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Empieza a regir la receta electrónica de medicamentos: qué cambia a partir de hoy

A partir de este 1 de enero de 2025, se vuelve obligatoria la indicación de los remedios por esa vía. Cuáles provincias adhirieron.

“Lo que se logró, no me parece poco, y es bien diferente de las ocho provincias que habían adherido a principios de 2024”. Las palabras son de Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. El tema: cuántas jurisdicciones adhirieron a la receta médica electrónica, que desde este miércoles 1 se vuelve obligatoria en esos territorios para la indicación y dispensa de todo medicamento que no sea de venta libre.

Azurmendi es una optimista. Trabaja en el Ministerio de Salud desde 2021, pero es doctora en Sistemas, magister en Ciencias de la Computación con orientación en inteligencia artificial y -entre otros- docente de la Universidad Tecnológica Nacional. La actual gestión la puso frente de un desafío mayúsculo.

Por un lado, manejar las rispideces de la epidemiología argentina, un palo ajeno a su área de formación (cuestión que ella no niega) y, por otro, arrancar sus primeros meses de gestión (asumió como subsecretaria en septiembre pasado) desempolvando varios compartimentos estancos en el mundo de la salud.

En este caso, lograr que la Argentina abandone su bajísimo interés por la digitalización y la llamada “cultura del dato”, y que al menos se promueva, de a poco, el uso la receta médica electrónica para la prescripción de remedios.

Es una tarea bastante más compleja que lograr que unos cientos de médicos se bajen una app y aprendan a usarla, o que los pacientes entiendan que su prescripción ya no tendrá la forma de un papelucho con una serie de indicaciones con letra incomprensible.

En cambio (destacó en la charla con Clarín), implica seguir las reglas de buenas prácticas en el manejo de información digital; lograr que un número importante de plataformas (al cierre de esta nota eran unas 110) cumplan protocolos estrictos, pasen por procesos de validación, se inscriban en un registro nacional y se dejen controlar.

Es, además, controlar una decena de reservorios compatibles con esas plataformas, ya que son los que harán de intermediarios con las 13.000 farmacias del país. También, gestionar que los farmacéuticos participen con aire proactivo de este proceso de transformación.

Y asegurarle a la población que todos sus datos personales estarán a salvo de hackeos (como el que acaba de sufrir el sitio oficial del Gobierno), vulneraciones o usos maliciosos de parte de personas u organizaciones con fines delictivos.

Por cierto, por mes se confeccionan unas 20 millones de recetas médicas electrónicas, informó la subsecretaria. Contienen datos valiosísimos; una radiografía de las dolencias cotidianas de la población, con nombre y apellido. Datos, como se dice en el mundo jurídico, “personalísimos”.

Para dimensionar aun más el costado sensible de este tema, esos mismos papelitos digitalizados informan qué médico indica qué cosa y a quién. Y, en caso de que decida hacerlo, qué marca (de qué laboratorio) sugiere al pie de la orden.

Qué provincias adhirieron a la receta médica electrónica


Aunque la normativa nacional indica que prescribir medicamentos en forma electrónica es, desde este 1 de enero, obligatoria, lejos está de ser una realidad homogénea: 11 de las 24 jurisdicciones adhirieron a la reglamentación de la receta médica electrónica del Ministerio de Salud de la Nación. Son Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por su parte, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, más Chubut y La Rioja tienen su propias normativas de receta electrónica; y dos, Río Negro y Santa Fe, proyectos de ley similares en marcha.

Dos aclaraciones centrales: 1) las prepagas son reguladas desde Nación, de modo que deben aggiornarse (no importa la provincia) a la receta electrónica. Y, 2) en los hospitales (no nacionales) de la ciudad y la provincia de Buenos Aires convive el sistema mixto: receta electrónica + receta de papel.

Azurmendi habló de una gradualidad en la transformación digital en salud. Consultada por esa misma gradualidad plasmada en los reclamos de las provincias más atrasadas en este tema, que vinieron pidiendo que se sostenga el sistema mixto, la funcionaria planteó que “el camino está trazado”.

La excepción, dijo, son aquellas localidades que por cuestiones particulares, como podrían ser dificultades de conectividad, precisen continuar usando la receta de papel.

Es evidente que, en la práctica, muchas jurisdicciones seguirán con la modalidad mixta. El gran cambio a destacar es que, en adelante, ningún efector de salud ni médico del país podrá utilizar recetas electrónicas de plataformas que no estén adecuadamente registradas y validadas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

“El reordenamiento del sistema de salud muestra que estamos en el camino de universalizar el uso de la receta electrónica. Los actores son muchos y estamos trabajando como nunca integradamente con todos los subsectores; no solo el público sino también los privados. Los cambios son graduales y conjuntos, pero el reordenamiento es un hecho”, apuntó la funcionaria.

