El Gobierno nacional confirmó este domingo la salida de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, luego de que se conociera que el funcionario poseía siete propiedades en Miami y Palm Beach que no habían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante el ARCA, organismo encargado del registro patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires.

La renuncia fue aceptada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, según informaron fuentes oficiales. La decisión se produjo tras una semana marcada por revelaciones periodísticas, denuncias judiciales y cuestionamientos internos sobre la transparencia del funcionario.

El caso tomó relevancia cuando Frugoni reconoció públicamente, en diálogo con el periodista Nicolás Wiñaski, que había omitido declarar los inmuebles adquiridos en Estados Unidos entre 2020 y 2022 mediante sociedades constituidas en Delaware. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, admitió, y aseguró que incorporaría los bienes omitidos en sus declaraciones ante ARCA.

Registros oficiales del condado de Palm Beach identificaron al menos cinco departamentos valuados entre USD 215.000 y USD 216.000, ubicados en Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Las adquisiciones se realizaron a través de sociedades como Genova LLC y Waki LLC, ninguna de las cuales fue informada ante las autoridades argentinas.

La investigación también reveló un crecimiento patrimonial significativo: en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones; para 2023, sus inversiones superaban los 40 millones de pesos y registraba depósitos por USD 400.000 en el exterior, además de participación en 16 empresas.

Las irregularidades motivaron denuncias judiciales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso, que recayeron en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Las presentaciones apuntan a presuntos delitos vinculados a la omisión maliciosa de bienes por un valor superior a USD 1,5 millones.

La Oficina de Integridad Pública (OIP) de la Ciudad de Buenos Aires ya había sancionado a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, lo que incluso derivó en su inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos en la administración porteña.

En el Gobierno nacional, la situación generó fuerte malestar. Fuentes consultadas calificaron el caso como “gravísimo” y señalaron que el funcionario debía dar explicaciones. Otras voces compararon la magnitud del patrimonio no declarado con episodios recientes que involucraron a otros funcionarios, remarcando que se trata de un caso de mayor gravedad.

La salida de Frugoni se interpreta como un mensaje interno sobre la necesidad de cumplir estrictamente con las obligaciones de transparencia, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio de los funcionarios nacionales.

El presidente Javier Milei confirmó desde Israel que este miércoles enviará al Congreso su proyecto de reforma electoral, una iniciativa que promete reconfigurar el sistema político argentino al eliminar las PASO, modificar el financiamiento de las campañas e incorporar el postergado proyecto de “Ficha Limpia”.

El anuncio, realizado en medio de una agenda internacional cargada de simbolismo, busca reposicionar al Gobierno en la discusión pública tras semanas marcadas por tensiones internas y cuestionamientos judiciales.

“Se acabó la impunidad, se acabó la joda”, expresó Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde adelantó los ejes centrales de la propuesta. La Casa Rosada apuesta a que la incorporación de Ficha Limpia una bandera histórica del PRO permita recomponer puentes con sectores aliados que se habían distanciado tras el escándalo que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni y las críticas por la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios nacionales.

El corazón de la reforma: adiós a las PASO y cambios en el financiamiento

El proyecto retoma una discusión que el oficialismo ya había impulsado en 2025, cuando logró suspender las primarias de manera excepcional. Esta vez, la intención es avanzar hacia su eliminación definitiva, un objetivo resistido por el kirchnerismo y buena parte del peronismo, que consideran a las PASO una herramienta clave para ordenar la competencia interna y articular un frente opositor de cara a 2027.

El Gobierno también propone modificar el esquema de financiamiento político, con el argumento de reducir el gasto estatal y limitar lo que Milei denomina “la política viviendo del bolsillo de la gente”. La iniciativa se complementa con la incorporación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos de corrupción.

La Casa Rosada enfrenta un escenario legislativo complejo. Tal como revelaron medios nacionales, el oficialismo no tenía garantizados los votos para avanzar con la eliminación de las PASO debido al malestar generado por el “costo Adorni”, que erosionó la narrativa anticasta del Gobierno. Dirigentes del PRO, como Jorge Macri, ya habían anticipado su rechazo a abrir el debate.

La inclusión de Ficha Limpia aparece como un gesto hacia esos sectores. Se trata de un proyecto que el PRO defendió durante años y que, paradójicamente, había quedado trabado en el Congreso cuando los libertarios retiraron su apoyo en 2024 y 2025, lo que generó acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

En paralelo, Milei busca ordenar su propia interna. Las tensiones entre los sectores más ideológicos cercanos a Santiago Caputo y los operadores políticos que responden a Karina Milei se intensificaron en las últimas semanas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La reforma electoral aparece así como una herramienta para recentrar la agenda y reforzar la conducción de la secretaria general de la Presidencia.

La eliminación de las PASO divide al arco político y anticipa un debate áspero en el Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que las primarias son un gasto innecesario y un mecanismo que favorece a “la casta”, la oposición argumenta que suprimirlas debilita la competencia interna y beneficia al Gobierno de cara a una eventual reelección en 2027.

El Presidente regresará este miércoles al país para encabezar la presentación formal del proyecto. La discusión legislativa que se abre no solo definirá el futuro del sistema electoral argentino, sino también el equilibrio de fuerzas dentro del propio oficialismo y su capacidad para sostener alianzas en un año políticamente decisivo.

El Gobierno nacional presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revertir la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral.

La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo y busca que el máximo tribunal intervenga de manera directa en el conflicto judicial iniciado tras la demanda presentada por la CGT.

La medida apunta a dejar sin efecto la cautelar dictada por un juzgado laboral que frenó la aplicación de la Ley de Modernización Laboral en todo el país. Según fuentes oficiales citadas por la Agencia Noticias Argentinas (NA), el Ejecutivo sostiene que el tribunal que dictó la suspensión no tenía competencia para resolver sobre una norma de alcance nacional y que la Corte debe unificar criterios ante un expediente que ya atravesó varias instancias judiciales.

La reforma laboral quedó parcialmente suspendida a finales de marzo y su futuro inmediato depende ahora de la decisión del máximo tribunal. Con esta estrategia, el Gobierno busca acelerar los tiempos procesales y restituir la vigencia de los artículos cuestionados, considerados centrales dentro de su programa económico.

En paralelo, la CGT reiteró sus objeciones a la reforma y anticipó que el debate judicial será extenso. Cristian Jerónimo, integrante del triunvirato de conducción, afirmó que la ley “se extralimitaba” y vulneraba derechos laborales, tal como lo señaló el fallo que otorgó la cautelar. El dirigente también expresó preocupación por la situación económica y productiva, señalando que el país atraviesa una crisis marcada por cierres de empresas, pérdida de empleo y un impacto negativo en la industria nacional.

Mientras el expediente avanza hacia la Corte Suprema, el escenario combina tensiones políticas, cuestionamientos sindicales y un debate jurídico que definirá el alcance de una de las reformas más relevantes impulsadas por el Gobierno.