El Gobierno enviará a Diputados una reforma del IPV que exigirá no tener antecedentes penales y buscará agilizar la regularización dominial de más de 10.000 viviendas.

El Gobierno de San Juan avanza en una reforma estructural del sistema habitacional provincial que introducirá cambios significativos en los requisitos para acceder a viviendas sociales y líneas de crédito del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Entre las modificaciones más relevantes se encuentra la incorporación del certificado de no poseer antecedentes penales como condición obligatoria para ser adjudicatario.

La iniciativa, que será enviada en los próximos días a la Cámara de Diputados, forma parte de una actualización integral del marco legal que regula el funcionamiento del organismo. Desde el Ejecutivo explicaron que la reforma busca modernizar la normativa, adecuarla a las demandas actuales y atender problemáticas históricas vinculadas a la regularización dominial.

Uno de los ejes centrales del proyecto es el fortalecimiento de los criterios de adjudicación. La evaluación de antecedentes tendrá especial énfasis en delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género, con el objetivo de mejorar la convivencia en los complejos habitacionales y responder a reclamos planteados por vecinos de distintos barrios.

El asesor letrado de la Provincia, Alejandro Ferrari, señaló que la intención es garantizar que los beneficios estatales lleguen a personas que respeten la ley y contribuyan a la vida comunitaria. Afirmó además que la propuesta surge como respuesta a situaciones conflictivas registradas en algunos barrios, donde se detectaron conductas delictivas que afectaron la seguridad y el bienestar de los residentes.

Una reforma que también apunta a destrabar la escrituración

El proyecto no se limita a endurecer los requisitos de acceso. También incorpora herramientas para simplificar trámites administrativos, actualizar instrumentos jurídicos y acelerar los procesos de escrituración, uno de los principales desafíos del sistema habitacional.

Según datos oficiales, al inicio de la actual gestión existían cerca de 12.000 viviendas sin título de propiedad. Desde entonces se logró regularizar poco más de 2.000 casos, pero aún quedan alrededor de 10.000 familias esperando la documentación definitiva.

La problemática afecta tanto a barrios construidos por el IPV como a desarrollos impulsados por cooperativas, fundaciones, sindicatos, asociaciones civiles y otras entidades intermedias que, con el paso del tiempo, dejaron de funcionar o presentan dificultades administrativas que hoy impiden completar la transferencia de las propiedades.

A esto se suman urbanizaciones promovidas por distintos municipios, donde la falta de documentación o los inconvenientes en la cesión de terrenos continúan demorando la regularización dominial. En muchos casos, las entidades responsables fueron creadas bajo normativas antiguas, lo que genera trabas burocráticas al momento de gestionar los trámites ante organismos nacionales.

Con esta reforma, el Gobierno provincial busca actualizar un régimen que llevaba años sin modificaciones sustanciales, mejorar los mecanismos de adjudicación y avanzar en la resolución de miles de casos pendientes de escrituración. La propuesta será debatida en la Legislatura, donde se espera que genere un amplio intercambio sobre los alcances de la nueva normativa y su impacto en el acceso a la vivienda en San Juan.

Orrego entregó 118 escrituras a familias de ocho departamentos y reafirmó el compromiso de avanzar en la regularización dominial de más de 12.000 viviendas.

El Gobierno de San Juan dio un nuevo paso en su política de regularización dominial con la entrega de 118 escrituras a familias de ocho departamentos, en un acto encabezado por el gobernador Marcelo Orrego. La ceremonia, realizada junto a la ministra de Gobierno Laura Palma y el secretario General de la Gobernación Emilio Achem, marcó un avance concreto en el proceso de otorgar seguridad jurídica a miles de hogares que aún esperan la titularización definitiva.

El trabajo forma parte de las acciones que impulsa la Unidad Ejecutora Provincial para la Regulación Dominial (UEPREDO), organismo responsable de normalizar la situación de viviendas construidas sobre terrenos fiscales. Durante el acto, Orrego subrayó el impacto que tiene para una familia recibir su escritura: “No es solo un documento. Es estabilidad, previsibilidad y la certeza de que ese hogar les pertenece para siempre”, expresó.

