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Sociedad y Economía

Empieza a regir la receta electrónica de medicamentos: qué cambia a partir de hoy

A partir de este 1 de enero de 2025, se vuelve obligatoria la indicación de los remedios por esa vía. Cuáles provincias adhirieron.

“Lo que se logró, no me parece poco, y es bien diferente de las ocho provincias que habían adherido a principios de 2024”. Las palabras son de Susana Azurmendi, subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica, Información y Estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación. El tema: cuántas jurisdicciones adhirieron a la receta médica electrónica, que desde este miércoles 1 se vuelve obligatoria en esos territorios para la indicación y dispensa de todo medicamento que no sea de venta libre.

Azurmendi es una optimista. Trabaja en el Ministerio de Salud desde 2021, pero es doctora en Sistemas, magister en Ciencias de la Computación con orientación en inteligencia artificial y -entre otros- docente de la Universidad Tecnológica Nacional. La actual gestión la puso frente de un desafío mayúsculo.

Por un lado, manejar las rispideces de la epidemiología argentina, un palo ajeno a su área de formación (cuestión que ella no niega) y, por otro, arrancar sus primeros meses de gestión (asumió como subsecretaria en septiembre pasado) desempolvando varios compartimentos estancos en el mundo de la salud.

En este caso, lograr que la Argentina abandone su bajísimo interés por la digitalización y la llamada “cultura del dato”, y que al menos se promueva, de a poco, el uso la receta médica electrónica para la prescripción de remedios.

Es una tarea bastante más compleja que lograr que unos cientos de médicos se bajen una app y aprendan a usarla, o que los pacientes entiendan que su prescripción ya no tendrá la forma de un papelucho con una serie de indicaciones con letra incomprensible.

En cambio (destacó en la charla con Clarín), implica seguir las reglas de buenas prácticas en el manejo de información digital; lograr que un número importante de plataformas (al cierre de esta nota eran unas 110) cumplan protocolos estrictos, pasen por procesos de validación, se inscriban en un registro nacional y se dejen controlar.

Es, además, controlar una decena de reservorios compatibles con esas plataformas, ya que son los que harán de intermediarios con las 13.000 farmacias del país. También, gestionar que los farmacéuticos participen con aire proactivo de este proceso de transformación.

Y asegurarle a la población que todos sus datos personales estarán a salvo de hackeos (como el que acaba de sufrir el sitio oficial del Gobierno), vulneraciones o usos maliciosos de parte de personas u organizaciones con fines delictivos.

Por cierto, por mes se confeccionan unas 20 millones de recetas médicas electrónicas, informó la subsecretaria. Contienen datos valiosísimos; una radiografía de las dolencias cotidianas de la población, con nombre y apellido. Datos, como se dice en el mundo jurídico, “personalísimos”.

Para dimensionar aun más el costado sensible de este tema, esos mismos papelitos digitalizados informan qué médico indica qué cosa y a quién. Y, en caso de que decida hacerlo, qué marca (de qué laboratorio) sugiere al pie de la orden.

Qué provincias adhirieron a la receta médica electrónica


Aunque la normativa nacional indica que prescribir medicamentos en forma electrónica es, desde este 1 de enero, obligatoria, lejos está de ser una realidad homogénea: 11 de las 24 jurisdicciones adhirieron a la reglamentación de la receta médica electrónica del Ministerio de Salud de la Nación. Son Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por su parte, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, más Chubut y La Rioja tienen su propias normativas de receta electrónica; y dos, Río Negro y Santa Fe, proyectos de ley similares en marcha.

Dos aclaraciones centrales: 1) las prepagas son reguladas desde Nación, de modo que deben aggiornarse (no importa la provincia) a la receta electrónica. Y, 2) en los hospitales (no nacionales) de la ciudad y la provincia de Buenos Aires convive el sistema mixto: receta electrónica + receta de papel.

Azurmendi habló de una gradualidad en la transformación digital en salud. Consultada por esa misma gradualidad plasmada en los reclamos de las provincias más atrasadas en este tema, que vinieron pidiendo que se sostenga el sistema mixto, la funcionaria planteó que “el camino está trazado”.

La excepción, dijo, son aquellas localidades que por cuestiones particulares, como podrían ser dificultades de conectividad, precisen continuar usando la receta de papel.

Es evidente que, en la práctica, muchas jurisdicciones seguirán con la modalidad mixta. El gran cambio a destacar es que, en adelante, ningún efector de salud ni médico del país podrá utilizar recetas electrónicas de plataformas que no estén adecuadamente registradas y validadas en el Registro Nacional de Plataformas Digitales Sanitarias (ReNaPDiS).

