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Rechazaron la denuncia de Arrieta contra diputados libertarios y le quitaron la custodia policial

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, desestimó hoy la denuncia que la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó contra quienes fueron sus compañeros en el bloque de “La Libertad Avanza” (LLA). Su denuncia fue por presuntas presiones y hostigamientos después de la visita de julio pasado a genocidas de la última dictadura militar en la cárcel federal de Ezeiza.

Según revelaron fuentes judiciales a Infobae, Kreplak compartió el criterio de los fiscales federales Sergio Mola y Diego Iglesias que había pedido desestimar la denuncia porque no había ningún delito para investigar. “Los entretelones de la gestión de una visita oficial de distintos legisladores que son representantes del pueblo, con medios públicos a un lugar público, deben ser dirimidos en los ámbitos correspondientes al debate parlamentario y canalizados ante las autoridades pertinentes”, resolvió el magistrado.

Sin embargo, el juez no solo desestimó la denuncia de Arrieta sino que le quitó el rol de querellante en la causa -actuaba como acusadora privada- y la custodia policial que había ordenado al inicio del expediente. Esa decisión se basó en que al rechazarse un posible delito no se justifica mantener esas medidas. El magistrado sí puso en conocimiento a la Cámara de Diputado del fallo para que tome las medidas de seguridad que considere necesarias.

Cabe recordar que la causa se inició luego que se hizo pública la visita que un grupo de diputados del bloque de LLA hicieron el 11 de julio pasado a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura en la cárcel federal de Ezeiza. Estuvieron con Alfredo Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda Tigel, Carlos Guillermo Suárez Mason (hijo) y Raúl Antonio Guglielminetti. El caso se hizo público y generó polémica en el país, ya que derivó en iniciativas que el bloque oficialista buscaba presentar para beneficiar con prisiones domiciliarias a los condenados.

Luego, Arrieta declaró públicamente tras la visita que desconocía a las personas que había visitado en la cárcel y que no sabía quién era Astiz porque había nacido en 1993. Inclusive, en una sesión de la Cámara de Diputados, llevó el libro “Nunca Más”. También dio a conocer en cuenta de la red social X los chats de los grupos de WhatsApp de los diputados de LLA que mostraban cómo se organizó la visita y los proyectos para beneficiar a los genocidas. Por esa interna, Arrieta se fue bloque del partido del presidente de la Nación, Javier Milei.

Primero se inició una causa para determinar si se violó el reglamento de visitas del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y luego Arrieta presentó otra. Fue por los delitos de coacción agravada, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, conspiración y malversación de caudales públicos contra el SPF y los diputados de la LLA que organizaron la visita.

En ese marco, la diputada denunció que sufrió “un minucioso trabajo de manipulación”, ya que entendió que los grupos de WhatsApp y la visita a los genocidas eran “para mejorar las condiciones de detención de personas mayores” y no para beneficiar a los represores. Sostuvo que recibió presiones y hostigamiento. Sin embargo, la Fiscalía entendió que no había ningún delito para investigar y pidieron desestimar la denuncia.

“Los hechos que describe la querellante, a los cuales pretende atribuirle un significado delictivo, se aprecian como las consecuencias de una actividad política propia de esa parte. El análisis de los hechos impone considerar que la aquí querellante, en su rol institucional, adoptó un posicionamiento político frente a una cuestión sensible y relevante para nuestro país como es juzgamiento de responsables de crímenes de lesa humanidad, se asoció en términos políticos con otras personas que tenían una mirada similar y participó de actividades concretas en ese sentido”, señaló Iglesias en su dictamen.

De esta manera, el juez compartió el criterio de que en el hecho denunciado no había un posible delito para investigar. “La intervención del Poder Judicial en asuntos que resultan ajenos a su misión constitucional, no sólo desnaturaliza su función sino que, además, perjudica el normal funcionamiento de los demás Poderes Constituidos de la República”, apuntó Kreplak.

Y agregó al desestimar la causa: “Los intercambios entre los legisladores que se produzcan al interior de dicho órgano constitucional, que no trasciendan el límite de lo prohibido penalmente, forman parte de la dinámica propia de la deliberación parlamentaria y su judicialización no resulta ser la vía aconsejable para su resolución”.

De todos modos, al expediente le queda un tramo abierto. Y es para determinar si se violaron los reglamentos del SPF en la visita. De hecho la Justicia hizo un procedimiento en la cárcel de Ezeiza en el que retiró documentación. Sobre esa investigación, el juez aceptó como querellantes a Carlos Pisoni y Virginia Franco, víctimas de delitos de lesa humanidad.

Junto con la desestimación de la denuncia, Lourdes Arrieta fue apartada de rol de querellante que tenía en la causa. “Descartada la hipótesis criminal según la cual la denunciante revestía condición de presunta víctima, resulta ajustado apartarla del rol de querellante en el presente proceso”, detalló el magistrado. La misma decisión tomó respecto a la custodia que tenía la diputada y su familia que se le había asignado al inicio de la causa por posibles hostigamientos que pudieron sufrir.

“Corresponde disponer el cese de la custodia policial que le fuera concedida, sin perjuicio de poner en conocimiento de las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación lo que aquí se resuelve, con el objeto de que se encuentre en condiciones de adoptar, de entenderlo correspondiente, las medidas de seguridad que estimen convenientes para el resguardo de los miembros que componen ese cuerpo legislativo”, concluyó al respecto Kreplak.

