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Ley de Seguridad Interior. Proponen una reforma para permitir la participación militar ante actos de terrorismo

El Gobierno pondrá a debate parlamentario la reforma parcial de la ley de Seguridad Interior con el objetivo de dar mayor flexibilidad a esa norma promulgada en 1991 y permitir la participación de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo. El proyecto de ley fue elaborado por el Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, y tiende a adaptar las capacidades de respuesta del Estado a desafíos en los que las fuerzas de seguridad requieran de un apoyo más robusto de la estructura militar.

“El Ministerio de Defensa envió al Congreso un proyecto de ley para permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas. En este sentido, se plantea la modificación del artículo 27 de la ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis. Se propone que además de las acciones previstas – en el primer párrafo, de este artículo 27 – como el mantenimiento de la paz, las Fuerzas Armadas trabajen de forma coordinada con las Fuerzas de Seguridad para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas y, por supuesto, por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”, informó el vocero presidencial Manuel Adorni.

El mencionado artículo 27 de la ley 24.059 menciona que ante situaciones de conmoción social que impliquen el empleo de las fuerzas federales de seguridad en apoyo a la policía provincial, los militares pueden contribuir con ”sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. Un ejemplo de esa situación puede encontrarse en el denominado Operativo Bandera, en el cual las Fuerzas Armadas aportaron elementos de transporte -incluso helicópteros- a las unidades de la Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria que se desplegaron en Rosario para contener la amenaza narco.

Esa ciudad el desafío narco al Estado había llegado al punto de ordenarse asesinatos de ciudadanos al azar para generar pánico en la población -durante varios días Rosario estuvo en los hechos casi paralizada- en un intento de doblegar la decisión del gobierno de Santa Fe de aislar a los detenidos de esas bandas, especialmente Los Monos y el clan Alvarado, que mantenían el control de la violencia callejera desde la cárcel. Las autoridades definieron esa actividad criminal como narcoterrorismo.

Si bien por el momento esa situación parece haber sido controlada, tal como lo expone allí la disminución de homicidios, es un precedente a tomar en cuenta. La reforma propuesta a la ley de Seguridad Interior pretende, de acuerdo con la fundamentación del proyecto, anticiparse a eventos similares con un marco legal que permita que un potencial empleo del instrumento militar no sea luego una decisión de apuro, producto de una emergencia, sino una acción previsible.

La propia ley de Seguridad Interior permite el uso de unidades militares bajo situaciones extremas, pero con la previa declaración de estado de sitio. La iniciativa de Petri se presenta como una zona intermedia entre el apoyo operacional a las fuerzas de seguridad y el uso del instrumentos castrense tras la suspensión de garantías constitucionales. Y se plantean las condiciones en las que se podría optar por la participación militar en operaciones coordinadas con las fuerzas de seguridad.

Por un lado, un comité de crisis -como el que actúa en Rosario para coordinar las acciones de las fuerzas federales de seguridad y la policía provincial- debería definir como acción terrorista a los hechos que se generan conmoción en un territorio. El gobernador, además, tendría que pedir expresamente la presencia militar en su distrito, tal como hoy se hace para solicitar el despliegue de fuerzas federales de seguridad en una provincia. En caso de llegar a esa opción de patrullaje callejero, las unidades militares deberían reportar sus acciones inmediatamente al fiscal competente, tal como ocurre con los procedimientos realizados por la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la PSA.

Más que el poder de fuego, las Fuerzas Armadas tienen hoy una ventaja estratégica que es la posibilidad de desplegar personal en cantidad suficiente, una alternativa que las fuerzas federales de seguridad tienen más limitada por los numerosos lugares donde ya dan apoyo adicional, más allá de sus lugares naturales de trabajo. Hace 25 años, los destacamentos móviles de la Gendarmería podían poner en pocas horas 4000 efectivos para contener situaciones de conmoción como las ocurridas, por ejemplo, en General Mosconi -donde los gendarmes sufrieron más de 20 heridos de bala en menos de una hora-, pero esa opción quedó atrás en el tiempo.

En el espíritu del proyecto de ley enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso figura la necesidad de capacitar a las Fuerzas Armadas en la coordinación de operaciones combinadas con las fuerzas de seguridad. En el debate legislativo eso planteará, seguramente, algún fantasma del pasado. Pero hay una realidad: las Fuerzas Armadas de nuestro país cumplen esas funciones en las misiones de paz de las Naciones Unidas. Los casos azules argentinos hicieron ese trabajo, por caso, en Haití durante una década, donde compartieron la responsabilidad con las tropas de Brasil, que dos veces por año lanzan un operativo en sus propias fronteras, conocido como Agata, con miles de efectivos detrás de movimientos de narcotraficantes y contrabandistas de armas.

En la frontera sur de Brasil, por otra parte, se mueve hace algunos años una marabunta criminal que busca expandirse y ya colonizó buena parte del delito en Paraguay. El Primer Comando Capital (PCC) no es una banda narco, sino que es la representación propia del narcoterrorismo. Su armamento incluye fusiles de asalto y ametralladoras pesadas calibre 50. Sus movimientos en nuestro país son, por el momento, de limitada exploración. Pero PCC es una sigla a la que todos están atentos.

La Nación

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Diego Santilli asume como ministro del Interior tras la renuncia de Catalán

El presidente Javier Milei anunció la designación del recientemente electo diputado nacional Diego Santilli como nuevo ministro del Interior, en reemplazo de Lisandro Catalán, quien dejó su cargo días atrás en medio de movimientos internos en el Gobierno.

El mandatario comunicó la decisión a través de su cuenta oficial en X, donde destacó que Santilli será el encargado de construir consensos con gobernadores y legisladores para avanzar con la agenda de reformas planteada por el Ejecutivo.

