La Corte Suprema se declaró competente para revisar la cláusula que habilita a Gildo Insfrán a buscar otro mandato en Formosa. La provincia tiene 60 días para responder.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para intervenir en la causa que definirá si el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, podrá presentarse nuevamente como candidato en las elecciones provinciales del período 2027-2031. La decisión habilita al máximo tribunal a analizar la constitucionalidad de la cláusula transitoria que permite al mandatario buscar un nuevo mandato, pese a los límites establecidos en la reciente reforma constitucional.

La resolución, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, da curso al planteo presentado por la Confederación Frente Amplio Formoseño, que reclama la inconstitucionalidad de una nueva postulación de Insfrán. El gobernador peronista aspira a competir por su noveno mandato consecutivo, acompañado nuevamente por su vice, Eber Solís, quien también buscaría su tercera participación en la fórmula.

La Corte corrió traslado de la demanda a la provincia de Formosa, que ahora dispone de 60 días para responder a través del Fiscal de Estado. Hasta el momento, el Gobierno provincial no se presentó en la causa.

El antecedente que abrió el camino

El caso tiene un antecedente directo. En diciembre de 2024, el mismo frente opositor logró que la Corte declarara la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial, que habilitaba la reelección indefinida del gobernador y su vice. En aquella oportunidad, el tribunal ordenó a la provincia corregir el texto mediante una reforma constitucional.

El Gobierno de Insfrán cumplió con la orden y promovió la reforma, reemplazando el artículo cuestionado por el actual artículo 156, inspirado en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que limita a una sola reelección consecutiva. Sin embargo, la Convención Constituyente incorporó una cláusula transitoria que establece que el mandato en ejercicio al momento de la reforma debe considerarse como “primer mandato”, habilitando así una nueva candidatura del gobernador y su vice.

El planteo opositor

La Confederación Frente Amplio Formoseño sostiene que esa cláusula transitoria contradice los artículos 1°, 5°, 37 y 123 de la Constitución Nacional y vulnera principios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana, especialmente en lo referido a la alternancia en el poder.

Los partidos que integran la Confederación entre ellos la UCR, el PRO y la Coalición Cívica afirman que la habilitación de una nueva candidatura perpetúa ventajas indebidas para quien ejerce el poder y afecta la igualdad en la competencia electoral.

La reacción de la UCR

Tras conocerse la resolución, la UCR nacional celebró la decisión de la Corte. El partido, presidido por Leonel Chiarella, felicitó al radicalismo formoseño y destacó el rol de la legisladora Agostina Villagi, presidenta del comité provincial, por impulsar la demanda.

En un comunicado, el partido afirmó que la resolución “constituye un paso fundamental en la defensa de la Constitución Nacional, de la alternancia democrática y de los principios republicanos”. También resaltó que la cláusula transitoria impugnada “vulnera los principios de limitación de mandatos que son pilar de toda democracia verdadera”.

La UCR reafirmó su compromiso con el estado de derecho y la división de poderes, y aseguró que continuará acompañando las acciones judiciales y políticas destinadas a evitar que “ningún gobernante se coloque por encima de la ley”.

Con la Corte ya declarada competente, el proceso judicial entra en una etapa clave. La provincia deberá responder formalmente y, luego, el máximo tribunal avanzará en el análisis de la cláusula transitoria que habilita la nueva candidatura de Insfrán. La definición será determinante para el escenario político de Formosa de cara a las elecciones del próximo año.

Ravier aseguró que no hubo malversación en el manejo del SisVial y que los fondos están invertidos. La oposición denuncia irregularidades y reclama explicaciones.

El vocero presidencial Adrián Ravier volvió a quedar en el centro de la escena política tras defender públicamente el manejo de los recursos destinados al sistema de financiamiento vial. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que no existe malversación ni irregularidades en el uso de los fondos que deberían aplicarse al mantenimiento y construcción de rutas nacionales, en medio de un creciente reclamo opositor y una denuncia judicial que busca determinar si hubo desvío de partidas.

Ravier sostuvo que las partidas asignadas en el Presupuesto “se están invirtiendo para que no pierdan valor”, y que el Ministerio de Economía administra esos recursos “con eficiencia”. Según explicó, una parte del dinero se destina directamente a Vialidad Nacional y otra queda bajo la órbita del Palacio de Hacienda, donde según afirmó permanece colocada en instrumentos financieros mientras se define su aplicación. El vocero insistió en que “no hay delito” y que el ministro Luis Caputo ya brindó explicaciones sobre el funcionamiento del esquema.

