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La Junta Electoral frenó el intento de reemplazar a Espert por Santilli en las boletas bonaerenses

BUENOS AIRES. -El organismo desestimó el pedido de reimprimir 14 millones de boletas para reemplazar la imagen de José Luis Espert por la de Diego Santilli, al considerar el planteo “jurídicamente improcedente” y de “imposible cumplimiento material y temporal”.

La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires rechazó este miércoles el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas oficiales utilizadas en la provincia, con el objetivo de sustituir la fotografía de su excandidato José Luis Espert e incluir en su lugar a Diego Santilli. La decisión se adoptó tras una audiencia convocada por el organismo y en la que participaron representantes de las 15 fuerzas políticas que intervendrán en los próximos comicios.

La Junta, integrada por el juez Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, sostuvo que el pedido de reimpresión de 14 millones de boletas únicas resulta material, temporal y jurídicamente inviable, ya que contraviene los plazos y etapas previstos por el Código Electoral Nacional y las acordadas de la Cámara Nacional Electoral.

Durante la audiencia, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, explicó ante los magistrados que el proceso de reimpresión implicaría un gasto estimado en $12.169 millones y un plazo logístico que haría imposible garantizar la distribución en los más de 40 mil establecimientos de votación de la provincia. El funcionario advirtió que autorizar la medida supondría alterar la estructura presupuestaria y operativa de todo el cronograma electoral.

En su resolución, la Junta Electoral destacó que su deber es preservar la estabilidad del proceso electoral y la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas, al tiempo que recordó que “toda decisión debe orientarse a garantizar la inmutabilidad de la oferta electoral ya oficializada”. En esa línea, subrayó que el principio de preclusión que impide retrotraer etapas cumplidas del proceso electoral busca “evitar dilaciones indebidas y preservar la certeza del sufragio”.

El fallo, señala que la renuncia de un candidato no constituye un supuesto de fuerza mayor ni una causa que permita modificar un acto jurisdiccional firme. “Admitir lo contrario supondría subordinar la seguridad del proceso electoral a contingencias internas de los partidos, afectando la estabilidad del sistema y la igualdad ante la ley”, advirtió el tribunal.

Los jueces Ramos Padilla, Kogan y Di Lorenzo recordaron que los plazos del Código Electoral son “perentorios y de orden público”, y su cumplimiento no puede quedar librado a la voluntad de las agrupaciones ni de las autoridades administrativas. De lo contrario —advirtieron—, se abriría la puerta a una cadena de reclamos que comprometería la realización misma de las elecciones.

La Junta también argumentó que aceptar el pedido de LLA implicaría crear un precedente de “enorme gravedad institucional”, al habilitar la posibilidad de que cualquier renuncia, sustitución o fallecimiento posterior a la impresión de las boletas dé lugar a reclamos similares. Tal escenario, sostuvo, “convertiría el calendario electoral en un esquema incierto, dependiente de hechos fortuitos o decisiones partidarias”, con riesgo directo para la seguridad jurídica y la igualdad entre las fuerzas.

En el plano económico, el organismo coincidió con el análisis del Ministerio del Interior al señalar que el costo de reimprimir 14 millones de boletas únicas superaría los 12 mil millones de pesos, monto que representa casi la totalidad de los recursos disponibles para gastos electorales. Además, advirtió que autorizar la medida requeriría una reasignación presupuestaria y la firma de una adenda con el Correo Oficial de la República Argentina, lo que podría afectar el resto de las operaciones del proceso electoral.

Finalmente, la Junta Electoral concluyó que la solicitud presentada por el Gobierno y el frente libertario “debe ser rechazada, no sólo por su imposibilidad material, temporal y jurídica, sino también por sus consecuencias económicas, institucionales y operativas”. Con esta decisión, el organismo ratificó la inmutabilidad del cronograma electoral y garantizó la realización del comicio en tiempo y forma, preservando según el fallo la transparencia, la previsibilidad y la igualdad ante la ley.

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Caputo: “La inflación va a seguir a la baja” y “no hay atraso cambiario”

Luis Caputo defendió la política cambiaria, negó atraso del dólar y aseguró que la inflación continuará bajando. También habló del caso Adorni y del escenario hacia 2027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la política cambiaria del Gobierno y aseguró que la inflación continuará descendiendo en los próximos meses. En una entrevista televisiva en LN+, el funcionario rechazó las advertencias sobre un supuesto atraso del tipo de cambio y cuestionó a quienes, según dijo, modificaron su discurso pese a la suba del dólar. “Decían que había atraso cambiario con el dólar a 1400. Ahora, con el dólar a 1500, no pueden militar preocupación”, afirmó, en referencia a las críticas previas.

Las declaraciones se produjeron luego de la presentación del programa financiero del Tesoro, que incluye proyecciones hasta 2027. Caputo sostuvo que el proceso de desinflación se consolidó desde abril y que la continuidad de la política fiscal y monetaria permitirá que la inflación converja hacia niveles internacionales. “La gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja”, expresó, destacando además indicadores como la actividad económica, las exportaciones, el consumo y la reducción del riesgo país.

El ministro también se refirió a la repercusión del caso que involucra a Manuel Adorni y consideró que su difusión coincidió con un contexto de buenas noticias económicas. Según afirmó, esa situación, sumada al impacto internacional de la guerra en Medio Oriente, desplazó del debate público los resultados económicos que, desde su perspectiva, mostraba el Gobierno.

