Un helicóptero con seis ocupantes activó su baliza de emergencia en Valle Fértil. Seguridad desplegó un operativo de búsqueda en coordinación con organismos competentes.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público activó este miércoles el protocolo de búsqueda luego de perderse contacto con un helicóptero que participaba de las actividades del curso de capacitación en combate de incendios forestales en el departamento Valle Fértil. La aeronave trasladaba a seis ocupantes y pertenece al Plan Nacional del Manejo del Fuego, cuyos equipos se encontraban en la provincia realizando entrenamientos operativos.

El hecho ocurrió en una zona de difícil acceso, en el límite entre Valle Fértil y Jáchal, cerca del límite con La Rioja, donde la aeronave emitió una baliza de emergencia, lo que activó de inmediato el protocolo de localización por coordenadas. Desde el momento en que se tomó conocimiento de la situación, Seguridad dispuso todos los recursos disponibles y coordina las tareas con los organismos competentes.

Vecinos de la villa cabecera de Valle Fértil informaron que se movilizaron tres ambulancias, dos patrulleros y personal de Bomberos, además de equipos especializados en búsqueda en zonas de montaña. Por el momento, se desconoce si el helicóptero cayó o aterrizó de emergencia, por lo que el operativo se mantiene activo mientras se intenta establecer contacto con la tripulación.

La Secretaría de Seguridad pidió a la comunidad mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y aclaró que, a medida que se cuente con información corroborada, se emitirán las actualizaciones correspondientes.

La Legislatura recibió una denuncia contra Marcelo Lima por presunto incumplimiento de deberes. La sala acusadora analizará el expediente en 40 días.

El abogado penalista y civil Nicolás Fiorentino presentó una denuncia contra el ministro de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación ingresó formalmente a la sala acusadora de la Cámara de Diputados, según confirmó el presidente del bloque Producción y Trabajo y titular de esa sala, Juan De La Cruz Córdoba, quien detalló el procedimiento que seguirá el expediente dentro de la Legislatura.

En diálogo con 0264 Radio, Córdoba explicó que la denuncia sostiene que Lima habría incurrido en una falta de objetividad e imparcialidad judicial en un caso puntual. Según el planteo del denunciante, el ministro de la Corte debería haberse apartado del Jurado de Enjuiciamiento en un proceso vinculado a una denuncia previa presentada por el propio Fiorentino contra un camarista civil, debido a un supuesto vínculo de amistad entre ambos magistrados.

“El denunciante habría formulado una denuncia para que fueran sometidos al jurado de enjuiciamiento un camarista, un juez de Cámara Civil, y considera que el doctor Marcelo Lima, siendo presidente del jurado, debería haber pedido el apartamiento del cargo para este tema puntual”, explicó Córdoba.

Con el ingreso del expediente, comenzará ahora el proceso interno previsto por la normativa legislativa. La sala acusadora notificará a la Secretaría Legislativa y distribuirá copias de la denuncia entre sus integrantes. Luego, la Comisión de Investigación dispondrá de un plazo de 40 días para analizar la presentación y emitir un dictamen. Ese informe será elevado nuevamente a la sala acusadora, que deberá resolver si corresponde archivar la denuncia o avanzar hacia una nueva instancia.

Córdoba aclaró que se trata de una presentación reciente y que deberá seguir los pasos institucionales establecidos. “Cuando ya son denuncias, tiene que estar fundado en un hecho particular”, señaló, al remarcar que el proceso se desarrollará conforme a los mecanismos previstos por la Cámara de Diputados.

Empresas de colectivos redujeron frecuencias y reclaman pagos por $9.700 millones en compensaciones tarifarias. ATAP advierte por desfinanciamiento del sistema.

Las empresas concesionarias del transporte público de San Juan anunciaron una reducción transitoria de frecuencias debido a la grave crisis financiera que atraviesa el sistema. Según informó la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), el origen del problema es el atraso en el pago de compensaciones tarifarias, una deuda que según detallaron asciende a $9.750.150.676,43 y compromete la operación cotidiana del servicio.

En un comunicado, las entidades que integran ATAP aclararon que no reciben subsidios, sino compensaciones tarifarias destinadas a reducir el costo del boleto para los usuarios. “El verdadero beneficiario de estas compensaciones es el pasajero”, remarcaron, al explicar que estos fondos permiten sostener una tarifa menor al costo real del servicio.

Del total adeudado, aproximadamente el 60% corresponde a obligaciones de la Provincia y el 40% a compromisos de la Nación. Los montos pendientes incluyen conceptos como Boleto Escolar Único, Boleto Docente, transbordos, atributos sociales, convenios por kilómetro y diferencias de costos no reconocidas en la tarifa entre septiembre y diciembre de 2025, además de ajustes correspondientes a enero y febrero de 2026 y el SAC no incorporado en la estructura tarifaria.

ATAP señaló que la falta de estos recursos generó un severo desfinanciamiento, que afecta la capacidad de afrontar gastos esenciales como combustible, salarios, mantenimiento de unidades y compra de repuestos. “Durante todo este tiempo, las empresas han realizado un enorme esfuerzo para sostener el transporte público y evitar mayores perjuicios a los usuarios”, indicaron. Sin embargo, advirtieron que la magnitud de la deuda hace “materialmente imposible mantener la prestación en las condiciones habituales”.

Las empresas recordaron que vienen reclamando una solución desde el 28 de mayo de 2026, mediante presentaciones administrativas y pedidos de conformación de una mesa técnica de trabajo para recuperar el equilibrio económico del sistema. Finalmente, solicitaron a las autoridades provinciales restablecer el diálogo y regularizar de manera urgente las compensaciones adeudadas. “La medida adoptada obedece exclusivamente a la necesidad de preservar un servicio esencial que hoy atraviesa una de las crisis económicas más profundas de los últimos años”, concluyeron.