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Impacto de la aprobación del RIGI en energía y minería: proyectos por u$s80.000 millones

Al menos cuatro proyectos lideran la cartera de iniciativas con grandes inversiones: la planta de GNL, el offshore, el hidrógeno verde y las minas de cobre. El detalle de cada uno y cuál es el potencial para el país.

La aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) en la ley Bases por parte del Senado generó entusiasmo en los mercados, pero también en los sectores y empresas alcanzadas por el nuevo plan de fomento para el desarrollo de proyectos y obras, en particular, en las energéticas y mineras que tienen en carpeta anuncios por casi u$s80.000 millones para la próxima década.

Si la Cámara de Diputados ratifica el texto de la ley Bases modificado, el RIGI resultará aplicable a las “Grandes Inversiones” en proyectos de cualquier sector forestoindutria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgía, energía, petróleo y gas, que cumplan con los requisitos previstos.

Entre otras iniciativas en carpeta se destacan la construcción de gasoductos y oleoductos que transporten gas y petróleo no convencional a puertos exportadores y zonas alejadas de los yacimientos hidrocarburíferos; construcción de nuevos puertos exportadores; obras vinculadas al litio y la energía nuclear; más parques solares y eólicos; líneas de alta tensión para abastecer con energías renovables a grandes industrias, pozos petroleros y gasíferos de Vaca Muerta, plantas de tratamientos y minas en la alta montaña; más aeropuertos y emprendimientos hoteleros y gastronómicos para fomentar el turismo y los negocios; la ampliación de hornos siderúrgicos y caleros y de plantas petroquímicas; la instalación de polos tecnológicos para el desarrollo de inteligencia artificial y modernización de industrias, entre otras iniciativas.

Sin embargo, al menos cuatro grandes proyectos energéticos y mineros llevan la punta de lanza de las grandes inversiones y hoy celebran el RIGI. Entre todas suman alrededor de inversiones por nada menos que u$s 78.400 millones para los próximos años.

.Proyecto Planta GNL: u$s10.000 millones
.Proyecto offshore Mar del Plata: u$s40.000 millones
.Proyecto hidrógeno verde: u$s8.400 millones
.Proyectos de cobre: u$s20.000 millones
.El proyecto de GNL de YPF y Petronas


En energía el principal proyecto atado al RIGI es la planta de GNL de YPF y Petronas. “Sin RIGI no hay Argentina LNG (ARGLNG)”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, la semana pasada. Es más, según pudo saber este medio, YPF depositó semanas antes del tratamiento de la ley Bases unos u$s180 millones como garantía para iniciar el proyecto, de un total de u$s360 millones que debería completar Petronas ahora que hay RIGI. Si el Régimen no salía, la petrolera de bandera argentina tenía que dar por perdida esa suma.

En marzo pasado Petronas confirmó el inicio de la construcción de una unidad flotante de procesamiento de Gas Natural Licuado (GNL), conocidas en el mercado como FSRU (Floating Storage Regasification Unit), para operar en conjunto con YPF y poder exportar a partir de 2027 el gas de Vaca Muerta.

“El proyecto de GNL flotante avanza a buen ritmo y esperamos ponerlo en marcha (la unidad flotante) en 2027”, declaró el vicepresidente senior de GNL de Petronas, Abang Yusuf, sobre la FSRU se instalará en el Mar Argentino, frente a las costas de la Patagonia.

El acuerdo con Petronas prevé comenzar a exportar GNL a partir de 2027, con ese primer buque metanero. En principio serían unos 6 mm3/d. Pero para dos años más tarde se espera que una terminal flotante quede instalada solo para YPF y los malayos, y que luego llegue otro buque más para que lo utilice el resto de la industria. En ese momento la exportación total treparía a 40 mm3/d.

Finalmente, la tercera etapa pretende la puesta en marcha en 2031 de una planta de GNL onshore con un presupuesto de u$s10.000 millones, que agregaría otros 40 mm3/d adicionales, y que en junto a otras cuatro empresas fuertes del sector, producirán un total de 80 mm3/d.

La iniciativa ARGLNG busca alcanzar en la próxima década una exportación de 120 mm3/d por un valor de u$s16.000 millones.

Proyecto offshore frente a las costas de Mar del Plata


El Clúster de Energía Mar del Plata estimó que la perforación del primer pozo de hidrocarburos offshore (Argerich) en la Cuenca Norte del Mar Argentino y del hallazgo de petróleo convencional abrirá la oportunidad de generar inversiones por u$s40.000 millones en componentes nacionales y la contratación de 125.000 trabajadores para el sector durante las próximas tres décadas.

