SALTA. – El exgobernador de Salta y candidato a senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, denunció que la camioneta en la que se trasladaba fue impactada por una bala mientras circulaba por la Ruta Nacional N°5, entre las localidades de Orán y General Pizarro.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana del martes, y si bien no hubo heridos, el episodio generó alarma y preocupación en el entorno del dirigente, a pocos días de las elecciones legislativas nacionales.

El ataque y la denuncia policial

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría N°101 de San Lorenzo, Urtubey viajaba junto a su chofer y secretario, Carlos María García Bes, y a dos colaboradores, Arnaldo López y Joaquín Guzmán, cuando una bala impactó en la ventana trasera izquierda de la camioneta Toyota Hilux en la que se desplazaban.

El propio chofer declaró ante las autoridades que el daño fue provocado por un disparo de arma de fuego, descartando que se tratara de un golpe accidental o un proyectil de otro tipo. Guzmán, que viajaba sentado justo en el lugar del impacto, resultó ileso de manera milagrosa.

Investigación en curso

La denuncia fue caratulada como “Daños”, con intervención de la Fiscalía Penal de San Lorenzo, que deberá determinar las circunstancias del ataque e identificar a los autores.

Pese a que el hecho se produjo en plena campaña electoral, desde el entorno del exgobernador evitaron vincularlo directamente con motivaciones políticas, aunque no descartaron ninguna hipótesis.

El ataque se produjo a días de las elecciones legislativas nacionales, donde Urtubey busca regresar al Congreso como senador nacional por Salta. El episodio encendió las alarmas en el ámbito político provincial y nacional, y motivó refuerzos de seguridad preventiva en los traslados del dirigente.

BUENOS AIRES. -Por primera vez en la historia, el Tesoro norteamericano intervino directamente en el mercado cambiario argentino. Lo hizo a través de tres bancos internacionales, en una operación inédita que marcó el inicio formal del rescate financiero acordado con el Gobierno de Javier Milei.

En una jornada de alto impacto para los mercados, el Tesoro de los Estados Unidos realizó este jueves una intervención sin precedentes en el mercado cambiario argentino, vendiendo dólares y comprando pesos a través de tres bancos internacionales: Santander, Citi y JP Morgan. La operación confirmada por fuentes financieras y luego ratificada por el propio secretario del Tesoro, Scott Bessent marcó el inicio efectivo del paquete financiero de US$ 20.000 millones acordado entre ambos países.

El movimiento sorprendió al mercado local, que registró una inmediata reacción de los bonos y las acciones, con subas de hasta el 10%, y un descenso del tipo de cambio oficial, que cerró en $1.420, por debajo de los $1.430 del miércoles. Según operadores, la intervención estadounidense inyectó calma luego de dos semanas de fuerte presión cambiaria y un contexto de creciente incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sostener las reservas.

Fuentes del sistema financiero confirmaron que el Tesoro norteamericano utilizó parte de sus Derechos Especiales de Giro (DEG) una tenencia equivalente a US$ 173.000 millones, los cambió en la Reserva Federal por dólares, y transfirió los fondos al Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF). Desde allí, los recursos fueron girados a cuentas de los bancos privados en Nueva York, que luego los canalizaron hacia sus filiales en Argentina para comprar pesos en el mercado oficial, en una maniobra “sin antecedentes”, según un ex titular del Banco Central.

Un comunicado interno del Banco Santander difundido a sus operadores confirmó la operación: “Santander ejecutó transacciones en nombre del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de intervenir en el mercado cambiario. En breve, el Tesoro estadounidense realizará un anuncio sobre esta operación”, señaló el mensaje que se replicó en las pantallas del sistema financiero.

La incógnita inmediata fue qué destino tendrían los pesos adquiridos. En la plaza local se observó un volumen récord de operaciones con bonos AL30, que alcanzó $379.000 millones, triplicando su flujo diario habitual. Analistas estiman que esos fondos podrían haberse utilizado para comprar títulos en pesos como garantía del swap bilateral entre ambos países, cuyo esquema opera de forma similar a un repo entre bancos centrales.

Desde Washington, Scott Bessent confirmó la operación y subrayó que Estados Unidos usó sus propios recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria, aclarando que “no se trata de un rescate”, sino de una medida de estabilización coordinada. “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo al FMI, apoya su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos. Hoy compramos directamente pesos argentinos”, afirmó el funcionario.

El Tesoro norteamericano había concluido cuatro días de intensas reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington D.C., donde se definieron los detalles del paquete financiero. “Conversamos sobre los sólidos fundamentos económicos de Argentina, incluyendo los cambios estructurales en marcha que generarán más exportaciones en dólares y fortalecerán las reservas internacionales”, sostuvo Bessent en un comunicado oficial.

La intervención fue interpretada por analistas como una demostración de confianza política y económica de Estados Unidos hacia el Gobierno de Milei, y un movimiento geopolítico para desplazar la influencia de China en la región, en momentos en que el swap con Beijing comienza a diluirse.