Las aclaraciones surgieron luego de que el propio Ravier, en una entrevista reciente, reconociera que una porción del Sistema Vial Integrado (SisVial) —un fondo fiduciario creado para financiar obras viales— está siendo utilizada por Economía en el marco del programa de equilibrio fiscal. Sus declaraciones generaron preocupación en distintos sectores políticos, que cuestionan que recursos con afectación específica estén siendo retenidos o invertidos mientras existen rutas deterioradas y obras paralizadas.

Adorni dejará el Gobierno y se define su reemplazo entre Santilli y Quirno

La polémica escaló con la denuncia presentada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, quien pidió a la Justicia Federal investigar si funcionarios del Ministerio de Economía, Vialidad Nacional y el Banco Nación incurrieron en delitos como malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o incumplimiento de deberes. La presentación judicial sostiene que, en los últimos dos años y medio, el SisVial habría recaudado $1,503 billones, pero solo $394.406 millones se habrían aplicado a su finalidad específica, lo que representa una ejecución del 26,2%.

De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, al 31 de mayo más de $1,001 billones estaban colocados en inversiones financieras —entre plazos fijos y títulos públicos— y otros $37.761 millones permanecían en cuentas corrientes. En total, más de $1,038 billones no habrían sido utilizados para obras viales.

El reclamo también llegó al Congreso, donde legisladores opositores exigen que Caputo brinde explicaciones en la Cámara de Diputados sobre el destino de los fondos y el marco legal que habilita al Ministerio de Economía a disponer de recursos que, por ley, tienen una afectación específica. La discusión se concentra en determinar si el esquema actual respeta la normativa vigente o si se está utilizando el fideicomiso para sostener la estrategia fiscal del Gobierno.

Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que los fondos están preservados y que serán aplicados a obras viales, aunque sin precisar plazos ni montos. La controversia promete seguir escalando y ya se convirtió en uno de los temas más sensibles de la agenda económica y política de las últimas semanas.

Diego Santilli será director por la Clase A en YPF y ejercerá el cargo ad honorem. Renunció a la remuneración y asumirá un rol estratégico para el Estado.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, asumirá la representación del Estado Nacional en el Directorio de YPF como director titular por la Clase A, una función históricamente ejercida por los titulares de la Jefatura de Ministros. Sin embargo, esta vez con un matiz distintivo: Santilli renunció “expresamente” a la remuneración correspondiente y desempeñará el cargo ad honorem, según informó Presidencia.

La decisión fue destacada por el oficialismo, que subrayó la importancia institucional de la denominada “Acción de Oro”, la figura que otorga al Estado un rol estratégico dentro de la conducción de la petrolera de mayoría estatal. Entre las atribuciones del director por la Clase A se encuentran el poder de veto sobre decisiones clave, la capacidad de intervención directa en la Asamblea de Accionistas y un voto determinante en eventuales procesos de fusión, reorganización o privatización de la compañía.

El Directorio de YPF está compuesto por 11 directores titulares, seis suplentes y seis síndicos (tres titulares y tres suplentes). En ese esquema, el representante del Estado ejerce la defensa exclusiva de las acciones Clase A, resguardando los intereses nacionales en las decisiones estratégicas de la empresa energética más importante del país.

YPF redefine su negocio y crece con gastronomía, café premium y venta cruzada

El anuncio se produjo en una jornada marcada por otra novedad institucional: Santilli se reunió con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, para firmar un convenio mediante el cual el Estado Nacional delega en la provincia la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales estratégicas. El acuerdo incluye las rutas 40, 20, 153, 150 y 149, además de intervenciones en el Nudo Vial de las rutas 40 y A014.

Según el comunicado oficial, San Juan asumirá el financiamiento, la conservación, el mejoramiento, el mantenimiento y la ejecución de obras en esos corredores, considerados claves para la conectividad productiva y logística del país. El gesto político busca reforzar la idea de continuidad en el diálogo entre Nación y provincias, incluso después del revés legislativo que sufrió el oficialismo con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado.

Con la designación ad honorem en YPF y la firma del convenio vial, Santilli suma protagonismo en dos áreas sensibles: la conducción de la principal empresa energética del país y la articulación con los gobiernos provinciales en materia de infraestructura estratégica.