El mandatario provincial remarcó que la regularización dominial es una de las prioridades de su gestión y recordó que en San Juan existen más de 12.000 viviendas que aún deben completar el proceso. En ese sentido, destacó el trabajo técnico y administrativo que realiza la UEPREDO para acelerar los trámites y garantizar que cada beneficiario pueda acceder a su título de propiedad.

Orrego también vinculó la entrega de escrituras con la política habitacional integral que impulsa la provincia. Señaló que la construcción de viviendas y la posterior titularización forman parte de un mismo objetivo: brindar estabilidad, mejorar la calidad de vida y asegurar derechos a largo plazo. “Hoy es un sueño cumplido. Ese título ya es de ustedes”, dijo al dirigirse a los presentes.

Las 118 escrituras entregadas se distribuyeron de la siguiente manera:

• Rivadavia: 41
• Chimbas: 28
• Pocito: 28
• Rawson: 12
• Santa Lucía: 6
• Capital: 1
• Caucete: 1
• Jáchal: 1

La actividad fue coordinada entre el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la Escribanía Mayor de Gobierno y la UEPREDO, que continúa avanzando en la regularización de viviendas pertenecientes a programas como Lote Hogar, Villas y otros desarrollos del dominio provincial.

INTA San Juan perdió casi el 30% de su personal y advierte que la reducción afecta la asistencia técnica, la investigación y el funcionamiento administrativo.

La Estación Experimental Agropecuaria INTA San Juan atraviesa un escenario crítico marcado por una reducción de personal que no tiene precedentes recientes y que ya compromete la continuidad de funciones esenciales. En los últimos meses, 13 trabajadores optaron por el retiro voluntario, una cifra que representa el 18% de la dotación actual, pero que, sumada a las vacantes no cubiertas desde fines de 2023, eleva la pérdida total de recursos humanos a casi un 30%.

La salida de profesionales, técnicos y personal de apoyo golpea especialmente a las áreas que sostienen el vínculo directo con el territorio. El sector de Extensión Rural, pieza clave en la transferencia de conocimientos y tecnologías al sector productivo, es el más afectado: seis de los agentes que dejaron el organismo pertenecían a este equipo, lo que deja a las agencias de Pocito y Caucete con apenas dos personas para atender una demanda que abarca desde pequeños productores hasta cooperativas y emprendimientos agroindustriales.

Desde la institución advierten que la reducción no sólo implica menos presencia en el territorio, sino también la pérdida de capacidades estratégicas. Los extensionistas son quienes articulan proyectos con municipios, universidades y organizaciones rurales, acompañan procesos productivos y sostienen la asistencia técnica cotidiana. Con menos personal, la cobertura territorial se vuelve insuficiente y la capacidad de respuesta se deteriora.

El impacto también alcanza al área de Investigación, donde se desempeñaban cuatro de los agentes que se acogieron al retiro. Entre ellos había profesionales con formación de posgrado y otros en pleno proceso de doctorado, perfiles cuya salida implica un retroceso en líneas de trabajo científico–técnicas que requieren continuidad y especialización.

Pero el punto más delicado se encuentra en la administración interna. La salida de la administradora y de otro agente deja al área con una sola persona para sostener procesos indispensables: compras, logística, gestión de recursos, documentación, rendiciones y soporte operativo para los equipos técnicos. Desde la EEA San Juan reconocen que, en estas condiciones, no es posible garantizar el funcionamiento normal de la dependencia.

El INTA mantiene presencia territorial en Pocito, San Martín, Caucete, Valle Fértil, Calingasta, Iglesia y Jáchal, desde donde se brinda acompañamiento técnico a productores de toda la provincia. Sin embargo, la reducción de personal pone en riesgo la continuidad de programas, la asistencia directa y la articulación con instituciones locales.

La situación expone el impacto que la pérdida de recursos humanos tiene sobre un organismo clave para el desarrollo agropecuario, la innovación tecnológica y el fortalecimiento territorial de San Juan. Con menos profesionales, menos investigadores y menos personal administrativo, la capacidad operativa del INTA queda seriamente debilitada en un momento en que el sector productivo demanda más acompañamiento que nunca.