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Sociedad y Economía

Empieza a regir la receta electrónica de medicamentos: qué cambia a partir de hoy

A partir de este 1 de enero de 2025, se vuelve obligatoria la indicación de los remedios por esa vía. Cuáles provincias adhirieron.

“Lo que se logró, no me parece poco, y es bien diferente de las ocho provincias que habían adherido a principios de 2024”. Las palabras son de Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. El tema: cuántas jurisdicciones adhirieron a la receta médica electrónica, que desde este miércoles 1 se vuelve obligatoria en esos territorios para la indicación y dispensa de todo medicamento que no sea de venta libre.

Azurmendi es una optimista. Trabaja en el Ministerio de Salud desde 2021, pero es doctora en Sistemas, magister en Ciencias de la Computación con orientación en inteligencia artificial y -entre otros- docente de la Universidad Tecnológica Nacional. La actual gestión la puso frente de un desafío mayúsculo.

Por un lado, manejar las rispideces de la epidemiología argentina, un palo ajeno a su área de formación (cuestión que ella no niega) y, por otro, arrancar sus primeros meses de gestión (asumió como subsecretaria en septiembre pasado) desempolvando varios compartimentos estancos en el mundo de la salud.

En este caso, lograr que la Argentina abandone su bajísimo interés por la digitalización y la llamada “cultura del dato”, y que al menos se promueva, de a poco, el uso la receta médica electrónica para la prescripción de remedios.

Es una tarea bastante más compleja que lograr que unos cientos de médicos se bajen una app y aprendan a usarla, o que los pacientes entiendan que su prescripción ya no tendrá la forma de un papelucho con una serie de indicaciones con letra incomprensible.

En cambio (destacó en la charla con Clarín), implica seguir las reglas de buenas prácticas en el manejo de información digital; lograr que un número importante de plataformas (al cierre de esta nota eran unas 110) cumplan protocolos estrictos, pasen por procesos de validación, se inscriban en un registro nacional y se dejen controlar.

Es, además, controlar una decena de reservorios compatibles con esas plataformas, ya que son los que harán de intermediarios con las 13.000 farmacias del país. También, gestionar que los farmacéuticos participen con aire proactivo de este proceso de transformación.

Y asegurarle a la población que todos sus datos personales estarán a salvo de hackeos (como el que acaba de sufrir el sitio oficial del Gobierno), vulneraciones o usos maliciosos de parte de personas u organizaciones con fines delictivos.

Por cierto, por mes se confeccionan unas 20 millones de recetas médicas electrónicas, informó la subsecretaria. Contienen datos valiosísimos; una radiografía de las dolencias cotidianas de la población, con nombre y apellido. Datos, como se dice en el mundo jurídico, “personalísimos”.

Para dimensionar aun más el costado sensible de este tema, esos mismos papelitos digitalizados informan qué médico indica qué cosa y a quién. Y, en caso de que decida hacerlo, qué marca (de qué laboratorio) sugiere al pie de la orden.

Qué provincias adhirieron a la receta médica electrónica


Aunque la normativa nacional indica que prescribir medicamentos en forma electrónica es, desde este 1 de enero, obligatoria, lejos está de ser una realidad homogénea: 11 de las 24 jurisdicciones adhirieron a la reglamentación de la receta médica electrónica del Ministerio de Salud de la Nación. Son Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por su parte, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, más Chubut y La Rioja tienen su propias normativas de receta electrónica; y dos, Río Negro y Santa Fe, proyectos de ley similares en marcha.

Dos aclaraciones centrales: 1) las prepagas son reguladas desde Nación, de modo que deben aggiornarse (no importa la provincia) a la receta electrónica. Y, 2) en los hospitales (no nacionales) de la ciudad y la provincia de Buenos Aires convive el sistema mixto: receta electrónica + receta de papel.

Azurmendi habló de una gradualidad en la transformación digital en salud. Consultada por esa misma gradualidad plasmada en los reclamos de las provincias más atrasadas en este tema, que vinieron pidiendo que se sostenga el sistema mixto, la funcionaria planteó que “el camino está trazado”.

La excepción, dijo, son aquellas localidades que por cuestiones particulares, como podrían ser dificultades de conectividad, precisen continuar usando la receta de papel.

Es evidente que, en la práctica, muchas jurisdicciones seguirán con la modalidad mixta. El gran cambio a destacar es que, en adelante, ningún efector de salud ni médico del país podrá utilizar recetas electrónicas de plataformas que no estén adecuadamente registradas y validadas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

“El reordenamiento del sistema de salud muestra que estamos en el camino de universalizar el uso de la receta electrónica. Los actores son muchos y estamos trabajando como nunca integradamente con todos los subsectores; no solo el público sino también los privados. Los cambios son graduales y conjuntos, pero el reordenamiento es un hecho”, apuntó la funcionaria.