Los estudios sobre uno de los 10 bloques aptos para explorar indican que el potencial del offshore a 300 kilómetros de la costa bonaerense es superior a una Vaca Muerta. Siguiendo los modelos de Brasil y Noruega y si se comprueba el hallazgo, en una primera etapa podrían instalarse cuatro unidades flotantes de almacenamiento y descarga de producción (FPSO, por sus siglas en inglés) hasta llegar a 24 FPSO en el pico de actividad, lo que permitirán una producción de hasta 2 millones de barriles equivalente de petróleo.

A diferencia de otras exploraciones en el mar argentino, donde se operó sobre la plataforma continental a profundidades que como máximo llegaron a los 100 metros, en estos proyectos se está trabajando a 300 km de la costa, donde la profundidad del océano llega a 4.000 metros.

El no convencional de Vaca Muerta requirió unos u$s780 millones en exploración de 87 pozos desde 2009 para detectar reservas por 29.100 MBOE, mientras que el offshore total argentino podría alcanzar los 31.000 MBOE. Brasil con unos 2.200 pozos costa afuera logró duplicar su producción de crudo de 2 a 4 millones de barriles.

El proyecto Argerich tiene un potencial de ocurrencia del 20%. Si logra alcanzar la fase de explotación podría sumar unos 200.000 barriles diarios, por un valor de u$35.000 millones. Al país le quedarían por regalías e impuestos u$s4.700 millones. En total, la Cuenca Argentina Norte podría albergar una decena de proyectos como el Argerich y generar una producción de u$s100.000 millones.

El “Proyecto Pampas” de hidrógeno de Fortescue


Fortescue anunció en 2021 un desembolso de u$s8.400 millones para producir hidrógeno verde, y la creación de 15.000 nuevos puestos de trabajo directos y entre 40.000 y 50.000 indirectos. Con esta iniciativa, se espera convertir a Río Negro en un polo mundial exportador de hidrógeno verde, y que en 2050 tenga una capacidad de producción de 2,2 millones de toneladas anuales, lo que cubriría una producción energética equivalente a, por ejemplo, casi un 10% de la energía eléctrica consumida por Alemania en un año.

Actualmente el proyecto se encuentra en una etapa de prefactibilidad, fase en la que se llevan adelante los estudios ambientales, sociales y de ingeniería que permitirán la configuración del proyecto y los parques eólicos, planta de producción y líneas de transmisión eléctrica en la Patagonia.

Cómo es el proyecto de Hidrógeno verde en Río Negro


La prospección que inició la empresa se basa en analizar cantidad y calidad de vientos, fuente energética principal para la producción, y se inició a partir de un acuerdo firmado junto al Ministerio de Desarrollo Productivo y la Nación y el Gobierno de la Provincia de Río Negro.

Una vez determinado que el recurso eólico y otros son satisfactorios, se dará inicio a las consultas públicas y trámites para la construcción del proyecto, el cual tendrá tres etapas. La etapa piloto, para confirmar las capacidades previstas, con una inversión estimada en u$s1.200 millones, que producirá unas 35.000 toneladas de hidrógeno verde, energía equivalente para satisfacer a 250.000 hogares, la cual finalizará en 2024.

La primera etapa productiva, con una inversión estimada en u$s7.200 millones, producirá unas 215.000 toneladas de hidrógeno verde, capacidad energética equivalente para cubrir el consumo eléctrico de 1,6 millón hogares, y se extenderá hasta el 2028.

Para llevar a cabo el proyecto, FFI instalará tres parques eólicos con una potencia total de 2.000 MW, que serán los encargados de generar la energía para la producción del hidrógeno verde.

Los proyectos de cobre en San Juan, Catamarca, y Salta


Los seis proyectos de cobre más avanzados de la Argentina generarían inversiones por u$s20.000 millones, exportaciones por casi u$s9.000 millones al año, un saldo comercial de casi u$s7.000 millones y más de 40.000 puestos de trabajo nuevos.

Un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) al que accedió Energy Report reveló que la demanda de cobre para la transición energética se intensificará y plantea hipótesis de escasez en todos los escenarios. “Para 2035 el faltante de cobre puede llegar a casi 10 millones de toneladas, equivalentes a unos 50 proyectos de clase mundial”, calcularon, y advirtieron que sin esa producción de cobre, los objetivos de transición energética corren riesgo.

