Politica

Santiago del Estero elige gobernador: la oposición no logró unidad y apunta a resistir en el Congreso

Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza no lograron un acuerdo para enfrentar a Gerardo Zamora. El oficialismo apunta a quedarse con los tres escaños en el Senado con una maniobra electoral ya conocida.

Santiago del Estero volverá a ser escenario de una disputa electoral compleja y marcada por la fragmentación opositora. A pesar de los esfuerzos por lograr una coalición amplia que enfrente al oficialismo liderado por Gerardo Zamora, ni Juntos por el Cambio ni La Libertad Avanza consiguieron sellar una alianza. En este contexto, la oposición buscará retener presencia legislativa en un escenario dominado por el zamorismo.

Este año, la provincia elegirá gobernador, tres senadores, tres diputados nacionales y renovará cargos municipales y legislativos provinciales. Aunque aún no se definió la fecha de los comicios, el gobernador Zamora evalúa dos alternativas: elecciones concurrentes con las nacionales o un adelantamiento para el mes de agosto.

La estrategia del zamorismo: fórmula única y listas múltiples

El senador nacional y presidente del PJ local, José Emilio Neder, confirmó que el Partido Justicialista integrará el Frente Cívico, liderado por Zamora, para postular una fórmula unificada a la gobernación. Sin embargo, aclaró que el PJ presentará listas propias para cargos legislativos y municipales, lo que responde a una estrategia habitual: asegurar los dos primeros escaños en el Senado para el oficialismo y dejar la tercera banca en manos del PJ, impidiendo el ingreso de la oposición al Congreso.

Desde los sectores opositores denuncian esta maniobra como inconstitucional, pero admiten que no es la primera vez que enfrentan un esquema similar. La táctica ha sido repetida en elecciones anteriores con resultados favorables al zamorismo, gracias al amplio control territorial y al uso fragmentado del aparato electoral.

Juntos por el Cambio lanza su fórmula sin los libertarios

Ante la imposibilidad de incorporar a La Libertad Avanza al armado opositor, Despierta Santiago, la versión local de JxC, oficializó al radical Alejandro Parnás como candidato a gobernador. La coalición reúne al PRO de Facundo Pérez Carletti, hombre cercano a Mauricio Macri; al ex intendente Eduardo “Chabay” Ruiz; y a Guillermo Suárez Meleán, ex aliado de Javier Milei.

“Hicimos todo el esfuerzo para llegar a la unidad”, señalaron desde el frente opositor. Pese a las dificultades, mantienen expectativas en lograr una elección competitiva que les permita acceder a una banca en el Senado o en Diputados. Para eso, anticipan una campaña enfocada en la polarización con Zamora y minimizan las chances del espacio libertario: “Con este escenario, La Libertad Avanza va a quedar en un lugar muy marginal o puede desaparecer”, afirman.

El desafío opositor en una provincia bajo hegemonía zamorista

Con más de dos décadas de poder concentrado, Gerardo Zamora se mantiene como el gran elector de la provincia. Su figura aglutina estructuras políticas, recursos estatales y una red de apoyos que le han permitido mantener el control de la gobernación y del Congreso. Sin una oposición unificada ni una alternativa con proyección nacional fuerte, la hegemonía del zamorismo no parece correr riesgo a corto plazo.

Sin embargo, en sectores del radicalismo, el PRO y otras fuerzas no peronistas aún queda un objetivo claro: evitar que el oficialismo se quede con la totalidad de la representación santiagueña en el Congreso. Con esa meta, buscarán capitalizar el desgaste de la gestión local, los reclamos sociales y el interés de una porción del electorado por construir una alternativa.

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El Congreso debatirá la baja de la edad de imputabilidad a los 13 años en febrero

A través del Decreto 53/2026, el Gobierno nacional incluyó la “Ley Penal Juvenil” en el temario de sesiones extraordinarias. Se suma a la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto busca igualar la legislación argentina con países como Uruguay y Brasil.

El calendario legislativo de febrero sumó un tema de alto impacto social. El presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario para las sesiones extraordinarias, habilitando al Congreso para discutir la baja de la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años y el oficialismo pretende llevar a los 13 años.

La decisión, plasmada en el Boletín Oficial, coloca al nuevo Régimen Penal Juvenil como el quinto eje de una agenda que ya incluía temas cruciales para San Juan, como la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

¿Cómo será la hoja de ruta en el Congreso?

A pesar de la urgencia que el Gobierno le imprime al tema, fuentes oficiales confirmaron que habrá un orden de prioridades para no entorpecer los acuerdos políticos:

Primero, lo urgente: El tratamiento comenzará con la Reforma Laboral en el Senado y el acuerdo Mercosur-UE en Diputados.
Segundo paso: Una vez que esos proyectos avancen, se habilitará el debate de la Ley Penal Juvenil, que ingresaría inicialmente por la Cámara de Diputados.

Desde la Casa Rosada sostienen que la legislación argentina quedó desactualizada respecto a la región. Mencionan los casos de Brasil y Uruguay, donde la edad de imputabilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente. El proyecto se basaría en un dictamen de comisión del año pasado, pero con ajustes para buscar el consenso de otros bloques que tienen propuestas similares.

