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Jorge Macri bajó el contrato de las grúas y escala la pelea con Moyano

Los trabajadores de Ashira trabajan a reglamento y el microcentro desborda de basura. La empresa se había quedado con un contrato multimillonario por el acarreo de vehículos que la Ciudad acaba de dar de anular.

Jorge Macri dio de baja la licitación de las grúas y se enfrenta con una empresa vinculada a Hugo Moyano. Ashira había comenzado a presionar para que el gobierno habilitara el contrato de acarreo, que tiene un costo de 384 millones de dólares para la Ciudad. El servicio lo seguirá brindando AUSA.

Para apurar a Jorge Macri, la empresa Ashira dejó de recoger los residuos en el microcentro ocasionando un caos en la zona. Desde Camioneros anunciaron que estaban trabajando “a reglamento” por cuestiones vinculadas a la “dignidad y los derechos de las y los trabajadores”. Pero el problema de fondo es una licitación que el jefe de Gobierno calificó como “carísima” y “escandalosa”.

Se trata de uno de los contratos más polémicos de la gestión larretista. Tras una larga polémica, fue preadjudicado 72 horas antes de la asunción de Jorge Macri y lleva la firma de la entonces ministra de Transporte, Manuela López Menéndez, muy cercana a Guillermo Dietrich.

La licitación es por 57 mil millones de pesos anuales por “Servicio de Grúas para Acarreo de Vehículos” y quedó en manos de las empresas Ashira, Transportes 9 de Julio y Saem. Las dos primeras están vinculadas a Moyano y la última a un empresario del peronismo cordobés.

Inflación mediante, el monto podría más que duplicarse. El contrato prevé una especie de “tarifa plana” para levantar los autos en infracción. Lo curioso es que la licitación se hizo con una ley vieja: ahora solamente pueden acarrearse los vehículos que obstruyan cocheras o rampas. Eso implica una demanda mucho menor. Por eso, Jorge dejó stand by el contrato.

De hecho, tras la salida de las viejas contratistas, el acarreo quedó a cargo de AUSA y generó millonarios beneficios para la Ciudad. Es por eso que algunos legisladores como Facundo Del Gaiso o Juan Manuel Valdés, pretenden que el servicio continúe siendo estatal.

Los recolectores de Ashira trabajaron “a reglamento” desde el viernes y las calles del microcentro quedaron más sucias de lo habitual. El gremio de Camioneros sacó un comunicado dónde apuntan contra el gobierno porteño.

La explicación es que 300 trabajadores que pertenecían a las viejas concesionarias de las grúas pasaron a SBASE y, según sostienen en Camioneros, el gobierno quiere encuadrarlos dentro del gremio municipal. En realidad, los trabajadores pertenecen a SBASE hasta que entre en vigencia el nuevo contrato de acarreo.

“No vamos a bancar extorsiones, lo único que hay en juego acá es un negocio de los Moyano”, rechazó Del Gaiso. “Hay que dar de baja esta licitación y el servicio debe seguir en manos del estado con una comisión de seguimiento en la Legislatura”, propuso.

Jorge Macri tomó una decisión que va en esa línea: anunció que el servicio lo seguirá brindando AUSA “con un costo equivalente a menos de la mitad del valor calculado” en el contrato que dio baja el gobierno porteño.

LPO

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Adorni defendió su patrimonio y descartó renunciar en Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atravesó una extensa y tensa jornada en la Cámara de Diputados, donde brindó su informe de gestión en medio de cuestionamientos de la oposición, pedidos de renuncia y acusaciones vinculadas a su patrimonio personal.

Durante casi siete horas de exposición, el funcionario defendió su actuación, negó irregularidades y aseguró que demostrará en la Justicia que no cometió delitos.

Adorni afirmó que todos los viajes realizados junto a su familia incluidos destinos como Punta del Este y Aruba fueron costeados con recursos propios. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, señaló, y agregó que no existió financiamiento de terceros ni obsequios. También sostuvo que en cada salida del país intervinieron los organismos correspondientes, como Migraciones, Aduana y la PSA.

El jefe de Gabinete cuestionó que se intentara equiparar su vida privada con actos de gobierno y remarcó que “el Estado Nacional no registra ningún pago” vinculado a sus viajes personales. Consideró que las acusaciones sobre un supuesto financiamiento externo son “tendenciosas” y que buscan instalar una hipótesis incorrecta.

En relación con su patrimonio, Adorni aseguró haber cumplido con todas las obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y recordó que aún no venció el plazo para presentar su última declaración jurada. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, afirmó, y reiteró que acompañó toda la documentación requerida por la normativa vigente.

