El Country Director del Proyecto Vicuña y recientemente designado presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Morea, advirtió que el conflicto judicial iniciado en La Rioja podría afectar no solo la operatoria diaria del emprendimiento, sino también el clima de inversiones previsto para los próximos años.

La medida, dictada por la jueza María Greta Decker, impide el tránsito minero en un tramo clave de la Ruta Provincial N° 506, entre Guandacol y La Majadita, lo que impacta directamente en el acceso utilizado por trabajadores y contratistas.

Morea señaló que la empresa no fue notificada formalmente del fallo y que se enteraron de la resolución a través de los medios de comunicación. Sin embargo, confirmó que efectivos policiales de La Rioja están interrumpiendo el paso de vehículos, incluso de otras compañías mineras que utilizan ese corredor cordillerano.

En declaraciones al programa De Sobremesa, emitido por Telesol, el directivo puso el foco en las consecuencias que este tipo de decisiones puede generar en la percepción internacional sobre la minería argentina. “San Juan está ubicada en el puesto 18 dentro de las mejores jurisdicciones mundiales para hacer minería, y no por casualidad. Comportamientos de otras provincias alineadas con lo que está pasando en la provincia vecina probablemente generen más ruido y menos vocación por acelerar inversiones cuando el ruido político o judicial se eleva”, afirmó.

Respecto al planteo ambiental que fundamenta la medida la falta de presentación del Estudio de Impacto Ambiental en territorio riojano, según lo señalado por el secretario de Ambiente Santiago Azulay, Morea sostuvo que se trata de discusiones legales que deberán darse en el marco de un proceso formal. Aseguró que la empresa está “100% alineada con la regulación vigente”, tanto en materia constitucional como en los distintos niveles regulatorios que rigen la actividad.

El directivo explicó además que Vicuña cuenta con una declaración de impacto ambiental otorgada en 2023 para el mantenimiento del camino, y que la última actualización fue presentada en abril del año pasado, aunque aún no ha sido aprobada. “Hoy estamos imposibilitados de hacer mantenimiento en ese camino”, señaló.

Morea también advirtió sobre el impacto económico que genera la suspensión del tránsito. Indicó que la empresa mantiene contratos con proveedores riojanos y que incluso había lanzado una licitación para construir una circunvalación en Guandacol, una obra que implicaría inversiones millonarias y la creación de alrededor de 60 puestos de trabajo. Sin embargo, aclaró que estos proyectos dependen de la aprobación ambiental pendiente. “Si no hay aprobación, difícilmente se creen esos puestos de trabajo”, afirmó.

Pese al conflicto, destacó la relación con comunidades, trabajadores y proveedores de La Rioja, aunque remarcó que decisiones de este tipo generan incertidumbre en un sector que requiere previsibilidad para sostener inversiones de largo plazo.

La decisión de la Justicia de La Rioja de suspender por 30 días el tránsito por el camino de Guandacol, principal vía de acceso desde territorio riojano hacia la mina Vicuña, generó preocupación en Iglesia.

El intendente Jorge Espejo calificó la medida como “una verdadera sorpresa” y advirtió que el cierre del corredor “complica mucho la operación de la mina” y “pone en riesgo la seguridad de las personas que trabajan allí”, al afectar uno de los accesos clave en plena alta cordillera.

Frente a este escenario, Espejo confirmó que el departamento cuenta con un camino alternativo que podría utilizarse en caso de urgencias para garantizar la logística hacia el proyecto minero. Se trata de una traza interna que parte desde Rodeo por la Ruta Provincial 430, atraviesa Angualasto, Malimán y El Chinguillo, continúa por el margen del río Blanco y finalmente se conecta con el camino que llega desde La Rioja, desembocando directamente en el campamento Batidero de Vicuña.

El jefe comunal explicó que esta vía ya fue utilizada en otras oportunidades y que, si bien no reemplaza al corredor principal, puede funcionar como un acceso de emergencia mientras dure la restricción. “Ese camino lo hemos usado en varias oportunidades y, en caso de urgencia, puede servir”, señaló.

La suspensión del camino de Guandacol se produjo en el marco de un fallo judicial riojano que ordenó paralizar actividades vinculadas al proyecto minero por 30 días, hasta que la empresa presente la documentación ambiental requerida por esa provincia. La medida impacta directamente en la logística del emprendimiento y abrió un nuevo frente de preocupación en la zona cordillerana.

Una resolución judicial de La Rioja generó fuerte repercusión en San Juan luego de que la jueza María Greta Decker ordenara suspender por 30 días las actividades vinculadas al proyecto minero Josemaría.

La medida fue dictada en el marco de una presentación del Gobierno riojano contra la empresa Vicuña S.A. y establece que la paralización se mantendrá hasta que la firma presente el estudio de impacto ambiental correspondiente en territorio riojano, según informó un medio de esa provincia.

El proyecto Josemaría, ubicado en la zona limítrofe entre San Juan y La Rioja, es considerado uno de los desarrollos mineros más importantes del país, con una inversión estimada en 16.000 millones de dólares. Aunque el yacimiento se encuentra en territorio sanjuanino, parte de la logística y el acceso se realizan a través de caminos que atraviesan La Rioja, lo que motivó la intervención de la Justicia de esa provincia.

De acuerdo con lo publicado por Rioja Virtual, el secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay, fundamentó la medida al señalar que la empresa no cumplió con los requerimientos ambientales exigidos por esa jurisdicción. Afirmó que los impactos potenciales del proyecto podrían alcanzar a comunidades como Guandacol, Villa Unión y zonas cercanas, y mencionó entre las principales preocupaciones el tránsito pesado, la dispersión de partículas y el ruido. También cuestionó que la empresa solo haya presentado un informe parcial sobre el camino utilizado, considerado insuficiente por las autoridades.

La resolución judicial establece que no podrá haber actividad sin un estudio de impacto ambiental aprobado, lo que obliga a la empresa a adecuarse a la normativa riojana para retomar las tareas. Se trata de una medida autosatisfactiva basada en el principio preventivo, orientada a evitar posibles daños ambientales mientras se evalúa la documentación requerida.

Para San Juan, la decisión implica un freno en el avance de un proyecto estratégico para la actividad minera y la generación de empleo, además de abrir un escenario de tensión entre ambas jurisdicciones. En paralelo, la empresa trabaja en la construcción de un camino alternativo para mejorar el acceso al emprendimiento.

Desde La Rioja advirtieron que, si la empresa no cumple con lo solicitado o no se alcanza un equilibrio entre impactos y beneficios, el conflicto podría escalar a instancias superiores, incluso a la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, la Policía riojana mantiene el control del acceso por el camino de Guandacol e impide la circulación hacia la zona durante el período de suspensión.