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Moneda ilegal: El Gobierno le mandó una carta a Quintela

El ministro del Interior, Guillermo Francos, notificó al gobernador riojano en base a información del Banco Central; le dijo que en caso de continuar con su idea de implementar el Bocade habrá revisión de las transferencias a la provincia y posibles sanciones

El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja y la Casa Rosada no cesan en sus fricciones. Ayer martes el ministro del Interior, Guillermo Francos, le mandó una carta al mandatario peronista para advertirle que su intención de tener una moneda propia es ilegal y para deslizar además que debe cesar en su intención de emitirla.

Desde Balcarce 50 notificaron a Quintela que en caso de continuar con su idea de implementar el Bocade -nombre de la divisa- podría recibir sanciones, como así también que se “extremarán los recaudos” para evaluar si corresponde transferirle fondos a la provincia. Incluso señalaron desde la gestión libertaria que se limitará el otorgamiento de avales para cualquier solicitud de endeudamiento que puedan realizar desde ese territorio.

Con el justificativo de que la Nación le adeudaba a principios de enero 9300 millones de pesos, Quintela consiguió la autorización de la Legislatura riojana para tener una moneda de circulación local que le permitiera pagar sueldos y afrontar con ese instrumento la falta de recursos en la crisis. En su momento, y con cierta ironía, el presidente Javier Milei había celebrado el proyecto del dirigente de Unión por la Patria (UP), pero había indicado que de ninguna manera el Gobierno saldría al “rescate” si no tenía respaldo.

En tanto, Francos activó la carta basada en una nota que le remitió a su cartera el Banco Central, con fecha 25 de enero de este año y con una serie de consideraciones en las que rechazó la emisión del Bocade. El ministro del Interior le dijo a Quintela que, a criterio de la entidad bancaria, la divisa riojana va en contra de dos apartados del artículo 30 de la carta orgánica del Central, mientras que asimismo afecta facultades establecidas en la Constitución Nacional.

“Para el Banco Central la ley 10.703 de La Rioja, mediante la cual se autorizó al Ejecutivo provincial a emitir en formato físico y/o digital bonos de cancelación de deudas hasta la suma de 22,5 millones de pesos crea mecanismos tendientes a obtener la aceptación de los bonos para cancelar obligaciones en forma forzosa, signándole funcionalidades propias de la moneda; y a la vez crea un sistema de premios, intereses u otras modalidades que tiene por finalidad incentivar el ahorro”, señaló Francos.

En esa carta, a la que sumó la información remitida por la entidad monetaria a cargo de Santiago Bausili, el ministro le recordó al gobernador: “El Banco Central solicitó a esta jurisdicción que arbitre lo que corresponda para impedir la emisión y utilización de los bonos, en contravención de su Carta Orgánica y las citadas disposiciones de la Constitución Nacional”.

En base a esas consideraciones del Banco Central, Francos refirió en su escrito que se veía “en la obligación” de informarle al gobierno riojano que la ley que habilita la emisión del Bocade viola el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que la provincia está adherida. A eso lo ancló en el apartado de esa normativa que establece: “Los gobiernos provinciales y de la Ciudad tomarán las medidas necesarias para que el nivel de endeudamiento de sus jurisdicciones sea tal que en ningún ejercicio fiscal los servicios de la deuda instrumentada superen 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipios. Los gobiernos provinciales y la Ciudad se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país.”

La Nación

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Caputo: “La inflación va a seguir a la baja” y “no hay atraso cambiario”

Luis Caputo defendió la política cambiaria, negó atraso del dólar y aseguró que la inflación continuará bajando. También habló del caso Adorni y del escenario hacia 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que la inflación continuará descendiendo en los próximos meses. En una entrevista televisiva en LN+, el funcionario rechazó las advertencias sobre un supuesto atraso del tipo de cambio y cuestionó a quienes, según dijo, modificaron su discurso pese a la suba del dólar. “Decían que había atraso cambiario con el dólar a 1400. Ahora, con el dólar a 1500, no pueden militar preocupación”, afirmó, en referencia a las críticas previas.

