El Gobierno de San Juan presentó una reforma integral del IPV que incorpora el sorteo como regla general, crea cupos especiales, limita el acceso de funcionarios y suma nuevas herramientas de control y transparencia.
El Gobierno de San Juan avanza con una reforma integral del régimen del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), una normativa que rige desde 1978 y que tuvo su última modificación en 2018 con la incorporación de las Unidades de Vivienda (UVI). El nuevo proyecto, enviado a la Legislatura, propone actualizar los criterios de acceso, transparentar los procesos de adjudicación y establecer límites estrictos para funcionarios y autoridades políticas, incorporando herramientas de control y participación ciudadana.
Sorteo como regla general
Uno de los cambios centrales es la forma de adjudicación. La iniciativa establece que la entrega de viviendas y beneficios del IPV se realizará, como regla general, mediante sorteo público, con familias previamente empadronadas y evaluadas según criterios establecidos en la reglamentación. La asignación de unidades también será por sorteo, salvo excepciones justificadas.
El sorteo no será obligatorio en todos los casos. El proyecto exceptúa a los emprendimientos con aportes privados y participación de entidades intermedias, aunque estos deberán reservar un cupo obligatorio para sorteos públicos. También se podrán otorgar viviendas sin sorteo en situaciones de extrema vulnerabilidad, emergencias, desastres o riesgo cierto e inminente, siempre con autorización del gobernador y con informes técnicos, sociales y jurídicos que respalden la decisión.
Sistema de puntaje previo
Antes del sorteo, se aplicará un sistema de puntaje que evaluará la composición familiar, ingresos, condiciones habitacionales, hacinamiento, enfermedades o condiciones físicas o mentales, antigüedad en el registro y situaciones contempladas en leyes especiales. El proyecto incorpora además la inexistencia de antecedentes penales y la no inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos como criterios de evaluación.
Registro Público Digital
La reforma crea un Registro Público Digital de beneficiarios del IPV, de acceso libre, gratuito y permanente. Este registro deberá informar la nómina de adjudicatarios, la fecha y el estado del beneficio, con protección de datos sensibles. El IPV será responsable de su implementación, veracidad y actualización, que deberá realizarse al menos una vez al año.
El proyecto establece cupos de hasta el 20% del total de los programas habitacionales para sectores específicos:
Personas con discapacidad y sus familias.
Mujeres jefas de hogar responsables exclusivas.
Integrantes de fuerzas de seguridad.
Docentes.
Trabajadores del sistema sanitario que residan y trabajen en San Juan.
Los porcentajes finales serán definidos por reglamentación.
Límites estrictos para funcionarios
La iniciativa incorpora restricciones para evitar conflictos de intereses. Determinados funcionarios y autoridades políticas de los tres poderes provinciales y de los municipios no podrán acceder a viviendas sociales, y la prohibición alcanzará también a cónyuges, convivientes y familiares directos hasta segundo grado. La restricción se extenderá dos años después del cese del cargo.
El falseamiento de información podrá derivar en la nulidad del beneficio y en responsabilidades administrativas, civiles o penales. Se exceptúan algunas asistencias financieras para construcción o ampliación y emprendimientos privados con entidades intermedias.
El “principio de realidad”
La reforma incorpora el principio de realidad, que prioriza la situación social, económica y habitacional efectiva de la familia por sobre condiciones formales o registrales. También contempla la buena fe, la ocupación efectiva y la necesidad habitacional. Las viviendas deberán cumplir una finalidad exclusivamente social, excluyendo usos especulativos, comerciales o de inversión.
Canal digital de denuncias
El proyecto suma un canal digital de denuncias, público y gratuito, que permitirá informar irregularidades de manera anónima. Los planteos serán registrados y evaluados, y ante indicios razonables podrán derivar en actuaciones administrativas.
Recupero y regularización dominial
La iniciativa busca acelerar el recupero de viviendas y lotes con irregularidades en emprendimientos estatales o financiados por el Estado. Las actuaciones administrativas y judiciales tendrán carácter preferencial y urgente. El mismo criterio se aplicará a la regularización dominial de inmuebles que aún no cuentan con título definitivo.