“El reordenamiento del sistema de salud muestra que estamos en el camino de universalizar el uso de la receta electrónica. Los actores son muchos y estamos trabajando como nunca integradamente con todos los subsectores; no solo el público sino también los privados. Los cambios son graduales y conjuntos, pero el reordenamiento es un hecho”, apuntó la funcionaria.

Tras destacar las reuniones mensuales con los ministros provinciales (en el marco del Consejo Federal de Salud, o CoFeSa), Azurmendi remarcó que, en los hechos, “hay receta electrónica en al menos 17 provincias y se está impulsando su adopción completa a nivel nacional”.

Por qué es importante la receta médica electrónica


Sin contar el abaratamiento y la mayor practicidad que sobresale de este tipo de innovaciones, vale destacar que el gran objetivo de la receta médica electrónica es la consolidación de grandes reservorios de datos epidemiológicos, que permitan que la gestión nacional despliegue políticas de salud más inteligentes y actualizadas, ofreciendo apoyo focalizado según las necesidades provinciales.

Sin embargo, ¿se hará (realmente) algo con esos datos? Azurmendi fue paciente ante los cuestionamientos, cuando se le preguntó por la casi total inexistencia de campañas de salud nacionales. Dijo que los desafíos son muchos. Habló de distintas líneas de gestión, que hoy están en construcción.

Por ejemplo, la ampliación de los puestos de vigilancia sanitaria en el territorio nacional, con apoyo específico de las provincias: “Hay un equipo andando. La parte de vigilancia se está haciendo muy profundamente. Veníamos de 11 unidades centinela con vigilancia sanitaria, ubicadas en ocho provincias del país, y hoy tenemos 36 unidades centinela, con presencia en 23 de las de las 24 jurisdicciones. Hubo una ampliación en donde más presencia tenemos que tener. Es la demostración de la importancia de recuperar datos desde los campos, para tener una representación federal”.

Receta médica electrónica: quiénes manejan los sistemas


En la entrevista surgió el problema de los hackeos a organismos públicos y a empresas de salud, muy frecuentes en los últimos años. Los delincuentes capturan enormes bases de datos personales y luego exigen un rescate millonario. Ahora bien, ¿cuál es el origen de las empresas que el Ministerio está autorizando para manejar los sistemas de receta médica electrónica? ¿Quienes cuidarán los datos personales de la población?

Azurmendi informó que el personal de ciberseguridad del Gobierno de Javier Milei depende mayormente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (dependiente de Jefatura de Gabinete de Ministros).

En tanto, aclaró que de las cerca de 110 plataformas de receta electrónica validadas por el ReNaPDis, la mayoría son privadas y cerca de un 30%, públicas. Del total (estimó la funcionaria), un cuarto pertenecen a prestadores de servicios de salud, sean prepagas, obras sociales o establecimientos y centros de diagnóstico

A la vez, esos más de 100 desarrolladores de recetarios electrónicos están en sintonía con una decena de reservorios; el lugar o suerte de “nube” adonde van a parar las recetas de los pacientes, que luego serán “leídas” por las redes informáticas de las farmacias.

Esos 10 reservorios pertenecen en su mayoría a empresas de software. Solo dos (dijo Azurmendi) son propiedad de establecimientos o prestadores de salud.

Todas las recetas electrónicas en todas las farmacias


Hace un mes, el Ministerio de Salud informó como un gran logro tecnológico que cualquier receta iba a poder ser utilizada en cualquier farmacia del país. Azurmendi confirmó que ya debería ser así y garantizó que lo que no funcione hoy se irá ajustando.

Para desmalezar el asunto, un par de aclaraciones: si una persona tiene cierta obra social y se arrima a una farmacia que no atiende a su prestador de salud, el farmacéutico de todos modos debería poder encontrar la indicación médica en cuestión en el sistema. Y si no cuenta con esa posibilidad, podrá, no obstante, “leer” el código de barras o QR de la receta electrónica validada que el paciente le muestre desde su teléfono.

Pero, así como las posibilidades serán las mismas que con la receta en versión papel, los obstáculos, por ahora, serán los mismos: si la farmacia no tiene convenio con la prepaga u obra social en cuestión, no se aplicará el oportuno descuento.

“No le puedo exigir a una empresa privada que haga un convenio con quien no quiere. Yo preciso garantizar que el medicamento esté accesible para los ciudadanos en todas las farmacias”, dijo Azurmendi, y evaluó que “no es poco”, ya que “siempre hubo casos en los que se indicaban dos medicamentos y cuando la farmacia no tenía disponible uno de ellos, era un problema. Eso no va a pasar más porque la persona va a poder ir a dos farmacias distintas con la misma receta electrónica”.

