El BCRA habilitó un nuevo mecanismo para cobrar deudas impagas, pero aclaró que no habrá débitos automáticos sin consentimiento y que ciertos fondos quedan excluidos del sistema.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha este lunes el nuevo sistema de Cobros por Transferencia, un mecanismo que habilita a bancos y fintech a debitar automáticamente cuotas impagas de préstamos de consumo. La medida apunta a reducir la morosidad en el sector financiero, aunque incorpora una serie de límites y condiciones para garantizar la protección de los usuarios.

El sistema no permite extracciones indiscriminadas ni habilita a las entidades a revisar todas las cuentas del cliente. Para que el débito pueda ejecutarse, el usuario debe haber otorgado una autorización previa, expresa y revocable, y el cobro solo puede realizarse sobre la misma cuenta donde se acreditó originalmente el préstamo. De esta manera, el BCRA busca evitar prácticas abusivas y preservar la trazabilidad del crédito.

La normativa establece parámetros estrictos para el funcionamiento del sistema. Las cuotas deben ser fijas y no pueden superar el 30% de los ingresos declarados por el cliente. Además, las entidades están obligadas a notificar con un día de anticipación cada intento de cobro, y el mecanismo contempla un esquema de tres intentos: uno inicial y dos reintentos automáticos a las 48 y 96 horas.

Los cambios que propone el Gobierno en la Carta Orgánica del Banco Central

Otro punto central es la protección de determinados fondos. El débito no puede aplicarse sobre cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión, ni sobre saldos destinados a la compra de dólar MEP, que quedan excluidos del sistema. Tampoco se permite el cobro de intereses moratorios mediante esta vía, lo que evita que el mecanismo se convierta en una herramienta de presión financiera.

Si bien las entidades financieras solicitaron postergar la implementación, el Banco Central ratificó la fecha límite y exigió que bancos y billeteras digitales adapten su infraestructura tecnológica. No obstante, el uso del sistema en cada crédito quedará a criterio de cada institución, que podrá decidir si activa o no el mecanismo en función de su política comercial y del perfil del cliente.

Con esta medida, el BCRA busca equilibrar la necesidad de reducir la morosidad con la obligación de proteger a los usuarios, estableciendo un esquema de cobro automatizado pero regulado, que evita extracciones sorpresivas y garantiza transparencia en cada operación.

Sin acuerdo entre gremios y empresarios, el Gobierno definirá el nuevo salario mínimo. La CGT pidió $911.000 y los empleadores ofrecieron $400.000.

La reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) realizada este viernes terminó sin acuerdo entre los representantes sindicales, empresariales y del Estado, por lo que el Gobierno nacional será quien defina por resolución el nuevo monto del salario mínimo. La falta de consenso volvió a repetirse, tal como ocurrió en las últimas convocatorias.

Durante el encuentro, la CGT planteó la necesidad de fijar un piso de $911.000, mientras que el sector empresario ofreció $400.000, una cifra muy por debajo de la propuesta sindical. Ante la distancia entre ambas posiciones, la negociación quedó trunca y el Gobierno deberá establecer el nuevo valor.

Actualmente, el salario mínimo es de $376.600, monto que surge del cronograma de aumentos acordado en noviembre de 2025. Este valor funciona como referencia para remuneraciones básicas y también para la actualización de programas sociales, subsidios y prestaciones.

La CGT desafía a Milei con un paro general en medio de tensiones internas y presión oficial

Aunque el tema no estuvo formalmente en la agenda, la discusión se dio en medio de la intención del Gobierno de que los salarios mínimos de bolsillo se acerquen a los $800.000, lo que implicaría un bruto cercano a $1.100.000. La Secretaría de Trabajo había dejado trascender esta meta en las horas previas al encuentro.

Una reunión virtual y con tensiones previas

El Consejo volvió a sesionar de manera virtual, pese al pedido de la CGT de retomar la presencialidad. El Gobierno no accedió al reclamo y mantuvo el formato por Zoom.

