Los disturbios se extendieron por París, Marsella, Lyon y otras ciudades, con ataques a edificios públicos y daños millonarios. La tensión política crece mientras Macron prepara un mensaje a la nación.

Francia atraviesa una de las jornadas más violentas de su historia reciente tras los disturbios que sacudieron París y varias ciudades del país. El saldo provisional es contundente: 2.000 detenidos, más de 600 policías heridos y alrededor de 1.500 comercios saqueados o destruidos. Las imágenes que dejaron las protestas muestran calles arrasadas, vehículos incendiados y edificios públicos atacados, en un escenario que desbordó por completo a las fuerzas de seguridad.

En París, donde se concentró la mayor parte de los incidentes, se registraron 855 arrestos, una cifra inédita para una sola jornada. La plaza de la República, epicentro de los enfrentamientos, amaneció cubierta de escombros y restos de incendios. Autoridades locales describieron la situación como un nivel de violencia sin precedentes, incluso superior al de las protestas de los chalecos amarillos en 2018.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en Limoges, donde el histórico Ayuntamiento del siglo XIX fue incendiado y sufrió daños estructurales irreparables. En Marsella, Lille y Lyon también se registraron ataques contra edificios públicos, mientras que en esta última ciudad las llamas alcanzaron la oficina de turismo. La violencia se extendió a zonas comerciales, con intentos de saqueo en grandes tiendas como las Galerías Lafayette.

La izquierda sorprende en Francia y derrota a la ultraderecha de Le Pen

El Gobierno francés enfrenta fuertes críticas por la falta de previsión ante una movilización que, según los sindicatos, reunió a unas 800.000 personas en todo el país. Aunque las manifestaciones incluían reclamos por el costo de vida, el precio de la gasolina y el deterioro del sistema educativo, los disturbios terminaron eclipsando las demandas sociales. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, quedó en el centro de las acusaciones por no haber desplegado un operativo acorde a la magnitud de los hechos.

La respuesta oficial se intensificó durante el domingo. El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó una célula de crisis para evaluar los daños y anunció reuniones con los alcaldes de las ciudades más afectadas. El Gobierno atribuyó los ataques a grupos de ultraizquierda radicalizados, aunque la oposición cuestionó esa interpretación y responsabilizó al Ejecutivo por la falta de control.

La crisis también reavivó tensiones políticas en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones presidenciales. Marine Le Pen acusó a Jean-Luc Mélenchon de incitar el caos, mientras que el líder de La Francia Insumisa responsabilizó a la policía por la escalada de violencia. El intercambio de acusaciones se trasladó a las redes sociales, donde ambos dirigentes profundizaron la confrontación. Jordan Bardella, figura ascendente de la extrema derecha, aprovechó la situación para reforzar su discurso de orden y seguridad.

El presidente Emmanuel Macron tiene previsto dirigirse a la nación, en un intento por contener el impacto político y social de una crisis que dejó al país en estado de shock. Con daños millonarios, cientos de heridos y un clima de tensión generalizada, Francia enfrenta una de las pruebas más complejas de los últimos años, en un momento en que la estabilidad institucional se vuelve un desafío urgente.

Reuters

Con apenas 76 días para el final del mandato de António Guterres, la ONU enfrenta un escenario de parálisis institucional marcado por tensiones entre Washington y Beijing y disputas históricas entre potencias.

El proceso para elegir al próximo secretario general de las Naciones Unidas volvió a quedar estancado. En su sexta ronda de votación secreta, el Consejo de Seguridad no logró alcanzar el consenso necesario para avanzar con una designación, profundizando un escenario de bloqueo diplomático que refleja la tensión entre las principales potencias globales.

En esta instancia, los tres postulantes con mayor respaldo Rebeca Grynspan, Carolyn Rodrigues-Birkett y Rafael Grossi volvieron a quedar fuera de carrera debido a vetos cruzados emitidos por los miembros permanentes del Consejo. Aunque cada uno reunió apoyos significativos, los rechazos provenientes de Estados Unidos, China, Rusia, Francia o Reino Unido resultaron determinantes para impedir cualquier avance.

La sesión introdujo un cambio clave en el mecanismo de votación: por primera vez, los sufragios de los miembros permanentes se emitieron mediante boletas rojas, mientras que los no permanentes utilizaron boletas blancas. Este sistema permitió identificar con precisión el origen de los vetos, algo que en las rondas anteriores permanecía oculto. El nuevo esquema dejó en evidencia que Grynspan y Rodrigues-Birkett contaron con tres apoyos de miembros permanentes cada una, mientras que Grossi obtuvo dos, aunque todos quedaron bloqueados por vetos simultáneos.

