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Rechazaron la denuncia de Arrieta contra diputados libertarios y le quitaron la custodia policial

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, desestimó hoy la denuncia que la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó contra quienes fueron sus compañeros en el bloque de “La Libertad Avanza” (LLA). Su denuncia fue por presuntas presiones y hostigamientos después de la visita de julio pasado a genocidas de la última dictadura militar en la cárcel federal de Ezeiza.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, Kreplak compartió el criterio de los fiscales federales Sergio Mola y Diego Iglesias que había pedido desestimar la denuncia porque no había ningún delito para investigar. “Los entretelones de la gestión de una visita oficial de distintos legisladores que son representantes del pueblo, con medios públicos a un lugar público, deben ser dirimidos en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario y canalizados ante las autoridades pertinentes”, resolvió el magistrado.

Sin embargo, el juez no solo desestimó la denuncia de Arrieta sino que le quitó el rol de querellante en la causa -actuaba como acusadora privada- y la custodia policial que había ordenado al inicio del expediente. Esa decisión se basó en que al rechazarse un posible delito no se justifica mantener esas medidas. El magistrado sí puso en conocimiento a la Cámara de Diputado del fallo para que tome las medidas de seguridad que considere necesarias.

Cabe recordar que la causa se inició luego que se hizo pública la visita que un grupo de diputados del bloque de LLA hicieron el 11 de julio pasado a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la cárcel federal de Ezeiza. Estuvieron con Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) y Raúl Antonio Guglielminetti. El caso se hizo público y generó polémica en el país, ya que derivó en iniciativas que el bloque oficialista buscaba presentar para beneficiar con prisiones domiciliarias a los condenados.

Luego, Arrieta declaró públicamente tras la visita que desconocía a las personas que había visitado en la cárcel y que no sabía quién era Astiz porque había nacido en 1993. Inclusive, en una sesión de la Cámara de Diputados, llevó el libro “Nunca Más”. También dio a conocer en cuenta de la red social X los chats de los grupos de WhatsApp de los diputados de LLA que mostraban cómo se organizó la visita y los proyectos para beneficiar a los genocidas. Por esa interna, Arrieta se fue bloque del partido del presidente de la Nación, Javier Milei.

Primero se inició una causa para determinar si se violó el reglamento de visitas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y luego Arrieta presentó otra. Fue por los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos contra el SPF y los diputados de la LLA que organizaron la visita.

En ese marco, la diputada denunció que sufrió “un minucioso trabajo de manipulación”, ya que entendió que los grupos de WhatsApp y la visita a los genocidas eran “para mejorar las condiciones de detención de personas mayores” y no para beneficiar a los represores. Sostuvo que recibió presiones y hostigamiento. Sin embargo, la Fiscalía entendió que no había ningún delito para investigar y pidieron desestimar la denuncia.

“Los hechos que describe la querellante, a los cuales pretende atribuirle un significado delictivo, se aprecian como las consecuencias de una actividad política propia de esa parte. El análisis de los hechos impone considerar que la aquí querellante, en su rol institucional, adoptó un posicionamiento político frente a una cuestión sensible y relevante para nuestro país como es juzgamiento de responsables de crímenes de lesa humanidad, se asoció en términos políticos con otras personas que tenían una mirada similar y participó de actividades concretas en ese sentido”, señaló Iglesias en su dictamen.

De esta manera, el juez compartió el criterio de que en el hecho denunciado no había un posible delito para investigar. “La intervención del Poder Judicial en asuntos que resultan ajenos a su misión constitucional, no sólo desnaturaliza su función sino que, además, perjudica el normal funcionamiento de los demás Poderes Constituidos de la República”, apuntó Kreplak.

Y agregó al desestimar la causa: “Los intercambios entre los legisladores que se produzcan al interior de dicho órgano constitucional, que no trasciendan el límite de lo prohibido penalmente, forman parte de la dinámica propia de la deliberación parlamentaria y su judicialización no resulta ser la vía aconsejable para su resolución”.

