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Ley de Seguridad Interior. Proponen una reforma para permitir la participación militar ante actos de terrorismo

El Gobierno pondrá a debate parlamentario la reforma parcial de la ley de Seguridad Interior con el objetivo de dar mayor flexibilidad a esa norma promulgada en 1991 y permitir la participación de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo. El proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y tiende a adaptar las capacidades de respuesta del Estado a desafíos en los que las fuerzas de seguridad requieran de un apoyo más robusto de la estructura militar.

“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas – en el primer párrafo, de este artículo 27 – como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”, informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El mencionado artículo 27 de la ley 24.059 menciona que ante situaciones de conmoción social que impliquen el empleo de las fuerzas federales de seguridad en apoyo a la policía provincial, los militares pueden contribuir con ”sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Un ejemplo de esa situación puede encontrarse en el denominado Operativo Bandera, en el cual las Fuerzas Armadas aportaron elementos de transporte -incluso helicópteros- a las unidades de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria que se desplegaron en Rosario para contener la amenaza narco.

Esa ciudad el desafío narco al Estado había llegado al punto de ordenarse asesinatos de ciudadanos al azar para generar pánico en la población -durante varios días Rosario estuvo en los hechos casi paralizada- en un intento de doblegar la decisión del gobierno de Santa Fe de aislar a los detenidos de esas bandas, especialmente Los Monos y el clan Alvarado, que mantenían el control de la violencia callejera desde la cárcel. Las autoridades definieron esa actividad criminal como narcoterrorismo.

Si bien por el momento esa situación parece haber sido controlada, tal como lo expone allí la disminución de homicidios, es un precedente a tomar en cuenta. La reforma propuesta a la ley de Seguridad Interior pretende, de acuerdo con la fundamentación del proyecto, anticiparse a eventos similares con un marco legal que permita que un potencial empleo del instrumento militar no sea luego una decisión de apuro, producto de una emergencia, sino una acción previsible.

La propia ley de Seguridad Interior permite el uso de unidades militares bajo situaciones extremas, pero con la previa declaración de estado de sitio. La iniciativa de Petri se presenta como una zona intermedia entre el apoyo operacional a las fuerzas de seguridad y el uso del instrumentos castrense tras la suspensión de garantías constitucionales. Y se plantean las condiciones en las que se podría optar por la participación militar en operaciones coordinadas con las fuerzas de seguridad.

Por un lado, un comité de crisis -como el que actúa en Rosario para coordinar las acciones de las fuerzas federales de seguridad y la policía provincial- debería definir como acción terrorista a los hechos que se generan conmoción en un territorio. El gobernador, además, tendría que pedir expresamente la presencia militar en su distrito, tal como hoy se hace para solicitar el despliegue de fuerzas federales de seguridad en una provincia. En caso de llegar a esa opción de patrullaje callejero, las unidades militares deberían reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, tal como ocurre con los procedimientos realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

Más que el poder de fuego, las Fuerzas Armadas tienen hoy una ventaja estratégica que es la posibilidad de desplegar personal en cantidad suficiente, una alternativa que las fuerzas federales de seguridad tienen más limitada por los numerosos lugares donde ya dan apoyo adicional, más allá de sus lugares naturales de trabajo. Hace 25 años, los destacamentos móviles de la Gendarmería podían poner en pocas horas 4000 efectivos para contener situaciones de conmoción como las ocurridas, por ejemplo, en General Mosconi -donde los gendarmes sufrieron más de 20 heridos de bala en menos de una hora-, pero esa opción quedó atrás en el tiempo.

En el espíritu del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso figura la necesidad de capacitar a las Fuerzas Armadas en la coordinación de operaciones combinadas con las fuerzas de seguridad. En el debate legislativo eso planteará, seguramente, algún fantasma del pasado. Pero hay una realidad: las Fuerzas Armadas de nuestro país cumplen esas funciones en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Los casos azules argentinos hicieron ese trabajo, por caso, en Haití durante una década, donde compartieron la responsabilidad con las tropas de Brasil, que dos veces por año lanzan un operativo en sus propias fronteras, conocido como Agata, con miles de efectivos detrás de movimientos de narcotraficantes y contrabandistas de armas.

En la frontera sur de Brasil, por otra parte, se mueve hace algunos años una marabunta criminal que busca expandirse y ya colonizó buena parte del delito en Paraguay. El Primer Comando Capital (PCC) no es una banda narco, sino que es la representación propia del narcoterrorismo. Su armamento incluye fusiles de asalto y ametralladoras pesadas calibre 50. Sus movimientos en nuestro país son, por el momento, de limitada exploración. Pero PCC es una sigla a la que todos están atentos.