Clarín

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Los cambios que propone el Gobierno en la Carta Orgánica del Banco Central

El Gobierno enviará al Congreso la reforma de la Carta Orgánica del BCRA para prohibir la emisión, reforzar la independencia y limitar la asistencia al Tesoro.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central volvió al centro del debate político y económico luego de que el presidente Javier Milei confirmara que enviará al Congreso un proyecto para modificar la ley que regula el funcionamiento del BCRA. La iniciativa es considerada una de las apuestas económicas más relevantes del Gobierno para el segundo semestre y apunta a reforzar la independencia del organismo, prohibir el financiamiento del déficit fiscal mediante emisión monetaria y redefinir sus objetivos institucionales.

Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas, Milei tiene previsto presentar los lineamientos centrales de la reforma esta semana mediante un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por el equipo económico. Luego, el proyecto será remitido al Congreso, con la intención de que ingrese por el Senado para iniciar su tratamiento legislativo.

La propuesta es elaborada por el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Para la Casa Rosada, se trata de una reforma estructural destinada a blindar el programa económico y evitar que futuras administraciones utilicen al Banco Central para financiar el gasto público.

La Carta Orgánica del Banco Central, establecida por la Ley 24.144 sancionada en 1992, define la misión del organismo, sus objetivos, facultades y límites. Regula la política monetaria y cambiaria, la administración de reservas, la supervisión del sistema financiero y las condiciones bajo las cuales el BCRA puede asistir financieramente al Estado. En 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, una reforma impulsada por Mercedes Marcó del Pont amplió significativamente las funciones del Banco Central, incorporando metas vinculadas al desarrollo económico, el empleo y la equidad social, además de flexibilizar los mecanismos de asistencia al Tesoro.

Uno de los puntos más sensibles de la normativa vigente es el artículo 20, que regula los “adelantos transitorios” al Tesoro Nacional. La ley permite otorgar préstamos equivalentes al 12% de la base monetaria y un adicional del 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno en los últimos doce meses. Estos fondos deben devolverse en un año y, si permanecen impagos, el mecanismo no puede volver a utilizarse. Este esquema es uno de los aspectos que el Gobierno pretende modificar para impedir que el Estado financie su déficit mediante emisión.

Aunque el texto definitivo aún no fue presentado, el Gobierno adelantó algunos ejes centrales: prohibición expresa de financiar déficit con emisión, mayor independencia institucional del Banco Central, condiciones más estrictas para remover autoridades, eliminación de utilidades contables salvo casos excepcionales, fin del mecanismo de letras intransferibles y sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del organismo o autoricen emisiones prohibidas. También se evalúa incorporar el concepto de “shutdown”, un mecanismo que limitaría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas del Presupuesto aprobado.

Durante la campaña presidencial de 2023, Milei había prometido cerrar el Banco Central, pero ya en funciones optó por impulsar una reforma profunda de su estructura institucional. En distintas exposiciones sostuvo que el BCRA debe concentrarse exclusivamente en preservar el valor de la moneda y garantizar la estabilidad monetaria.

El Gobierno prevé enviar el proyecto al Congreso una vez finalizado el receso invernal y buscará acelerar su tratamiento durante el segundo semestre. En los últimos días, Milei mantuvo reuniones con legisladores de La Libertad Avanza para explicar los lineamientos de la iniciativa y despejar dudas antes de su presentación formal. Para la Casa Rosada, la modificación de la Carta Orgánica constituye una reforma clave para consolidar un esquema monetario que impida el financiamiento del gasto público mediante emisión y fortalezca la estabilidad de largo plazo.

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ARCA actualizó el monotributo: así quedaron las cuotas desde agosto

ARCA habilitó la segunda recategorización del año para el monotributo. Quiénes deben hacer el trámite, hasta cuándo hay tiempo y cuáles son las nuevas cuotas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó la segunda recategorización semestral del monotributo. Además, desde agosto entran en vigencia las nuevas cuotas y los topes de facturación actualizados para todas las categorías.

La actualización implica un aumento en las cuotas mensuales del monotributo y en los montos máximos de ingresos brutos permitidos para cada categoría. El ajuste se realiza de forma semestral y se calcula según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicada por el Indec, que acumuló un 16,8% durante el primer semestre del año.

Quiénes deben recategorizarse y hasta cuándo

Los monotributistas que hayan registrado cambios en los parámetros de su actividad deberán realizar la recategorización. El trámite estará habilitado hasta el 5 de agosto y permitirá actualizar la categoría de acuerdo con la situación fiscal de cada contribuyente.

Para determinar si corresponde cambiar de categoría, ARCA evalúa los siguientes parámetros correspondientes a los últimos 12 meses:

Ingresos brutos.
Alquileres devengados.
Superficie afectada a la actividad.
Consumo de energía eléctrica.

