días, el mandatario mantuvo reuniones con Hugo y Huguito Moyano, con dirigentes de la CGT, y prepara una serie de actividades que consolidarán una foto política de alto impacto en las próximas semanas.

El vínculo con el gremialismo se volvió un eje estratégico para Kicillof, que busca ampliar su base de sustentación en un escenario nacional marcado por la reconfiguración del peronismo. La semana pasada recibió a la familia Moyano y al secretario general de la CGT, Octavio Argüello, en un encuentro donde se avanzó en la conformación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) – Rama Trabajo, un espacio que se sumará a las ramas ya existentes de Ciencia, Salud y Educación. La UPCN también tendrá un rol central en esta estructura.

Sin embargo, la relación con el universo camionero no es homogénea. Con Pablo Moyano persisten tensiones vinculadas a conflictos con empresas de recolección de residuos en distintos municipios, especialmente en Villa Gesell, donde el dirigente advirtió que podría paralizar el servicio en toda la provincia si no se resuelve el conflicto.

En paralelo, Kicillof prepara una agenda sindical intensa. El 28 y 29 de mayo encabezará el cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo en Mar del Plata, donde se espera la presencia de los Moyano y otros referentes gremiales. Antes, viajará a Córdoba, donde compartirá escenario con Héctor Daer, secretario general de Sanidad, en el cierre del 61.º Congreso Nacional de FATSA en La Falda. El viaje será un termómetro político clave en una provincia históricamente adversa al kirchnerismo.

Mientras tanto, el gobierno bonaerense ultima detalles del proyecto de ley para regular la situación de los trabajadores de aplicaciones, una iniciativa que busca dar un marco legal a un sector en expansión. El ministro de Trabajo, Walter Correa, reconoció que la falta de política industrial limita la capacidad del Estado para sostener empleos formales, y describió a la economía de plataformas como “la última frontera” laboral para miles de jóvenes.

El avance de Kicillof en el terreno sindical ocurre en simultáneo con un clima interno tenso dentro del peronismo. En un acto por el Día del Trabajador en Cañuelas, Máximo Kirchner lanzó un fuerte mensaje a la CGT, reclamando mayor compromiso con Cristina Fernández de Kirchner y cuestionando la actitud de algunos dirigentes durante los últimos años. “¿Cómo vamos a convocar a los argentinos si tenemos estas miserias entre nosotros?”, dijo el diputado, en un discurso que expuso las diferencias dentro del espacio.

En este contexto, el gobernador bonaerense aparece como uno de los dirigentes con mayor capacidad de articulación territorial y sindical, un capital político que empieza a proyectarse más allá de la provincia.

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la polémica por sus bienes y viajes personales.

En una entrevista televisiva, el mandatario aseguró que Adorni presentará su declaración jurada antes del 31 de julio, fecha límite establecida por ley, y descartó cualquier posibilidad de removerlo del cargo.

“Ni en pedo se va”, afirmó Milei, al tiempo que sostuvo que el funcionario “es una persona honesta” y que la documentación que ya le presentó “está en orden”. El Presidente también relativizó las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había pedido que Adorni mostrara sus números “de inmediato”. Según Milei, “Patricia solo espoileó algo que ya estaba previsto”.

El mandatario volvió a denunciar que existe una “campaña” en su contra y cuestionó el rol de algunos sectores del periodismo: “No pueden violentar la presunción de inocencia. Hacen juicios sumarísimos y condenan”.

Milei insistió en que no cambiará su estilo de conducción: “El presidente soy yo. Si a alguno no le gusta lo que decido, se lo tendrá que fumar o irse”. Y agregó que no ejecutará a un funcionario “inocente” por presiones mediáticas: “No voy a entregar a alguien que está limpio”.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente defendió su programa económico y aseguró que la actividad “está en pico histórico”, con 12 de 16 sectores en expansión, según sus dichos. Reconoció que el primer trimestre fue “complicado”, pero afirmó que la economía “ya cambió de signo” y que la inflación “va a bajar”.

También sostuvo que el ajuste “lo está pagando la casta”, mencionando la reducción de 170.000 empleados públicos, y afirmó que la pobreza “se redujo a la mitad” y la indigencia “a un tercio”, datos que deberán ser contrastados con estadísticas oficiales.

De cara a 2027, Milei evitó hablar de cambios en su armado político y elogió el trabajo de su hermana Karina en la estructura de La Libertad Avanza: “Equipo que gana no se cambia”