Diego Santilli, ministro del Interior, afina el respaldo de los gobernadores para avanzar con la reforma electoral, su principal objetivo. Este martes, habló del tema con el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sin descuidar otros ejes que le interesan a la provincia.

De acuerdo con fuentes oficiales, ambos dirigentes durante más de media hora dialogaron sobre la agenda parlamentaria. Coincidieron en la posibilidad de que el Congreso avance con el proyecto que cambia las reglas de juego político y, fundamentalmente, la eliminación de las PASO. Las primarias cuestan, según el ministro, 250 millones de dólares y no son de interés para la sociedad.

Jalil coincidió con el diagnóstico. En ese sentido, aseguró que “las internas deben resolverse dentro de los partidos”. Además, conversaron sobre el trabajo conjunto entre la provincia y el Gobierno para el diseño de una zona franca en Catamarca y una propuesta para bajar impuestos provinciales.

Para finalizar la conversación, y muestra de la sintonía que existe, el referente del peronismo federal invitó al Gobierno a participar de la Fiesta del Poncho durante el mes de julio y la inauguración de tres plantas de procesamiento de litio, dos de ellas mediante el proceso de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

También, el gobernador le comunicó al ministro la invitación a participar de la inauguración de una planta de hilado y de un Hotel Cinco Estrellas en Antofagasta de la Sierra. Si bien trascendió que hay chances de que se calibre un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el peronismo que representa Jalil, no hubo detalles.

Más temprano, al mediodía, el jefe de la cartera de Interior mantuvo un encuentro con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en el que repasaron los principales temas de la agenda común entre la Nación y la provincia.

NA

El Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una campaña masiva de afiliación a través de sus redes sociales, respaldada por el lanzamiento de una plataforma digital especialmente diseñada para modernizar y ampliar el padrón electoral del distrito más grande del país.

Según informaron desde el sello partidario, la convocatoria está abierta para ciudadanos argentinos tanto hombres como mujeres a partir de los 16 años, cuyo último domicilio registrado en el Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentre en territorio bonaerense.

El anuncio formal fue encabezado por el presidente del PJ provincial y gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al secretario general del partido, Mariano Cascallares, durante una recorrida por la histórica casa de la calle Gaspar Campos, en el partido de Vicente López, donde residió el general Juan Domingo Perón tras su regreso al país.

“Desde Gaspar Campos, la última morada del General Perón, estamos lanzando una plataforma digital para la afiliación que va a permitir que el PJ de la provincia de Buenos Aires se amplíe y contenga a todos, sea más participativo, más abierto”, destacó Kicillof.

En sintonía con la disputa política actual, contra el gobierno de Javier Milei, el mandatario bonaerense agregó: “En momentos en que nos quieren inculcar que es todos contra todos, el sálvese quien pueda, nosotros volvemos a la historia, fortalecemos nuestro destino y, de esta manera, invitamos a todos y todas a afiliarse”.

El principal objetivo táctico de la iniciativa es terminar con la brecha generacional de afiliados. De acuerdo con los datos actuales de la fuerza política, el padrón del PJ bonaerense registra 1.152.203 afiliados distribuidos en los 135 municipios, pero muestra signos inequívocos de envejecimiento: la edad promedio actual es de 59,7 años.

En términos de composición por género, las estadísticas del partido revelan una marcada preponderancia femenina: el 55,6% de los afiliados son mujeres (640.351) frente al 44,4% de hombres (511.825), lo que representa una relación de 125 mujeres por cada 100 hombres a nivel provincial.

Con este proceso en marcha, el peronismo bonaerense explicó que la inscripción se iniciará de manera virtual a través del sitio web oficial afiliacionespjpba.com, disponible también en los perfiles de redes sociales del partido.

Una vez ingresados los datos en la planilla de preafiliación digital mediante la opción “Me quiero afiliar”, las autoridades del PJ de cada distrito local se pondrán en contacto con el solicitante para formalizar y completar el trámite de manera presencial.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar frenar el decomiso de 19 propiedades que fueron transferidas a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la Causa Vialidad, por la cual cumple prisión domiciliaria desde hace un año en su departamento del barrio porteño de Constitución.

En el escrito ingresado este lunes 8, la defensa sostuvo que no existe ninguna prueba que permita afirmar que los bienes de sus hijos provengan del delito por el cual fue condenada. “No se ha producido una sola medida probatoria que permita afirmar que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner son el producto o el provecho del delito enjuiciado”, planteó la expresidenta.

Las propiedades todas ubicadas en Santa Cruz fueron adquiridas por Cristina Fernández y el expresidente Néstor Kirchner “a título oneroso, con activos de origen legal y mediante operaciones genuinas”, según argumentó la defensa. Esos inmuebles fueron luego transferidos a sus hijos, pero el Tribunal Oral Federal 2 los incluyó entre los bienes a decomisar para resarcir al Estado por un monto estimado en 684 mil millones de pesos.

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó a fines de mayo la decisión del TOF 2 y reafirmó un criterio clave: los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aunque hayan sido transferidos a terceros o heredados, siempre que la recepción haya sido a título gratuito. “El decomiso puede alcanzar bienes en poder de terceros no condenados cuando éstos hubieran recibido activos provenientes del delito a título gratuito, incluso por vía hereditaria”, señalaron los magistrados.

El abogado defensor Carlos Beraldi cuestionó duramente esa interpretación y afirmó que se trata de una “grave violación al derecho de propiedad y al principio de legalidad sustantiva”. Según su planteo, la Justicia realizó una interpretación extensiva del artículo 23 del Código Penal, habilitando el decomiso de bienes de origen lícito sin acreditar una vinculación directa con el delito investigado.

Para la defensa, el fallo de Casación “dispensa a la acusación de demostrar que los bienes cuyo desapoderamiento se pretende guardan relación con el hecho enjuiciado”, lo que según argumentan vulnera garantías constitucionales básicas.

El Máximo Tribunal deberá ahora resolver si abre o no el recurso extraordinario que permitiría revisar la decisión de Casación. Mientras tanto, el decomiso de las propiedades continúa en proceso de ejecución.