Quienes mantengan los mismos parámetros de su categoría actual no deberán realizar la recategorización. Además, los contribuyentes con menos de seis meses de actividad quedan exceptuados de este trámite.

Cómo hacer la recategorización del monotributo

La recategorización del monotributo se realiza de manera online a través del sitio web de ARCA. Una vez completado el trámite, el organismo informará la nueva categoría asignada y el importe que deberá abonarse desde agosto.

Para realizar la gestión, los contribuyentes deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al portal de ARCA con CUIT y Clave Fiscal.
  • Acceder al servicio Monotributo.
  • Seleccionar la opción “Recategorizarme”.
  • Revisar la información disponible y hacer clic en “Continuar recategorización”.
  • Actualizar los datos, en caso de que corresponda.
  • Confirmar el trámite y descargar el Formulario F.184 junto con la nueva credencial de pago.

Nuevas escalas del monotributo desde agosto

Con la actualización semestral, ARCA también modificó los topes máximos de facturación de cada categoría del monotributo. Estos serán los nuevos límites anuales vigentes desde agosto:

  • Categoría A: hasta $12.009.410,45.
  • Categoría B: hasta $17.595.182,74.
  • Categoría C: hasta $24.670.494,31.
  • Categoría D: hasta $30.628.651,43.
  • Categoría E: hasta $36.028.231,33.
  • Categoría F: hasta $45.151.659,41.
  • Categoría G: hasta $53.995.798,87.
  • Categoría H: hasta $81.924.660,37.
  • Categoría I: hasta $91.699.761,90.
  • Categoría J: hasta $105.012.519,20.
  • Categoría K: hasta $126.610.838,75.

Cuánto habrá que pagar por mes

Además de actualizar las escalas, ARCA incrementó las cuotas mensuales del monotributo. Los nuevos valores, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, son los siguientes:

  • Categoría A: Servicios $49.527,18 | Bienes $49.527,18.
  • Categoría B: Servicios $56.379,08 | Bienes $56.379,08.
  • Categoría C: Servicios $66.020,12 | Bienes $64.530,58.
  • Categoría D: Servicios $84.612,93 | Bienes $82.564,81.
  • Categoría E: Servicios $119.811,45 | Bienes $108.267,51.
  • Categoría F: Servicios $150.784,21 | Bienes $129.930,65.
  • Categoría G: Servicios $230.312,94 | Bienes $158.815,05.
  • Categoría H: Servicios $522.706,68 | Bienes $317.895,01.
  • Categoría I: Servicios $963.747,86 | Bienes $474.992,78.
  • Categoría J: Servicios $1.167.299,76 | Bienes $580.793,69.
  • Categoría K: Servicios $1.614.446,04 | Bienes $702.103,24.

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Becas Progresar: cómo reclamar si la solicitud fue rechazada por motivos académicos

Capital Humano aclaró cómo reclamar rechazos académicos de Becas Progresar Superior. El trámite es online, permite corregir datos y debe hacerse antes del 3 de julio.

El Ministerio de Capital Humano informó cómo deben reclamar los estudiantes cuya solicitud de Becas Progresar Superior fue rechazada por motivos académicos. La aclaración llega en medio de la espera de miles de postulantes que aún no recibieron una respuesta oficial y que, en caso de haber sido rechazados por errores en la información académica, todavía pueden pedir una revisión. El trámite debe realizarse de manera virtual y antes del 3 de julio de 2026.

Según explicó la cartera, la instancia de reclamos está dirigida exclusivamente a quienes recibieron un rechazo por inconsistencias en la carrera declarada, las materias informadas o la certificación académica realizada por la institución educativa. Una vez enviado el reclamo, la solicitud vuelve a revisión, aunque la decisión final queda en manos de la Secretaría de Educación.

Para iniciar el proceso, el estudiante debe ingresar al portal de Becas Progresar con su usuario de Mi Argentina, acceder a la sección “Mis solicitudes” y seleccionar el botón azul “Reclamo académico”. Allí podrá revisar y corregir la información vinculada a su carrera o a las materias cursadas. Tras confirmar el trámite, el estado de la solicitud debería cambiar a “En reclamo”. Si esto no ocurre, se recomienda verificar nuevamente el procedimiento antes del cierre del plazo.

Capital Humano recordó que la presentación del reclamo es solo el primer paso. Luego, la universidad o instituto donde cursa el estudiante deberá ingresar al sistema para certificar la información actualizada. Recién después de esa validación, la Secretaría de Educación volverá a evaluar la inscripción.

Ante las consultas, se aclaró además que el reclamo solo puede realizarse de manera online y no es posible gestionarlo en oficinas de Anses, ya que el organismo previsional no interviene en esta instancia del programa.

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