El funcionario también se refirió a la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a Estados Unidos. Explicó que la Justicia determinó que ella viajó como invitada únicamente en el vuelo de salida y que regresó por su cuenta en un vuelo comercial.

En el tramo final de su intervención, Adorni sostuvo que no obstruirá ninguna investigación judicial y que demostrará su inocencia. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, concluyó.

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Adorni negó irregularidades y afirmó que “no cometió ningún delito” ante Diputados

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cerró su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados con una defensa pública de su situación patrimonial y de los viajes personales que generaron cuestionamientos en las últimas semanas. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, afirmó al finalizar su exposición, que se extendió más de lo previsto y contó con la presencia del presidente Javier Milei y miembros del gabinete.

Adorni dedicó la mayor parte de su intervención a repasar los lineamientos y resultados que atribuyó a la gestión nacional. Sin embargo, en el tramo final abordó los señalamientos vinculados a sus viajes al exterior y a la adquisición de propiedades que no figuraban en declaraciones juradas previas.

El funcionario sostuvo que existe una confusión entre “gasto privado y gasto público” y remarcó que “el Estado nacional no registra ningún costo de mis viajes personales”. Aseguró que él mismo afrontó los gastos de los viajes realizados con su familia y que no se trató de obsequios ni financiamiento de terceros.

Respecto de su patrimonio, Adorni afirmó que cumplió con la presentación de sus declaraciones juradas y anticipó que la correspondiente a 2025 será presentada dentro del plazo legal, sugiriendo que allí se verán reflejados los bienes adquiridos recientemente. “Nunca existió ocultación alguna de mis bienes”, expresó.

También negó haber intervenido en contrataciones vinculadas al periodista Marcelo Grandío o a la empresa IMHouse SA, y rechazó que existieran vínculos contractuales entre el Estado y la empresa +BE, perteneciente a su esposa. “Han sacado conclusiones equivocadas”, señaló.

El jefe de Gabinete celebró además el archivo de la causa federal por el viaje en el que su esposa utilizó el avión presidencial, aunque aclaró que ese no era el eje central de las acusaciones. Su exposición se dio en un contexto de creciente atención pública sobre su situación patrimonial y sobre los mecanismos de control de las declaraciones juradas de los funcionarios.

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Sturzenegger anunció seis nuevas reformas y defendió el rumbo económico en Expo EFI

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, expuso en la Expo EFI y defendió el rumbo económico del Gobierno nacional, al tiempo que anunció un paquete de seis nuevas reformas que su cartera enviará al Congreso en las próximas semanas.

Durante su intervención, el funcionario sostuvo que existen sectores que “sienten que la economía está mal”, pero afirmó que la evaluación debe hacerse “viendo los datos” y no a partir de percepciones.

En su presentación ante empresarios, Sturzenegger repasó los proyectos que impulsa su ministerio. El primero es la denominada “ley hojarasca”, que según explicó ya cuenta con dictamen en Diputados y propone la derogación de más de 70 normas consideradas obsoletas. También adelantó un proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de expropiaciones, desalojos, la ley de fuego y una derogación parcial de la ley de tierras. Según estimó, estos cambios podrían generar “unos 15 mil millones de dólares en economías regionales”.

El ministro anunció además que el Gobierno enviará un proyecto de desregulación económica que abarcará mercados de capitales y la industria del seguro. En materia logística, anticipó una reforma a la ley de cabotaje, que según su exposición permitiría una reducción significativa de costos operativos.

Otro de los puntos mencionados fue un proyecto de defensa de la competencia, que otorgaría nuevas facultades a la autoridad del área para intervenir sobre regulaciones estatales que, a su criterio, actúan como barreras de entrada y afectan especialmente a las pymes.

Sturzenegger también confirmó que se trabaja en una ley de reforma del Estado, que retomará aspectos de decretos delegados que no prosperaron en 2025, con el objetivo de redefinir competencias y funciones estatales.

En el tramo final de su exposición, el ministro anunció un proyecto para modernizar la ley de sociedades, que incluirá la posibilidad de crear “sociedades de inteligencia artificial”, es decir, estructuras jurídicas integradas exclusivamente por agentes digitales. Según planteó, este tipo de figuras permitiría atraer actividad económica y recaudación impositiva al país.

Las declaraciones del funcionario se dieron en un contexto de debate sobre el impacto de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno y su efecto en la actividad económica.

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