San Juan dio un paso decisivo en su política minera al enviar a la Legislatura el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa que por primera vez fija reglas claras, medibles y progresivas para garantizar que el crecimiento del sector se traduzca en empleo y oportunidades para las familias sanjuaninas.

El Poder Ejecutivo remitió la propuesta este martes 9 de junio, cumpliendo el compromiso asumido por el gobernador Marcelo Orrego.

La provincia atraviesa un momento histórico: bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), San Juan concentra compromisos por USD 31.200 millones distribuidos en cinco proyectos mineros, además de cuatro de los siete yacimientos de cobre de clase mundial del país. En ese contexto, la nueva ley busca responder a una pregunta central para las comunidades: cómo lograr que la riqueza mineral se transforme en desarrollo real para Calingasta, Iglesia, Jáchal y cada rincón de la provincia.

El proyecto establece que las empresas mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores, con metas progresivas, crecientes y verificables. No fija cupos obligatorios ni restricciones a la competencia: exige planificación, medición y rendición de cuentas. “La experiencia internacional demuestra que el impacto positivo de la minería no depende del volumen extraído, sino de la capacidad de transformar esa riqueza en empleo de calidad y desarrollo empresarial a largo plazo”, afirmó el ministro de Minería, Juan Pablo Perea.

Una ley que va más allá de los proveedores

El ministro de Producción, Gustavo Fernández, destacó que la norma no se limita a regular compras: “Es una mal llamada ley de proveedores. También busca promover el empleo local y que las compañías mineras y contratistas empleen personas que residan en la provincia”.

El proyecto se apoya en tres ejes estratégicos:

• Empleo local: meta del 80% de trabajadores sanjuaninos, con prioridad para los departamentos de influencia directa.
• Proveedores locales: objetivo del 60% de compras a empresas sanjuaninas, siempre que exista oferta competitiva.
• Desarrollo territorial: articulación de las acciones voluntarias de las empresas con los planes estratégicos municipales, para que las inversiones en educación, salud e infraestructura tengan impacto real y sostenido.

Uno de los aspectos más innovadores es la obligación de que las empresas publiquen planes de demanda de bienes y servicios, con cronogramas estimados de compras. Esto permitirá que proveedores de Jáchal, Iglesia o Calingasta conozcan con anticipación qué requerirá cada proyecto y puedan prepararse para competir.

Puntos clave del proyecto

El texto enviado a la Legislatura incorpora herramientas inéditas para el sector:

• Planes de Desarrollo obligatorios, actualizables cada dos años.
• 80% de empleo sanjuanino como meta progresiva.
• 60% de compras locales, con justificación técnica cuando no exista oferta competitiva.
• Creación del RE.PRO.MIN, un registro público y digital de proveedores mineros con arraigo real.
• Premio al cumplimiento, mediante un Certificado de Crédito Fiscal transferible para empresas que alcancen simultáneamente ambas metas.
• Transparencia en contrataciones, con procedimientos públicos y trazabilidad verificable.

Un Estado que regula y audita

La ley se fundamenta en un principio institucional: la minería metalífera explota un recurso que es propiedad del Estado provincial. Por ello, el Estado tiene la facultad de fijar condiciones que aseguren retorno social y económico.

El Ministerio de Minería será la Autoridad de Aplicación, acompañado por un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial encargada de auditar la trazabilidad de los planes y el valor agregado local. El proyecto prevé sanciones que van desde apercibimientos hasta multas de 60.000 Unidades Tributarias, aunque no penaliza a las empresas que demuestren haber capacitado personal y acrediten la inexistencia de oferta local competitiva.

La iniciativa también deroga la Ley 1208-M, que nunca llegó a implementarse, y fija plazos de entre 60 y 90 días para que las empresas presenten sus planes iniciales. En la Cámara de Diputados, el oficialismo anticipó que existe un consenso transversal para avanzar con el tratamiento.

Con esta ley, el Gobierno provincial busca dar una respuesta institucional a una demanda histórica de las comunidades mineras: qué queda en San Juan después de que se extrae el mineral. La propuesta del Ejecutivo apunta a una respuesta concreta: trabajo registrado, proveedores locales fortalecidos y un Estado que mide, audita y rinde cuentas.

San Juan dio un paso inédito en materia de gestión del riesgo al concretar el primer Consejo Provincial de Protección Civil, un encuentro que por primera vez reunió en una misma mesa a representantes de los 19 departamentos, organismos provinciales, Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público junto a la Dirección de Protección Civil, buscó fortalecer la coordinación territorial y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias en toda la provincia.