Tras destacar las reuniones mensuales con los ministros provinciales (en el marco del Consejo Federal de Salud, o CoFeSa), Azurmendi remarcó que, en los hechos, “hay receta electrónica en al menos 17 provincias y se está impulsando su adopción completa a nivel nacional”.

Por qué es importante la receta médica electrónica


Sin contar el abaratamiento y la mayor practicidad que sobresale de este tipo de innovaciones, vale destacar que el gran objetivo de la receta médica electrónica es la consolidación de grandes reservorios de datos epidemiológicos, que permitan que la gestión nacional despliegue políticas de salud más inteligentes y actualizadas, ofreciendo apoyo focalizado según las necesidades provinciales.

Sin embargo, ¿se hará (realmente) algo con esos datos? Azurmendi fue paciente ante los cuestionamientos, cuando se le preguntó por la casi total inexistencia de campañas de salud nacionales. Dijo que los desafíos son muchos. Habló de distintas líneas de gestión, que hoy están en construcción.

Por ejemplo, la ampliación de los puestos de vigilancia sanitaria en el territorio nacional, con apoyo específico de las provincias: “Hay un equipo andando. La parte de vigilancia se está haciendo muy profundamente. Veníamos de 11 unidades centinela con vigilancia sanitaria, ubicadas en ocho provincias del país, y hoy tenemos 36 unidades centinela, con presencia en 23 de las de las 24 jurisdicciones. Hubo una ampliación en donde más presencia tenemos que tener. Es la demostración de la importancia de recuperar datos desde los campos, para tener una representación federal”.

Receta médica electrónica: quiénes manejan los sistemas


En la entrevista surgió el problema de los hackeos a organismos públicos y a empresas de salud, muy frecuentes en los últimos años. Los delincuentes capturan enormes bases de datos personales y luego exigen un rescate millonario. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las empresas que el Ministerio está autorizando para manejar los sistemas de receta médica electrónica? ¿Quienes cuidarán los datos personales de la población?

Azurmendi informó que el personal de ciberseguridad del Gobierno de Javier Milei depende mayormente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros).

En tanto, aclaró que de las cerca de 110 plataformas de receta electrónica validadas por el ReNaPDis, la mayoría son privadas y cerca de un 30%, públicas. Del total (estimó la funcionaria), un cuarto pertenecen a prestadores de servicios de salud, sean prepagas, obras sociales o establecimientos y centros de diagnóstico

A la vez, esos más de 100 desarrolladores de recetarios electrónicos están en sintonía con una decena de reservorios; el lugar o suerte de “nube” adonde van a parar las recetas de los pacientes, que luego serán “leídas” por las redes informáticas de las farmacias.

Esos 10 reservorios pertenecen en su mayoría a empresas de software. Solo dos (dijo Azurmendi) son propiedad de establecimientos o prestadores de salud.

Todas las recetas electrónicas en todas las farmacias


Hace un mes, el Ministerio de Salud informó como un gran logro tecnológico que cualquier receta iba a poder ser utilizada en cualquier farmacia del país. Azurmendi confirmó que ya debería ser así y garantizó que lo que no funcione hoy se irá ajustando.

Para desmalezar el asunto, un par de aclaraciones: si una persona tiene cierta obra social y se arrima a una farmacia que no atiende a su prestador de salud, el farmacéutico de todos modos debería poder encontrar la indicación médica en cuestión en el sistema. Y si no cuenta con esa posibilidad, podrá, no obstante, “leer” el código de barras o QR de la receta electrónica validada que el paciente le muestre desde su teléfono.

Pero, así como las posibilidades serán las mismas que con la receta en versión papel, los obstáculos, por ahora, serán los mismos: si la farmacia no tiene convenio con la prepaga u obra social en cuestión, no se aplicará el oportuno descuento.

“No le puedo exigir a una empresa privada que haga un convenio con quien no quiere. Yo preciso garantizar que el medicamento esté accesible para los ciudadanos en todas las farmacias”, dijo Azurmendi, y evaluó que “no es poco”, ya que “siempre hubo casos en los que se indicaban dos medicamentos y cuando la farmacia no tenía disponible uno de ellos, era un problema. Eso no va a pasar más porque la persona va a poder ir a dos farmacias distintas con la misma receta electrónica”.

