El Gobierno pondrá a debate parlamentario la reforma parcial de la ley de Seguridad Interior con el objetivo de dar mayor flexibilidad a esa norma promulgada en 1991 y permitir la participación de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo. El proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y tiende a adaptar las capacidades de respuesta del Estado a desafíos en los que las fuerzas de seguridad requieran de un apoyo más robusto de la estructura militar.

“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas – en el primer párrafo, de este artículo 27 – como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”, informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El mencionado artículo 27 de la ley 24.059 menciona que ante situaciones de conmoción social que impliquen el empleo de las fuerzas federales de seguridad en apoyo a la policía provincial, los militares pueden contribuir con ”sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Un ejemplo de esa situación puede encontrarse en el denominado Operativo Bandera, en el cual las Fuerzas Armadas aportaron elementos de transporte -incluso helicópteros- a las unidades de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria que se desplegaron en Rosario para contener la amenaza narco.

Esa ciudad el desafío narco al Estado había llegado al punto de ordenarse asesinatos de ciudadanos al azar para generar pánico en la población -durante varios días Rosario estuvo en los hechos casi paralizada- en un intento de doblegar la decisión del gobierno de Santa Fe de aislar a los detenidos de esas bandas, especialmente Los Monos y el clan Alvarado, que mantenían el control de la violencia callejera desde la cárcel. Las autoridades definieron esa actividad criminal como narcoterrorismo.

Si bien por el momento esa situación parece haber sido controlada, tal como lo expone allí la disminución de homicidios, es un precedente a tomar en cuenta. La reforma propuesta a la ley de Seguridad Interior pretende, de acuerdo con la fundamentación del proyecto, anticiparse a eventos similares con un marco legal que permita que un potencial empleo del instrumento militar no sea luego una decisión de apuro, producto de una emergencia, sino una acción previsible.

La propia ley de Seguridad Interior permite el uso de unidades militares bajo situaciones extremas, pero con la previa declaración de estado de sitio. La iniciativa de Petri se presenta como una zona intermedia entre el apoyo operacional a las fuerzas de seguridad y el uso del instrumentos castrense tras la suspensión de garantías constitucionales. Y se plantean las condiciones en las que se podría optar por la participación militar en operaciones coordinadas con las fuerzas de seguridad.

Por un lado, un comité de crisis -como el que actúa en Rosario para coordinar las acciones de las fuerzas federales de seguridad y la policía provincial- debería definir como acción terrorista a los hechos que se generan conmoción en un territorio. El gobernador, además, tendría que pedir expresamente la presencia militar en su distrito, tal como hoy se hace para solicitar el despliegue de fuerzas federales de seguridad en una provincia. En caso de llegar a esa opción de patrullaje callejero, las unidades militares deberían reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, tal como ocurre con los procedimientos realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

Más que el poder de fuego, las Fuerzas Armadas tienen hoy una ventaja estratégica que es la posibilidad de desplegar personal en cantidad suficiente, una alternativa que las fuerzas federales de seguridad tienen más limitada por los numerosos lugares donde ya dan apoyo adicional, más allá de sus lugares naturales de trabajo. Hace 25 años, los destacamentos móviles de la Gendarmería podían poner en pocas horas 4000 efectivos para contener situaciones de conmoción como las ocurridas, por ejemplo, en General Mosconi -donde los gendarmes sufrieron más de 20 heridos de bala en menos de una hora-, pero esa opción quedó atrás en el tiempo.

En el espíritu del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso figura la necesidad de capacitar a las Fuerzas Armadas en la coordinación de operaciones combinadas con las fuerzas de seguridad. En el debate legislativo eso planteará, seguramente, algún fantasma del pasado. Pero hay una realidad: las Fuerzas Armadas de nuestro país cumplen esas funciones en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Los casos azules argentinos hicieron ese trabajo, por caso, en Haití durante una década, donde compartieron la responsabilidad con las tropas de Brasil, que dos veces por año lanzan un operativo en sus propias fronteras, conocido como Agata, con miles de efectivos detrás de movimientos de narcotraficantes y contrabandistas de armas.

En la frontera sur de Brasil, por otra parte, se mueve hace algunos años una marabunta criminal que busca expandirse y ya colonizó buena parte del delito en Paraguay. El Primer Comando Capital (PCC) no es una banda narco, sino que es la representación propia del narcoterrorismo. Su armamento incluye fusiles de asalto y ametralladoras pesadas calibre 50. Sus movimientos en nuestro país son, por el momento, de limitada exploración. Pero PCC es una sigla a la que todos están atentos.

La Nación

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