La jornada convocó a equipos técnicos de los ministerios de Salud, Familia y Desarrollo Humano, Educación, áreas operativas y organismos especializados en gestión del riesgo. El objetivo fue claro: construir un espacio de trabajo conjunto, compartir diagnósticos y unificar criterios para actuar de manera más eficiente frente a eventos naturales o situaciones críticas.

El secretario de Seguridad, Enrique Delgado, abrió el encuentro destacando el valor de la articulación provincial. “San Juan demuestra que puede dar respuestas inmediatas gracias al trabajo de Protección Civil, Bomberos Voluntarios y cada área que se activa según la emergencia. Este Consejo se sostiene en la colaboración y la confianza”, afirmó.

La subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro, remarcó la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza en cada intervención. “Este primer Consejo permite ordenar y poner en valor la trazabilidad de todas las acciones que se ejecutan ante un evento natural o una emergencia”, señaló.

Por su parte, el director de Protección Civil, Carlos Heredia, subrayó el compromiso de los municipios, especialmente de los departamentos alejados. “Sabemos el esfuerzo que implica participar, pero aun así demostraron el compromiso y el trabajo constante. Fue un hecho sin precedentes donde todos nos involucramos por la seguridad de la comunidad”, expresó.

Durante la jornada se presentó el funcionamiento del Sistema Provincial de Emergencias, detallando cómo se articulan los distintos organismos y cuáles son las competencias de cada institución. También se repasó el marco legal de la Protección Civil, las responsabilidades municipales y los mecanismos de coordinación ante distintos escenarios de riesgo.

Las exposiciones incluyeron temas clave como mapas de riesgo, prevención sísmica, incendios forestales y rurales, inundaciones, anegamientos, y la gestión de emergencias estacionales como viento Zonda y lluvias intensas. Además, se compartieron experiencias de trabajo conjunto con organismos provinciales y educativos para fortalecer la cultura preventiva en las comunidades.

Otro de los ejes centrales fue la planificación de recursos y la coordinación operativa. Se analizaron herramientas de alerta temprana, disponibilidad de personal y equipamiento, y mecanismos de articulación interinstitucional para optimizar la capacidad de respuesta ante contingencias.

El Consejo concluyó con una síntesis de las principales conclusiones y con el compromiso de continuar fortaleciendo el Sistema Provincial de Protección Civil, con el objetivo de construir comunidades más preparadas, resilientes y con mayor capacidad de respuesta.

Participaron también el jefe de Policía, Néstor Álvarez; el director del SPP, Carlos Suárez; el jefe de Regimiento, Pablo Molina; el jefe de la Agencia Regional Federal Cuyo, Leonardo Bracamonte; y representantes de Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El Paso Internacional de Agua Negra quedó oficialmente cerrado este martes 9 de junio a las 18 horas, luego de que un frente frío ingresara a la zona cordillerana provocando intensas nevadas y condiciones de alta montaña que impiden garantizar la seguridad de los usuarios.

Así lo informó el Ministerio de Gobierno de San Juan, tras recibir la notificación de la Coordinación del Centro de Frontera Agua Negra, dependiente de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera del Ministerio del Interior de la Nación.

Con esta medida, se da por finalizada la temporada 2025-2026, que originalmente estaba prevista para concluir el próximo 14 de junio. Sin embargo, el deterioro de las condiciones meteorológicas registrado en los últimos días obligó a adelantar el cierre por razones de seguridad, prevención y resguardo operativo.

Las autoridades explicaron que las nevadas acumuladas, sumadas a la baja visibilidad y a la formación de hielo en sectores críticos del trazado, hacen imposible mantener la transitabilidad del corredor internacional que une la provincia de San Juan con la Región de Coquimbo, en Chile.

Tanto la coordinación argentina como la chilena coincidieron en que el cierre anticipado era la única decisión viable para evitar riesgos en un tramo de alta montaña que, durante el invierno, suele presentar condiciones extremas.

Asimismo, el Ministerio de Gobierno recordó que la reapertura del Paso Internacional de Agua Negra será informada oportunamente, una vez que las condiciones climáticas permitan restablecer la circulación de manera segura y conforme a los protocolos binacionales.

El cierre del paso marca el final de una temporada que, como cada año, permitió el tránsito turístico y comercial entre ambos países, y que ahora ingresa en su habitual período de inactividad invernal.