Con esta incorporación, el periodo que va del 2 al 27 de febrero será determinante. El interés es doble, por un lado, el impacto de la seguridad y el régimen penal; y por otro, la expectativa por la Ley de Glaciares, que podría definir el futuro de grandes inversiones mineras en Argentina.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ratificó que el objetivo es avanzar hacia un sistema de justicia “más moderno y justo”, mientras la oposición ya prepara sus argumentos para un debate que promete ser uno de los más intensos del año.

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Reforma Laboral: Bullrich negocia cambios con los gobernadores para destrabar los votos en el Senado

La titular del bloque oficialista evalúa modificar puntos clave del proyecto ante el reclamo de las provincias por la caída de la coparticipación. En la misma mesa, los mandatarios de provincias mineras como San Juan presionan por cambios en la Ley de Glaciares para ampliar las zonas de explotación.

El tablero político nacional se mueve intensamente de cara a las sesiones extraordinarias de febrero. La senadora Patricia Bullrich lidera las conversaciones para reformar el proyecto de ley laboral original, buscando un equilibrio que permita obtener la mayoría necesaria en la Cámara Alta.

El principal escollo hoy es el impacto fiscal. Los gobernadores advirtieron que la baja del impuesto a las Ganancias para sociedades, contemplada en la reforma, afectaría directamente las arcas provinciales al ser un tributo coparticipable. La propuesta de los mandatarios es que la reducción sea escalonada, permitiendo que el repunte del consumo compense gradualmente la caída de ingresos.

El factor minero: Glaciares en la negociación

Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, busca asegurar los votos para la reforma laboral, los gobernadores de provincias mineras han puesto sobre la mesa una condición estratégica: la modificación de la Ley de Glaciares.

Este pedido, central para el desarrollo de proyectos en San Juan, busca redefinir la normativa actual para permitir explotaciones en zonas periglaciares, lo que desbloquearía inversiones millonarias que hoy están frenadas por la interpretación ambiental de la ley vigente.

La estrategia de Bullrich de “ceder para avanzar” no cuenta con el apoyo total del equipo económico. Mientras ella, Santilli y Martín Menem están dispuestos a retocar el proyecto para asegurar los votos, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger, insisten en mantener los plazos originales de reducción impositiva.

“Hay gobernadores que están 100% a favor y otros que no quieren votar nada que tenga costo fiscal para sus provincias”, resumen desde la Casa Rosada sobre la complejidad de unificar el reclamo.

Esta semana será clave para definir si se reabren las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto para un nuevo dictamen o si los cambios se introducen directamente en el recinto durante el tratamiento en febrero.

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Milei reestructura la SIDE: busca centralizar la inteligencia y eliminar “funciones políticas”

A través de un fuerte comunicado, la Casa Rosada justificó los cambios como una “reforma de segunda generación”. Mientras el Ejecutivo defiende el achicamiento de estructuras, la oposición denuncia la creación de una “policía secreta” y presiona en el Congreso para controlar el DNU.

REDACCIÓN JÁCHAL MAGAZINE – El sistema de inteligencia argentino atraviesa una transformación radical. Tras la publicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica la Ley de Inteligencia, el Gobierno nacional detalló las nuevas funciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), argumentando que el objetivo es terminar con décadas de “opacidad y uso político”.

Los ejes de la reforma

Según el comunicado oficial, la reforma busca adecuar el sistema a las “amenazas del siglo XXI” mediante varios puntos clave:

Foco en Contrainteligencia: La Agencia de Seguridad Nacional se limitará exclusivamente a proteger al Estado de espionaje o injerencia externa.
Recorte de funciones: La SIDE dejará de ocuparse de la seguridad interna (que queda bajo el Ministerio de Seguridad) y de la infraestructura crítica (que pasa a Innovación, Ciencia y Tecnología).
Eficiencia militar: Se eliminó la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar superposiciones con el Estado Mayor Conjunto.
Carácter encubierto: Todas las actividades de inteligencia pasan a tener carácter reservado para reducir el “riesgo estratégico”.

La medida no tardó en despertar fuertes críticas en el arco opositor. Sectores del kirchnerismo y bloques aliados como Encuentro Federal y la Coalición Cívica advirtieron que el DNU otorga facultades excesivas y reduce el control parlamentario.

Referentes de la oposición, como Leopoldo Moreau y Agustín Rossi, denunciaron que la reforma podría dar lugar a una “fuerza parapolicial” al permitir detenciones en flagrancia y el uso de personal militar para tareas de inteligencia civil.

Ante este escenario, se ha iniciado una fuerte presión sobre Martín Menem (Diputados) y Victoria Villarruel (Senado) para conformar de manera urgente las comisiones bicamerales:

De Trámite Legislativo: Para validar o rechazar el DNU.
De Inteligencia: Para ejercer el control sobre las actividades de los espías.

Plazos legales

El Poder Ejecutivo tiene ahora 10 días hábiles para remitir el decreto al Congreso. Una vez allí, la comisión tiene otros 10 días para dictaminar. Si no hay acuerdo en ese plazo, ambas cámaras quedarán habilitadas para tratar el DNU en el recinto, donde el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para sostener la reforma de la nueva SIDE.