La Libertad Avanza retiró la cláusula de venta de tierras a extranjeros ante el rechazo de gobernadores aliados y buscará avanzar solo con los artículos que tienen consenso.

Sin el respaldo necesario para avanzar en el Senado, La Libertad Avanza decidió dar de baja el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de propiedad privada, una de las reformas más sensibles de la iniciativa impulsada por el oficialismo.

La medida se adoptó para evitar que la sesión fracasara, luego de que gobernadores aliados ordenaran votar en contra de los artículos que flexibilizaban la venta de tierras rurales a extranjeros.

La decisión se tomó en una reunión encabezada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, junto a representantes de los bloques aliados. Según fuentes legislativas citadas por la Agencia Noticias Argentinas, varios mandatarios provinciales entre ellos los de Tucumán (Osvaldo Jaldo), Catamarca (Raúl Jalil), Salta (Gustavo Sáenz) y Neuquén (Rolando Figueroa) rechazaron acompañar el capítulo que habilitaba la venta de hasta un 25% de las tierras rurales a personas o empresas extranjeras.

El revés obligó al oficialismo a modificar su estrategia y avanzar únicamente con los puntos del dictamen que mantienen consenso, vinculados a desalojos, escrituración de tierras, manejo del fuego, expropiaciones y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble. En paralelo, quedaron fuera del debate dos reformas centrales: la modificación de la Ley de Tierras y la de barrios populares.

El Ejecutivo Municipal pidió al Concejo fijar postura sobre la ley de propiedad privada

Uno de los principales afectados por la decisión es el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, impulsor del proyecto que incluía cambios en múltiples leyes y que tenía como objetivo central flexibilizar el régimen de tierras. Su propuesta original incluso planteaba eliminar cualquier límite al porcentaje de tierras que pudieran adquirir extranjeros.

En un comunicado posterior, el oficialismo informó que en una reunión del bloque integrado por 44 senadores entre ellos representantes de LLA, UCR, PRO, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz se resolvió postergar el tratamiento del Capítulo III, referido al régimen de tierras rurales. Según el texto, la decisión fue adoptada “por consenso” y no implica la eliminación definitiva del capítulo, sino la voluntad de seguir trabajándolo para alcanzar un mayor nivel de acuerdo.

El bloque oficialista aclaró que mañana se avanzará con el resto de la ley, que cuenta con amplio respaldo entre los distintos espacios. En tanto, el capítulo de tierras continuará en revisión hasta lograr una redacción que reúna el acompañamiento político necesario para volver al recinto.

Quintela afirmó que el peronismo revisará políticas y podría nacionalizar y expropiar si vuelve al poder en 2027. También habló de la interna del PJ y posibles presidenciables.

En medio del debate legislativo por la Ley de Tierras, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una advertencia de alto voltaje político dirigida al sector empresarial y a los mercados financieros.

En una entrevista con El Destape Radio, el mandatario aseguró que un eventual gobierno del Partido Justicialista en 2027 impulsará una revisión integral de las políticas económicas y de propiedad implementadas por la administración de Javier Milei.

“El peronismo va a revisar absolutamente todo. Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar. Lo que sea necesario expropiar, vamos a expropiar. Vamos a recuperar”, afirmó Quintela, en un mensaje que tensó aún más la discusión pública sobre el rumbo económico del país. El gobernador cuestionó el programa de reformas del Ejecutivo y sostuvo que las medidas impulsadas por Milei “atentan contra los intereses nacionales”.

Las declaraciones se producen en la previa del debate parlamentario sobre la Ley de Tierras, iniciativa con la que el Gobierno busca flexibilizar los límites para la compra de campos por parte de extranjeros y desregular el acceso a tierras rurales por capitales internacionales.

Interna del PJ y nombres para 2027

En el plano político, Quintela también se refirió a la situación interna del peronismo, luego de la cumbre realizada en la provincia de Buenos Aires para intentar ordenar tensiones entre distintos sectores del partido. El encuentro estuvo marcado por la ausencia del gobernador Axel Kicillof, quien envió en su representación a la jefa de Asesores, María Cristina Álvarez Rodríguez. Desde su entorno aclararon que el faltazo respondió a cuestiones de agenda y no a diferencias con Máximo Kirchner.

De cara al armado opositor para los próximos años, Quintela señaló que “más adelante” se definirán los mecanismos para elegir a los postulantes y destacó que el espacio cuenta con figuras con experiencia de gestión y peso territorial. Entre los nombres mencionados, el gobernador riojano destacó a:

• Gerardo Zamora, tras su reciente triunfo electoral en Santiago del Estero.
• Axel Kicillof, referente del peronismo bonaerense.
• Sergio Massa, exministro de Economía y candidato presidencial.
• Sergio Uñac, exgobernador y actual legislador por San Juan.

Las declaraciones de Quintela se suman a un clima político marcado por la discusión sobre el modelo económico, la propiedad de la tierra y la reorganización del peronismo de cara a 2027, en un contexto donde el oficialismo busca acelerar reformas y la oposición intenta recomponer su estructura nacional.

El Gobierno disolvió el INAL y transfirió sus funciones al Senasa. La reforma simplifica controles, modifica el Código Alimentario y busca agilizar el comercio exterior.

El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma del sistema de control alimentario al disponer la disolución del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) y la transferencia de todas sus funciones al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida quedó oficializada mediante el decreto 697/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y forma parte de una reestructuración que también redefine el rol del Ministerio de Salud, introduce cambios en el Código Alimentario Argentino (CAA) y busca simplificar los procesos de fiscalización. Desde el oficialismo sostienen que esta reorganización permitirá agilizar el comercio exterior.

Hasta ahora, el INAL se encargaba de verificar el cumplimiento del CAA, autorizar establecimientos y productos, fiscalizar importaciones y exportaciones, y realizar análisis bromatológicos para detectar riesgos sanitarios. Con la nueva normativa, todas estas competencias pasarán al Senasa, organismo que —según argumentó el Ejecutivo— posee “la infraestructura territorial de control alimentario más grande del país”, con laboratorios, inspectores y presencia en todo el territorio, algo que el INAL “nunca tuvo desplegado con esa escala”.

La reforma también redefine la función del Ministerio de Salud, que concentrará la conducción de la política alimentaria, con un foco inicial en la eliminación de colorantes y saborizantes en alimentos procesados. En paralelo, se introducen modificaciones al Código Alimentario Argentino y se establece un plazo máximo de 45 días hábiles para actualizar la normativa, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad y agilidad.

Entre las nuevas atribuciones, el Senasa será responsable de autorizar y supervisar los establecimientos oficiales provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires encargados de verificar el cumplimiento del CAA. Además, se incorpora el reconocimiento por equivalencia de certificaciones emitidas por países con sistemas de control reconocidos o que aplican el Codex Alimentarius, lo que permitirá evitar evaluaciones duplicadas.

La medida también crea una Base Única de Datos administrada por el Senasa, destinada a centralizar la información y los registros de productos y establecimientos para mejorar la trazabilidad y agilizar la gestión. Según el Gobierno, la concentración de funciones en un único organismo permitirá “un sistema más simple, eficiente y previsible”, eliminando duplicaciones y acelerando los procesos de importación y exportación.

Finalmente, el Ejecutivo destacó que la reforma contribuirá a agilizar el comercio exterior, especialmente en la importación de alimentos envasados para venta directa, mediante controles posteriores al ingreso. En el caso de las exportaciones, se establece que los productos deberán cumplir los requisitos del país de destino y que las certificaciones serán emitidas por un único organismo con reconocimiento internacional.