El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, negó que los pedidos de informes impulsados por el oficialismo en la Cámara de Diputados constituyan una maniobra política contra el justicialismo, y aseguró que las solicitudes responden a investigaciones iniciadas hace más de un año, enfocadas en esclarecer hechos ocurridos durante la gestión de Sergio Uñac, entre 2020 y 2023.
“No es que uno entra el 10 de diciembre y el 11 ya tiene todas las carpetas sospechosas en el escritorio”, sostuvo Martín, en una entrevista brindada este viernes a Radio Amanecer. El dirigente aclaró que los pedidos fueron analizados durante meses por los 12 diputados oficialistas, y que muchos expedientes presentaban un volumen y complejidad considerables, lo que dificultó el acceso inmediato a documentación clave.
Las declaraciones del vicegobernador llegan tras la repercusión de un informe televisivo emitido por El Nueve, donde el periodista Tomás Méndes expuso una contratación directa del Gobierno de San Juan a la firma JL Distribuciones por $685 millones, para la provisión de 30.000 kits escolares. También se mencionó un acuerdo con Flybondi por 900.000 dólares a cambio de 13.000 pasajes, ambos ya informados en su momento por Diario Huarpe.
Investigaciones en curso: Acueducto Gran Tulum y compras durante la pandemia
Uno de los principales temas bajo análisis es el proyecto del Acueducto Gran Tulum, una megaobra valuada en 200 millones de dólares. Según explicó Martín, los caños inicialmente instalados no superaron las pruebas de presión por fallas en el método de soldadura, lo que generó un sobrecosto estimado en 50 millones de dólares. Además, se sospechan compras innecesarias y posibles vínculos entre la empresa proveedora y la gestión anterior.
Otro caso que generó preocupación refiere a presuntas irregularidades en las compras del Ministerio de Desarrollo Humano durante la pandemia, donde se habrían adquirido clavos y placas a precios por encima del valor de mercado. Una empleada del área de Farmacia advirtió reiteradamente sobre la situación sin recibir respuesta, y según Martín, la Contraloría General de la Provincia recomendó cambios que no fueron implementados.
“No se trata de una persecución, sino de un compromiso con la transparencia”
Martín subrayó que los pedidos de informes no tienen un trasfondo político ni buscan desprestigiar al justicialismo, como sugieren sectores de la oposición. “El gobernador Marcelo Orrego pidió ir a fondo en cada investigación. Si hay indicios de delito, se harán las denuncias correspondientes. Si no, los expedientes se archivarán”, expresó.
Además, anticipó que los informes podrían tratarse en comisión o sobre tablas, y que en los próximos días se buscará abrir canales de diálogo con los bloques opositores, ya que hasta el momento no se ha recibido ninguna respuesta formal.
Por último, el vicegobernador reconoció que existen otros casos en análisis, pero evitó dar detalles hasta que se complete la documentación. “Esto no es partidario, es institucional. Queremos garantizar transparencia, más allá del signo político de quienes hayan gestionado”, concluyó.
Huarpe
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