El rescate financiero de US$ 20.000 millones contempla un mecanismo de intercambio de monedas (swap) que refuerza las reservas del Banco Central y otorga liquidez al sistema financiero argentino. Según trascendió en Wall Street, la operación podría extenderse mediante instrumentos de cobertura que blinden el tipo de cambio hasta las elecciones del 26 de octubre, fecha en la que el mercado espera definiciones sobre el futuro del régimen de bandas cambiarias.

Con este movimiento, el Tesoro estadounidense formalizó la primera intervención directa en la historia del mercado oficial argentino, marcando un hito financiero y político. El propio presidente Javier Milei celebró el acuerdo, agradeciendo a Scott Bessent y a Donald Trump “por su firme liderazgo y respaldo al pueblo argentino”, mientras que Luis Caputo calificó la jornada como “el día en que Argentina volvió a recuperar credibilidad internacional”.

BUENOS AIRES. -El organismo desestimó el pedido de reimprimir 14 millones de boletas para reemplazar la imagen de José Luis Espert por la de Diego Santilli, al considerar el planteo “jurídicamente improcedente” y de “imposible cumplimiento material y temporal”.

La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires rechazó este miércoles el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas oficiales utilizadas en la provincia, con el objetivo de sustituir la fotografía de su excandidato José Luis Espert e incluir en su lugar a Diego Santilli. La decisión se adoptó tras una audiencia convocada por el organismo y en la que participaron representantes de las 15 fuerzas políticas que intervendrán en los próximos comicios.

La Junta, integrada por el juez Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, y el titular de la Cámara Federal, Jorge Di Lorenzo, sostuvo que el pedido de reimpresión de 14 millones de boletas únicas resulta material, temporal y jurídicamente inviable, ya que contraviene los plazos y etapas previstos por el Código Electoral Nacional y las acordadas de la Cámara Nacional Electoral.

Durante la audiencia, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, explicó ante los magistrados que el proceso de reimpresión implicaría un gasto estimado en $12.169 millones y un plazo logístico que haría imposible garantizar la distribución en los más de 40 mil establecimientos de votación de la provincia. El funcionario advirtió que autorizar la medida supondría alterar la estructura presupuestaria y operativa de todo el cronograma electoral.

En su resolución, la Junta Electoral destacó que su deber es preservar la estabilidad del proceso electoral y la igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas, al tiempo que recordó que “toda decisión debe orientarse a garantizar la inmutabilidad de la oferta electoral ya oficializada”. En esa línea, subrayó que el principio de preclusión que impide retrotraer etapas cumplidas del proceso electoral busca “evitar dilaciones indebidas y preservar la certeza del sufragio”.

El fallo, señala que la renuncia de un candidato no constituye un supuesto de fuerza mayor ni una causa que permita modificar un acto jurisdiccional firme. “Admitir lo contrario supondría subordinar la seguridad del proceso electoral a contingencias internas de los partidos, afectando la estabilidad del sistema y la igualdad ante la ley”, advirtió el tribunal.

Los jueces Ramos Padilla, Kogan y Di Lorenzo recordaron que los plazos del Código Electoral son “perentorios y de orden público”, y su cumplimiento no puede quedar librado a la voluntad de las agrupaciones ni de las autoridades administrativas. De lo contrario —advirtieron—, se abriría la puerta a una cadena de reclamos que comprometería la realización misma de las elecciones.

La Junta también argumentó que aceptar el pedido de LLA implicaría crear un precedente de “enorme gravedad institucional”, al habilitar la posibilidad de que cualquier renuncia, sustitución o fallecimiento posterior a la impresión de las boletas dé lugar a reclamos similares. Tal escenario, sostuvo, “convertiría el calendario electoral en un esquema incierto, dependiente de hechos fortuitos o decisiones partidarias”, con riesgo directo para la seguridad jurídica y la igualdad entre las fuerzas.

En el plano económico, el organismo coincidió con el análisis del Ministerio del Interior al señalar que el costo de reimprimir 14 millones de boletas únicas superaría los 12 mil millones de pesos, monto que representa casi la totalidad de los recursos disponibles para gastos electorales. Además, advirtió que autorizar la medida requeriría una reasignación presupuestaria y la firma de una adenda con el Correo Oficial de la República Argentina, lo que podría afectar el resto de las operaciones del proceso electoral.

Finalmente, la Junta Electoral concluyó que la solicitud presentada por el Gobierno y el frente libertario “debe ser rechazada, no sólo por su imposibilidad material, temporal y jurídica, sino también por sus consecuencias económicas, institucionales y operativas”. Con esta decisión, el organismo ratificó la inmutabilidad del cronograma electoral y garantizó la realización del comicio en tiempo y forma, preservando según el fallo la transparencia, la previsibilidad y la igualdad ante la ley.