La modificación de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial quedó oficialmente en vigencia tras la promulgación de la Ley 27.804, publicada por el Gobierno nacional en el Boletín Oficial.

La norma introduce cambios sustanciales en el marco regulatorio que rige la protección de los glaciares en Argentina y redefine el rol de las provincias en la gestión de los recursos naturales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la actualización del objeto de la ley, que ahora establece que los glaciares y el ambiente periglacial deben ser preservados como reservas estratégicas de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas. La norma detalla los usos prioritarios: consumo humano, agricultura, protección de la biodiversidad, investigación científica y turismo.

El texto también reafirma que los glaciares son bienes de carácter público, pero aclara que su protección debe interpretarse en armonía con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, reconociendo a las provincias como titulares del dominio originario de los recursos naturales. Este punto responde a un reclamo histórico de los gobiernos provinciales, que buscaban mayor participación en la toma de decisiones sobre sus territorios.

Inventario Nacional de Glaciares y principio precautorio

La ley mantiene la vigencia del Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), pero incorpora un cambio clave: el principio precautorio.

A partir de ahora, todos los glaciares y geoformas periglaciales incluidos en el inventario serán considerados parte del objeto protegido hasta que la autoridad competente verifique, mediante estudios técnico-científicos, que no cumplen funciones hídricas. Si se determina que no las cumplen, la jurisdicción deberá notificar al IANIGLA para que los retire del inventario. La ley aclara que la eventual demora del Instituto en actualizar la información no invalida las autorizaciones otorgadas por las provincias.

La norma ratifica la prohibición de actividades que puedan alterar de manera relevante la condición natural de los glaciares o sus funciones hídricas. Entre ellas se encuentran:

• Exploración y explotación minera e hidrocarburífera
• Construcción de obras de arquitectura o infraestructura
• Instalación de industrias
• Actividades que impliquen destrucción, traslado o interferencia en el avance del glaciar

La autoridad ambiental de cada jurisdicción será la encargada de determinar, mediante evaluaciones de impacto ambiental, si un proyecto implica una alteración relevante y, por lo tanto, no puede ser autorizado.

Además, la ley establece que todas las actividades proyectadas en glaciares o en el ambiente periglacial deberán someterse a una evaluación de impacto ambiental previa, y cuando la escala lo justifique, también a una evaluación ambiental estratégica. Ambos procesos deberán garantizar instancias de participación ciudadana.

Cada provincia definirá su propia autoridad competente, excepto en áreas protegidas, donde la responsabilidad recaerá en la Administración de Parques Nacionales. Estas autoridades deberán identificar, mediante estudios técnico-científicos, los glaciares y geoformas periglaciales que actúen como reservas estratégicas de agua y comunicar esa información al IANIGLA para la actualización permanente del inventario.

Con la entrada en vigencia de la Ley 27.804, el país incorpora un marco normativo que busca equilibrar la protección ambiental con el reconocimiento del rol de las provincias en la gestión de sus recursos naturales, en un contexto donde la disponibilidad de agua y la regulación de actividades productivas adquieren creciente relevancia.

En el marco de su compromiso con el desarrollo territorial y la profesionalización de la mano de obra local, Vicuña Corp dio un nuevo paso en la articulación entre el sector productivo y el ámbito académico.

La empresa firmó un acta complementaria con la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de la Salud, para implementar un Programa de Inducción y Entrenamiento Inicial destinado a futuros conductores profesionales.

El acuerdo consolida un trabajo conjunto que se viene desarrollando en los departamentos de Jáchal e Iglesia, donde se llevó adelante una instancia preliminar de formación orientada a preparar a los participantes para el posterior curso de obtención de la licencia profesional. Esta etapa inicial incluyó contenidos vinculados a seguridad, salud, operación responsable y criterios técnicos fundamentales para desempeñarse en entornos productivos de alta exigencia.

Desde Vicuña Corp destacaron que la iniciativa responde a una visión estratégica, fortalecer las capacidades locales, generar oportunidades concretas de empleo y promover estándares de seguridad y profesionalización en cada etapa del proceso formativo. La empresa remarcó que la articulación con la UNSJ permite integrar conocimiento académico, experiencia técnica y necesidades reales del territorio.

El programa se enmarca en una política de vinculación que busca potenciar el talento regional y acompañar el crecimiento de las comunidades donde la compañía desarrolla sus operaciones.

Un modelo de articulación público–privada

La firma del acta complementaria reafirma el rol de la Universidad Nacional de San Juan como actor clave en la formación de perfiles profesionales vinculados a la industria, y consolida un modelo de cooperación que combina sector productivo, instituciones educativas y gobiernos locales.

Con esta iniciativa, Vicuña Corp continúa impulsando acciones que promueven la empleabilidad, la capacitación continua y la construcción de un ecosistema de trabajo seguro y sostenible en el norte sanjuanino.

El departamento Iglesia se encamina a convertirse en el primer territorio de San Juan abastecido al 100% con energía solar, gracias a la construcción del Parque Solar Comunitario, una iniciativa que marca un hito en la transición hacia un modelo energético sustentable y autónomo.

El proyecto, impulsado por una alianza estratégica entre Veladero, el Gobierno de San Juan y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), contempla una inversión de 10 millones de dólares y la instalación de una planta fotovoltaica con capacidad de 8,5 MWp. La obra no solo representa un avance tecnológico, sino también un cambio estructural en la matriz eléctrica del departamento.

La principal innovación del parque radica en su sistema de almacenamiento energético, que permitirá garantizar el suministro continuo durante las 24 horas del día. De esta manera, Iglesia se convertirá en el primer departamento del país con cobertura total de energía solar, asegurando autonomía y estabilidad para hogares, instituciones y emprendimientos locales.

El sistema combinará generación fotovoltaica con baterías de alta capacidad, lo que posibilitará almacenar excedentes durante las horas de mayor radiación solar y utilizarlos en los períodos nocturnos o de baja demanda.

Impacto económico y social

Además del beneficio ambiental, el proyecto tendrá un impacto directo en la economía regional.

• Ahorro tarifario: se prevé una reducción significativa en los costos de facturación eléctrica para los habitantes del departamento.
• Desarrollo laboral: la construcción y mantenimiento del predio generará empleo local, priorizando mano de obra iglesiana.
• Alianza público-privada: el modelo de gestión entre el sector minero y el Estado provincial se consolida como una herramienta de desarrollo sostenible con impacto social a largo plazo.

Un modelo de innovación para la región

La iniciativa posiciona a Iglesia como referente nacional en energías renovables, reforzando su perfil productivo y ambiental. El proyecto se integra al plan provincial de transición energética que busca diversificar fuentes, reducir emisiones y promover la eficiencia en el uso de recursos naturales.

Con esta apuesta, San Juan reafirma su liderazgo en el desarrollo de infraestructura sustentable y en la articulación entre minería responsable, tecnología y bienestar comunitario.

El Parque Solar Comunitario de Iglesia simboliza un cambio de paradigma, energía limpia, gestión local y desarrollo con equidad. La obra no solo transformará la matriz eléctrica del departamento, sino que también sentará las bases de un modelo replicable para otras regiones del país.