Tras una extensa sesión, la Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al primer paquete minero impulsado por el Gobierno provincial, compuesto por cuatro proyectos que buscan ordenar, reactivar y regular la actividad minera. Estas iniciativas abarcan desde un Fondo de Compensación Ambiental hasta la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge.
El primer proyecto crea el Fondo de Compensación Ambiental, una herramienta financiera destinada a responder de manera inmediata ante daños ambientales de incidencia colectiva, emergencias o zonas degradadas. Este fondo se financiará con multas, tributos ambientales y otras fuentes específicas, lo que permitirá contar con recursos de uso directo para situaciones críticas.
Los fondos podrán utilizarse para restaurar o mitigar daños en áreas afectadas cuando los responsables no estén identificados o sean insolventes, para compensar zonas impactadas por actividades industriales y para ejecutar obras de recomposición ecológica que beneficien a comunidades afectadas.
El segundo proyecto adecúa el esquema provincial a la Ley Nacional 24.196, estableciendo cómo se calcularán y controlarán las regalías generadas por la actividad minera. El texto determina que las regalías se calculen mediante una alícuota del 3% sobre el valor “boca mina”, conforme la normativa nacional vigente.
En cuanto al destino de los fondos, el 88% irá a Rentas Generales de los cuales el 15% deberá asignarse al nuevo Fondo de Desarrollo Económico y Socioambiental, mientras que el 12% se distribuirá entre los municipios donde se realice la extracción, siempre que estén adheridos a la ley.
Malargüe Distrito Minero Occidental II: 27 proyectos con estudios ambientales aprobados
El tercer proyecto incorpora el Distrito Minero Occidental II de Malargüe, una zona delimitada que integra 27 iniciativas de exploración surgidas de audiencias públicas y evaluaciones técnicas de organismos provinciales, nacionales, académicos y municipales.
Cada Declaración de Impacto Ambiental incluye planes de manejo específicos para zonas de altura, así como un esquema de seguimiento ambiental permanente.
Entre los proyectos incluidos se encuentran Cuprum, El Destino, Mercedes (en sus distintas áreas), Pampa, Tango, Chamamé, Alicia, Clotilde, Elisa, Excalibur, La Victoria, Sofi, Titán, Tordillo, Lucero, Malargüito, PAS, Qatar, Villagra, Belluno, Roma, Veneto, Angélica, Malargüe West y Sierra Azul, entre otros.
El cuarto y más debatido expediente fue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge, que obtuvo media sanción tras haber sido rechazado en 2011.
En esta oportunidad, el bloque del PJ votó en contra, pero el oficialismo logró los votos necesarios con el apoyo de aliados legislativos.
El proyecto San Jorge busca extraer cobre mediante flotación en un yacimiento ubicado en Estancia El Yalguaraz, Uspallata, con una inversión estimada de 560 millones de dólares.
Durante el debate, legisladores opositores cuestionaron la falta de consenso y el nivel de rigurosidad aplicado al control ambiental, señalando que el Gobierno no abrió instancias de diálogo previas.