Tras destacar las reuniones mensuales con los ministros provinciales (en el marco del Consejo Federal de Salud, o CoFeSa), Azurmendi remarcó que, en los hechos, “hay receta electrónica en al menos 17 provincias y se está impulsando su adopción completa a nivel nacional”.

Por qué es importante la receta médica electrónica


Sin contar el abaratamiento y la mayor practicidad que sobresale de este tipo de innovaciones, vale destacar que el gran objetivo de la receta médica electrónica es la consolidación de grandes reservorios de datos epidemiológicos, que permitan que la gestión nacional despliegue políticas de salud más inteligentes y actualizadas, ofreciendo apoyo focalizado según las necesidades provinciales.

Sin embargo, ¿se hará (realmente) algo con esos datos? Azurmendi fue paciente ante los cuestionamientos, cuando se le preguntó por la casi total inexistencia de campañas de salud nacionales. Dijo que los desafíos son muchos. Habló de distintas líneas de gestión, que hoy están en construcción.

Por ejemplo, la ampliación de los puestos de vigilancia sanitaria en el territorio nacional, con apoyo específico de las provincias: “Hay un equipo andando. La parte de vigilancia se está haciendo muy profundamente. Veníamos de 11 unidades centinela con vigilancia sanitaria, ubicadas en ocho provincias del país, y hoy tenemos 36 unidades centinela, con presencia en 23 de las de las 24 jurisdicciones. Hubo una ampliación en donde más presencia tenemos que tener. Es la demostración de la importancia de recuperar datos desde los campos, para tener una representación federal”.

Receta médica electrónica: quiénes manejan los sistemas


En la entrevista surgió el problema de los hackeos a organismos públicos y a empresas de salud, muy frecuentes en los últimos años. Los delincuentes capturan enormes bases de datos personales y luego exigen un rescate millonario. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las empresas que el Ministerio está autorizando para manejar los sistemas de receta médica electrónica? ¿Quienes cuidarán los datos personales de la población?

Azurmendi informó que el personal de ciberseguridad del Gobierno de Javier Milei depende mayormente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros).

En tanto, aclaró que de las cerca de 110 plataformas de receta electrónica validadas por el ReNaPDis, la mayoría son privadas y cerca de un 30%, públicas. Del total (estimó la funcionaria), un cuarto pertenecen a prestadores de servicios de salud, sean prepagas, obras sociales o establecimientos y centros de diagnóstico

A la vez, esos más de 100 desarrolladores de recetarios electrónicos están en sintonía con una decena de reservorios; el lugar o suerte de “nube” adonde van a parar las recetas de los pacientes, que luego serán “leídas” por las redes informáticas de las farmacias.

Esos 10 reservorios pertenecen en su mayoría a empresas de software. Solo dos (dijo Azurmendi) son propiedad de establecimientos o prestadores de salud.

Todas las recetas electrónicas en todas las farmacias


Hace un mes, el Ministerio de Salud informó como un gran logro tecnológico que cualquier receta iba a poder ser utilizada en cualquier farmacia del país. Azurmendi confirmó que ya debería ser así y garantizó que lo que no funcione hoy se irá ajustando.

Para desmalezar el asunto, un par de aclaraciones: si una persona tiene cierta obra social y se arrima a una farmacia que no atiende a su prestador de salud, el farmacéutico de todos modos debería poder encontrar la indicación médica en cuestión en el sistema. Y si no cuenta con esa posibilidad, podrá, no obstante, “leer” el código de barras o QR de la receta electrónica validada que el paciente le muestre desde su teléfono.

Pero, así como las posibilidades serán las mismas que con la receta en versión papel, los obstáculos, por ahora, serán los mismos: si la farmacia no tiene convenio con la prepaga u obra social en cuestión, no se aplicará el oportuno descuento.

“No le puedo exigir a una empresa privada que haga un convenio con quien no quiere. Yo preciso garantizar que el medicamento esté accesible para los ciudadanos en todas las farmacias”, dijo Azurmendi, y evaluó que “no es poco”, ya que “siempre hubo casos en los que se indicaban dos medicamentos y cuando la farmacia no tenía disponible uno de ellos, era un problema. Eso no va a pasar más porque la persona va a poder ir a dos farmacias distintas con la misma receta electrónica”.