Participaron representantes de la UIA, la CAC, la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y asesores técnicos de todas las organizaciones.

Críticas de ATE

Tras el fracaso de la negociación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó duramente el proceso y la postura empresarial. Señaló que los empleadores propusieron aumentos de apenas 1,8% para septiembre y 1,7% para octubre, y afirmó que “este Gobierno terminó convirtiendo al salario mínimo en un subsidio”.

Aguiar sostuvo que el Consejo “debiera ser la paritaria de los que no tienen paritarias”, pero que hoy “deja desprotegidos al 40% de los trabajadores”. También calificó al SMVM como “de indigencia” y criticó que el organismo “se reúne solo para convalidar lo que los grandes empresarios ya acordaron con el Gobierno”.

Qué viene ahora

Con el fracaso del diálogo, el Gobierno deberá fijar el nuevo salario mínimo mediante resolución administrativa. La definición será clave para actualizar programas sociales y para el impacto en los ingresos de trabajadores no registrados o con convenios que toman el SMVM como referencia.

El Gobierno definió una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad en una reunión encabezada por Karina Milei. También ajustó su agenda legislativa.

El Gobierno nacional se encamina a anunciar una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, luego de una reunión de alto voltaje político en la Casa Rosada encabezada por Karina Milei, figura central de la mesa chica del oficialismo. El encuentro, realizado en Balcarce 50, sirvió para ajustar los detalles finales de una medida largamente reclamada por el sector militar y federal, cuyos haberes quedaron rezagados tras meses de inflación y postergaciones administrativas.

La decisión se tomó en una reunión que reunió a parte del núcleo duro del Ejecutivo: el jefe de Gabinete Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo, los dirigentes Martín y Lule Menem, el vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt, el secretario de Comunicación Fabián Fernández y la senadora Patricia Bullrich, quien luego se trasladó al Congreso para actividades parlamentarias. La presencia de estos actores confirma que el aumento salarial forma parte de una estrategia política más amplia, que busca recomponer ingresos en sectores sensibles mientras se ordena la agenda legislativa.

El atraso salarial en las tres armas y en las fuerzas federales dependientes del Ministerio de Seguridad conducido por Alejandra Monteoliva se convirtió en uno de los temas más urgentes para el Gobierno. La suspensión de las cuotas de jerarquización a principios de año y la escalada inflacionaria empujaron a muchos efectivos a buscar pluriempleo para sostener sus ingresos. Según fuentes oficiales, el anuncio se concretará en los próximos días y complementará medidas previas como la ampliación de suplementos por título universitario y bonificaciones extraordinarias.

Confirman refuerzo salarial para fuerzas armadas y de seguridad: quiénes lo cobrarán

Para afinar los aspectos presupuestarios, el ministro de Defensa Carlos Presti mantuvo una reunión técnica con el equipo de Santiago Caputo en el salón Martín Fierro, donde se evaluaron los costos y el impacto fiscal de la recomposición.

Mientras tanto, el oficialismo también avanzó en la definición de su agenda legislativa inmediata, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central como prioridad absoluta para el presidente Javier Milei. La sesión del 26 de agosto en Diputados incluirá cinco proyectos considerados estratégicos por la Casa Rosada, la reforma del BCRA, el proyecto de Inocencia Fiscal II, el acuerdo de libre comercio MERCOSUR–Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en Patentes (PCT) y la reducción del IVA para la fécula y harina de mandioca.

La dinámica de la mesa política también incorporará la presencia rotativa de ministros para respaldar las reformas sectoriales. En esta oportunidad no participó la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien se sumará al próximo encuentro para abordar políticas de educación y trabajo. La modalidad ya se aplicó en reuniones anteriores con Federico Sturzenegger, encargado de la agenda de desregulación del Estado.

Con el aumento salarial en preparación y una agenda legislativa cargada, el Gobierno busca mostrar orden interno y capacidad de respuesta en áreas clave, en un contexto económico y político que exige señales claras hacia dentro y fuera del oficialismo.