Una acción de amparo presentada en las últimas horas ante la Justicia federal busca revertir la decisión del Gobierno nacional que impidió el ingreso de dos periodistas acreditadas a la Casa Rosada, medida que generó preocupación en entidades del sector y reavivó el debate sobre los límites al ejercicio periodístico en ámbitos oficiales.

La presentación judicial solicita una medida cautelar urgente para restituir de inmediato las acreditaciones de las periodistas Liliana Franco y Cecilia Camarano, quienes el pasado 23 de abril no pudieron ingresar a Balcarce 50 luego de que se les informara que sus datos biométricos habían sido eliminados del sistema de seguridad, pese a contar con acreditación permanente y vigente.

El escrito califica la decisión oficial como “arbitraria e ilegítima” y señala la responsabilidad de organismos vinculados al control de accesos y la comunicación institucional, entre ellos la Jefatura de Gabinete, la Secretaría de Comunicación y Medios, la Secretaría General de la Presidencia y Casa Militar.

Los fundamentos del amparo sostienen que la medida no solo afecta el derecho al trabajo de las periodistas, sino que también vulnera garantías constitucionales como la libertad de prensa y el derecho a la información pública, al limitar la cobertura periodística de la actividad gubernamental. En ese sentido, se advierte que la restricción tiene un impacto colectivo, ya que condiciona el derecho de la sociedad a acceder a información sobre los actos del Poder Ejecutivo.

Como parte del contexto, el escrito menciona declaraciones del secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien justificó la medida como una acción preventiva vinculada a una denuncia por presunto espionaje ilegal. Sin embargo, la presentación judicial sostiene que las periodistas cumplían con todos los requisitos administrativos exigidos y que no existió notificación previa ni fundamento formal que justificara la restricción.

El caso generó preocupación en organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que manifestaron su inquietud por las limitaciones impuestas al trabajo de la prensa en espacios oficiales y reclamaron el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio profesional.

El amparo solicita que la Justicia intervenga con carácter urgente para restituir el acceso de las periodistas a la Casa Rosada y declare la inconstitucionalidad de la medida adoptada por el Gobierno. La resolución del caso podría sentar un precedente relevante en materia de acceso a la información y garantías para el trabajo periodístico en ámbitos estatales.

El Gobierno nacional confirmó este domingo la salida de Carlos Frugoni, secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, luego de que se conociera que el funcionario poseía siete propiedades en Miami y Palm Beach que no habían sido declaradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) ni ante el ARCA, organismo encargado del registro patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires.

La renuncia fue aceptada por el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, según informaron fuentes oficiales. La decisión se produjo tras una semana marcada por revelaciones periodísticas, denuncias judiciales y cuestionamientos internos sobre la transparencia del funcionario.

El caso tomó relevancia cuando Frugoni reconoció públicamente, en diálogo con el periodista Nicolás Wiñaski, que había omitido declarar los inmuebles adquiridos en Estados Unidos entre 2020 y 2022 mediante sociedades constituidas en Delaware. “Cometí un error. Estaba rectificando esta situación porque ahora soy funcionario nacional. Me equivoqué”, admitió, y aseguró que incorporaría los bienes omitidos en sus declaraciones ante ARCA.

Registros oficiales del condado de Palm Beach identificaron al menos cinco departamentos valuados entre USD 215.000 y USD 216.000, ubicados en Delray Beach, Lantana, West Palm Beach y South Palm Beach. Las adquisiciones se realizaron a través de sociedades como Genova LLC y Waki LLC, ninguna de las cuales fue informada ante las autoridades argentinas.

La investigación también reveló un crecimiento patrimonial significativo: en 2019, Frugoni declaró USD 98.000 en caja y tres millones de pesos en acciones; para 2023, sus inversiones superaban los 40 millones de pesos y registraba depósitos por USD 400.000 en el exterior, además de participación en 16 empresas.

Las irregularidades motivaron denuncias judiciales impulsadas por el abogado Alejandro Díaz Pascual y el legislador Facundo Del Gaiso, que recayeron en el juzgado federal a cargo de Daniel Rafecas. Las presentaciones apuntan a presuntos delitos vinculados a la omisión maliciosa de bienes por un valor superior a USD 1,5 millones.