De todos modos, al expediente le queda un tramo abierto. Y es para determinar si se violaron los reglamentos del SPF en la visita. De hecho la Justicia hizo un procedimiento en la cárcel de Ezeiza en el que retiró documentación. Sobre esa investigación, el juez aceptó como querellantes a Carlos Pisoni y Virginia Franco, víctimas de delitos de lesa humanidad.

Junto con la desestimación de la denuncia, Lourdes Arrieta fue apartada de rol de querellante que tenía en la causa. “Descartada la hipótesis criminal según la cual la denunciante revestía condición de presunta víctima, resulta ajustado apartarla del rol de querellante en el presente proceso”, detalló el magistrado. La misma decisión tomó respecto a la custodia que tenía la diputada y su familia que se le había asignado al inicio de la causa por posibles hostigamientos que pudieron sufrir.

“Corresponde disponer el cese de la custodia policial que le fuera concedida, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación lo que aquí se resuelve, con el objeto de que se encuentre en condiciones de adoptar, de entenderlo correspondiente, las medidas de seguridad que estimen convenientes para el resguardo de los miembros que componen ese cuerpo legislativo”, concluyó al respecto Kreplak.

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Argentina reafirma su reclamo: Milei insiste en recuperar Malvinas por la vía diplomática

El presidente Javier Milei afirmó que la Argentina busca recuperar las islas Malvinas por la vía diplomática y descartó cualquier salida bélica. Sostuvo que el Gobierno trabaja en una política de Estado para avanzar en el reclamo de soberanía.

El presidente Javier Milei afirmó que su Gobierno trabaja en una estrategia exclusivamente diplomática para avanzar en el reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. El mandatario descartó de manera terminante cualquier posibilidad de conflicto bélico y sostuvo que la política oficial apunta a consolidar una posición de Estado en torno a la cuestión.

Durante una entrevista con el periodista Darius Rochebin, del medio francés LCI, Milei fue categórico al rechazar una salida militar. “Nada de guerra. No hablamos en absoluto de guerra. Hablamos de recuperar esas islas por la vía diplomática”, expresó, al tiempo que reiteró que “las Malvinas son argentinas”, fundamentando el reclamo en razones “históricas, técnicas y geográficas”.

Milei y Fujimori mantuvieron un encuentro bilateral previo a la ceremonia de traspaso

El Presidente señaló que su administración trabaja en una línea de acción sostenida para reforzar la postura argentina en los ámbitos internacionales y avanzar en una política de Estado que trascienda gestiones y coyunturas. La reivindicación de soberanía sobre las islas es un punto central de la agenda diplomática argentina desde hace décadas y, según Milei, debe sostenerse con herramientas institucionales y diálogo con la comunidad internacional.

La entrevista se produjo en el marco de una serie de definiciones políticas que el Gobierno busca instalar en la escena internacional, con el objetivo de reafirmar la posición argentina en torno a la disputa con el Reino Unido. La Casa Rosada insiste en que la recuperación de las islas debe darse por medios pacíficos, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas que instan a ambas partes a retomar negociaciones.

NA

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Senado aprobó la Ley Inocencia Fiscal II para incentivar el ingreso de dólares al sistema financiero

El Senado aprobó la Ley Inocencia Fiscal II con 44 votos a favor. La norma busca captar dólares fuera del sistema financiero, redefine discrepancias fiscales y excluye a funcionarios públicos del régimen simplificado.

El Senado de la Nación aprobó la Ley Inocencia Fiscal II, una iniciativa central para el Gobierno Nacional que busca incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que los contribuyentes mantienen fuera del circuito formal. La votación terminó con 44 votos a favor y 23 en contra, con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y bloques provinciales, lo que permitió al oficialismo avanzar en una norma clave dentro de su agenda económica.

La sanción del proyecto representa un triunfo legislativo para el oficialismo, que logró recuperar iniciativa parlamentaria tras semanas de tensiones políticas. Sin embargo, debió aceptar la incorporación del debate sobre biocombustibles para garantizar el acompañamiento de sus aliados.

