El debate por la Ley 26.639, conocida como Ley de Glaciares, volvió al centro de la escena política nacional. En un contexto de posibles reformas ambientales impulsadas por el Gobierno nacional, un grupo de gobernadores entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego está dando las últimas puntadas a un proyecto de ley que busca devolver a las provincias la autoridad sobre los glaciares y ambientes periglaciares.
Según adelantó el mandatario, la iniciativa será presentada en los próximos días en la Cámara de Diputados y en el Senado. Orrego confirmó que viajará para firmar el documento, que también contaría con el respaldo de otros gobernadores de provincias con actividad minera y, posiblemente, con la firma del presidente Javier Milei.
“El proyecto establece que las autoridades de aplicación de todo lo que tenga que ver con un glaciar y un preglaciar vuelvan a ser las provincias, porque así lo define la Constitución Nacional”, señaló Orrego en rueda de prensa. El gobernador remarcó que la propuesta busca restituir el federalismo en la toma de decisiones ambientales vinculadas a los recursos hídricos de alta montaña.
El impulso de este proyecto llega en un momento de redefiniciones dentro del Gobierno nacional. Desde que el presidente Milei anunció el acuerdo comercial con Estados Unidos, la reforma o derogación de la actual Ley de Glaciares se convirtió en uno de los puntos clave para “destrabar” inversiones estratégicas en minería, particularmente en regiones cordilleranas.
El presidente fue explícito al cuestionar la normativa vigente: “Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverles el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar”, sostuvo en recientes declaraciones públicas.
La Ley 26.639, sancionada en 2010, prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en glaciares y ambientes periglaciares. Su artículo 2 define estos últimos como zonas de alta montaña con suelos congelados que regulan el recurso hídrico, y en media y baja montaña como suelos saturados en hielo. El principal cuestionamiento radica en que la ley no detalla criterios científicos claros para identificar esos suelos, lo que genera tensiones entre Nación y provincias sobre la delimitación de áreas protegidas.
Con el nuevo proyecto, los gobernadores buscan establecer un marco jurídico más preciso y alineado con las constituciones provinciales, al tiempo que habilite mayor previsibilidad para inversiones productivas sin descuidar la preservación de los recursos hídricos.