La Oficina de Integridad Pública (OIP) de la Ciudad de Buenos Aires ya había sancionado a Frugoni en reiteradas oportunidades por incumplimientos en la presentación de declaraciones juradas, lo que incluso derivó en su inhabilitación temporal para ocupar cargos públicos en la administración porteña.

En el Gobierno nacional, la situación generó fuerte malestar. Fuentes consultadas calificaron el caso como “gravísimo” y señalaron que el funcionario debía dar explicaciones. Otras voces compararon la magnitud del patrimonio no declarado con episodios recientes que involucraron a otros funcionarios, remarcando que se trata de un caso de mayor gravedad.

La salida de Frugoni se interpreta como un mensaje interno sobre la necesidad de cumplir estrictamente con las obligaciones de transparencia, especialmente en un contexto de creciente escrutinio público sobre el patrimonio de los funcionarios nacionales.

El presidente Javier Milei confirmó desde Israel que este miércoles enviará al Congreso su proyecto de reforma electoral, una iniciativa que promete reconfigurar el sistema político argentino al eliminar las PASO, modificar el financiamiento de las campañas e incorporar el postergado proyecto de “Ficha Limpia”.

El anuncio, realizado en medio de una agenda internacional cargada de simbolismo, busca reposicionar al Gobierno en la discusión pública tras semanas marcadas por tensiones internas y cuestionamientos judiciales.

“Se acabó la impunidad, se acabó la joda”, expresó Milei en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde adelantó los ejes centrales de la propuesta. La Casa Rosada apuesta a que la incorporación de Ficha Limpia una bandera histórica del PRO permita recomponer puentes con sectores aliados que se habían distanciado tras el escándalo que involucró al vocero presidencial Manuel Adorni y las críticas por la obtención de créditos hipotecarios por parte de funcionarios nacionales.

El corazón de la reforma: adiós a las PASO y cambios en el financiamiento

El proyecto retoma una discusión que el oficialismo ya había impulsado en 2025, cuando logró suspender las primarias de manera excepcional. Esta vez, la intención es avanzar hacia su eliminación definitiva, un objetivo resistido por el kirchnerismo y buena parte del peronismo, que consideran a las PASO una herramienta clave para ordenar la competencia interna y articular un frente opositor de cara a 2027.

El Gobierno también propone modificar el esquema de financiamiento político, con el argumento de reducir el gasto estatal y limitar lo que Milei denomina “la política viviendo del bolsillo de la gente”. La iniciativa se complementa con la incorporación de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condena en segunda instancia por delitos de corrupción.

La Casa Rosada enfrenta un escenario legislativo complejo. Tal como revelaron medios nacionales, el oficialismo no tenía garantizados los votos para avanzar con la eliminación de las PASO debido al malestar generado por el “costo Adorni”, que erosionó la narrativa anticasta del Gobierno. Dirigentes del PRO, como Jorge Macri, ya habían anticipado su rechazo a abrir el debate.

La inclusión de Ficha Limpia aparece como un gesto hacia esos sectores. Se trata de un proyecto que el PRO defendió durante años y que, paradójicamente, había quedado trabado en el Congreso cuando los libertarios retiraron su apoyo en 2024 y 2025, lo que generó acusaciones cruzadas entre ambos espacios.

En paralelo, Milei busca ordenar su propia interna. Las tensiones entre los sectores más ideológicos cercanos a Santiago Caputo y los operadores políticos que responden a Karina Milei se intensificaron en las últimas semanas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. La reforma electoral aparece así como una herramienta para recentrar la agenda y reforzar la conducción de la secretaria general de la Presidencia.

La eliminación de las PASO divide al arco político y anticipa un debate áspero en el Congreso. Mientras el oficialismo sostiene que las primarias son un gasto innecesario y un mecanismo que favorece a “la casta”, la oposición argumenta que suprimirlas debilita la competencia interna y beneficia al Gobierno de cara a una eventual reelección en 2027.

El Presidente regresará este miércoles al país para encabezar la presentación formal del proyecto. La discusión legislativa que se abre no solo definirá el futuro del sistema electoral argentino, sino también el equilibrio de fuerzas dentro del propio oficialismo y su capacidad para sostener alianzas en un año políticamente decisivo.