El departamento Iglesia se encamina a convertirse en el primer territorio de San Juan abastecido al 100% con energía solar, gracias a la construcción del Parque Solar Comunitario, una iniciativa que marca un hito en la transición hacia un modelo energético sustentable y autónomo.

El proyecto, impulsado por una alianza estratégica entre Veladero, el Gobierno de San Juan y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), contempla una inversión de 10 millones de dólares y la instalación de una planta fotovoltaica con capacidad de 8,5 MWp. La obra no solo representa un avance tecnológico, sino también un cambio estructural en la matriz eléctrica del departamento.

La principal innovación del parque radica en su sistema de almacenamiento energético, que permitirá garantizar el suministro continuo durante las 24 horas del día. De esta manera, Iglesia se convertirá en el primer departamento del país con cobertura total de energía solar, asegurando autonomía y estabilidad para hogares, instituciones y emprendimientos locales.

El sistema combinará generación fotovoltaica con baterías de alta capacidad, lo que posibilitará almacenar excedentes durante las horas de mayor radiación solar y utilizarlos en los períodos nocturnos o de baja demanda.

Impacto económico y social

Además del beneficio ambiental, el proyecto tendrá un impacto directo en la economía regional.

• Ahorro tarifario: se prevé una reducción significativa en los costos de facturación eléctrica para los habitantes del departamento.
• Desarrollo laboral: la construcción y mantenimiento del predio generará empleo local, priorizando mano de obra iglesiana.
• Alianza público-privada: el modelo de gestión entre el sector minero y el Estado provincial se consolida como una herramienta de desarrollo sostenible con impacto social a largo plazo.

Un modelo de innovación para la región

La iniciativa posiciona a Iglesia como referente nacional en energías renovables, reforzando su perfil productivo y ambiental. El proyecto se integra al plan provincial de transición energética que busca diversificar fuentes, reducir emisiones y promover la eficiencia en el uso de recursos naturales.

Con esta apuesta, San Juan reafirma su liderazgo en el desarrollo de infraestructura sustentable y en la articulación entre minería responsable, tecnología y bienestar comunitario.

El Parque Solar Comunitario de Iglesia simboliza un cambio de paradigma, energía limpia, gestión local y desarrollo con equidad. La obra no solo transformará la matriz eléctrica del departamento, sino que también sentará las bases de un modelo replicable para otras regiones del país.

La tensión entre La Rioja y San Juan por los límites interprovinciales volvió a ocupar el centro de la escena política nacional.

El gobernador Ricardo Quintela presentó un reclamo formal ante el Senado de la Nación para revisar los límites establecidos en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y reivindicó la soberanía riojana sobre dos territorios estratégicos: el megaproyecto minero Josemaría y el Parque Provincial Ischigualasto, conocido mundialmente como Valle de la Luna.

El planteo, que marca un giro institucional en una disputa histórica, busca que el Congreso intervenga en la delimitación definitiva entre ambas provincias, amparado en el artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional. Quintela sostiene que los límites actuales carecen de legitimidad democrática, ya que fueron fijados por autoridades militares sin participación de los gobiernos provinciales ni ratificación legislativa.

Hasta ahora, las diferencias entre ambas provincias se habían concentrado en cuestiones administrativas y ambientales vinculadas a la explotación minera y al uso de rutas de acceso. Sin embargo, el nuevo reclamo de La Rioja trasciende esos aspectos y apunta directamente a la propiedad de la tierra donde se asientan dos activos de alto valor estratégico: el yacimiento Josemaría uno de los proyectos de cobre más grandes del continente y el Parque Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La decisión de elevar el conflicto al Senado implica un cambio de escala institucional y política. En términos prácticos, La Rioja busca que se reconozca su jurisdicción sobre zonas que hoy operan bajo administración sanjuanina, lo que podría modificar el mapa productivo y turístico del noroeste argentino.

Implicancias económicas y políticas

El proyecto Josemaría, ubicado en plena cordillera, representa una inversión superior a los 4.000 millones de dólares y es considerado uno de los pilares del desarrollo minero nacional. Su eventual traspaso de jurisdicción tendría consecuencias directas sobre la recaudación fiscal, la distribución de regalías y la planificación de infraestructura en la región.

Por su parte, el Parque Ischigualasto emblema del turismo sanjuanino y sitio paleontológico de relevancia mundial constituye un símbolo de identidad provincial. Su inclusión en el reclamo agrega una dimensión cultural y patrimonial al conflicto, que ahora combina intereses económicos, históricos y políticos.

