Minas Argentinas, empresa integrante de Aisa Group, presentó su Reporte de Sostenibilidad 2025, un documento que marca un punto de inflexión para Mina Gualcamayo, ubicada en Jáchal.

El informe consolida el cambio de paradigma de la operación: de un proyecto con horizonte de cierre a un activo estratégico con al menos 30 años de proyección, respaldado por hitos regulatorios, inversiones estructurales y una gestión alineada con estándares internacionales.

Uno de los pilares de esta nueva etapa es el avance del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que cuenta con la actualización aprobada del Informe de Impacto Ambiental y su incorporación al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Este marco habilita inversiones superiores a USD 665 millones, extiende la vida útil del yacimiento y proyecta un fuerte impacto en empleo durante sus fases de mayor actividad.

En paralelo, la compañía avanza en una estrategia energética que incluye la construcción de un parque fotovoltaico de 50 MW y el análisis de infraestructura de transporte eléctrico, alineándose con las tendencias globales de descarbonización.

El reporte fue elaborado bajo el estándar GRI 14: Sector Minero 2024, la norma más reciente y específica para la industria. Minas Argentinas se convierte así en la primera empresa del país en reportar bajo este marco, que exige mayor consistencia, transparencia y detalle sobre los impactos ambientales, sociales y laborales de la actividad minera.

El documento estructura la sostenibilidad en tres ejes: ambiental, social y de gobernanza. En lo ambiental, la gestión hídrica se posiciona como el tema más crítico para la licencia social en San Juan, junto con la gestión integral de residuos bajo estándares internacionales incluido el ICMI, el cumplimiento de ISO 14001 y el monitoreo de emisiones de gases de efecto invernadero.

En el plano social, el informe destaca que 97% del personal es sanjuanino y más del 69% de los proveedores son nacionales, consolidando a Gualcamayo como un motor directo del desarrollo local. La inversión en infraestructura comunitaria, el apoyo a emprendedores, la articulación con más de 50 instituciones y el fortalecimiento del vínculo con universidades y escuelas refuerzan esta integración territorial. Instrumentos como el Fondo Fiduciario Gualcamayo aseguran que parte del valor generado se traduzca en beneficios concretos para las comunidades de influencia.

En materia de gobernanza, la compañía sostiene una cultura basada en la seguridad, la transparencia y la mejora continua, con certificaciones como ISO 45001, altos niveles de participación en encuestas de clima laboral y prácticas de integridad alineadas con estándares internacionales.

El análisis de materialidad 2025 muestra una convergencia entre los principales riesgos del negocio y las expectativas de los grupos de interés, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta alineación confirma que el crecimiento proyectado de Gualcamayo es viable no solo desde lo económico, sino también desde lo ambiental y social.

El reporte traza así una hoja de ruta que posiciona a Minas Argentinas como un actor clave de la minería argentina, con capacidad para generar valor económico, social y ambiental de manera integrada y sostenida.

Vecinos de Guandacol, en el oeste riojano, mantienen desde el martes un corte sobre la Ruta Nacional 40 en reclamo de respuestas del Gobierno provincial ante una serie de problemas que según expresan afectan la actividad económica y laboral de la zona.

La medida incluye asambleas y bloqueos intermitentes en rutas provinciales, y se sostiene mientras esperan la presencia de autoridades en el territorio.

Uno de los voceros de la comunidad, Alaniz, señaló que los vecinos prefieren que los funcionarios se trasladen a Guandacol para escuchar directamente las demandas locales, en lugar de mantener reuniones en la Capital riojana. Hasta el momento, afirmaron que solo han tenido contacto con representantes locales sin obtener definiciones concretas.

El conflicto ya genera consecuencias económicas. Comerciantes, prestadores turísticos y emprendedores gastronómicos reportan caídas significativas en las ventas, mientras que el sector hotelero no ha podido cumplir con reservas previstas. A esto se suma la interrupción de un contrato de mantenimiento con una empresa riojana, lo que provocó la salida de trabajadores de la zona.

La preocupación también alcanza a los jóvenes, quienes advierten que la situación podría afectar sus oportunidades laborales a mediano y largo plazo. La comunidad sostiene que la continuidad del corte dependerá de que se habilite un diálogo directo y efectivo con las autoridades provinciales.

El reclamo se desarrolla en un contexto marcado por decisiones judiciales vinculadas al proyecto minero Vicuña, que han generado tensiones en la región y profundizado la incertidumbre económica para los habitantes de Guandacol.

La Justicia de San Juan habilitó la continuidad de las operaciones del Proyecto Vicuña, luego de que un juzgado de primera instancia con competencia multifuero de la Segunda Circunscripción Judicial hiciera lugar a una medida cautelar solicitada por la compañía.

La resolución garantiza que ningún tercero pueda interferir en la actividad del proyecto, que cuenta con la habilitación vigente del Ministerio de Minería de la provincia.

La decisión se conoció tras una notificación recibida por la empresa respecto de una resolución judicial emitida en la provincia de La Rioja, vinculada a restricciones de tránsito en una ruta provincial y a la suspensión de actividades. Según el comunicado, el equipo legal de Vicuña “está actualmente analizando el alcance y las implicaciones de esa decisión”.

En paralelo, la Justicia sanjuanina resolvió a favor de la empresa y dictó una medida precautoria que “impide que cualquier tercero, público o privado, con excepción de las autoridades de la provincia de San Juan, pueda obstruir o suspender la continuidad operativa del proyecto”, dado que se encuentra habilitado por la autoridad de aplicación correspondiente.

La compañía destacó que continúa operando “en pleno cumplimiento del marco legal aplicable, priorizando la seguridad y la continuidad operativa”, al tiempo que impulsa acciones legales e institucionales para “normalizar plenamente el acceso a las operaciones”.

La resolución introduce un nuevo capítulo en el escenario jurídico que rodea al proyecto, en un contexto donde decisiones judiciales de distintas jurisdicciones pueden impactar en la actividad minera y en la circulación por rutas interprovinciales.