El trasfondo político de esta parálisis es la falta de acuerdo entre Washington y Beijing. La administración estadounidense respalda la candidatura de Grossi, mientras que China y Rusia promueven la elección de una mujer, en línea con reclamos históricos del Sur Global y con la posición expresada por los países BRICS, que han señalado la ausencia de mujeres en la conducción de la ONU y la escasa representación de regiones como América Latina, el Caribe y África.

En este contexto, cada candidatura enfrenta obstáculos específicos. Grynspan aparece como la opción preferida de China y Rusia, mientras que Rodrigues-Birkett mantiene afinidades políticas que la acercan a esos mismos actores, pero que generan un rechazo automático por parte de Estados Unidos. Grossi, por su parte, cuenta con el apoyo de Washington, Francia y Reino Unido, aunque su postulación se ve afectada por la histórica disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, lo que condiciona la posición británica.

Con los tres principales aspirantes bloqueados, el proceso quedó en un punto muerto. Ninguno posee margen político para revertir los vetos que pesan sobre su nombre y la resolución del conflicto depende exclusivamente de un entendimiento entre Estados Unidos y China. Sin un acuerdo entre ambas potencias, la ONU continuará sin un candidato viable cuando restan apenas 76 días para que concluya el mandato de António Guterres.

La incertidumbre se profundiza en un momento en que la organización enfrenta desafíos globales crecientes y necesita definir rápidamente su liderazgo para evitar una crisis institucional de mayor escala.

Pedro Sánchez adelantó las elecciones al 29 de noviembre tras la crisis de vivienda. UGT y CCOO anunciaron un paro general por salarios y acceso a la vivienda.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre tras el rechazo en el Congreso de dos decretos ley sobre vivienda y en medio de protestas masivas por la crisis de los desalojos. “Es hora de que los españoles decidan qué futuro quieren”, afirmó desde la escalinata de La Moncloa, luego de comunicar su decisión al rey Felipe VI y convocar un Consejo de Ministros extraordinario para disolver las Cortes y formalizar la convocatoria electoral.

La decisión se produjo después de que el Congreso rechazara las iniciativas del Ejecutivo para enfrentar la crisis habitacional, que incluían la prórroga automática de contratos de alquiler y la restricción de desalojos para inquilinos vulnerables. Los decretos fueron desestimados por el Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya, PNV, UPN y Coalición Canaria, pese a las negociaciones de última hora del Gobierno para sumar apoyos.

Tras la derrota parlamentaria, Sánchez abrió un periodo de reflexión y mantuvo conversaciones con ministros y dirigentes del PSOE para evaluar si agotaba la legislatura o devolvía la palabra a los ciudadanos. Finalmente, planteó la convocatoria como una elección sobre el rumbo del país, advirtiendo que los votantes deberán decidir si España se suma a lo que definió como una “ola de extrema derecha” o continúa por un camino de “apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental”. Sostuvo que para profundizar las reformas es necesario “renovar y ampliar el apoyo del pueblo” y apuntó a conseguir una mayoría más amplia y progresista en el Parlamento.

Tragedia ferroviaria en España: 21 muertos tras el choque de dos trenes de alta velocidad

El adelanto electoral se da en un contexto de fuerte presión social por el costo de la vivienda, con miles de personas movilizadas en Madrid y otras ciudades para exigir medidas más contundentes. La crisis habitacional se convirtió en uno de los principales detonantes del rechazo legislativo y del desgaste político del Gobierno. En paralelo, las centrales sindicales UGT y Comisiones Obreras anunciaron una huelga general de 24 horas para el otoño boreal, en reclamo de salarios que permitan acceder a una vivienda digna. La convocatoria responde también a la petición del Sindicato de Inquilinas, que había reclamado una movilización nacional ante el aumento de los alquileres y el estancamiento de los sueldos.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó que “es el momento de una respuesta social” y vinculó la protesta al encarecimiento de la vivienda y la falta de avances en las negociaciones con la patronal. En una crítica directa a la CEOE, sostuvo que “la vivienda es cara porque los salarios se bloquean” y que no existe margen para acordar mejoras sociales. Con este escenario, España ingresa en una campaña electoral atravesada por tensiones económicas, protestas callejeras y un debate profundo sobre el modelo social que deberá definir el próximo Gobierno.