Clarín

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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AUH y SUAF: Anses elevó los topes de ingresos para mantener la cobertura

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) actualizó los límites de ingresos para acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), con vigencia desde junio de 2026.

La medida busca garantizar que las familias no pierdan el acceso a estas prestaciones en un contexto de variación salarial y cambios económicos.

Según informó el organismo, el tope de ingresos para cobrar la AUH quedó fijado en $367.800, monto equivalente al nuevo valor del salario mínimo, vital y móvil (SMVM). Esta actualización se realiza de manera automática, tal como lo establece el Decreto 1602/2009. No obstante, la normativa mantiene excepciones: los monotributistas sociales y los trabajadores de casas particulares pueden seguir percibiendo la AUH incluso si superan ese límite.

En paralelo, Anses actualizó los topes del SUAF mediante la Resolución 146/2026. El nuevo límite individual de ingresos es de $2.970.968, mientras que el tope del grupo familiar asciende a $5.941.936. Para determinar el acceso a las asignaciones familiares, el organismo considera los ingresos brutos de ambos progenitores, independientemente de su situación civil o convivencia. Si uno supera el tope individual, o si la suma de los ingresos excede el límite familiar, la familia queda excluida del beneficio.

Desde Anses recordaron que los topes de ingresos determinan quiénes pueden acceder al sistema, mientras que las escalas del SUAF definen cuánto cobra cada beneficiario según su nivel de ingresos. Por ello, remarcaron que ambos conceptos no deben confundirse.

El organismo también destacó la importancia del Formulario Madres, una herramienta que permite que la persona a cargo del cuidado del menor cuando no coincide con el titular registrado pueda solicitar el cobro directo de la AUH o del SUAF. Sin embargo, este trámite no modifica el tipo de prestación: una asignación del SUAF no se convierte en AUH.

Con estas actualizaciones, Anses busca mantener la cobertura de las asignaciones familiares y garantizar que los hogares con niñas, niños y adolescentes continúen accediendo a los beneficios que les corresponden.

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La fe de los argentinos se transforma: menos católicos, más evangélicos

La fotografía religiosa de la Argentina atraviesa una transformación profunda. El nuevo Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina 2026, elaborado por el Observatorio de las Creencias en Argentina (OCREAR), confirma un cambio histórico: el catolicismo dejó de ser hegemónico, mientras crecen con fuerza los evangélicos y, sobre todo, quienes no se identifican con ninguna religión.

El estudio realizado por investigadores de la UBA aporta datos cuantitativos inéditos en más de seis décadas, ya que la última vez que el Censo Nacional preguntó por pertenencia religiosa fue en 1960. En aquel entonces, el 90% de la población se declaraba católica; hoy ese porcentaje cayó al 57,7%.

La segunda identidad más numerosa ya no es una religión organizada, sino la población sin filiación religiosa, que alcanza el 22,4% al sumar a quienes se declaran sin religión (13,2%), agnósticos (4,8%) y ateos (4,4%). Por detrás aparecen los evangélicos, que consolidan su presencia con un 17,7%, un crecimiento que se refleja también en la política: doce legisladores evangélicos ingresaron al Congreso en la última elección, un hecho sin precedentes.

Un mapa religioso en reconfiguración

Para los investigadores, el fenómeno combina dos procesos:

  • una “salida caliente”, donde parte de los católicos migra hacia iglesias evangélicas, percibidas como más dinámicas y comunitarias;
  • y una “salida fría”, marcada por la desinstitucionalización y la idea de “creer sin pertenecer”.

Otras religiones mantienen una presencia minoritaria: Testigos de Jehová/Mormones (0,5%), Umbanda/Africanistas (0,5%), Islam (0,3%), Judaísmo (0,2%) y otras expresiones (1%). En el caso del judaísmo, el informe señala una sobreexposición mediática que no se corresponde con su peso demográfico, concentrado mayormente en el AMBA.

La fractura generacional es uno de los hallazgos más contundentes. Entre los mayores de 50 años, el catolicismo alcanza el 69%, pero entre los jóvenes de 16 a 29 años cae al 44,6%. En este grupo, la ausencia de filiación religiosa trepa al 31%, mientras que los evangélicos llegan a su punto más alto: 23,6%.

El nivel educativo también marca diferencias:

  • los sectores con menor escolaridad muestran mayor adhesión evangélica (22,5%), donde estas iglesias funcionan como redes de contención social;
  • en los niveles medio y alto, quienes no tienen religión superan el 27%.