Clarín

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Sociedad y Economía

La mitad de los trabajadores argentinos registrados cobra menos de $1.385.000 de bolsillo

Los salarios privados perdieron 2,8% en un año y 4,2% desde el máximo de 2025. La mitad de los trabajadores cobra menos de $1.385.000, por debajo de la canasta básica.

Los ingresos reales de los trabajadores registrados del sector privado continúan mostrando señales de deterioro. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), los salarios formales acumularon en junio una caída interanual de 2,8%, mientras que en julio la tendencia volvió a profundizarse con un retroceso real de 1,1%. El deterioro se observa incluso frente al mejor momento de la actual gestión presidencial, desde el pico alcanzado en febrero de 2025, el salario privado perdió 4,2% de su poder adquisitivo.

La estabilidad nominal registrada en junio no alcanzó para recomponer el ingreso real. Por el contrario, la mitad de los asalariados formales percibió menos de $1.668.430 brutos, cifra que, descontados los aportes, representa menos de $1.385.000 de bolsillo, según la estimación del investigador Luis Campos, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma. Ese monto quedó por debajo del valor de la Canasta Básica Total (CBT), que en junio costó $1.531.473 para una familia tipo y que en agosto ya superaba los $1,6 millones.

De esta manera, una porción significativa de los trabajadores formales privados no logra cubrir con su salario neto el costo de los bienes y servicios básicos necesarios para no caer por debajo de la línea de pobreza.

Sin acuerdo en el Consejo del Salario: la CGT pidió $911.000 y los empresarios $400.000

Paritarias y salarios declarados: una brecha creciente

Desde la Secretaría de Trabajo explicaron que existe una diferencia entre los aumentos acordados en las negociaciones colectivas y los salarios efectivamente declarados ante el sistema previsional. En los últimos meses, las paritarias avanzaron a un ritmo superior al de los ingresos registrados, lo que refleja demoras en la aplicación de los incrementos o heterogeneidad entre actividades.

La evolución tampoco fue uniforme entre sectores. Entre las ramas que más poder adquisitivo perdieron desde el inicio de la gestión de Javier Milei se encuentran:

  • Transporte, almacenamiento y comunicaciones: -4,3%
  • Comercio: -3%
  • Salud: -2,7%

En contraste, algunos servicios lograron recomponer ingresos reales:

  • Hoteles y restaurantes: +11,8%
  • Servicios comunitarios, sociales y personales: +7,6%
  • Servicios empresariales e inmobiliarios: +6,9%

En la industria, los salarios se mantuvieron estables en términos reales, pero el sector atravesó un fuerte ajuste en materia de empleo: desde fines de 2023 perdió 88.500 puestos de trabajo, la mayor reducción entre las actividades analizadas. El dato es relevante porque industria y comercio concentran una parte sustancial del empleo privado formal.

Inflación más baja, pero sin recuperación salarial

Los especialistas advierten que la desaceleración de la inflación, por sí sola, no está generando una recuperación sostenida del salario real. El economista Gonzalo Carrera, de Equilibra, señaló que el panorama hacia adelante será complejo si no aumenta la productividad en las actividades no primarias, que concentran el 93% del empleo privado formal.

Un informe de la consultora C-P, dirigida por Pablo Moldovan y Federico Pastrana, analizó el rol de las paritarias en este contexto. Según el estudio, la desinflación no se tradujo automáticamente en mejoras del poder adquisitivo y las sumas fijas ganaron protagonismo dentro de los acuerdos salariales. Este mecanismo permite recomposiciones puntuales, pero genera resultados dispares entre actividades y trabajadores.

La consultora también destacó que la política salarial continúa siendo una herramienta central del programa antiinflacionario del Gobierno. En ese marco, el límite para las paritarias pasó de ubicarse en torno al 1%-1,5% durante el segundo semestre de 2025 a cerca del 2% en 2026, sin habilitar aumentos porcentuales que superaran de manera sostenida la inflación.

Un mercado laboral tensionado

Con salarios que pierden poder de compra, sectores con fuerte caída del empleo y una distribución del ingreso que deja a la mitad de los trabajadores por debajo del costo de la canasta básica, el mercado laboral formal enfrenta un escenario de tensión creciente. La recuperación del salario real dependerá de la evolución de la inflación, la dinámica de las paritarias y la capacidad de los sectores productivos para sostener mejoras en la productividad.

Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

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Casi 6 millones de argentinos están en mora: la deuda familiar en niveles críticos

La morosidad llegó al 12,94% y casi 6 millones de argentinos tienen atrasos de más de 90 días. Las refinanciaciones ya suman $2,6 billones.

