El Gobierno de San Juan puso en marcha el plan provincial de mantenimiento de redes de gas en escuelas, una intervención clave que se despliega en los 19 departamentos, incluyendo Jáchal, donde las bajas temperaturas y la presencia de establecimientos rurales hacen que estas tareas sean esenciales para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

El operativo, coordinado por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía a través de la Dirección de Redes de Gas, abarca 295 escuelas en zonas urbanas, rurales y de difícil acceso.

Las tareas comenzaron a mediados de abril y consisten en una revisión integral de las instalaciones de gas, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas antes del período de mayor demanda. El plan incluye mantenimiento y reparación de calefactores, pantallas, cocinas, termotanques y la adecuación de componentes que presenten desgaste o fallas.

Estas acciones forman parte de un esquema que combina planificación técnica, respuesta ante urgencias y articulación con Ecogas, lo que permite intervenir rápidamente en situaciones que requieran atención inmediata.

El programa contempla un universo total de 450 establecimientos educativos en toda la provincia y se ejecuta bajo una modalidad mixta: trabajos realizados por empresas contratadas y por personal propio de la Dirección de Redes de Gas, lo que amplía la cobertura y garantiza presencia sostenida en el territorio.

Desde el Ministerio destacaron que estas acciones forman parte de la política de mejora de la infraestructura educativa impulsada por el Gobierno de San Juan, con el objetivo de asegurar espacios seguros, calefaccionados y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares, especialmente en departamentos como Jáchal, donde el invierno impacta de manera más marcada

La Corte de Justicia de San Juan anunció un avance significativo en la modernización del sistema judicial provincial, la implementación progresiva de notificaciones digitales para ciudadanos que deban comparecer ante los tribunales.

El proyecto, desarrollado en conjunto con el Gobierno provincial, apunta a reducir costos, agilizar trámites y unificar criterios en un sistema que hoy funciona de manera fragmentada.

El presidente de la Corte, Daniel Olivares Yapur, explicó que la iniciativa surge de un trabajo interinstitucional que involucra a la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Economía y la Dirección Provincial de Informática. “Es la posibilidad de trabajar en conjunto para digitalizar las notificaciones. Hemos preacordado hacerlo y el sistema ya está en condiciones tecnológicas de implementarse”, señaló.

Uno de los aspectos más relevantes es el impacto económico. Actualmente, el Poder Judicial emite alrededor de 90 mil notificaciones anuales, lo que implica un gasto superior a $1.500 millones. Con el nuevo sistema, ese costo podría reducirse drásticamente. Además, la digitalización permitirá superar problemas frecuentes, como la imposibilidad de concretar notificaciones por ausencia del destinatario, lo que genera demoras y reiteraciones.

El esquema vigente presenta diferencias según el fuero: en el ámbito penal interviene una oficina judicial que articula con la Policía, mientras que en otros casos participan abogados o notificadores particulares. La digitalización busca unificar y simplificar estos procedimientos.

El sistema se implementará a través de Ciudadano Digital, la plataforma del Gobierno provincial, lo que marcará un cambio profundo en la relación entre la Justicia y los ciudadanos. La Policía dejará de intervenir en estas diligencias, liberando recursos y mejorando los tiempos de respuesta.

Olivares Yapur aclaró que la transición será gradual. “Vamos a trabajar de forma paralela con la notificación personal y física mientras se desarrolla la etapa de prueba y se preparan los instrumentos jurídicos necesarios”, indicó. Según adelantó, los testeos iniciales fueron exitosos y permiten proyectar una implementación definitiva en el corto plazo.

En paralelo, el presidente de la Corte se refirió a la investigación interna por un mensaje intimidatorio hallado en el Anexo Jujuy de Tribunales, en el marco de una serie de pintadas registradas días atrás. Confirmó que no se descarta una denuncia penal, aunque la decisión dependerá del resultado del sumario administrativo. “Hasta no conocer el resultado de la investigación, no descartamos nada. Si surge la posible comisión de un delito, haremos la denuncia correspondiente”, afirmó.

El magistrado remarcó que el personal involucrado continúa trabajando, ya que rige el principio de inocencia. “No sabemos quién es el responsable hasta que la investigación lo determine. Todo se mantiene como está”, concluyó.

Con la digitalización de notificaciones y la investigación en curso, la Justicia sanjuanina transita un proceso de transformación que combina modernización tecnológica, eficiencia administrativa y fortalecimiento institucional.

El Ministerio Público de San Juan presentó oficialmente el Manual de Política de Persecución Penal, un documento que establece criterios unificados para la actuación de fiscales, ayudantes fiscales, policías y demás operadores del sistema penal.

La iniciativa, elaborada de manera conjunta entre los tres poderes del Estado, busca dotar al sistema de mayor coherencia, previsibilidad y transparencia.

El acto contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, y fue encabezado por el Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí, quien destacó que el manual constituye “un hito institucional” y una deuda pendiente con la ciudadanía. “Ha sido un trabajo arduo, pero estamos felices porque esto marca un punto de partida. Queremos que San Juan tenga un manual de políticas criminal como en grandes provincias”, señaló.

El documento establece protocolos claros para cada etapa del proceso penal: desde el arribo a la escena del crimen, la preservación de pruebas y la intervención policial, hasta la toma de decisiones sobre herramientas procesales como juicios abreviados o suspensiones de juicio a prueba.

Baigorrí subrayó que uno de los objetivos centrales es eliminar la discrecionalidad y garantizar criterios homogéneos entre los fiscales. “El mismo comportamiento van a tener todos los fiscales, no hay dudas de cómo se actúa. Un fiscal no puede entender que se puede hacer una cosa y otro no”, afirmó, destacando que la ciudadanía tendrá ahora un marco de “previsibilidad” sobre el funcionamiento del sistema penal.

La nueva política criminal también prioriza los delitos que generan mayor impacto social. “Estamos poniendo de manifiesto que tenemos la decisión de combatir los delitos que la sociedad reclama: homicidios dolosos, delitos sexuales, delitos contra menores. Son hechos frente a los cuales la comunidad tiene una actitud activa de repudio”, explicó el Fiscal General.

Aunque el manual toma como referencia experiencias de otras jurisdicciones, Baigorrí aclaró que fue “adaptado a la realidad de San Juan” y que permanecerá abierto a actualizaciones permanentes. “El comportamiento humano es cambiante, y eso exige revisar y ajustar criterios, especialmente en áreas como los delitos informáticos”, concluyó.

Con esta presentación, el Ministerio Público busca consolidar una política criminal moderna, coherente y alineada con las demandas sociales, fortaleciendo la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema de justicia.