El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó los valores actualizados de la canasta de crianza correspondientes a marzo de 2026, un indicador que permite dimensionar el costo real que enfrentan las familias argentinas para sostener la crianza de niños y adolescentes.

Según el informe, el gasto mensual para un niño de entre 6 y 12 años asciende a $676.431, el valor más alto entre los cuatro tramos etarios evaluados.

La canasta de crianza combina dos componentes: el gasto en bienes y servicios alimentación, vestimenta, transporte, salud y educación y el costo del cuidado, calculado en función de la cantidad de horas necesarias según la edad y valorizado según la remuneración del personal de casas particulares.

El Indec explicó que el incremento registrado en marzo responde principalmente a la suba en consumos básicos y al aumento en el valor de las horas de cuidado, un factor que tiene un peso significativo en los primeros años de vida.

Los costos por tramo etario

El informe detalla los siguientes valores:

• Menores de 1 año: $515.236 Incluye $183.349 en bienes y servicios y $331.888 en cuidado, considerando 147 horas mensuales.
• De 1 a 3 años: $616.046 Se compone de $236.746 en bienes y servicios y $379.300 en cuidado, con 168 horas mensuales estimadas.
• De 4 a 5 años: $538.587 El monto surge de $301.525 en bienes y servicios y $237.063 en cuidado. La asistencia al nivel inicial reduce las horas necesarias a 105 mensuales.
• De 6 a 12 años: $676.431 Es el valor más elevado. Se alcanza al sumar $374.042 en bienes y servicios y $302.389 en cuidado. Aunque las horas de cuidado bajan a 84 mensuales, los mayores gastos en educación, transporte y consumo elevan el total.

La metodología del Indec combina la canasta básica total (CBT) para estimar bienes y servicios, y un cálculo específico del costo del cuidado, lo que permite obtener una medida más completa del esfuerzo económico que implica la crianza en Argentina.

Con estos valores, el organismo busca aportar una herramienta clave para el análisis de políticas públicas, la planificación familiar y la comprensión del impacto económico que enfrentan los hogares en el país.

El Hospital Posadas confirmó este lunes la detección en Argentina de seis casos del grupo sanguíneo Gerbich negativo, uno de los más raros del mundo y de enorme relevancia para la medicina transfusional.

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el equipo de Hemoterapia del hospital y la Cruz Roja Internacional de Japón, centro de referencia global en grupos sanguíneos poco frecuentes.

El Gerbich negativo se caracteriza por la ausencia de antígenos Gerbich (Ge) en la membrana de los glóbulos rojos. Esta condición obliga a que los pacientes que lo poseen reciban transfusiones exclusivamente de donantes compatibles, ya que una transfusión incorrecta puede desencadenar reacciones inmunológicas graves.

Según informó el Ministerio de Salud, este tipo de grupos sanguíneos aparece una vez cada miles o incluso millones de personas, lo que convierte a los casos detectados en un hecho excepcional para el país.

El equipo de Hemoterapia del Posadas responsable de identificar más del 50% de los donantes con fenotipos raros en Argentina logró el descubrimiento mediante estudios clínicos y serológicos de alta complejidad. Los seis casos incluyen tres pacientes embarazadas, cuya detección temprana es clave para prevenir la Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido; dos hermanas, identificadas a partir de un estudio familiar; y un donante voluntario, considerado un aporte fundamental para el sistema de donación.

La confirmación definitiva se obtuvo gracias al análisis conjunto con la Cruz Roja de Japón, que validó los resultados bajo estándares genéticos internacionales. Desde el Posadas destacaron que este tipo de hallazgos permite fortalecer los registros de donantes poco frecuentes, una herramienta esencial para garantizar transfusiones seguras en situaciones críticas.

El descubrimiento posiciona nuevamente al Hospital Posadas como un referente nacional en la identificación de fenotipos raros y abre la puerta a futuras investigaciones en el campo de la inmunohematología.

La provincia de Santa Fe atraviesa una situación inédita en materia de seguridad escolar, en menos de una semana, entre el 16 y el 21 de abril, se registraron 158 falsas amenazas de ataques en instituciones educativas, un fenómeno que dejó de ser interpretado como una travesura adolescente para convertirse en un problema de Estado con consecuencias penales y económicas.

Frente a esta escalada, el Gobierno santafesino anunció que multará con $5 millones a los padres o tutores de los menores involucrados, monto que busca cubrir los costos operativos que cada intervención demanda. La medida se fundamenta en el principio de responsabilidad civil y en la necesidad de evitar que el erario público absorba gastos derivados de delitos que, además de generar alarma, desvían recursos esenciales de la prevención real del crimen.

Según datos del Ministerio de Seguridad provincial, cada amenaza aunque luego se confirme como falsa activa un operativo que involucra a la Policía de Santa Fe, brigadas especiales, áreas municipales y equipos de emergencia. El costo estimado por despliegue oscila entre $5 y $6 millones, cifra que refleja el impacto logístico y presupuestario de estas maniobras.

Georgina Orciani, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera, advirtió que estas acciones “no pueden ser minimizadas ni consideradas una broma”, ya que constituyen un delito tipificado en el Código Penal y afectan directamente el derecho a la educación. La funcionaria confirmó que ya se identificaron menores responsables en localidades como Rosario, Venado Tuerto y Teodelina, y que los procesos administrativos y penales recaerán sobre sus tutores.

Responsabilidad familiar y uso crítico de las redes

El Gobierno provincial remarcó que estas falsas alertas no solo generan miedo y paralizan la actividad escolar, sino que también retiran recursos humanos y tecnológicos de la prevención del delito, debilitando la seguridad general. Cada operativo implica desviar móviles, personal especializado y equipos que deberían estar destinados a situaciones reales de riesgo.

En este contexto, las autoridades hicieron un llamado a la responsabilidad familiar y al control del uso de herramientas digitales. La viralización de mensajes sin verificación, señalaron, contribuye a amplificar el caos y a consolidar un circuito de desinformación que termina afectando a toda la comunidad educativa.

La decisión de aplicar multas millonarias busca enviar un mensaje claro, el delito se paga, incluso cuando es cometido por menores. El objetivo es desalentar la repetición de estas conductas, recuperar fondos públicos y reforzar la idea de que la seguridad escolar es un bien colectivo que requiere compromiso de todos los actores.

Mientras tanto, el Gobierno santafesino continúa monitoreando la evolución del fenómeno, que ya se perfila como una tendencia nacional y que obliga a repensar estrategias de prevención, educación digital y responsabilidad social.