1.380 escuelas y 243.000 estudiantes: así será el mayor simulacro de evacuación del país
San Juan realizará el simulacro de evacuación escolar en 1.380 establecimientos y cuatro turnos. Participarán más de 243.000 estudiantes y habrá monitoreo desde el CISEM.
San Juan realizará este 9 de octubre el Simulacro Provincial de Evacuación Escolar, una práctica simultánea que alcanzará a los 1.380 establecimientos educativos de la provincia y a más de 243.000 estudiantes de todos los niveles y modalidades, tanto de gestión estatal como privada.
El ejercicio se desarrollará en cuatro turnos mañana, tarde, vespertino y noche y permitirá que cada institución ponga en práctica su propio plan de evacuación ante un sismo, elaborado durante el proceso de formación del Programa Provincial de Prevención y Concientización Sísmica en el Ámbito Educativo.
A las 10hs, 16, 19 y 21hs, cada escuela emitirá una señal de aviso mediante timbres, campanas, altavoces u otros sistemas previamente definidos. Ante esa señal, los docentes indicarán a los estudiantes que adopten la posición de seguridad y permanecerán protegidos durante 60 segundos debajo de los pupitres o en las zonas seguras internas. Cumplido ese tiempo, el coordinador designado por cada institución ordenará el inicio de la evacuación general hacia las áreas establecidas en el plan.
El procedimiento contempla la adopción de la posición de seguridad, la evacuación ordenada, el corte de suministros de luz, gas y agua según las condiciones de cada edificio, el control de asistencia y la revisión edilicia a cargo de los equipos directivos y de maestranza. Solo una vez verificada la seguridad del establecimiento se autorizará el reingreso. Durante el proceso de formación se presentaron 2.400 planes de evacuación, considerando que algunos edificios albergan más de una institución y comunidades educativas en distintos turnos. Como parte del operativo, se realizarán cortes de tránsito en zonas donde los estudiantes deban desplazarse hacia el exterior: a las 10 frente a las EPET 1, 2 y 4, y a las 16 en inmediaciones de la Escuela Normal Superior Sarmiento, cuyos estudiantes se dirigirán hacia Plaza Laprida.
Cada institución registrará el desarrollo del ejercicio mediante un formulario de autoanálisis institucional, que permitirá identificar dificultades y ajustar los protocolos. A partir de los cinco minutos posteriores al inicio del simulacro, las escuelas comenzarán a cargar la información en el sistema dispuesto para el seguimiento.
El programa también incorporó acciones de prevención sísmica en los hogares: las familias que participaron en la elaboración de sus propios protocolos podrán realizar el simulacro en el turno contrario al que concurren sus hijos, replicando la práctica en un entorno doméstico. El operativo será monitoreado en vivo desde el CISEM mediante una transmisión desde las EPET 2 y 4.
En 2025, el primer simulacro provincial involucró a 1.249 escuelas distribuidas en 594 edificios; este año, la práctica alcanzará al 100% de los establecimientos educativos como cierre del proceso de formación desarrollado durante 2026 y como instancia para poner a prueba los planes elaborados por cada comunidad educativa.
Con financiamiento internacional, San Juan convertirá la Ruta 20 en una autopista entre Capital y Caucete
Orrego anunció el proyecto y la licitación de la autopista de la Ruta 20. La obra de 24,5 km será financiada con el Bono San Juan y busca mejorar la seguridad vial.
El gobernador Marcelo Orrego anunció el proyecto y el próximo llamado a licitación para transformar la Ruta Nacional 20 en una autopista de doble calzada entre la Ciudad de San Juan y Caucete, una obra largamente reclamada por su alta siniestralidad y que será financiada con los recursos del Bono San Juan colocados en el mercado internacional.
El corredor, uno de los principales accesos hacia el Este provincial y escenario de múltiples accidentes fatales que se cobraron 39 vidas en los últimos ocho años, será intervenido en 24,5 kilómetros desde calle Gorriti hasta el ingreso a Caucete, atravesando sectores vinculados a Santa Lucía, 9 de Julio y Caucete. La ruta concentra tránsito regional, transporte de cargas y buena parte de los desplazamientos hacia el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, lo que convierte su transformación en una obra estratégica para la seguridad vial y la conectividad productiva.
