El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) fijó para el 3 de junio de 2026 la audiencia pública en la que se analizará el pedido del proyecto minero Vicuña para acceder a la red eléctrica de San Juan.

La convocatoria fue oficializada a través del Boletín Oficial y se realizará de manera virtual, permitiendo la participación de todos los actores interesados.

La instancia forma parte del proceso administrativo iniciado tras la solicitud de la empresa para utilizar y ampliar la capacidad de transporte del sistema eléctrico provincial, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de los grandes proyectos de cobre en la cordillera sanjuanina.

El eje del debate será el acceso a la línea de alta tensión Nueva San Juan–Rodeo, donde Vicuña busca asegurarse una porción mayoritaria de la capacidad disponible para abastecer su primera etapa operativa, que demandaría alrededor de 260 megavatios.

Desde su presentación, el pedido generó controversias entre organismos provinciales, municipios y otras compañías mineras, que cuestionaron la posibilidad de que una sola empresa concentre el uso de una infraestructura clave para el desarrollo energético y productivo de toda la región.

En este contexto, la audiencia pública se presenta como una instancia decisiva para definir cómo se distribuirá el acceso a la energía, un recurso crítico para la expansión de la minería en San Juan y para la planificación energética provincial. Además de los aspectos técnicos, el debate incluirá el rol del Estado en la administración de la capacidad disponible y el impacto que la decisión tendrá sobre la competitividad de los proyectos mineros en carpeta.

La modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial quedó oficialmente en vigencia tras la promulgación de la Ley 27.804, publicada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios sustanciales en el marco regulatorio que rige la protección de los glaciares en Argentina y redefine el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la actualización del objeto de la ley, que ahora establece que los glaciares y el ambiente periglacial deben ser preservados como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas. La norma detalla los usos prioritarios: consumo humano, agricultura, protección de la biodiversidad, investigación científica y turismo.

El texto también reafirma que los glaciares son bienes de carácter público, pero aclara que su protección debe interpretarse en armonía con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, reconociendo a las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales. Este punto responde a un reclamo histórico de los gobiernos provinciales, que buscaban mayor participación en la toma de decisiones sobre sus territorios.

Inventario Nacional de Glaciares y principio precautorio

La ley mantiene la vigencia del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), pero incorpora un cambio clave: el principio precautorio.

A partir de ahora, todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el inventario serán considerados parte del objeto protegido hasta que la autoridad competente verifique, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen funciones hídricas. Si se determina que no las cumplen, la jurisdicción deberá notificar al IANIGLA para que los retire del inventario. La ley aclara que la eventual demora del Instituto en actualizar la información no invalida las autorizaciones otorgadas por las provincias.

La norma ratifica la prohibición de actividades que puedan alterar de manera relevante la condición natural de los glaciares o sus funciones hídricas. Entre ellas se encuentran:

• Exploración y explotación minera e hidrocarburífera
• Construcción de obras de arquitectura o infraestructura
• Instalación de industrias
• Actividades que impliquen destrucción, traslado o interferencia en el avance del glaciar

La autoridad ambiental de cada jurisdicción será la encargada de determinar, mediante evaluaciones de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede ser autorizado.

Además, la ley establece que todas las actividades proyectadas en glaciares o en el ambiente periglacial deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental previa, y cuando la escala lo justifique, también a una evaluación ambiental estratégica. Ambos procesos deberán garantizar instancias de participación ciudadana.

Cada provincia definirá su propia autoridad competente, excepto en áreas protegidas, donde la responsabilidad recaerá en la Administración de Parques Nacionales. Estas autoridades deberán identificar, mediante estudios técnico-científicos, los glaciares y geoformas periglaciales que actúen como reservas estratégicas de agua y comunicar esa información al IANIGLA para la actualización permanente del inventario.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.804, el país incorpora un marco normativo que busca equilibrar la protección ambiental con el reconocimiento del rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, en un contexto donde la disponibilidad de agua y la regulación de actividades productivas adquieren creciente relevancia.

En el marco de su compromiso con el desarrollo territorial y la profesionalización de la mano de obra local, Vicuña Corp dio un nuevo paso en la articulación entre el sector productivo y el ámbito académico.

La empresa firmó un acta complementaria con la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de la Salud, para implementar un Programa de Inducción y Entrenamiento Inicial destinado a futuros conductores profesionales.

El acuerdo consolida un trabajo conjunto que se viene desarrollando en los departamentos de Jáchal e Iglesia, donde se llevó adelante una instancia preliminar de formación orientada a preparar a los participantes para el posterior curso de obtención de la licencia profesional. Esta etapa inicial incluyó contenidos vinculados a seguridad, salud, operación responsable y criterios técnicos fundamentales para desempeñarse en entornos productivos de alta exigencia.

Desde Vicuña Corp destacaron que la iniciativa responde a una visión estratégica, fortalecer las capacidades locales, generar oportunidades concretas de empleo y promover estándares de seguridad y profesionalización en cada etapa del proceso formativo. La empresa remarcó que la articulación con la UNSJ permite integrar conocimiento académico, experiencia técnica y necesidades reales del territorio.

El programa se enmarca en una política de vinculación que busca potenciar el talento regional y acompañar el crecimiento de las comunidades donde la compañía desarrolla sus operaciones.

Un modelo de articulación público–privada

La firma del acta complementaria reafirma el rol de la Universidad Nacional de San Juan como actor clave en la formación de perfiles profesionales vinculados a la industria, y consolida un modelo de cooperación que combina sector productivo, instituciones educativas y gobiernos locales.

Con esta iniciativa, Vicuña Corp continúa impulsando acciones que promueven la empleabilidad, la capacitación continua y la construcción de un ecosistema de trabajo seguro y sostenible en el norte sanjuanino.