La reforma elimina las restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, que hasta ahora solo permitía la adhesión de contribuyentes con un patrimonio menor a 10.000 millones de pesos. La nueva ley amplía ese universo, aunque establece una prohibición estricta: legisladores, jueces, ministros, el Presidente de la Nación y cualquier funcionario público incluidos quienes hayan ocupado cargos en los últimos cinco años no podrán acceder a los beneficios del régimen simplificado.

Otro punto relevante es la redefinición del concepto de “discrepancia significativa”, que determina cuándo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada. Según la nueva norma, se considerará significativa toda diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Patricia Bullrich retiró el capítulo de tierras para evitar un revés legislativo en el Senado

El debate estuvo marcado por fuertes cruces políticos. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sostuvo que la falta de confianza en el Estado llevó a los ciudadanos a sacar sus ahorros del circuito financiero y afirmó que Argentina y Rusia son los países con más dólares fuera del sistema formal. “El enemigo de los ahorristas ha sido el Estado”, expresó, al justificar la necesidad de un régimen que incentive la regularización.

Desde el peronismo, el senador José Mayans calificó la reforma como “un desastre” y la vinculó con beneficios para evasores y narcotráfico. También cuestionó que la ley, según su interpretación, favorecería a personas cercanas al oficialismo.

El debate fue abierto por el senador libertario Bruno Olivera Lucero, quien defendió la iniciativa señalando que busca terminar con la presunción de culpabilidad sobre los contribuyentes. En tanto, el senador peronista Fernando Salino pidió ampliar las restricciones del régimen simplificado a todas las “personas políticamente expuestas”.

La sesión comenzó a las 11:23 con quórum estricto aportado por LLA, UCR, PRO y bloques provinciales. Antes del tratamiento del proyecto, se sucedieron diversas cuestiones de privilegio, entre ellas críticas del peronismo al presidente del Banco Central, Santiago Bausille, por el destino del oro de las reservas, y reclamos del radical Maximiliano Abad para convocar a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional.

Tras el debate, el Senado avanzó también en el tratamiento de pliegos judiciales y la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires.

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La Armada presentó en Ushuaia los detalles del proyecto estratégico para el Atlántico Sur

Quirno y Presti visitaron Ushuaia para evaluar el predio de la Base Naval Integrada y reunirse con el gobernador Melella en medio de la tensión por Malvinas.

En medio de la agenda estratégica vinculada al Atlántico Sur y a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita de trabajo a Ushuaia, donde recorrieron el predio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada, una infraestructura considerada clave para el posicionamiento del país en el extremo austral.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la obra, proyectada como un polo estratégico para operaciones en el Atlántico Sur y para la proyección argentina hacia la Antártida.

Como parte de la agenda institucional, Quirno y Presti mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación. Allí abordaron los avances del proyecto y la articulación entre Nación y provincia para su ejecución. Melella expresó su respaldo a la iniciativa y destacó que la Base Naval Integrada es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”, en conjunto con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

El gobernador también subrayó la importancia de sostener un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y recordó el acompañamiento institucional de la provincia en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

Posteriormente, los funcionarios nacionales se trasladaron al predio donde se levantará la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición técnica a cargo de la Armada Argentina. Durante la presentación se detallaron las principales características del proyecto, su alcance operativo y su rol en la estrategia nacional para la defensa de los activos estratégicos y la presencia argentina en la región austral.

Quirno destacó que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida y la revalorización de los recursos estratégicos del país.

La Base Naval Integrada está concebida como un polo logístico y operativo que permitirá fortalecer la presencia argentina en el extremo austral, mejorar las capacidades de apoyo a las campañas antárticas y potenciar el desarrollo de actividades científicas en la región. Su construcción representa un paso significativo en la consolidación de una infraestructura estratégica que articula defensa, ciencia y política exterior.

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