Los datos de CAEM revelaron que las empresas ya invirtieron más de u$s740 millones en exploración (investigación y desarrollo) durante los últimos 15 años, para poner en valor los recursos del país.

Los seis proyectos de cobre se ubican en cuatro provincias distintas y garantizarían el metal rojo por los próximos 50 o 60 años. Algunos ya tienen fecha tentativa de inicio de construcción:

.Josemaría (San Juan) en 2024/2025
.San Jorge (Mendoza) en 2025
.Taca Taca (Salta) en 2025
.Los Azules (San Juan) en 2026
.El Pachón (San Juan) en 2027
.Proyecto MARA (Catamarca) en 2027


Con estos proyectos en marcha, Argentina alcanzaría un nivel promedio de 1.066 miles de toneladas por año, equivalente a 10% del déficit global de cobre en 2035.

Según las estimaciones de los empresarios, luego del período de obras y maduración de las inversiones necesarias, al 2027 se registrarían las primeras exportaciones de cobre, que se multiplicarían cuatro veces conforme avancen el resto de las inversiones. Las cifras son increíbles, si se tiene en cuenta la necesidad de divisas del país.

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Vicuña Corp impulsa capacitación para conductores de Jáchal e Iglesia

En el marco de su compromiso con el desarrollo territorial y la profesionalización de la mano de obra local, Vicuña Corp dio un nuevo paso en la articulación entre el sector productivo y el ámbito académico.

La empresa firmó un acta complementaria con la Universidad Nacional de San Juan, a través de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de la Salud, para implementar un Programa de Inducción y Entrenamiento Inicial destinado a futuros conductores profesionales.

El acuerdo consolida un trabajo conjunto que se viene desarrollando en los departamentos de Jáchal e Iglesia, donde se llevó adelante una instancia preliminar de formación orientada a preparar a los participantes para el posterior curso de obtención de la licencia profesional. Esta etapa inicial incluyó contenidos vinculados a seguridad, salud, operación responsable y criterios técnicos fundamentales para desempeñarse en entornos productivos de alta exigencia.

Desde Vicuña Corp destacaron que la iniciativa responde a una visión estratégica, fortalecer las capacidades locales, generar oportunidades concretas de empleo y promover estándares de seguridad y profesionalización en cada etapa del proceso formativo. La empresa remarcó que la articulación con la UNSJ permite integrar conocimiento académico, experiencia técnica y necesidades reales del territorio.

El programa se enmarca en una política de vinculación que busca potenciar el talento regional y acompañar el crecimiento de las comunidades donde la compañía desarrolla sus operaciones.

Un modelo de articulación público–privada

La firma del acta complementaria reafirma el rol de la Universidad Nacional de San Juan como actor clave en la formación de perfiles profesionales vinculados a la industria, y consolida un modelo de cooperación que combina sector productivo, instituciones educativas y gobiernos locales.

Con esta iniciativa, Vicuña Corp continúa impulsando acciones que promueven la empleabilidad, la capacitación continua y la construcción de un ecosistema de trabajo seguro y sostenible en el norte sanjuanino.

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Con apoyo de Veladero y EPSE, Iglesia se convertirá en el primer departamento solar del país

El departamento Iglesia se encamina a convertirse en el primer territorio de San Juan abastecido al 100% con energía solar, gracias a la construcción del Parque Solar Comunitario, una iniciativa que marca un hito en la transición hacia un modelo energético sustentable y autónomo.

El proyecto, impulsado por una alianza estratégica entre Veladero, el Gobierno de San Juan y Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), contempla una inversión de 10 millones de dólares y la instalación de una planta fotovoltaica con capacidad de 8,5 MWp. La obra no solo representa un avance tecnológico, sino también un cambio estructural en la matriz eléctrica del departamento.

La principal innovación del parque radica en su sistema de almacenamiento energético, que permitirá garantizar el suministro continuo durante las 24 horas del día. De esta manera, Iglesia se convertirá en el primer departamento del país con cobertura total de energía solar, asegurando autonomía y estabilidad para hogares, instituciones y emprendimientos locales.

El sistema combinará generación fotovoltaica con baterías de alta capacidad, lo que posibilitará almacenar excedentes durante las horas de mayor radiación solar y utilizarlos en los períodos nocturnos o de baja demanda.

Impacto económico y social

Además del beneficio ambiental, el proyecto tendrá un impacto directo en la economía regional.