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Adorni defendió su patrimonio y descartó renunciar en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesó una extensa y tensa jornada en la Cámara de Diputados, donde brindó su informe de gestión en medio de cuestionamientos de la oposición, pedidos de renuncia y acusaciones vinculadas a su patrimonio personal.

Durante casi siete horas de exposición, el funcionario defendió su actuación, negó irregularidades y aseguró que demostrará en la Justicia que no cometió delitos.

Adorni afirmó que todos los viajes realizados junto a su familia incluidos destinos como Punta del Este y Aruba fueron costeados con recursos propios. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, señaló, y agregó que no existió financiamiento de terceros ni obsequios. También sostuvo que en cada salida del país intervinieron los organismos correspondientes, como Migraciones, Aduana y la PSA.

El jefe de Gabinete cuestionó que se intentara equiparar su vida privada con actos de gobierno y remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago” vinculado a sus viajes personales. Consideró que las acusaciones sobre un supuesto financiamiento externo son “tendenciosas” y que buscan instalar una hipótesis incorrecta.

En relación con su patrimonio, Adorni aseguró haber cumplido con todas las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y recordó que aún no venció el plazo para presentar su última declaración jurada. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, afirmó, y reiteró que acompañó toda la documentación requerida por la normativa vigente.

El funcionario también se refirió a la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Estados Unidos. Explicó que la Justicia determinó que ella viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y que regresó por su cuenta en un vuelo comercial.

En el tramo final de su intervención, Adorni sostuvo que no obstruirá ninguna investigación judicial y que demostrará su inocencia. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, concluyó.

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Adorni negó irregularidades y afirmó que “no cometió ningún delito” ante Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados con una defensa pública de su situación patrimonial y de los viajes personales que generaron cuestionamientos en las últimas semanas. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó al finalizar su exposición, que se extendió más de lo previsto y contó con la presencia del presidente Javier Milei y miembros del gabinete.

Adorni dedicó la mayor parte de su intervención a repasar los lineamientos y resultados que atribuyó a la gestión nacional. Sin embargo, en el tramo final abordó los señalamientos vinculados a sus viajes al exterior y a la adquisición de propiedades que no figuraban en declaraciones juradas previas.

El funcionario sostuvo que existe una confusión entre “gasto privado y gasto público” y remarcó que “el Estado nacional no registra ningún costo de mis viajes personales”. Aseguró que él mismo afrontó los gastos de los viajes realizados con su familia y que no se trató de obsequios ni financiamiento de terceros.

Respecto de su patrimonio, Adorni afirmó que cumplió con la presentación de sus declaraciones juradas y anticipó que la correspondiente a 2025 será presentada dentro del plazo legal, sugiriendo que allí se verán reflejados los bienes adquiridos recientemente. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, expresó.

También negó haber intervenido en contrataciones vinculadas al periodista Marcelo Grandío o a la empresa IMHouse SA, y rechazó que existieran vínculos contractuales entre el Estado y la empresa +BE, perteneciente a su esposa. “Han sacado conclusiones equivocadas”, señaló.

El jefe de Gabinete celebró además el archivo de la causa federal por el viaje en el que su esposa utilizó el avión presidencial, aunque aclaró que ese no era el eje central de las acusaciones. Su exposición se dio en un contexto de creciente atención pública sobre su situación patrimonial y sobre los mecanismos de control de las declaraciones juradas de los funcionarios.

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Sturzenegger anunció seis nuevas reformas y defendió el rumbo económico en Expo EFI

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en la Expo EFI y defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, al tiempo que anunció un paquete de seis nuevas reformas que su cartera enviará al Congreso en las próximas semanas.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que existen sectores que “sienten que la economía está mal”, pero afirmó que la evaluación debe hacerse “viendo los datos” y no a partir de percepciones.

En su presentación ante empresarios, Sturzenegger repasó los proyectos que impulsa su ministerio. El primero es la denominada “ley hojarasca”, que según explicó ya cuenta con dictamen en Diputados y propone la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas. También adelantó un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones, desalojos, la ley de fuego y una derogación parcial de la ley de tierras. Según estimó, estos cambios podrían generar “unos 15 mil millones de dólares en economías regionales”.

El ministro anunció además que el Gobierno enviará un proyecto de desregulación económica que abarcará mercados de capitales y la industria del seguro. En materia logística, anticipó una reforma a la ley de cabotaje, que según su exposición permitiría una reducción significativa de costos operativos.

Otro de los puntos mencionados fue un proyecto de defensa de la competencia, que otorgaría nuevas facultades a la autoridad del área para intervenir sobre regulaciones estatales que, a su criterio, actúan como barreras de entrada y afectan especialmente a las pymes.

Sturzenegger también confirmó que se trabaja en una ley de reforma del Estado, que retomará aspectos de decretos delegados que no prosperaron en 2025, con el objetivo de redefinir competencias y funciones estatales.

En el tramo final de su exposición, el ministro anunció un proyecto para modernizar la ley de sociedades, que incluirá la posibilidad de crear “sociedades de inteligencia artificial”, es decir, estructuras jurídicas integradas exclusivamente por agentes digitales. Según planteó, este tipo de figuras permitiría atraer actividad económica y recaudación impositiva al país.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un contexto de debate sobre el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y su efecto en la actividad económica.

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