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Politica

Ley de Seguridad Interior. Proponen una reforma para permitir la participación militar ante actos de terrorismo

El Gobierno pondrá a debate parlamentario la reforma parcial de la ley de Seguridad Interior con el objetivo de dar mayor flexibilidad a esa norma promulgada en 1991 y permitir la participación de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo. El proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y tiende a adaptar las capacidades de respuesta del Estado a desafíos en los que las fuerzas de seguridad requieran de un apoyo más robusto de la estructura militar.

“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas – en el primer párrafo, de este artículo 27 – como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”, informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El mencionado artículo 27 de la ley 24.059 menciona que ante situaciones de conmoción social que impliquen el empleo de las fuerzas federales de seguridad en apoyo a la policía provincial, los militares pueden contribuir con ”sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Un ejemplo de esa situación puede encontrarse en el denominado Operativo Bandera, en el cual las Fuerzas Armadas aportaron elementos de transporte -incluso helicópteros- a las unidades de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria que se desplegaron en Rosario para contener la amenaza narco.

Esa ciudad el desafío narco al Estado había llegado al punto de ordenarse asesinatos de ciudadanos al azar para generar pánico en la población -durante varios días Rosario estuvo en los hechos casi paralizada- en un intento de doblegar la decisión del gobierno de Santa Fe de aislar a los detenidos de esas bandas, especialmente Los Monos y el clan Alvarado, que mantenían el control de la violencia callejera desde la cárcel. Las autoridades definieron esa actividad criminal como narcoterrorismo.

Si bien por el momento esa situación parece haber sido controlada, tal como lo expone allí la disminución de homicidios, es un precedente a tomar en cuenta. La reforma propuesta a la ley de Seguridad Interior pretende, de acuerdo con la fundamentación del proyecto, anticiparse a eventos similares con un marco legal que permita que un potencial empleo del instrumento militar no sea luego una decisión de apuro, producto de una emergencia, sino una acción previsible.

La propia ley de Seguridad Interior permite el uso de unidades militares bajo situaciones extremas, pero con la previa declaración de estado de sitio. La iniciativa de Petri se presenta como una zona intermedia entre el apoyo operacional a las fuerzas de seguridad y el uso del instrumentos castrense tras la suspensión de garantías constitucionales. Y se plantean las condiciones en las que se podría optar por la participación militar en operaciones coordinadas con las fuerzas de seguridad.

Por un lado, un comité de crisis -como el que actúa en Rosario para coordinar las acciones de las fuerzas federales de seguridad y la policía provincial- debería definir como acción terrorista a los hechos que se generan conmoción en un territorio. El gobernador, además, tendría que pedir expresamente la presencia militar en su distrito, tal como hoy se hace para solicitar el despliegue de fuerzas federales de seguridad en una provincia. En caso de llegar a esa opción de patrullaje callejero, las unidades militares deberían reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, tal como ocurre con los procedimientos realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

Más que el poder de fuego, las Fuerzas Armadas tienen hoy una ventaja estratégica que es la posibilidad de desplegar personal en cantidad suficiente, una alternativa que las fuerzas federales de seguridad tienen más limitada por los numerosos lugares donde ya dan apoyo adicional, más allá de sus lugares naturales de trabajo. Hace 25 años, los destacamentos móviles de la Gendarmería podían poner en pocas horas 4000 efectivos para contener situaciones de conmoción como las ocurridas, por ejemplo, en General Mosconi -donde los gendarmes sufrieron más de 20 heridos de bala en menos de una hora-, pero esa opción quedó atrás en el tiempo.

En el espíritu del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso figura la necesidad de capacitar a las Fuerzas Armadas en la coordinación de operaciones combinadas con las fuerzas de seguridad. En el debate legislativo eso planteará, seguramente, algún fantasma del pasado. Pero hay una realidad: las Fuerzas Armadas de nuestro país cumplen esas funciones en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Los casos azules argentinos hicieron ese trabajo, por caso, en Haití durante una década, donde compartieron la responsabilidad con las tropas de Brasil, que dos veces por año lanzan un operativo en sus propias fronteras, conocido como Agata, con miles de efectivos detrás de movimientos de narcotraficantes y contrabandistas de armas.