La disputa por los límites entre La Rioja y San Juan se remonta al siglo XIX, pero fue formalmente redefinida en 1968 por un decreto del gobierno de Onganía. Desde entonces, los sucesivos gobiernos provinciales mantuvieron interpretaciones divergentes sobre la demarcación, aunque sin llegar a un planteo institucional de esta magnitud.

Con este movimiento, Quintela busca reabrir el debate en el Congreso y sentar un precedente sobre la revisión de límites fijados por gobiernos de facto. La iniciativa, según fuentes oficiales, apunta a “restablecer la soberanía territorial y garantizar la equidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”.

El reclamo riojano abre un nuevo capítulo en la relación entre ambas provincias y podría derivar en una discusión más amplia sobre los criterios de delimitación territorial en Argentina. Mientras tanto, San Juan mantiene su posición histórica y defiende la validez de los acuerdos vigentes, en tanto La Rioja insiste en que la revisión es un acto de justicia institucional.

La disputa, que combina historia, política y economía, promete convertirse en uno de los temas más sensibles del año en la agenda federal.

La minería del oeste riojano enfrenta un escenario de tensión creciente luego de que una resolución judicial alterara las condiciones de acceso a los yacimientos cordilleranos.

La medida, firmada por la jueza Decker de Chilecito, obliga a los trabajadores a desplazarse por el corredor norte para llegar al proyecto Vicuña y a otros emprendimientos de la zona, lo que multiplica los tiempos de viaje y genera preocupación en Guandacol y localidades vecinas.

El impacto de la decisión fue expuesto por Carlos Alaniz, minero con más de dos décadas de trayectoria y referente de la comunidad guandacolense. En diálogo con Radio Fénix de la provincia de La Rioja, advirtió que la actividad no se detendrá, pero sí se verá afectada la logística operativa, un factor que incide directamente en los costos de las empresas y en los criterios de contratación de personal.

Hasta ahora, los trabajadores riojanos accedían al proyecto Vicuña mediante un recorrido de cuatro horas desde Guandacol. Con la nueva disposición, el viaje se extiende a casi once horas, debido a la obligación de utilizar rutas alternativas del corredor norte.

En la minería de gran escala, esta diferencia es determinante. Las compañías suelen priorizar la contratación de mano de obra y servicios de las localidades más cercanas al yacimiento. Si Guandacol pierde esa ventaja geográfica, explicó Alaniz, la comunidad quedará en una posición frágil dentro del “anillo de prioridad” que define el empleo directo y los servicios asociados.

El sector estima que alrededor de 140 trabajadores riojanos se desempeñan de manera directa en los proyectos del oeste provincial. A ellos se suma un entramado de proveedores locales, transporte, hotelería, logística, gastronomía, que involucra a familias de Guandacol, Villa Unión, Santa Clara, Villa Castelli y la Capital. En total, unas 190 familias dependen de manera inmediata de la continuidad de la actividad minera.

Los salarios del sector explican la magnitud del problema, bajo el régimen 14×14, un operario inicial percibe alrededor de $1.800.000 mensuales, mientras que los puestos calificados pueden superar los $3.000.000. Son ingresos que no encuentran equivalencia en el mercado laboral privado de la provincia.

La situación expone una contradicción que atraviesa a la minería riojana. La provincia cuenta con proyectos de alto interés como Peña Negra, Cerro Verde, La Chola y Vicuña, pero enfrenta un déficit de mano de obra calificada para cubrir los puestos de mayor especialización. Es un diagnóstico que también comparten San Juan, Salta y Catamarca en el marco de las inversiones proyectadas bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En este contexto, cualquier decisión que modifique la logística de acceso adquiere una dimensión estratégica. El cobre, el litio y el oro del corredor cordillerano forman parte del esquema exportador que el Gobierno nacional busca consolidar, con La Rioja como uno de los territorios llamados a aportar volumen.

Un conflicto que trasciende lo judicial y se vuelve político

Alaniz atribuyó la situación a una “disputa política innecesaria” entre distintos niveles del Estado, cuyos efectos recaen sobre los trabajadores. Su planteo refleja un malestar creciente en las comunidades del oeste, donde la expectativa por el desarrollo minero convive con la incertidumbre sobre el marco regulatorio y las tensiones entre Provincia y Nación.

El reclamo es concreto, garantizar estabilidad laboral y previsibilidad para quienes ya forman parte del sector, evitando que las decisiones institucionales terminen afectando a los ciudadanos. La advertencia llega en un momento clave, cuando la minería riojana busca consolidarse como motor de desarrollo regional y asegurar su lugar en el mapa nacional de inversiones.