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El gobierno promulgó la ley que amplía el Registro de Datos Genéticos

Lo hizo a través del decreto 899/2024, publicado en el Boletín Oficial.

El Gobierno promulgó este lunes la ley 27.759, aprobada a mediados de agosto en Diputados y a fines de septiembre en el Senado, que amplía el Registro Nacional de Datos Genéticos, extendiendo el que actualmente funciona sólo para delitos de carácter sexual a todos los demás.

Se trata, específicamente, de una modificación a la ley 26. 879, que creó el Registro de Datos Genéticos en 2013. Hasta el momento, solo contenía los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena, pero ahora se podrá obtener muestras de cualquier imputado mayor de 18 años, sin necesidad de que esté condenado.

La promulgación se cristalizó a través del decreto 899/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con la firma de Javier Milei, el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

De acuerdo con la flamante normativa, el Registro Nacional abordará los datos vinculados con “la investigación criminal sobre la base de los perfiles genéticos de un análisis de ácido desoxirribonucleico (ADN) en las circunstancias y bajo las modalidades establecidas en la presente ley”.

El mismo artículo 1° establece que el registro “contará con una base de datos de perfiles genéticos y una base de datos filiatorios, no relacionadas entre sí” y que “funcionará para las investigaciones en el fuero federal y nacional, y las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán firmar convenios con el registro con el fin de que sus poderes judiciales y ministerios públicos puedan utilizar sus servicios”.

El artículo 2°, en tanto, especifica que el registro funcionará en el ámbito del Ministerio de Justicia, mientras que el 3° establece los objetivos. Señala, en primera instancia, que deberá “contribuir al esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial, particularmente en lo relativo a la individualización de los presuntos autores, así como a la desvinculación de personas ajenas al delito, mediante la comparación de perfiles genéticos provenientes de laboratorios debidamente acreditados conforme las prescripciones de la presente ley”.

También tendrá la tarea de “identificar y favorecer la determinación del paradero de personas extraviadas, desaparecidas o fallecidas” y “discriminar las huellas de todo personal que interviene directamente en la escena del hecho delictivo”.

El artículo 4°, bastante más amplio que el original, indica que “el registro almacenará y sistematizará perfiles genéticos asociados a la evidencia que hubiere sido obtenida en el curso de una investigación judicial y que no se encontraren vinculados con una persona ya identificada judicialmente como imputada”.

Hará lo mismo también con “perfiles genéticos de las víctimas de un delito obtenidos en la escena del crimen, por medio de una investigación judicial”, siempre que esa persona “hubiera dado su consentimiento expreso” y aclara que “los perfiles genéticos podrán ser retirados del registro a pedido de la víctima, en cualquier momento”.

En esa línea, trabajará con los “perfiles genéticos de cadáveres o restos humanos no identificados, o material biológico presumiblemente procedente de personas extraviadas” y con “perfiles genéticos de personas que, teniendo un familiar desaparecido o extraviado, acepten aportar voluntariamente una muestra biológica que pueda resultar de utilidad para la identificación genética de la persona en búsqueda”.

Procesará, además, “perfiles genéticos de una persona mayor de edad imputada, procesada o sobre la que recayese resolución judicial equivalente, o condenada en un proceso judicial o huellas que se encontraren asociadas con su identificación, así como los perfiles de quienes no fueron condenados por mediar una causa de inimputabilidad penal”.

“A los fines de esta ley se considerará persona imputada desde el primer llamado efectuado con el objeto de recibirle declaración indagatoria o equivalente”, especifica la ley.

Luego, el texto aclara que “en el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito”.

“Los datos serán removidos cuando la persona imputada, procesada o condenada sea desvinculada de la investigación a través de una resolución judicial que adquiera certeza de cosa juzgada, o cuando no se haya resuelto la situación procesal y la etapa de investigación se extienda por más de tres (3) años”, estableció.

El registro también almacenará y sistematizará “perfiles genéticos del personal perteneciente a las fuerzas policiales y de seguridad federales, funcionarios y empleados del Poder Judicial que intervengan en las investigaciones criminales” y los de “toda persona mayor de edad que voluntariamente manifieste su deseo de incorporar su perfil genético al registro”.