La Nación

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El Senado avaló el pliego de Michelli pese al rechazo del Gobierno Nacional

El Senado de la Nación aprobó el pliego de Verónica Michelli, candidata a vocal del Tribunal Oral de La Plata, cuya designación había sido objetada por el Gobierno Nacional por su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon.

La decisión, respaldada por una amplia mayoría, representó un revés político para el presidente Javier Milei, quien había manifestado su rechazo a la postulación.

El pliego obtuvo 44 votos a favor, aportados por el peronismo, bloques dialoguistas y el senador libertario Francisco Paoltroni. En contra se pronunciaron 18 legisladores de La Libertad Avanza, mientras que la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, y la radical chaqueña Silvina Schneider optaron por abstenerse. Entre las ausencias se registraron las de Luis Juez, Alejandra Vigo, Mariano Recalde, Adán Bahl, Marcelo Lewandowski y María Florencia López.

La aprobación del pliego se produjo en un contexto de fuerte tensión parlamentaria. El oficialismo había intentado incluir 73 pliegos en el temario, pese a que en la reunión de Labor Parlamentaria se había acordado tratar 50, aunque ese número no quedó asentado en el acta. La maniobra generó un cruce con el interbloque peronista, cuyo presidente, José Mayans, acusó al oficialismo de romper acuerdos de buena fe y exigió que se respetara lo pactado.

La situación derivó en un cuarto intermedio de casi una hora, solicitado por Bullrich, durante el cual se negoció la inclusión del pliego de Michelli. Finalmente, se acordó tratar todos los dictámenes en condiciones de ser debatidos en el recinto.

Bullrich justificó su abstención con un argumento de carácter institucional: “Tengo una objeción de conciencia. Estoy convencida de que no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos, y estos se han merituado en los distintos pasos”, afirmó.

El caso Michelli había generado controversia luego de que el Gobierno Nacional objetara su postulación por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quien investigó causas de corrupción vinculadas a funcionarios libertarios. La decisión del Senado fue interpretada como un gesto de autonomía frente al Poder Ejecutivo.

En el plano provincial, los tres senadores por Salta votaron de manera dividida: los libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Emilia Orozco rechazaron la designación, mientras que Flavio Royón, de Primero los Salteños, acompañó el pliego.

Con la aprobación legislativa, el futuro de Michelli queda ahora en manos del presidente Milei, quien puede demorar la firma del decreto de designación, lo que postergaría su asunción en el cargo.

La votación dejó expuestas las tensiones internas dentro del oficialismo y el creciente peso de los bloques dialoguistas y opositores en la dinámica parlamentaria. También evidenció la capacidad del Senado para avanzar en decisiones que no necesariamente coinciden con la postura del Poder Ejecutivo.

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El gobierno quiere sancionar la reforma electoral y le pone números a las PASO: “cuestan $250 millones de dólares”

A través del ministro del Interior, Diego Santilli, el oficialismo insiste en la importancia del proyecto.

Para el Gobierno, es vital que este año se trate el proyecto de ley de reforma electoral, que elimina las PASO, entre otros puntos, y el ministro del Interior, Diego Santilli, volvió a mostrarse como uno de los promotores de la sanción al sostener que “la gente no quiere votar tantas veces”.

De acuerdo a lo que supo Agencia Noticias Argentinas, el funcionario se encuentra hablando del tema con los gobernadores dialoguistas con la Casa Rosada sobre esta iniciativa que construyó el asesor Santiago Caputo y que se presentó en abril pasado. Y tiene confianza de que puede ser tratado entre junio y julio, siempre y cuando exista consenso.

En este marco, Santilli realizó declaraciones para marcar la relevancia de que se apruebe en el Parlamento. “La gente no quiere votar tantas veces”, afirmó al defender una reforma que apunta a reducir costos y simplificar el sistema electoral.

Para el integrante de la gestión Jaier Milei le puso números a las primarias obligatorias: dijo que cuestan a los argentinos hasta US$ 250 millones.

Santilli señaló, previo a su participación en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) junto a gobernadores, que en el último tiempo la sociedad ha demostrado señales claras de rechazo hacia la multiplicación de instancias electorales.