Orrego destacó que la autopista tendrá dos calzadas separadas físicamente, con dos carriles por sentido, banquinas y un separador central, además de colectoras laterales para ordenar el tránsito local y mantener los accesos a las propiedades. El proyecto incluye nuevos puentes y pasos a distinto nivel en puntos críticos como el Acceso Oeste la Rotonda del Gaucho, el acceso al aeropuerto y el ingreso a 9 de Julio, además de intervenciones en los cruces de Patricias Sanjuaninas y San Isidro.
En calle La Plata se construirá un puente de aproximadamente 35 metros acompañado por dos rotondas inferiores, mientras que sobre el río San Juan se levantará un nuevo puente de 206 metros distribuido en ocho vanos, con vereda peatonal y sectores laterales, manteniendo en funcionamiento el puente existente dentro de la configuración definitiva. En el acceso a Caucete se proyecta una rotonda partida para ordenar ingresos, egresos y giros.
Las colectoras tendrán un rol clave para el transporte público, permitiendo mantener los recorridos de la Red Tulum y conectar las paradas con cruces peatonales accesibles e iluminados. En Caucete y 9 de Julio se construirán veredas donde el espacio y las condiciones de seguridad lo permitan. También se incorporarán pasos peatonales inferiores en zonas próximas a escuelas para evitar que los estudiantes deban atravesar la calzada principal. La obra incluirá nueva señalización, demarcación, defensas metálicas, barreras de hormigón, iluminación en calzadas y colectoras, y cunetas para garantizar la continuidad hídrica.
Orrego vinculó la transformación de la Ruta 20 con el programa de infraestructura financiado por el Bono San Juan, destinado a mejorar corredores estratégicos para la producción, el transporte y la expansión económica provincial. Señaló que la obra fue prometida durante décadas y que contar con el proyecto ejecutivo permite avanzar finalmente hacia su concreción.
Defendió la estrategia de buscar financiamiento internacional en un contexto de incertidumbre y afirmó que la infraestructura vial será un pilar para acompañar el crecimiento de sectores como la minería, el turismo y la agroindustria. “Hay que trabajar mucho en el futuro de San Juan y no esperar que los problemas nos toquen la puerta”, sostuvo, al remarcar que la autopista permitirá mejorar la seguridad, ordenar la circulación y potenciar las oportunidades productivas del Este provincial.
San Juan lidera un convenio regional para reforzar la prevención de la ludopatía
San Juan, Mendoza y San Luis avanzan en un registro regional de autoexclusión para frenar el juego compulsivo y extender las restricciones al ámbito online.
San Juan dio un paso clave en la prevención del juego compulsivo al avanzar en un convenio histórico con Mendoza y San Luis para unificar los padrones de autoexclusión y cerrar una de las principales fisuras del sistema actual.
Hasta ahora, cuando una persona decidía restringir voluntariamente su acceso a las salas de juego mediante el área de Juego Responsable un trámite que en San Juan ya alcanza a unas 250 personas la prohibición regía únicamente dentro del territorio provincial, lo que permitía que quienes buscaban apostar pudieran eludir la medida trasladándose a provincias vecinas. Con el nuevo acuerdo interjurisdiccional, las tres administraciones cuyanas cruzarán sus bases de datos con las empresas operadoras de las salas de apuestas, de modo que los controles de admisión detecten automáticamente a los inscriptos sin importar en qué distrito intenten ingresar.
El proyecto, impulsado por el presidente de la Caja de Acción Social, Juan Pablo Medina, incorpora además un desafío mayor, extender las restricciones al ámbito digital. La intención es que las plataformas legales de apuestas online también respeten los bloqueos, convirtiendo al bloque cuyano en pionero a nivel nacional.
Esta iniciativa se complementa con las acciones que San Juan ya despliega contra el juego clandestino en internet, articulando con el Ministerio Público Fiscal, ALEA, Enacom, el Banco Central, Nic.ar y las principales redes sociales para identificar, denunciar y solicitar el bloqueo sistemático de sitios ilegales. A esto se suma la incorporación de herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial para optimizar la detección de plataformas clandestinas y acelerar los procedimientos judiciales que impidan su funcionamiento, consolidando un abordaje integral frente a una problemática que preocupa tanto a las familias como al Estado provincial.