“Los perfiles genéticos de víctimas de delitos o de familiares de personas desaparecidas o extraviadas no podrán ser utilizados como muestra para el esclarecimiento de un hecho delictivo, excepto que los aportantes lo consientan expresamente”, se aclara.

Politica

El Gobierno presentó un per saltum para que la Corte levante la suspensión de la reforma laboral

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.

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Caputo anticipó que la inflación de marzo superará el 3% y una desaceleración desde abril

El dato oficial se conocerá este martes por la tarde, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En enero y febrero, la suba de precios había sido de 2,9%, por lo que marzo marcaría una aceleración impulsada principalmente por el impacto internacional del conflicto en Medio Oriente, que elevó el precio del petróleo y presionó sobre combustibles y servicios vinculados al transporte.

Durante una entrevista en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo explicó que el shock externo afectó a rubros como pasajes aéreos, transporte y educación, este último por su estacionalidad. Aun así, sostuvo que la tendencia comenzará a revertirse desde abril y que la economía ingresará en un proceso de desinflación acompañado por una recuperación de la actividad.

Según el ministro, los próximos meses serán favorables y podrían configurar uno de los mejores períodos económicos de las últimas dos décadas, impulsado según afirmó por cambios estructurales en marcha. Mientras tanto, las consultoras privadas elaboraron sus propias estimaciones para el IPC de marzo. Equilibra calculó una inflación del 3,3% y atribuyó la suba al encarecimiento de los combustibles. Empiria proyectó un 3,2% y anticipó una baja hacia 2,5% en abril. Otras mediciones se ubicaron por debajo del 3%, como las de Libertad y Progreso (2,9%) y C&T Asesores Económicos (2,7%). Para estas últimas, el primer trimestre cerraría con una inflación acumulada cercana al 9% o 10%, en línea con la meta anual del Presupuesto 2026.

El Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET) midió un 3,3%, mientras que la consultora OJF estimó un 2,7% y destacó que la inflación núcleo que excluye precios regulados y estacionales se desaceleró hasta el 2%. En el rubro Alimentos y Bebidas, LCG registró un aumento del 2,3%, influido por dos semanas de bajas de precios.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también ajustó sus proyecciones: los analistas prevén un IPC del 3% para marzo, por encima del 2,5% que estimaban un mes atrás. Incluso el grupo de consultores que mejor anticipó la inflación en los últimos meses proyecta que la suba de precios anual podría ubicarse levemente por encima del registro de 2025, que cerró en 31,5%.

Con el dato oficial a horas de conocerse, el mercado y el Gobierno coinciden en que marzo será un mes de mayor presión inflacionaria, aunque difieren en la velocidad con la que podría consolidarse la desaceleración en los próximos meses.

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Milei criticó a medios y economistas en una entrevista emitida por la TV Pública

El presidente Javier Milei brindó una entrevista a la Televisión Pública en la que volvió a cuestionar duramente a los medios de comunicación.

Según el artículo, Milei afirmó que “el 95% de los periodistas son delincuentes” y sostuvo que existe un “embate mediático” contra su gestión, que atribuyó al recorte de la pauta oficial y a intereses políticos.

Durante la entrevista, realizada junto a dos economistas afines a su gobierno, el mandatario defendió su política económica y fiscal, y criticó a sectores del periodismo por lo que considera desinformación. También mencionó la reciente investigación periodística que reveló presunto financiamiento ruso a medios argentinos para publicar contenido crítico hacia su administración, y anticipó que podrían surgir casos vinculados a otros países.

El presidente también se refirió al escándalo por créditos hipotecarios adjudicados a funcionarios a través del Banco Nación. Defendió a los involucrados y sostuvo que los préstamos fueron otorgados a tasas de mercado, por lo que según su postura no habría irregularidades.

En otro tramo, Milei criticó a economistas que cuestionan su programa económico, incluyendo a Domingo Cavallo, y defendió las medidas de desregulación impulsadas por su gobierno. Aseguró que la inflación mayorista está descendiendo y que, a su juicio, la inflación minorista también lo hará.

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