“Hay una merma en la cantidad de votantes porque la gente no quiere tener tantas elecciones previas”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que los argentinos no estarán dispuestos a concurrir a las urnas en reiteradas oportunidades el año que viene.

“Si se sostiene el mismo sistema electoral que ahora, vamos a tener PASO provinciales para gobernadores en las elecciones que se adelanten, PASO para las presidenciales y después las presidenciales. La gente no quiere votar tantas veces”, remarcó.

Por esta suma de motivos, habló de la importancia con el objetivo de eliminar las PASO, reducir costos para el Estado y simplificar el calendario electoral, algo que desde su visión tiene aval de la sociedad.

NA

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La coparticipación repuntó en mayo y cortó una racha de cuatro meses en baja

Las transferencias automáticas a provincias y CABA crecieron en términos reales gracias al fuerte desempeño del Impuesto a las Ganancias. Sin embargo, el acumulado de 2026 continúa mostrando una caída frente al año pasado y persiste la debilidad en la recaudación del IVA.

Después de cuatro meses consecutivos de retrocesos en términos reales, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires registraron en mayo una mejora en los recursos recibidos por transferencias automáticas de origen nacional. El principal impulso provino de la evolución de la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que compensó el deterioro observado en otros tributos.

De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante mayo el Gobierno nacional distribuyó $8,04 billones entre las jurisdicciones subnacionales en concepto de coparticipación federal, leyes especiales y compensaciones. Una vez descontado el efecto de la inflación, el incremento real fue del 8,6% interanual.

En la misma dirección, la consultora Politikon Chaco calculó una mejora real del 8,3% respecto de mayo de 2025, mientras que frente a abril los envíos automáticos mostraron un salto del 40,8% en términos reales. Con este resultado, las transferencias lograron revertir la tendencia negativa que se había mantenido desde comienzos de año y registraron su primer crecimiento de 2026.

Si se analiza exclusivamente la coparticipación neta, es decir, sin considerar fondos derivados de leyes complementarias y compensaciones, la mejora habría alcanzado el 9,2% real interanual, según datos elaborados a partir de información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales.

Desde el IARAF, encabezado por el economista Nadin Argañaraz, explicaron que el desempeño positivo respondió principalmente al comportamiento del Impuesto a las Ganancias, cuya recaudación mostró un crecimiento real del 26,1% frente al mismo mes del año pasado.

En contraste, el IVA continuó mostrando señales de debilidad y registró una caída real del 9,3% interanual, profundizando el deterioro observado en los meses previos. En marzo la baja había sido del 4,3%, mientras que en abril se ubicó en 3,3%, lo que refleja un empeoramiento de la tendencia.

La evolución de este impuesto será uno de los datos clave que se conocerán con el informe de recaudación de mayo que difundirá la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Ese reporte permitirá determinar con mayor precisión el impacto que tuvieron el consumo interno y el comercio exterior sobre los ingresos tributarios.

Pese al mal desempeño del IVA, la combinación de este tributo con Ganancias -que representa aproximadamente el 96% de la masa coparticipable neta- habría mostrado un crecimiento real conjunto del 10,2% interanual.

Por otra parte, los impuestos internos coparticipables mantuvieron una dinámica negativa y habrían registrado una contracción real del 19,1% respecto de mayo de 2025.

El acumulado del año sigue en terreno negativo

Aunque mayo marcó un cambio de tendencia, el balance de los primeros cinco meses del año continúa siendo desfavorable para las provincias.

Según Politikon Chaco, entre enero y mayo las transferencias automáticas acumulan una reducción real del 3,5% interanual.

Los cálculos del IARAF muestran que las transferencias automáticas totales por coparticipación, leyes especiales y compensaciones alcanzaron los $29,7 billones en los primeros cinco meses de 2026, frente a los $23,09 billones registrados en igual período del año anterior.

Si bien la variación nominal fue del 29,7%, al descontar la inflación se verifica una caída real del 2,4%.

En valores actualizados a precios de mayo, esto implica una pérdida acumulada de aproximadamente $759.084 millones para el conjunto de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires.

El análisis per cápita revela además diferencias entre distritos. Las menores pérdidas relativas se observaron en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza. En el extremo opuesto, las jurisdicciones más afectadas fueron Tierra del Fuego, Formosa y La Rioja.

De esta manera, mayo ofreció un alivio para las finanzas provinciales, aunque los números acumulados muestran que la recuperación todavía no alcanza para compensar las pérdidas registradas durante los primeros meses del año.

NA

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