El endeudamiento de los hogares volvió a encender señales de alerta en julio. Según estimaciones de la consultora 1816, basadas en datos de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU), casi 6 millones de argentinos acumulan atrasos superiores a 90 días en el pago de sus obligaciones financieras. La cifra representa el 28% de los 20,8 millones de deudores registrados y anticipa parte del diagnóstico que el BCRA difundirá en su próximo Informe de Bancos.

El relevamiento muestra que la morosidad de los hogares trepó al 12,94% dentro del sistema bancario, un salto significativo si se compara con octubre de 2024, cuando la irregularidad apenas alcanzaba el 2,5%. El deterioro se extendió a 23 de los 30 principales bancos, lo que evidencia que el fenómeno ya afecta a buena parte del sistema financiero.

Ante las dificultades para afrontar los compromisos, las refinanciaciones alcanzaron un nivel récord de $2,6 billones, equivalente al 3,7% del total de crédito otorgado a las familias. Estas reestructuraciones podrían contribuir a reducir la mora en los próximos meses, aunque el proceso es lento: un deudor refinanciado continúa figurando como moroso hasta que se regulariza completamente su situación.

Bancos y fintech ya pueden debitar deudas: qué permite y qué prohíbe el Banco Central

Fuera del sistema bancario, el panorama es aún más complejo. Entre las entidades no financieras de crédito, la morosidad escaló al 33,69%, con Mercado Pago y Tarjeta Naranja concentrando el 54% del mercado analizado. Este segmento, que incluye billeteras digitales y emisoras de tarjetas, suele tener perfiles de clientes más sensibles a los cambios económicos y con menor acceso a financiamiento tradicional.

El informe también revela que la mitad de las personas con atrasos superiores a 90 días deben menos de $626.000, un monto que, sin embargo, adquiere un peso considerable frente a los ingresos actuales: según datos del INDEC, la mitad de los trabajadores ocupados percibe menos de $800.000 mensuales.

Desde la consultora 1816 señalaron que el aumento de la morosidad no implica necesariamente que la economía en su conjunto no pueda crecer, pero advirtieron que la magnitud del problema convierte al endeudamiento irregular en un factor crítico para millones de hogares, con impacto directo en su capacidad de consumo y en la estabilidad del sistema financiero.

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Sociedad y Economía

Bancos y fintech ya pueden debitar deudas: qué permite y qué prohíbe el Banco Central

El BCRA habilitó un nuevo mecanismo para cobrar deudas impagas, pero aclaró que no habrá débitos automáticos sin consentimiento y que ciertos fondos quedan excluidos del sistema.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha este lunes el nuevo sistema de Cobros por Transferencia, un mecanismo que habilita a bancos y fintech a debitar automáticamente cuotas impagas de préstamos de consumo. La medida apunta a reducir la morosidad en el sector financiero, aunque incorpora una serie de límites y condiciones para garantizar la protección de los usuarios.

El sistema no permite extracciones indiscriminadas ni habilita a las entidades a revisar todas las cuentas del cliente. Para que el débito pueda ejecutarse, el usuario debe haber otorgado una autorización previa, expresa y revocable, y el cobro solo puede realizarse sobre la misma cuenta donde se acreditó originalmente el préstamo. De esta manera, el BCRA busca evitar prácticas abusivas y preservar la trazabilidad del crédito.

La normativa establece parámetros estrictos para el funcionamiento del sistema. Las cuotas deben ser fijas y no pueden superar el 30% de los ingresos declarados por el cliente. Además, las entidades están obligadas a notificar con un día de anticipación cada intento de cobro, y el mecanismo contempla un esquema de tres intentos: uno inicial y dos reintentos automáticos a las 48 y 96 horas.

Los cambios que propone el Gobierno en la Carta Orgánica del Banco Central

Otro punto central es la protección de determinados fondos. El débito no puede aplicarse sobre cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión, ni sobre saldos destinados a la compra de dólar MEP, que quedan excluidos del sistema. Tampoco se permite el cobro de intereses moratorios mediante esta vía, lo que evita que el mecanismo se convierta en una herramienta de presión financiera.

Si bien las entidades financieras solicitaron postergar la implementación, el Banco Central ratificó la fecha límite y exigió que bancos y billeteras digitales adapten su infraestructura tecnológica. No obstante, el uso del sistema en cada crédito quedará a criterio de cada institución, que podrá decidir si activa o no el mecanismo en función de su política comercial y del perfil del cliente.

Con esta medida, el BCRA busca equilibrar la necesidad de reducir la morosidad con la obligación de proteger a los usuarios, estableciendo un esquema de cobro automatizado pero regulado, que evita extracciones sorpresivas y garantiza transparencia en cada operación.

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