En la frontera sur de Brasil, por otra parte, se mueve hace algunos años una marabunta criminal que busca expandirse y ya colonizó buena parte del delito en Paraguay. El Primer Comando Capital (PCC) no es una banda narco, sino que es la representación propia del narcoterrorismo. Su armamento incluye fusiles de asalto y ametralladoras pesadas calibre 50. Sus movimientos en nuestro país son, por el momento, de limitada exploración. Pero PCC es una sigla a la que todos están atentos.

La Nación

Contacto: mensajes@jachalmagazine.com.ar

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Politica

La Armada presentó en Ushuaia los detalles del proyecto estratégico para el Atlántico Sur

Quirno y Presti visitaron Ushuaia para evaluar el predio de la Base Naval Integrada y reunirse con el gobernador Melella en medio de la tensión por Malvinas.

En medio de la agenda estratégica vinculada al Atlántico Sur y a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa Carlos Presti realizaron una visita de trabajo a Ushuaia, donde recorrieron el predio destinado a la construcción de la Base Naval Integrada, una infraestructura considerada clave para el posicionamiento del país en el extremo austral.

Acompañados por especialistas y técnicos de las Fuerzas Armadas, los funcionarios evaluaron las características del terreno y analizaron los desafíos logísticos que implicará el desarrollo de la obra, proyectada como un polo estratégico para operaciones en el Atlántico Sur y para la proyección argentina hacia la Antártida.

Como parte de la agenda institucional, Quirno y Presti mantuvieron una reunión con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, y la vicegobernadora Mónica Urquiza, en la sede de la Gobernación. Allí abordaron los avances del proyecto y la articulación entre Nación y provincia para su ejecución. Melella expresó su respaldo a la iniciativa y destacó que la Base Naval Integrada es “una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años”, en conjunto con el desarrollo del Polo Logístico Antártico.

El gobernador también subrayó la importancia de sostener un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y recordó el acompañamiento institucional de la provincia en la sesión del Comité de Descolonización de la ONU, donde Argentina obtuvo respaldo internacional a su reclamo por la soberanía de las Malvinas.

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

Posteriormente, los funcionarios nacionales se trasladaron al predio donde se levantará la Base Naval Integrada, donde participaron de una exposición técnica a cargo de la Armada Argentina. Durante la presentación se detallaron las principales características del proyecto, su alcance operativo y su rol en la estrategia nacional para la defensa de los activos estratégicos y la presencia argentina en la región austral.

Quirno destacó que la iniciativa responde a la indicación del presidente Javier Milei de articular de manera coordinada entre las distintas carteras del Estado la custodia de la soberanía en el Atlántico Sur, la proyección hacia la Antártida y la revalorización de los recursos estratégicos del país.

La Base Naval Integrada está concebida como un polo logístico y operativo que permitirá fortalecer la presencia argentina en el extremo austral, mejorar las capacidades de apoyo a las campañas antárticas y potenciar el desarrollo de actividades científicas en la región. Su construcción representa un paso significativo en la consolidación de una infraestructura estratégica que articula defensa, ciencia y política exterior.

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Politica

Advertencia británica a Milei: Londres no negociará la soberanía de las Malvinas

El primer ministro británico, Andy Burnham, advirtió ante la Cámara de los Comunes que el Reino Unido “será implacable” en la defensa de las Islas Malvinas, en respuesta a las recientes iniciativas del presidente Javier Milei sobre la soberanía del archipiélago.

La disputa diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas sumó este miércoles un nuevo capítulo de tensión internacional. Desde la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Andy Burnham lanzó una advertencia categórica en respuesta a las recientes iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei: “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas”, afirmó ante el Parlamento, en una señal política que endurece la postura de Londres en el Atlántico Sur.

La intervención del premier se produjo durante un debate parlamentario en el que Burnham ratificó la doctrina británica basada en el principio de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. Aunque evitó mencionar directamente a Milei o a la Argentina, el jefe de Gobierno sostuvo que el Reino Unido “siempre respetará los derechos de los habitantes de las Malvinas que decidieron ser británicos”, reafirmando la posición histórica de Downing Street.