En términos de género, se mantiene la feminización de la religiosidad: las mujeres participan más activamente en instituciones religiosas, especialmente en iglesias evangélicas (19,3% frente al 15,2% de los hombres).

Territorialmente, el interior del país conserva un mayor peso católico (59,4%), mientras que el AMBA se consolida como el epicentro de la pluralidad y la desinstitucionalización (26,1% sin religión).

Un futuro más plural y fragmentado

El informe concluye que la Argentina se encamina hacia un escenario religioso más diverso y atomizado, donde las instituciones tradicionales pierden centralidad y emergen nuevas formas de espiritualidad, identidades intensas y prácticas individuales.

Incluso el reciente fenómeno de jóvenes que reivindican el “regreso al catolicismo” es interpretado como una reacción identitaria minoritaria, más estética que demográfica. La muerte del Papa Francisco, lejos de revertir la tendencia, marca el cierre de una etapa en la que la Iglesia intentó contener la pérdida de fieles sin lograr frenar la fragmentación.

Perfíl

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La pobreza infantil vuelve a crecer en 2026 y golpea más a hogares monomarentales

La pobreza infantil mostró una mejora durante 2025, pero los avances podrían desdibujarse rápidamente. Según el último informe de Unicef Argentina, el 42,3% de las niñas, niños y adolescentes vivía en hogares pobres en el segundo semestre del año pasado, mientras que la indigencia alcanzaba al 9,4%.

Aunque los números representan una baja significativa respecto del pico del 52,7% registrado en 2024, el organismo advierte que la tendencia podría revertirse en los primeros meses de 2026.

El estudio, basado en datos oficiales, estima que 5,1 millones de menores residen en hogares pobres, de los cuales 1,1 millones están por debajo de la línea de indigencia. La mejora, sin embargo, aparece condicionada por un escenario económico frágil y por señales de alerta en el financiamiento de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

Las proyecciones de Unicef para el primer semestre de 2026 anticipan un rebote de la pobreza infantil al 44,4% y un aumento de la indigencia al 10,8%, lo que marcaría un quiebre en la recuperación observada durante el año pasado.

El informe subraya que las cifras generales esconden realidades mucho más complejas. La precarización laboral y la falta de redes de contención profundizan la vulnerabilidad de los hogares con niños:

  • En hogares donde la persona de referencia está desocupada, la pobreza infantil trepa al 74,8%.
  • Cuando el clima educativo es “muy bajo”, la pobreza alcanza el 68,8%.
  • En hogares monomarentales, la pobreza llega al 52,8%.

Unicef destaca el rol de la AUH, la Prestación Alimentar y otros programas de transferencia de ingresos para evitar un deterioro mayor. Según el representante del organismo en Argentina, Rafael Ramírez Mesec, la indigencia infantil sería 6 puntos más alta sin estos instrumentos de protección.

Más allá del ingreso, el informe revela que el 42,8% de los chicos sufre al menos una privación estructural vinculada a vivienda, saneamiento, agua potable, educación o protección social.

La presión económica también se refleja en las estrategias de supervivencia: 7 de cada 10 hogares con niños debieron endeudarse, usar ahorros o vender pertenencias durante 2025 para cubrir gastos básicos, una proporción sensiblemente mayor que en hogares sin menores.

Presupuesto 2026: la advertencia más seria

La principal preocupación del organismo está puesta en el financiamiento estatal. Aunque en 2025 el presupuesto destinado a la niñez creció un 4% real, impulsado casi exclusivamente por las transferencias con movilidad automática, el panorama para 2026 es mucho más restrictivo.

Entre enero y mediados de mayo, la ejecución presupuestaria fue 6% menor en términos reales que la del año anterior, afectando áreas clave como educación, nutrición, primera infancia y protección de derechos. La única excepción fue salud, debido a mayores compras de vacunas y medicamentos.

El análisis de Unicef proyecta que, de no ampliarse los créditos vigentes, el presupuesto nacional para la niñez podría cerrar el año con una caída real del 16%, un retroceso que pondría en riesgo la capacidad del Estado para sostener los pisos básicos de bienestar.

El especialista en Inclusión y Monitoreo de Unicef, Sebastián Waisgrais, remarcó que las políticas de ingresos son necesarias pero insuficientes si no se articulan con intervenciones focalizadas y políticas sectoriales que aborden las privaciones estructurales.

Aunque el reciente aumento del 38% en la Prestación Alimentar y las actualizaciones por movilidad de la AUH podrían moderar el impacto, el desafío sigue siendo evitar que la recesión y el ajuste fiscal terminen profundizando la vulnerabilidad de los hogares con niños.

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