Consultado sobre la posibilidad de una corrida financiera en 2027, Caputo diferenció sus expectativas personales del trabajo cotidiano del equipo económico. “Somos tremendamente optimistas y no creo que eso pase. De todos modos, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar”, señaló. También desvinculó el nivel de endeudamiento de la política tarifaria y atribuyó la necesidad de financiamiento a la caída en la demanda de dinero registrada en 2025.

En otro tramo de la entrevista, defendió la situación actual del mercado cambiario y aseguró que cualquier persona puede adquirir divisas sin las restricciones que existían anteriormente. Reivindicó las medidas económicas implementadas por el Gobierno y concluyó con una definición política: “Creer que en su mayoría la gente va a votar por volver al pasado es una subestimación a la ciudadanía”.

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Adorni bajo protección: el gobierno sostiene que hay amenazas concretas contra su familia

El Gobierno analiza sostener la custodia y vehículos oficiales para Manuel Adorni por amenazas denunciadas en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.

El Gobierno nacional evalúa mantener por tiempo indefinido la custodia de la Policía Federal y el uso de vehículos oficiales para Manuel Adorni, pese a su renuncia como jefe de Gabinete. Según confirmaron tres fuentes oficiales, la prórroga de la protección aún pendiente de formalización en el Ministerio de Seguridad responde a las amenazas que el exfuncionario y su familia habrían recibido en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su carta de renuncia, Adorni sostuvo que él y su entorno venían sufriendo “hostigamiento” y que era necesario “proteger” a su familia. Poco después, el presidente Javier Milei afirmó públicamente que su exvocero había recibido amenazas concretas, lo que influyó en la decisión de aceptar su dimisión. “Cuando empezaron las agresiones contra su mujer y sus hijos, dijo que su renuncia era indeclinable”, señaló el mandatario.

A partir de ese contexto, la Casa Rosada analiza sostener la custodia con efectivos federales y una flota de vehículos oficiales para garantizar los traslados del exfuncionario en sus actividades particulares. A diferencia de los expresidentes, los exministros no cuentan con este beneficio de manera automática: la continuidad de la protección depende de un análisis técnico del Ministerio de Seguridad, que evalúa si las amenazas son reales, inminentes y representan un riesgo para la integridad del exfuncionario y su familia.

“En estos casos se determina el nivel de riesgo y se decide si corresponde asignar una continuidad de la custodia. En el caso de Adorni hay amenazas concretas que mencionó el presidente y se está evaluando su situación. La idea es sostener la protección si los especialistas lo confirman”, indicó una alta fuente del Ejecutivo con despacho en Balcarce 50, posición que también fue ratificada por la cartera de Seguridad.

Tras su salida del Gobierno, Adorni divide sus días entre dos domicilios: su departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, y su vivienda en el country Indio Cua. La evaluación oficial sobre su custodia continúa en curso mientras se profundiza la investigación judicial que motivó su renuncia.

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La Corte dejó firme el decomiso de $685 mil millones contra Cristina Kirchner y otros condenados

El máximo tribunal rechazó un recurso de la defensa de la ex presidenta contra la actualización del monto del decomiso y también desestimó un planteo del empresario Lázaro Báez.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme el monto de $684.990.350.139,86 para ejecutar el decomiso sobre los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y otros condenados en la causa conocida como “Vialidad”, al rechazar por inadmisibles los recursos presentados por las defensas.

La decisión fue adoptada este jueves por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el planteo de la defensa de Cristina Kirchner contra la forma de actualización del monto originalmente fijado en concepto de decomiso. También rechazaron el recurso de la defensa de Lázaro Báez, que cuestionaba la competencia del Tribunal Oral Federal 2 para llevar adelante esa etapa del proceso.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el Tribunal Oral Federal N° 2 había fijado en la sentencia condenatoria un decomiso de $84.835.227.378,04 por el perjuicio ocasionado al Estado, con la disposición de que esa suma fuera ajustada cuando el fallo adquiriera firmeza.

El 6 de diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en el marco de 51 licitaciones de obra pública en Santa Cruz y la absolvió por el delito de asociación ilícita. También fueron condenados Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y otros ex funcionarios, mientras que la ex mandataria recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia el 13 de noviembre de 2024 y, el 10 de junio de 2025, la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios contra las condenas, que quedaron firmes.

Tras esa decisión, el Tribunal Oral ordenó la detención de los condenados y dispuso la actualización del monto del decomiso. En ese trámite intervino el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, junto con peritos de las defensas y del Ministerio Público, y la cifra fue actualizada a $684.990.350.139,86 sobre la base del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025.

La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvo que el monto inicial era provisorio y cuestionó la utilización del IPC para su actualización. Por su parte, la defensa de Lázaro Báez planteó que el decomiso debía tramitar ante el Tribunal Oral Federal 4, debido a la condena que pesa sobre el empresario en la causa conocida como “la ruta del dinero”.

Con la resolución de este jueves, la Corte Suprema dejó firmes los fallos de las instancias anteriores y quedó confirmado el monto actualizado del decomiso que deberán afrontar solidariamente los condenados en la causa Vialidad.

NA

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