Las declaraciones se produjeron luego de la presentación del programa financiero del Tesoro, que incluye proyecciones hasta 2027. Caputo sostuvo que el proceso de desinflación se consolidó desde abril y que la continuidad de la política fiscal y monetaria permitirá que la inflación converja hacia niveles internacionales. “La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”, expresó, destacando además indicadores como la actividad económica, las exportaciones, el consumo y la reducción del riesgo país.

El ministro también se refirió a la repercusión del caso que involucra a Manuel Adorni y consideró que su difusión coincidió con un contexto de buenas noticias económicas. Según afirmó, esa situación, sumada al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, desplazó del debate público los resultados económicos que, desde su perspectiva, mostraba el Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de una corrida financiera en 2027, Caputo diferenció sus expectativas personales del trabajo cotidiano del equipo económico. “Somos tremendamente optimistas y no creo que eso pase. De todos modos, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar”, señaló. También desvinculó el nivel de endeudamiento de la política tarifaria y atribuyó la necesidad de financiamiento a la caída en la demanda de dinero registrada en 2025.

En otro tramo de la entrevista, defendió la situación actual del mercado cambiario y aseguró que cualquier persona puede adquirir divisas sin las restricciones que existían anteriormente. Reivindicó las medidas económicas implementadas por el Gobierno y concluyó con una definición política: “Creer que en su mayoría la gente va a votar por volver al pasado es una subestimación a la ciudadanía”.

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Adorni bajo protección: el gobierno sostiene que hay amenazas concretas contra su familia

El Gobierno analiza sostener la custodia y vehículos oficiales para Manuel Adorni por amenazas denunciadas en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno nacional evalúa mantener por tiempo indefinido la custodia de la Policía Federal y el uso de vehículos oficiales para Manuel Adorni, pese a su renuncia como jefe de Gabinete. Según confirmaron tres fuentes oficiales, la prórroga de la protección aún pendiente de formalización en el Ministerio de Seguridad responde a las amenazas que el exfuncionario y su familia habrían recibido en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su carta de renuncia, Adorni sostuvo que él y su entorno venían sufriendo “hostigamiento” y que era necesario “proteger” a su familia. Poco después, el presidente Javier Milei afirmó públicamente que su exvocero había recibido amenazas concretas, lo que influyó en la decisión de aceptar su dimisión. “Cuando empezaron las agresiones contra su mujer y sus hijos, dijo que su renuncia era indeclinable”, señaló el mandatario.

A partir de ese contexto, la Casa Rosada analiza sostener la custodia con efectivos federales y una flota de vehículos oficiales para garantizar los traslados del exfuncionario en sus actividades particulares. A diferencia de los expresidentes, los exministros no cuentan con este beneficio de manera automática: la continuidad de la protección depende de un análisis técnico del Ministerio de Seguridad, que evalúa si las amenazas son reales, inminentes y representan un riesgo para la integridad del exfuncionario y su familia.

“En estos casos se determina el nivel de riesgo y se decide si corresponde asignar una continuidad de la custodia. En el caso de Adorni hay amenazas concretas que mencionó el presidente y se está evaluando su situación. La idea es sostener la protección si los especialistas lo confirman”, indicó una alta fuente del Ejecutivo con despacho en Balcarce 50, posición que también fue ratificada por la cartera de Seguridad.

Tras su salida del Gobierno, Adorni divide sus días entre dos domicilios: su departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y su vivienda en el country Indio Cua. La evaluación oficial sobre su custodia continúa en curso mientras se profundiza la investigación judicial que motivó su renuncia.

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La Corte dejó firme el decomiso de $685 mil millones contra Cristina Kirchner y otros condenados

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de la ex presidenta contra la actualización del monto del decomiso y también desestimó un planteo del empresario Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

NA

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