  • Ahorro tarifario: se prevé una reducción significativa en los costos de facturación eléctrica para los habitantes del departamento.
  • Desarrollo laboral: la construcción y mantenimiento del predio generará empleo local, priorizando mano de obra iglesiana.
  • Alianza público-privada: el modelo de gestión entre el sector minero y el Estado provincial se consolida como una herramienta de desarrollo sostenible con impacto social a largo plazo.

Un modelo de innovación para la región

La iniciativa posiciona a Iglesia como referente nacional en energías renovables, reforzando su perfil productivo y ambiental. El proyecto se integra al plan provincial de transición energética que busca diversificar fuentes, reducir emisiones y promover la eficiencia en el uso de recursos naturales.

Con esta apuesta, San Juan reafirma su liderazgo en el desarrollo de infraestructura sustentable y en la articulación entre minería responsable, tecnología y bienestar comunitario.

El Parque Solar Comunitario de Iglesia simboliza un cambio de paradigma, energía limpia, gestión local y desarrollo con equidad. La obra no solo transformará la matriz eléctrica del departamento, sino que también sentará las bases de un modelo replicable para otras regiones del país.

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El gobernador Quintela reclama ante el Senado los territorios de Josemaría e Ischigualasto

La tensión entre La Rioja y San Juan por los límites interprovinciales volvió a ocupar el centro de la escena política nacional.

El gobernador Ricardo Quintela presentó un reclamo formal ante el Senado de la Nación para revisar los límites establecidos en 1968, durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, y reivindicó la soberanía riojana sobre dos territorios estratégicos: el megaproyecto minero Josemaría y el Parque Provincial Ischigualasto, conocido mundialmente como Valle de la Luna.

El planteo, que marca un giro institucional en una disputa histórica, busca que el Congreso intervenga en la delimitación definitiva entre ambas provincias, amparado en el artículo 75 inciso 15 de la Constitución Nacional. Quintela sostiene que los límites actuales carecen de legitimidad democrática, ya que fueron fijados por autoridades militares sin participación de los gobiernos provinciales ni ratificación legislativa.

Hasta ahora, las diferencias entre ambas provincias se habían concentrado en cuestiones administrativas y ambientales vinculadas a la explotación minera y al uso de rutas de acceso. Sin embargo, el nuevo reclamo de La Rioja trasciende esos aspectos y apunta directamente a la propiedad de la tierra donde se asientan dos activos de alto valor estratégico: el yacimiento Josemaría uno de los proyectos de cobre más grandes del continente y el Parque Ischigualasto, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

La decisión de elevar el conflicto al Senado implica un cambio de escala institucional y política. En términos prácticos, La Rioja busca que se reconozca su jurisdicción sobre zonas que hoy operan bajo administración sanjuanina, lo que podría modificar el mapa productivo y turístico del noroeste argentino.

Implicancias económicas y políticas

El proyecto Josemaría, ubicado en plena cordillera, representa una inversión superior a los 4.000 millones de dólares y es considerado uno de los pilares del desarrollo minero nacional. Su eventual traspaso de jurisdicción tendría consecuencias directas sobre la recaudación fiscal, la distribución de regalías y la planificación de infraestructura en la región.

Por su parte, el Parque Ischigualasto emblema del turismo sanjuanino y sitio paleontológico de relevancia mundial constituye un símbolo de identidad provincial. Su inclusión en el reclamo agrega una dimensión cultural y patrimonial al conflicto, que ahora combina intereses económicos, históricos y políticos.

La disputa por los límites entre La Rioja y San Juan se remonta al siglo XIX, pero fue formalmente redefinida en 1968 por un decreto del gobierno de Onganía. Desde entonces, los sucesivos gobiernos provinciales mantuvieron interpretaciones divergentes sobre la demarcación, aunque sin llegar a un planteo institucional de esta magnitud.

Con este movimiento, Quintela busca reabrir el debate en el Congreso y sentar un precedente sobre la revisión de límites fijados por gobiernos de facto. La iniciativa, según fuentes oficiales, apunta a “restablecer la soberanía territorial y garantizar la equidad en el aprovechamiento de los recursos naturales”.

El reclamo riojano abre un nuevo capítulo en la relación entre ambas provincias y podría derivar en una discusión más amplia sobre los criterios de delimitación territorial en Argentina. Mientras tanto, San Juan mantiene su posición histórica y defiende la validez de los acuerdos vigentes, en tanto La Rioja insiste en que la revisión es un acto de justicia institucional.

La disputa, que combina historia, política y economía, promete convertirse en uno de los temas más sensibles del año en la agenda federal.

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