La designación de Santilli se produce luego de la salida de Catalán y del exjefe de Gabinete Guillermo Francos, en un contexto de reacomodamiento político dentro de la gestión nacional. El objetivo, según expresó la Casa Rosada, es fortalecer el diálogo político y la articulación federal en una etapa clave para el plan de Gobierno.

Por su parte, el nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, también le dio la bienvenida y anunció que este lunes a las 9:30 Santilli participará de su primera reunión de Gabinete en Casa Rosada.

La llegada del dirigente porteño marca un nuevo capítulo en el Gabinete nacional, con expectativas puestas en su capacidad para recomponer el vínculo político entre Nación y provincias, en un escenario donde el oficialismo busca consolidar apoyo legislativo y estabilidad institucional para avanzar con su programa.


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La Casa Rosada acelera el debate por la reforma laboral y tributaria tras las elecciones

El Gobierno nacional da por descontado que convocará a sesiones extraordinarias una vez renovado el Congreso el próximo 10 de diciembre. El presidente Javier Milei pretende avanzar con un paquete de proyectos clave que incluyen la reforma laboral, la reforma tributaria, el Presupuesto 2026 y la denominada “Ley Hojarasca”.

Según confirmaron en Casa Rosada, la reforma previsional quedará postergada hasta que se aprueben las modificaciones laboral y tributaria, debido a que ambas tienen impacto directo en el esquema previsional y en el régimen de aportes.

Las reformas en el eje del nuevo Congreso

En Balcarce 50 confían en que la victoria electoral de La Libertad Avanza, que alcanzó el 41% a nivel nacional, permitirá negociar con mayor margen las reformas estructurales. El plan es debatirlas en sesiones extraordinarias entre diciembre y febrero, con el nuevo equilibrio de fuerzas en el Congreso.

En la Casa Rosada, el eje de trabajo está puesto en la modernización de las relaciones laborales, con un esquema que contemple “paritarias por empresa”, “salario dinámico por mérito y productividad” y una negociación colectiva vinculada a la sostenibilidad económica de las compañías.

Los puntos centrales de la reforma laboral

El anteproyecto de reforma laboral se encuentra en elaboración en el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y se discute dentro del Consejo de Mayo, donde participan representantes del Congreso, gobernadores, empresarios y sindicatos.

Entre los principales ejes que analiza el Ejecutivo figuran:

  • Digitalización de los procesos de registro laboral.
  • Eliminación de trabas burocráticas.
  • Libertad contractual para pagar salarios en la moneda pactada.
  • Implementación de bancos de horas.
  • Nuevos criterios para convenios colectivos con foco en productividad.

Estas modificaciones se enmarcan en la búsqueda de flexibilizar las relaciones laborales y estimular la formalización del empleo, uno de los puntos más controvertidos del programa de reformas.

Presupuesto y la “Ley Hojarasca”

Otro de los proyectos que el oficialismo buscará incluir en el temario es el Presupuesto 2026, cuya discusión quedó congelada tras las elecciones. En la oposición existía un cronograma para emitir dictamen el 4 de noviembre, pero desde el Ejecutivo consideran que ese esquema perdió sustento político tras los resultados electorales.

El oficialismo quiere que la Ley de Presupuesto sea tratada por el nuevo Congreso, mientras que la llamada “Ley Hojarasca” apunta a derogar o simplificar cientos de normativas obsoletas, en línea con la política de desregulación y simplificación administrativa impulsada por el Gobierno.

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Milei oficializó el primer cambio de gabinete: Pablo Quirno juró como canciller

El presidente Javier Milei encabezó este martes el acto de jura de Pablo Quirno como nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, marcando así el primer cambio formal de gabinete tras las elecciones legislativas. La ceremonia se realizó en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la presencia completa del equipo de ministros y secretarios.

Durante el acto, que tuvo un tono distendido y dejó imágenes inusuales dentro del oficialismo, Santiago Caputo y Eduardo “Lule” Menem se saludaron públicamente, gesto que fue interpretado como un intento de mostrar cohesión interna tras semanas de tensiones. “Fue un mensaje de unidad hacia adentro de La Libertad Avanza”, comentaron desde la Casa Rosada.

El nombramiento de Quirno se produjo tras la renuncia de Gerardo Werthein, quien había dejado su cargo días antes de los comicios, generando malestar en el entorno presidencial por su salida en un momento clave. Werthein mantenía una relación conflictiva con el asesor Santiago Caputo, lo que precipitó su alejamiento definitivo del Gabinete.

Con la designación del nuevo canciller, Luis “Toto” Caputo amplía su influencia dentro del Gobierno, ya que Quirno es considerado uno de sus funcionarios de mayor confianza y un cuadro técnico con amplio respaldo en los mercados financieros.

Quién es Pablo Quirno

Pablo Quirno, de 39 años, es licenciado en Ciencias Económicas por la Wharton School (University of Pennsylvania, EE.UU.). En el sector privado, se desempeñó durante varios años como director para América Latina de J.P. Morgan en Nueva York y fundó la firma de inversiones Sansom Capital Advisors.

Su trayectoria pública comenzó en 2016, cuando fue designado Coordinador General de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay. Más tarde, fue jefe de Gabinete de la Secretaría de Finanzas bajo Luis Caputo y, en 2018, integró el directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Desde diciembre de 2023, se desempeñaba como secretario de Finanzas y era uno de los hombres clave en la interlocución con la Casa Blanca y entidades financieras internacionales para la reciente estrategia de salvataje económico.

El salto al frente de la Cancillería confirma su ascendente perfil dentro del esquema económico de Milei y su rol como nexo entre el Ministerio de Economía y la política exterior, en un momento en que el Gobierno busca consolidar acuerdos internacionales y mantener el respaldo de los mercados.

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