La exposición del primer ministro fue respaldada por la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Kirsty McNeill, quien remarcó ante los legisladores que “no hay duda” sobre la titularidad territorial de Londres ni sobre el compromiso del Gobierno británico con los derechos democráticos de los isleños. La funcionaria subrayó que la postura del Reino Unido es “inquebrantable” y que cualquier reclamo argentino será respondido con firmeza.

El clima político en Westminster se tensó aún más por la intervención de la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch, quien exigió al Gobierno laborista una posición inflexible frente a las iniciativas de la Casa Rosada. Badenoch acusó a la administración argentina de “amenazar a las Malvinas” y reclamó que el Parlamento envíe un mensaje contundente: la soberanía británica sobre el archipiélago “no es negociable”.

La reacción unánime de los bloques políticos británicos vuelve a congelar los canales diplomáticos entre Buenos Aires y Londres, en un contexto donde la administración de Milei ha impulsado gestos y declaraciones orientadas a reactivar el reclamo argentino por la soberanía. La advertencia de Burnham, sumada a la presión conservadora, marca un endurecimiento de la postura británica y refuerza la línea histórica del Reino Unido en materia de defensa territorial.

Con este episodio, la disputa por las Malvinas ingresa en una nueva fase de tensión, donde las señales políticas de ambos gobiernos se amplifican en el escenario internacional y vuelven a colocar el conflicto en el centro del debate geopolítico del Atlántico Sur.

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Politica

Milei endurece la política por Malvinas y anuncia una base naval en Tierra del Fuego

Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones más duras a petroleras que operen en Malvinas, en medio del avance del proyecto Sea Lion.

El presidente Javier Milei anunció este jueves una serie de medidas destinadas a reforzar la posición argentina en la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, en un mensaje transmitido por cadena nacional que volvió a colocar el tema en el centro de la agenda política. Entre los anuncios más relevantes se encuentran la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra las empresas petroleras extranjeras que operan en el área bajo administración británica.

El mandatario confirmó que enviará al Congreso un paquete de proyectos de ley orientado a fortalecer las herramientas diplomáticas, económicas y legales del Estado argentino frente a las actividades de explotación de recursos naturales en la zona en disputa. “Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho”, sostuvo Milei al abrir su mensaje, y remarcó que el reclamo debe estar acompañado por acciones concretas y sostenidas en el tiempo.

La decisión se produce en un contexto marcado por el avance del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa de explotación offshore impulsada por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, que prevé inversiones millonarias y una producción estimada de 50.000 barriles diarios a partir de 2028. Ambas empresas ya fueron sancionadas por Argentina en años anteriores por operar sin autorización en un área alcanzada por la disputa de soberanía.

Milei declaró $295 millones en bienes y una deuda bancaria por primera vez

El Gobierno argentino considera que el desarrollo del proyecto constituye una explotación unilateral de recursos naturales y recordó que Rockhopper fue declarada clandestina en 2012, mientras que Navitas recibió una sanción similar en 2022. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph informó que las perforaciones podrían comenzar en los próximos meses, lo que incrementó la tensión diplomática.

El anuncio de Milei también se inscribe en un escenario internacional en movimiento. Días atrás, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue consultado sobre la posición de Washington respecto al conflicto y dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica neutralidad estadounidense. La respuesta generó reacciones inmediatas del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que reafirmaron su postura sobre la soberanía y el derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago.

La construcción de una base naval en Tierra del Fuego, según explicó Milei, busca fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y dotar al Estado de infraestructura estratégica para la defensa y el control de los recursos naturales. El Gobierno también anticipó que las nuevas sanciones alcanzarán no solo a las petroleras involucradas, sino también a proveedores, contratistas y empresas vinculadas al desarrollo del proyecto Sea Lion.

Con estas medidas, la administración nacional busca trasladar el reclamo por Malvinas al plano legislativo y reforzar las herramientas con las que pretende intervenir frente al avance de actividades económicas en el área en disputa. El paquete de leyes será debatido en el Congreso en las próximas semanas, en un contexto donde la cuestión Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la política exterior argentina.

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