La decisión de la Justicia de La Rioja de suspender por 30 días el tránsito por el camino de Guandacol, principal vía de acceso desde territorio riojano hacia la mina Vicuña, generó preocupación en Iglesia.

El intendente Jorge Espejo calificó la medida como “una verdadera sorpresa” y advirtió que el cierre del corredor “complica mucho la operación de la mina” y “pone en riesgo la seguridad de las personas que trabajan allí”, al afectar uno de los accesos clave en plena alta cordillera.

Frente a este escenario, Espejo confirmó que el departamento cuenta con un camino alternativo que podría utilizarse en caso de urgencias para garantizar la logística hacia el proyecto minero. Se trata de una traza interna que parte desde Rodeo por la Ruta Provincial 430, atraviesa Angualasto, Malimán y El Chinguillo, continúa por el margen del río Blanco y finalmente se conecta con el camino que llega desde La Rioja, desembocando directamente en el campamento Batidero de Vicuña.

El jefe comunal explicó que esta vía ya fue utilizada en otras oportunidades y que, si bien no reemplaza al corredor principal, puede funcionar como un acceso de emergencia mientras dure la restricción. “Ese camino lo hemos usado en varias oportunidades y, en caso de urgencia, puede servir”, señaló.

La suspensión del camino de Guandacol se produjo en el marco de un fallo judicial riojano que ordenó paralizar actividades vinculadas al proyecto minero por 30 días, hasta que la empresa presente la documentación ambiental requerida por esa provincia. La medida impacta directamente en la logística del emprendimiento y abrió un nuevo frente de preocupación en la zona cordillerana.

Una resolución judicial de La Rioja generó fuerte repercusión en San Juan luego de que la jueza María Greta Decker ordenara suspender por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría.

La medida fue dictada en el marco de una presentación del Gobierno riojano contra la empresa Vicuña S.A. y establece que la paralización se mantendrá hasta que la firma presente el estudio de impacto ambiental correspondiente en territorio riojano, según informó un medio de esa provincia.

El proyecto Josemaría, ubicado en la zona limítrofe entre San Juan y La Rioja, es considerado uno de los desarrollos mineros más importantes del país, con una inversión estimada en 16.000 millones de dólares. Aunque el yacimiento se encuentra en territorio sanjuanino, parte de la logística y el acceso se realizan a través de caminos que atraviesan La Rioja, lo que motivó la intervención de la Justicia de esa provincia.

De acuerdo con lo publicado por Rioja Virtual, el secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay, fundamentó la medida al señalar que la empresa no cumplió con los requerimientos ambientales exigidos por esa jurisdicción. Afirmó que los impactos potenciales del proyecto podrían alcanzar a comunidades como Guandacol, Villa Unión y zonas cercanas, y mencionó entre las principales preocupaciones el tránsito pesado, la dispersión de partículas y el ruido. También cuestionó que la empresa solo haya presentado un informe parcial sobre el camino utilizado, considerado insuficiente por las autoridades.

La resolución judicial establece que no podrá haber actividad sin un estudio de impacto ambiental aprobado, lo que obliga a la empresa a adecuarse a la normativa riojana para retomar las tareas. Se trata de una medida autosatisfactiva basada en el principio preventivo, orientada a evitar posibles daños ambientales mientras se evalúa la documentación requerida.

Para San Juan, la decisión implica un freno en el avance de un proyecto estratégico para la actividad minera y la generación de empleo, además de abrir un escenario de tensión entre ambas jurisdicciones. En paralelo, la empresa trabaja en la construcción de un camino alternativo para mejorar el acceso al emprendimiento.

Desde La Rioja advirtieron que, si la empresa no cumple con lo solicitado o no se alcanza un equilibrio entre impactos y beneficios, el conflicto podría escalar a instancias superiores, incluso a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Policía riojana mantiene el control del acceso por el camino de Guandacol e impide la circulación hacia la zona durante el período de suspensión.

El ambicioso desarrollo del distrito minero Vicuña, uno de los pilares de la nueva era extractiva en San Juan, ha registrado su primer revés administrativo y logístico de relevancia.

La empresa operadora del proyecto decidió rescindir el contrato a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la firma puntana Semisa y la sanjuanina Terusi Construcciones, quienes tenían a su cargo la ejecución de los tramos E y F del denominado corredor norte.

Esta ruta es una pieza de infraestructura crítica: son 50 kilómetros de camino de alta montaña que conectan el departamento de Iglesia con el yacimiento, ubicados por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. La complejidad técnica de la obra, que incluye desde voladuras en roca hasta la construcción de puentes y alcantarillas en condiciones climáticas extremas, habría superado la capacidad de respuesta de la contratista, derivando en demoras sistemáticas y dificultades técnicas que activaron las cláusulas de rescisión contractual.

La desvinculación de la UTE reaviva una polémica que se originó en abril de 2025, durante el proceso de licitación privada. En aquel entonces, mientras las ofertas de otras competidoras oscilaban entre los 70 y 80 millones de dólares, la alianza Semisa-Terusi se adjudicó la obra con un presupuesto sensiblemente menor, ubicándose entre un 30% y 35% por debajo del promedio del mercado.

Esta diferencia de valores generó dudas inmediatas en el sector sobre la viabilidad financiera del proyecto. “Cuando los precios son demasiado bajos, a menudo no alcanzan para cubrir los costos reales de una obra de esta magnitud”, señalaban fuentes del ámbito de la construcción. Un año después, la acumulación de incumplimientos y la imposibilidad de mantener los ritmos de avance previstos parecen confirmar aquellas sospechas iniciales.

La salida de las empresas coincide con la inminente llegada del invierno cordillerano, lo que obligará a una pausa forzada en las tareas de campo. Según se informó, el cese de actividades implica la desmovilización de aproximadamente 100 trabajadores que prestaban servicios en esos tramos específicos.

Sin embargo, el proyecto no se detendrá. La empresa Vicuña aprovechará el receso invernal para lanzar un nuevo proceso licitatorio, buscando una contratista con la espalda técnica necesaria para operar en la hostilidad de la alta montaña. El objetivo es que los trabajos se reanuden entre agosto y septiembre, una vez que el operativo invierno permita el regreso de las cuadrillas a la cordillera.

En un distrito que proyecta una vida útil de 70 años y una inversión récord, la eficiencia en la infraestructura no es una opción, sino una condición innegociable para garantizar el desarrollo económico de los departamentos de Iglesia y Jáchal.